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Farmacity debe retirar de sus góndolas los medicamentos de «venta libre», pues deben ser expedidos por farmacéuticos o auxiliares.

Voces: AMPARO – FARMACÉUTICOS – MEDICAMENTOS – MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE – VENTA DE MEDICAMENTOS – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – MULTA – DERECHO A LA SALUD – CONSTITUCIÓN NACIONAL

Partes: Proconsumer c/ Farmacity S.A. s/ amparo ley 16986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 29-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-72416-AR | MJJ72416 | MJJ72416

Farmacity debe retirar de sus góndolas los medicamentos denominados de «venta libre», los cuales deben ser expedidos personalmente en el mostrador por farmacéuticos o auxiliares autorizados, pues asi lo dispone la ley 26567.

Sumario:

1.-Debe confirmarse la sentencia de grado que hizo lugar al amparo y ordenó a la firma demandada, que explota una cadena de farmacias, a que dé cumplimiento a lo prescrito en el art. 1° de la ley 26567 respecto de los medicamentos denominados de venta libre, pues, se encuentra acreditado que la accionada los ofrece en las góndolas de sus locales, y la mentada norma establece que los fármacos deben ser dispensados en farmacias habilitadas, pero además exige que, en el caso de los medicamentos de venta libre, se haga de manera personal y en el mostrador , y así, resulta evidente que el fármaco no puede estar al alcance del usuario en una góndola, dado que si ello ocurriese la función de la farmacia se limitaría a exponer medicamentos y luego cobrar el precio, sin mayores diferencias con cualquier otra actividad comercial.

2.-Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 1° de la ley 26567, en cuanto prohíbe la exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas y escaparates de las farmacias, pues, el análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados por el legislador para alcanzar los fines propuestos es ajeno a la competencia judicial, y en la especie, la opción legislativa, consistente en que el consumidor de productos medicinales sea atendido por personal especializado -farmacéuticos o auxiliares autorizados- que esté en condiciones técnicas de brindarle información sobre el medicamento que desea adquirir, guarda una razonable relación con el propósito buscado y no exhibe una arbitrariedad manifiesta, ya que una de las finalidades de la ley es disminuir la automedicación por parte de los pacientes, debido a los daños que a su salud se derivan de ese tipo de conductas, finalidad que se entronca con el art. 42 de la CN., que asegura a los consumidores y usuarios de bienes y servicios en las relaciones de consumo el derecho a la protección de su salud y a recibir una información adecuada y veraz.

3.-Cabe rechazar el recurso de apelación incoado por la firma demandada respecto de la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo y le otorgó un plazo de 20 días para que dé cumplimiento a lo prescrito en el art. 1° de la ley 26567, en cuanto prohíbe la venta de medicamentos denominados de venta libre a través de las góndolas de las farmacias, ya que la recurrente no demuestra de qué manera el plazo fijado por el a quo resulta insuficiente para proceder a quitar los medicamentos de las góndolas, basando su defensa en afirmaciones meramente dogmáticas, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.

4.-Resulta admisible la vía del amparo mediante la cual la actora, en su calidad de Asociación de Consumidores, pretende que la demandada dé cumplimiento a lo prescripto en la ley 26567, y en consecuencia, se le prohíba la comercialización de los medicamentos denominados de venta libre a través de las góndolas ubicadas dentro de sus locales, pues, la accionante afirma que la falta de cumplimiento a lo ordenado en la norma por parte de la firma demandada, trae como consecuencia la afectación a la salud de un sector de la población, y que como resultado del uso indiscriminado de la medicación de venta libre se han llegado a producir más de 10.000 muertes anuales, de esta manera, se advierte la existencia de derechos constitucionales en juego -como el derecho a la salud de los consumidores previsto en el art. 42 de la CN.-, además, la cuestión planteada no parece presentar mayor complejidad probatoria, sino que se circunscribe al análisis del alcance del art. 1 de la ley señalada.

5.-Es improcedente la apelación incoada por la actora contra la sentencia de grado que rechazó su petición para que se le aplique a la demandada la multa civil prevista en el art. 47, inc. b) de la ley 24240 de Defensa del Consumidor, ya que su pretensión excede el limitado marco cognoscitivo de la acción de amparo por ella impetrada, máxime si se tiene en cuenta que el interesado puede hacer valer su derecho mediante las vías recursivas previstas en la citada ley.

Fallo:

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.-

Y VISTO: CONSIDERANDO:

I.- A fojas 54/70 se presentó la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer S.A.- y promovió acción de amparo, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, contra Farmacity S.A. a fin de que se prohibiera la comercialización de los medicamentos denominados de «venta libre» expedidos en góndolas dentro de los locales de la demandada. Ello por cuanto dicha conducta, entiende que se encuentra vedada por la ley 26.567 .

Explicó que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.567 instituyó un nuevo sistema de comercialización de los medicamentos de venta libre que establecía que los mismos debían ser expedidos personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas (conf. art. 1, 2º párrafo ).

Señaló que Farmacity S.A. infringió la norma citada, circunstancia que se encuentra demostrada con el acta de requerimiento y constatación Nº 011843117 que -en copia- obra glosada a fojas 45 y con el material fotográfico agregado a fojas 123/125.

Finalmente, entendió que la venta libre de esos medicamentos es una actividad que conlleva riesgos para la salud de los ciudadanos.

Por otro lado, solicitó se le pusiera una multa civil por aplicación del artículo 52 bis de la ley de Defensa del Consumidor.

II.- A fojas 185/202 se presentó la demandada y contestó el traslado conferido a fojas 151 solicitando el rechazo de la acción deducida.

En su contestación, en primer lugar, negó que su representada desconozca las disposiciones de la ley 26.567.Sostuvo que no ha realizado, ni realiza conducta alguna que representa una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta ya que se encontraba sometida al poder de policía del Estado Nacional quien se encarga de supervisar reiteradamente sus locales.

Relató que la modificación introducida por la ley 26.567 tuvo por finalidad excluir la venta de medicamentos de «venta libre» de los supermercados y/o kioscos para ser sólo dispensados en farmacias habilitadas.

Además, entendió que no puede atribuirse responsabilidad objetiva a su parte si un consumidor utiliza un medicamento de venta libre para fines distintos de los que fueran aprobados por la ANMAT.

III.- A fojas 278/284 el magistrado de la anterior instancia hizo lugar, parcialmente, a la acción de amparo entablada por Proconsumer y, en consecuencia ordenó a Farmacity S.A. a que dé cumplimiento a lo prescrito en el artículo 1º de la Ley Nº 26.567 respecto de los medicamentos denominados de venta libre en un plazo de 20 días (v. aclaratoria obrante a fs. 313).

Asimismo, rechazó la petición de la amparista en cuanto a la aplicación de la multa civil máxima prevista en el artículo 47, inc. b) de la ley de Defensa del Consumidor.

Impuso las costas en el orden causado.

IV.- Contra lo decidido por el juez a quo a fojas 285/289 apeló y fundó sus agravios la parte actora.

La parte actora se agravió en virtud del rechazo de la pretensión de la aplicación de la multa civil prevista en el artículo 47, inc.b) de la Ley de Defensa del Consumidor por cuanto consideró que de la sentencia dictada surge claramente la infracción a la ley por parte de Farmacity S.A.

Finalmente, también se agravió de la forma de distribución de las costas y sostuvo que las mismas deben ser impuestas al vencido atento los términos del artículo 14 de la ley de amparo, toda vez que no se da el supuesto de excepción allí establecido.

V.- Por otra parte, a fojas 293/310 apeló y fundó la parte demandada.

Al momento de expresar agravios sostuvo en primer término que el magistrado a quo no analiza que las consecuencias y el impacto que pudiera tener sobre la cuestión por él decidida la medida cautelar dictada por el Juzgado Nº 8 del Fuero.

Asimismo, afirmó que la finalidad de la Ley Nº 26.567 no prohíbe la exhibición en las góndolas de los medicamentos de venta libre sino que bastará con tener disponible para la consulta de los consumidores a los farmacéuticos o personal autorizado. Es que, según entendió, la norma nada dice acerca de la exhibición, disposición material y almacenamiento transitorio de tales medicamentos como así tampoco de los actos previos a su venta y despacho.

En este aspecto, relató que los locales de Farmacity S.A. cuentan con las garantías de seguridad técnicas para funcionar eficientemente.

Precisó, además, el concepto de medicamento de venta libre dispuesto por el artículo 35 del Decreto Nº 9763/64 reglamentario de la Ley Nº 16.463 como así también las características destacadas por el ANMAT.De allí que pueda colegirse que los medicamentos en cuestión deben necesariamente expenderse sin la intervención previa de un médico, por lo que constituiría innecesaria la de un farmacéutico.

Con relación al plazo de cumplimiento fijado mediante aclaratoria de fojas 313 consideró que resultaba exiguo, ya que su representada debía incurrir en remodelaciones de estructuras comerciales que no pueden llevarse a cabo en el término establecido.

Asimismo, introduce en la apelación la solicitud de que se declare inconstitucional el artículo 1º de la Ley Nº 26.567 en cuanto prohibe la exhibición de medicamentos.

Por último, acompañó copia de la medida cautelar dictada por la Sra. Juez titular del Juzgado Nº 8 en autos «Farmacity S.A. -inc med (20-V-11) c/ EN Mº Salud de la Nación – Resol 485/11 s/ proceso de conocimiento» con fecha 6/12/11.

VI.- A fojas 331/343 y fojas 345/354 contestaron la parte actora y la demandada sus respectivos agravios.

VII.- Así las cosas y tal como ha quedado planteada la cuestión, a fin de dar tratamiento a los agravios de las partes corresponde, en primer lugar, analizar los requisitos de viabilidad del amparo.

VII.1.- En este sentido, es menester destacar que la acción de amparo está prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, precepto que establece, en referencia a la viabilidad de este tipo de procesos, «que la defensa del derecho lesionado no debe encontrar reparación por vía de otro medio judicial que resulta más idóneo». Esta pauta obliga al juez a ponderar la configuración de los re3caudos que habilitan el empleo de esta vía.La razón de este requerimiento fue explicado por la CSJN en el precedente «Kot» (Fallos, 241:302), donde se sostuvo que «los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia -lo mismo que sucede en muchas otras cuestiones de su alto ministerio- a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo a los procedimientos ordinarios».

Por lo tanto, el citado artículo debe ser interpretado de manera razonable, sin desproteger los derechos esenciales pero tampoco consagrando al amparo como única vía judicial. Ello así, debido a que la garantía prevista por el constituyente, no viene a suplantar los otros procesos previstos en el código de rito, ni significa que ciertos derechos vulnerados no puedan lograr su satisfacción mediante el uso de los procedimientos ordinarios.

En este sentido, el más Alto Tribunal tiene dicho que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (Fallos: 310:877) (confr. esta Sala in re: «Ecilape Carlos Dante c/CNRT s/amparo ley 16.986» sentencia del 9/11/11).

Ahora bien, dada la celeridad que es propia de este tipo de proceso, la arbitrariedad o ilegalidad alegada debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba. Es decir el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado.Lo expuesto no significa que no pueda producirse actividad probatoria en este tipo de procesos, sino que ella debe ser compatible con la sumariedad que es propia del amparo, dado que éste se encuentra al servicio de la urgencia del caso y por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, de otro modo, no habría razón para evitar los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes, respetándose la amplitud probatoria.

VII.2.- Sentado lo expuesto, corresponde verificar si la actora ha presentado una cuestión susceptible de ser tratada por la vía sumarísima del amparo.

A tal fin, es dable señalar que la presente acción de amparo fue iniciada por la accionante a fin de que se de cumplimiento a lo prescripto en el artículo 1º de la ley 26.567. Al respecto afirma que la falta de cumplimiento a lo ordenado en la norma por parte de la firma demandada, trae como consecuencia la afectación a la salud de un sector de la población, y que por consecuencia del uso indiscriminado que realiza de la medicación de venta libre se han llegado a producir más de 10.000 muertes anuales (v. fs. 57).

De esta manera, se advierte la existencia de derechos constitucionales en juego (como el derecho a la salud de los consumidores, previsto en el art. 42 CN). Por otra parte, la cuestión planteada no parece presentar mayor complejidad probatoria, sino que se circunscribe al análisis e interpretación del alcance del artículo 1º de la ley señalada.Por lo tanto, la vía procesal sumarísima del amparo resulta admisible.

VIII.- En consecuencia, corresponde entrar al análisis de los agravios de las partes.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 1º de la ley 26.567 establece que «[l]a preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los denominados venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas. Los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o persona autorizada para el expendio…».

VIII.1.- Ahora bien, se encuentra acreditado en autos que la firma demandada ofrece los medicamentos denominados de «venta libre» en las góndolas de sus locales (v. fs. 123/125). Por lo tanto, resulta necesario analizar si la modalidad de expendio empleada por la accionada resulta violatoria de las prescripciones contenidas la disposición transcripta.

Al respecto, es dable señalar que en la tarea de interpretar la ley debe tenerse en cuenta el contexto general y los fines que la informan y que, con ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar los objetivos de la norma (Confr. Fallos: 329:2876; 329:2419 ; 329:1473 ; 331:1215 , entre muchos otros).

Del análisis de los antecedentes del debate parlamentario de la norma en análisis surge que la Senadora Giri -Presidente de la Comisión de Salud y Deportes del Honorable Senado de la Nación- sostuvo que: «…[e]l proyecto prevé la modificación de dos artículos de la actual ley del ejercicio de la actividad de farmacia.Uno se refiere a quiénes deben ser aquellos habilitados para el expendio de medicamentos llamados de venta libre, especialidades farmacéuticas, que sólo podrá ser efectuada en todo el territorio de la Nación por farmacias habilitadas. Los medicamentos denominados de venta libre deberán ser expedidos en farmacias, pero también a través del mostrador por farmacéutico o personal calificado para esta tarea (…) A su vez, se agrega que deberán ser dispensados personalmente en mostrador, aspecto que no tiene una importancia menor, porque si bien los medicamentos de venta libre, en nuestro país en particular, han quedado muy sujetos a los riesgos de la automedicación, los que estamos en el tema de la salud, específicamente, conocemos de efectos indeseadados y secundarios, así como muchísimas patologías que contraindican la utilización aún de lo que uno llama una simple aspirina o de algún medicamento que puede parecer muy simple porque se lo ingiere habitualmente, pero que realmente está contraindicada su utilización, salvo que haya un criterio médico que así lo decida y determine».

Tales apreciaciones, así como otras intervenciones que tuvieron lugar en el debate parlamentario revelan que la voluntad legislativa, en la norma en estudio -la cual fue aprobada por unanimidad- fue la de que todos los medicamentos, aún los de venta libre, sean dispensados personalmente en el mostrador por farmacéutico o persona autorizada. Ello, con la finalidad de disminuir la automedicación, atento a las patologías derivadas del consumo sin control de ese tipo de medicamentos.

VIII.2.- Teniendo en cuenta la finalidad de la norma, resulta pertinente determinar el significado y alcance de los términos «dispensar» y «persona autorizada para el expendio» que se emplean en el artículo 1º de la Ley Nº 26.567.

En tal sentido, en la providencia Nº 946/11, de la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, se aludió a este aspecto.Luego de afirmar que las prescripciones del artículo 1º de la Ley Nº 17.565 resultan claras y operativas, explicó que «dispensar» significa «suministrar el producto farmacéutico al paciente» y que «persona autorizada para el expendio» representa a aquellos auxiliares del despacho contemplados en el artículo 26, inciso b) de la Ley Nº 17.565 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 7122/68 (v. fs. 248/249). En cuanto a la voz «suministrar», el Diccionario de la Real Academia Española la define como: «proveer a alguien de algo que necesita» (v. Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición actualizada. Real Academia Española).

En el mismo orden de ideas, es dable señalar que la norma además de que los fármacos sean dispensados en farmacias habilitadas, exige que, en el caso de los medicamentos de venta libre, se haga de manera «personal» y «en el mostrador». De esta manera, resulta evidente que el fármaco no puede estar al alcance del usuario en una góndola, dado que si ello ocurriese la función de la farmacia se limitaría a exponer medicamentos y luego cobrar el precio, sin mayores diferencias con cualquier otra actividad comercial.

Sobre este aspecto también resulta ilustrativo el debate parlamentario de la norma donde de la exposición de la senadora Riofrío se observa que: «…espero que cambie fundamentalmente la responsabilidad de las farmacias. No es que una vez promulgada esta ley serán los kioscos u otros negocios los que pueden llegar a sufrir una modificación. Espero que esta ley provoque una modificación de la actitud de las farmacias. Me congratulo, por supuesto, he acompañado la iniciativa, pero me guardo el temor de que esto no sea todo lo fuerte para modificar una cuestión que también es real. Era real lo de los kioscos, pero también es real que uno va a la farmacia y nadie se interesa en el porque de la compra. Por su parte, de la exposición de la senadora Gallegos surge que:»[p]or ello, espero que a partir de esta decisión, las farmacias de nuestra Republica Argentina vuelvan a ser el ámbito donde los ciudadanos podamos adquirir, con confianza y con tranquilidad, la medicación que requerimos, y que, fundamentalmente, estemos trabajando en contra de la automedicación».

Por lo expuesto, se concluye que tanto la voluntad del legislador como la interpretación del órgano encargado de llevar adelante la política sanitaria de la Nación es que las farmacias sean las únicas autorizadas para la comercialización de fármacos de venta libre y que la misma se efectúe de modo personal en el mostrador de aquellas. Ello con el propósito de disminuir la automedicación y que la ingesta de la droga sea como consecuencia de una necesidad concreta.

VIII.3.- En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley Nº 26.567, cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920 , entre otros); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 315:923; 321:441 ).

La demandada sostiene que la norma impugnada sería inconstitucional en cuanto prohibe la exhibición de medicamentos en góndolas y escaparates de las farmacias, por resultar manifiestamente irrazonable» (v. fs. 303).

En primer lugar corresponde señalar que el análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados por el legislador para alcanzar los fines propuestos, específicamente, la cuestión de determinar si debieron elegirse los de la ley impugnada u otros procedimientos, son ajenos a la competencia judicial.Es que, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo compete a los tribunales examinar si los medios son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir, sin que les corresponda sustituir el criterio de conveniencia o eficacia económica o social del Congreso (Fallos: 247:121; 171:348; 199:483, entre otros).

Ahora bien, conforme surge de los considerandos anteriores, una de las finalidades de la ley cuestionada es, en lo que aquí interesa, disminuir la automedicación por parte de los pacientes, debido a los daños que a su salud se derivan de ese tipo de conductas. Dicha finalidad se entronca con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que asegura a los consumidores y usuarios de bienes y servicios en las relaciones de consumo, el derecho a la protección de su salud y a recibir una información adecuada y veraz.

En tal sentido, para alcanzar el propósito de disminuir la automedicación y, por lo tanto proteger la salud de las personas, el legislador ha considerado que el consumidor de productos medicinales debe ser atendido por personal especializado (en el caso, farmacéuticos o auxiliares autorizados), que está en condiciones técnicas de brindarle información sobre el medicamento que desea adquirir. Precisamente, en el debate parlamentario de la norma, al referirse a esta cuestión, la senadora Giri manifestó: «[n]uestro país está entre los países que mayor nivel de automedicación tiene en el mundo. Tenemos un nivel muy alto de ingreso en las guardias de hospitales por patologías provocadas por problemas secundarios, consecuencia de la ingesta de estos medicamentos de venta libre, que no son tan inofensivos y que ameritan ser conocidos por el usuario, por el paciente, para saber qué es lo que está ingiriendo».

En este contexto, debe ponderarse si el fin previsto en la norma justifica la restricción de derecho que significaría para la demandada el hecho de no poder exhibir en góndolas los medicamentos.En el caso, la decisión de si para satisfacer el fin de la norma, resulta adecuada la modalidad de expendio que propone el recurrente («tener disponibles para consulta de los consumidores, a los farmacéuticos y personal autorizados» -v. fs. 299vta. 3er párrafo-) o bien la que ha previsto el legislador constituye una materia respecto de la cual al tribunal no le corresponde expedirse, ya que la opción legislativa guarda una razonable relación con el propósito buscado y no exhibe una arbitrariedad manifiesta.

Atento a lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el recurrente.

IX.- Por último, es dable señalar que los efectos de la medida cautelar dictada en el Juzgado Nº 8 en autos «Farmacity S.A. -inc med (20-V011) c/ EN Mº Salud de la Nación – Resol 485/11 s/ proceso de conocimiento», causa Nº 42.950/11 con fecha 6 de diciembre de 2011 no pueden hacerse extensivos a las presentes actuaciones en tanto en aquella sólo se dispuso la suspensión de los efectos del Acta de Inspección de fecha 15/12/11, en el expediente Nº 21.894-11-9 y de la intimación dispuesta en la Resolución MS 485/11, es decir el objeto de aquella pretensión se circunscribe a las resoluciones señaladas. En el caso de autos, en cambio, el objeto del pleito se encuadra en el hecho de exigir el cumplimiento de lo normado en el artículo 1º de la Ley Nº 26.567, mientras que en el otro proceso se cuestiona las medidas tomadas por la autoridad de aplicación a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la norma.Sin perjuicio de ello, habida cuenta de que las decisiones allí cuestionadas encuentran fundamento en el artículo 1º de la norma citada, remítase copia de lo aquí decidido a aquellos autos.

Por lo tanto, las objeciones de la demandada no pueden prosperar.

X.- Con relación al plazo fijado atendiendo a las tareas de remodelación de los locales de la demandada, ésta no demuestra de qué manera el plazo fijado por el a quo resulta insuficiente para proceder a quitar los medicamentos de las góndolas, basando su defensa en afirmaciones meramente dogmáticas, por lo que corresponde confirmarla también en este aspecto.

XI.- En cuanto al agravio de la actora respecto de la inaplicabilidad de la multa prevista en el art. 47 de la ley 24.240, no resulta procedente su pretensión en tanto excede el limitado marco cognoscitivo de este instituto, máxime si se tiene en cuenta que el interesado puede hacer valer su derecho mediante las vías recursivas previstas en la citada ley.

XII.- Respecto de la apelación en cuanto a la forma en que se impusieron las costas en primera instancia, corresponde hacer lugar al planteo efectuado por la accionante. Ello así debido a que al no haber cesado la actividad lesiva por parte de la firma demandada al momento de contestar el traslado de fojas 151, le resulta aplicable el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN) por lo que las costas deben ser soportadas por el perdidoso.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Farmacity S.A. y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada en ese punto. 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora en lo relativo a la forma en que se impusieron las costas en primera instancia y rechazarla en cuanto a lo solicitado respecto de la multa prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 24.240. 3) Las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la demandada sustancialmente vendida (art. 68 C.P.C.C.N.).-

Se deja constancia de que el Dr. Pablo Gallegos Fedriani no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).-

Regístrese, notifíquese y líbrese oficio al Juzgado Nº 8 del fuero a fin de que el presente decisorio sea agregado a la causa «Farmacity S.A. -inc med (20-V-11) c/ EN Mº Salud de la Nación – Resol 485/11 s/ proceso de conocimiento».

Guillermo F. Treacy

Jorge Federico Alemany

WALTER LARA CORREA

Secretario de Cámara

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