Aprobaron el ajuste y el campo convocó a un paro en la Provincia.

Lo votaron ayer las dos Cámaras. Los ruralistas paran 9 días a partir de mañana.

Daniel Scioli logró la aprobación de la Reforma Impositiva que establece una revaluación fiscal en el 40 por ciento de las propiedades rurales, el permiso de endeudamiento para la Provincia de 2.200 millones de pesos y ajustes en las alícuotas de Ingresos Brutos que gravan actividades como comercialización mayoristas de alimentos, bebidas, textil, entre otras. Además, tendrán que pagar más las concesionarias de autos, entidades financieras, compañías de celulares e incluye la restitución de Ingresos Brutos a la televisión por cable y satelital.

 

La modificación en el Inmobiliario Rural dispara un paro nacional y protestas al costado de las rutas desde mañana, hasta el 10 de junio. Resultó de un porfiado proyecto del gobernador que aportará una recaudación adicional de $2.485 millones a sus delgadísimas cuentas públicas. La aparente velocidad reformista de Scioli surge de las necesidades financieras.

También de la imposición del gobierno nacional para quebrar el espinazo de la Mesa de Enlace agropecuaria –refractaria al revalúo de las tierras– e indirectamente beneficiarse con los $2.000 millones que deberán aportar los chacareros bonaerenses al fisco federal en concepto de Bienes Personales y renta presunta.

 

Scioli vuelve a emerger con el carácter que más lo distingue: su alistamiento cada vez que la administración central lo requiere. Animo permeable, estrategia o imposibilidad. Cualquiera de esas percepciones pueden ser gravitante. Una sobre las otras dos: la Provincia no tiene recursos propios estoqueados ($2.500 millones) para el aguinaldo de julio. Y requiere auxilio del Gobierno nacional.

 

La contraprestación fue la firma del decreto de revalúo fiscal de las propiedades rurales bonaerenses. De esa forma, el gobernador habilitó a la AFIP para recaudar por Bienes Personales y ganancia presunta.

 

Una intermediación ventajosa, aún con el eventual fracaso del tratamiento parlamentario. Firmó, además, un decreto por exigencia de la oposición que no quiso cargar con el costo de aumentar la valuación de los campos.

 

Ayer, la sesión en Diputados pareció colgada de un cabello. Sólo después del mediodía el oficialismo obtuvo el acompañamiento del Frente Amplio Progresista (FAP), Nuevo Encuentro y casi todo el PRO Peronismo para conseguir los dos tercios que exigía la aprobación de esta ley en la Cámara baja. Después, en el Senado, el retiro de un legislador de FAP y otro del denarvaísmo permitió reducir el número para lograr los dos tercios necesarios para aprobar la norma. La sanción fue un trámite.

 

En Diputados se había trabado el debate hace veinte días porque la oposición legislativa cuestionaba el proyecto con media sanción del Senado. Ayer, Scioli comenzó la jornada con la firma del decreto que luego trasladó a la Legislatura. Una vez formado el quórum con 61 bancas, se trató la solicitud de endeudamiento del Ejecutivo por $2.200 millones. Pasó, con el voto en contra de la Coalición Cívica y de siete radicales.

 

Para la Reforma Impositiva, la única concesión del oficialismo fue la eliminación en Ingresos Brutos del gravamen sobre las cooperativas comerciales de consumo, reclamado por el FAP. Unión Celeste y Blanco, la CC, Propuesta Bonaerense y el monobloque de Ricardo Lissalde, hicieron constar en actas el rechazo.

 

Cuando se reglamente la ley, Scioli estará en condiciones de reunir $400 millones extras por el aporte del sector agropecuario. La reglamentación es una cuestión de formas. Como la obligación de publicar en el Boletín Oficial cualquier decreto al día siguiente de su firma. Ayer, no hubo publicación. Con el apuro, los legisladores habrían sancionado las modificaciones en el Impuesto Rural sobre un bache legal.

 

Nada relevante en medio de tanto forcejeo.

 

Fuente: http://www.clarin.com

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