La denuncia falsa e imprudente ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados genera indemnización.

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACIÓN – DENUNCIA CALUMNIOSA – RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO – TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Partes: A. M. I. c/ F. R. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala/Juzgado: B

Fecha: 23-feb-2012

Cita: MJ-JU-M-71679-AR | MJJ71679 | MJJ71679

Se condena a la demandada a indemnizar a la actora por haberla denunciado falsamente ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, en tanto la imprudencia del encartado superó lo legalmente tolerable; pues no logró acreditar la verdad de la imputación ni aportar el basamento serio a partir del cual arribó a tal convicción.

Sumario:

 

 

 

1.-Corresponde hacer lugar al reclamo de indemnización por los daños producidos a la actora causados por la falsa denuncia del demandado ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, pues la misma fue realizada con una grosera culpa.

 

2.-La decisión que absuelve o sobresee es insuficiente para que, por el hecho mismo de existir tales resoluciones, se confiera derechamente al denunciado la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios que se invocan haber sufrido; se requiere, además, en casos como el de autos, de un particular factor subjetivo de atribución: el obrar con dolo o, al menos, con una grosera culpa grave al promoverse la denuncia.

 

3.-El hecho de denunciar la actuación irregular de un abogado no puede constituir en sí un acto ilícito; por el contrario, es un derecho amparado por nuestra legislación que debe ser ampliamente protegido en tanto se halla comprometido el interés de la comunidad; así entonces, el derecho que asistía al demandado de denunciar ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados la conducta que, según consideraba, era contraria a la ética profesional, debe estimarse -en principio- como legítimo.

 

4.-Como sucede en todo el ámbito del Derecho, juegan en la especie los adecuados límites en el accionar de los sujetos, ello así porque tampoco puede tolerarse que los ciudadanos realicen un ejercicio abusivo o irregular del derecho a denunciar, ya que el insulto, la ofensa, las injurias, las calumnias y, en definitiva, la lesión al honor y la dignidad ajenos, no deben encontrar amparo bajo el pretexto de que fueron expresados en ejercicio de un derecho constitucional; el art. 1071 del CCiv. es categórico cuando dispone que si bien el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto, la ley no ampara su ejercicio abusivo.

 

5.-El emplazado, aún cuando estuviese disconforme con la labor de su abogada, se excedió en el ejercicio de un derecho, realizando una denuncia groseramente infundada que, por su condición de abusiva, genera el correspondiente deber de reparar.

 

6.-La imprudencia del encartado superó lo legalmente tolerable; pues se podría decir que -como mínimo- no tuvo o no requirió el asesoramiento elemental que se exige para emprender este tipo de acciones; he aquí la indiscutible culpa grave del demandado, que habilita a su condena por los perjuicios ocasionados.

 

7.-Del art. 1089 del CCiv. (referido a los delitos de calumnia o injuria, pero aplicable analógicamente a los cuasidelitos contra el honor: art. 1109 ), fluye la inversión de la carga probatoria; de manera que, para liberarse de responsabilidad, el demandado debía acreditar la verdad de la imputación o, al menos, su verosimilitud ; esto es, probar -por ejemplo- que, a pesar de la inexactitud, la denuncia la creyó real y fundada, para lo cual, desde luego, resultaba indispensable aportar el basamento serio a partir del cual arribó a tal convicción.

 

8.-La imposibilidad de hecho de fijar valores históricos con relación a indemnizaciones por incapacidad o daño moral, entre otros rubros, dada la cambiante realidad que ha caracterizado a la zigzagueante y poco ortodoxa economía de nuestro país, ha llevado en la especie a establecer a la fecha de su pronunciamiento los valores de las diversas partidas; de ahí que debe aplicarse hasta el efectivo pago que hagan los deudores aplicarse la tasa activa que resulta obligatoria en los términos del art. 303 del CPCCN. (del voto del Dr. Díaz Solimine, en disidencia parcial).

 

 

Fallo:

 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de Febrero de dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «A., M. I.c/ F., R. s/ daños y perjuicios» respecto de la sentencia de fs. 739/744 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-

 

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

 

I. Antecedentes

 

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 739/744, resolvió rechazar -con costas- la acción promovida por M. I. A. contra R. F.; mediante la cual la primera perseguía el cobro de los daños y perjuicios que le habría provocado una supuesta falsa denuncia incoada por el segundo ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la cual culminara con la absolución de la letrada.

 

Para así decidir, el juez de grado sostuvo que no se encontraba acreditado en la causa que la denuncia entablada por posible falta de ética en la relación profesional hubiese sido realizada con dolo o culpa grave. Explicó que era muy posible que la actitud adoptada haya sido resultado de las particularidades del caso y del deterioro del vínculo entre las partes.

 

II. Los agravios

 

Contra el referido pronunciamiento se alzó la parte actora, expresando agravios a fs. 756/770; pieza que no mereció réplica alguna.La accionante arguyó que se hallaba comprobado en autos que el encartado realizó de forma dolosa una falsa denuncia ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con el fin de evitar pagarle los honorarios que le correspondían por su función como abogada; situación que se encontraba agravada por tratarse de un médico que sabía perfectamente las dolencias físicas y psíquicas que ella sufría. Manifestó que la procedencia de su reclamo surgía claramente de la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, oportunamente anejada a estas actuaciones. Por último, solicitó la aplicación de una sanción por temeridad y malicia a su contraparte.

 

III. Advertencia preliminar.

 

Antes de ingresar en la cuestión debatida es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», Tº I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine , del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).

 

Es en este marco, pues, que ahondaremos en dicha cuestión.

 

IV. La atribución de responsabilidad

 

IV.a.Previo a examinar las diversas probanzas anejadas al expediente con el fin de desentrañar la atribución de responsabilidad del sub judice, considero oportuno señalar (para reforzar lo expuesto en el acápite anterior) que mi voto se circunscribirá únicamente al estudio de las cuestiones que se encuentran estrictamente relacionadas con el objeto de esta litis. Resulta de suma importancia poner de resalto este punto habida cuenta que de la lectura de la demanda, su responde, las impugnaciones a la experticia médica, el alegato, la expresión de agravios e, inclusive, de la sentencia de grado, se extraen afirmaciones, elucubraciones, juicios de valor y relatos que ningún vínculo poseen con el caso que hoy me toca analizar.

 

El thema decidendum de este pleito reside, entonces, en desetrañar si puede atribuirse responsabilidad alguna al accionado por la denuncia que incoara ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por una presunta falta de ética de la pretensora. Este asunto, y nada más, será materia de análisis en mi ponencia. Al respecto, destaco que no es objeto de debate en esta Alzada la relación profesional que existió entre las partes, mediante la cual la actora representaba en calidad de abogada al demandado, quien se desempeñaba como perito médico en distintos procesos.

 

IV.b. Para comenzar, diré que esta Sala ha tenido la oportunidad de resolver recientemente diversos casos en los que se reclamaban los daños y perjuicios derivados de denuncias penales que culminaron en sobreseimientos o absoluciones. En esos supuestos, que presentan cierta analogía con el presente, hemos sostenido que la decisión que absuelve o sobresee es insuficiente para que, por el hecho mismo de existir tales resoluciones, se confiera derechamente al denunciado la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios que se invocan haber sufrido. Se requiere, además, en casos como el de autos, de un particular factor subjetivo de atribución: el obrar con dolo o, al menos, con una grosera culpa grave al promoverse la denuncia.En tales hipótesis particulares, claro está, habrá responsabilidad a mérito de lo dispuesto por los artículos 1089 y 1090 del Código Civil (ver esta Sala, «De Oromi Escalada, María Amalia c/ Fernández de la Puente, María Celia s/ Daños y perjuicios», del 30/06/2011, Expte. Libre N° 537.038; «Rallis, Manuel c/ Luengo, Stella Maris s/ daños y perjuicios», del 31/05/2011, Expte. Libre N° 563.422, JA 2012-I, Fascículo I, p. 46 y sgtes.; «Leszczynski Natalio c/ Iniesta Karina s/ daños y perjuicios», 18/03/2010, Expte. Libre Nº 538.893, «Levin Rabey Crala Anahí c/ García Federico Germán s/ daños y perjuicios», 28/09/2009, Expte. Libre Nº 532.342; «Adduci, Francisco c/ Mazzucco, Marcelo s/ daños y perjuicios» , 06/08/2009, Expte. Libre Nº 527.610; entre otros).

 

El criterio expuesto se sustenta en razones de buen orden social. Es que resulta inadmisible que la mera posibilidad de ser demandado por daños y perjuicios opere como una suerte de freno que impida la denuncia de irregularidades. En tal sentido, no cabe duda que el hecho de denunciar la actuación irregular de un abogado no puede constituir en sí un acto ilícito; por el contrario, es un derecho amparado por nuestra legislación que debe ser ampliamente protegido en tanto se halla comprometido el interés de la comunidad. Así entonces, el derecho que asistía al demandado de denunciar ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados la conducta que, según consideraba, era contraria a la ética profesional, debe estimarse -en principio- como legítimo; lo cual también se encuentra avalado por la propia letra del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina (RPTD); cuerpo normativo al que quedo sometida la actora desde el momento mismo de su inscripción en la matrícula (arts.1° y 17 de la ley 23.187).

 

Empero, como sucede en todo el ámbito del Derecho, juegan en la especie los adecuados límites en el accionar de los sujetos. Y ello es así porque tampoco puede tolerarse que los ciudadanos realicen un ejercicio abusivo o irregular del derecho a denunciar, ya que el insulto, la ofensa, las injurias, las calumnias y, en definitiva, la lesión al honor y la dignidad ajenos, no deben encontrar amparo bajo el pretexto de que fueron expresados en ejercicio de un derecho constitucional (conf. CNCiv, Sala H, Ortiz, Paula c. Helguera, Lucía Graciela, del 09/03/2011, RCyS 2011-VIII, 223). El artículo 1071 del Código Civil es categórico cuando dispone que si bien el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto, la ley no ampara su ejercicio abusivo.

 

En los presentes actuados, tras un detenido análisis del material existencial de la causa, puedo anticipar desde ya que no coincido con lo resuelto por el magistrado que me precedió. Estimo que la denuncia objeto de estudio configura un accionar que podría calificarse, al menos, como de una culpa grave o imprudencia manifiesta. Seguidamente veremos que en el caso se tornaba injustificable, en el marco de la relación entre las partes, que el demandado interpusiera la denuncia como lo hizo.

 

Obsérvese que la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal fue contundente al resaltar que «la imputación que efectúa el denunciante es la pretensión por parte de la Dra. A. de cobrarle los honorarios por su actuación en los juicios que por ejecución de honorarios de perito iniciara el Dr. F.oportunamente»; que en cuanto la falta ética imputada «cabe señalar que la labor profesional no se presume gratuita, por lo que la letrada tiene derecho a solicitar el pago de los honorarios correspondientes, siendo que ha hecho efectiva prestación de servicios profesionales»; para luego concluir que «no surge la existencia de conducta ética reprochable a la abogada M. I. A.» (v. fs. 214/217).

 

A lo expuesto por el mencionado Tribunal, resulta menester añadir que existía un convenio de honorarios firmado por ambas partes que indicaba claramente las prestaciones a cargo de cada una de ellas (v. fs. 1 y 6); por lo que difícilmente el encartado podía desconocer la obligación de pago. Máxime, cuando ha tenido numerosas advertencias e intimaciones para que abone los honorarios correspondientes a la letrada (ver, entre otras, fs. 8, 10, 12, 182/197, 220/229).

 

En definitiva, lo que quiero señalar es que el emplazado, aún cuando estuviese disconforme con la labor de su abogada, se excedió en el ejercicio de un derecho, realizando una denun cia groseramente infundada que, por su condición de abusiva, genera el correspondiente deber de reparar. Adviértase que no estamos en el caso ante una cuestión opinable en la cual -por una diferencia de criterios- no exista acuerdo si medió en la profesional denunciada una falta de ética. De manera muy diferente, son claramente definitorias las expresiones del mencionado Tribunal de Disciplina, que hacen alusión a que la imputación es solo por la pretensión de la aquí actora de percibir honorarios por su labor. Entonces, la imprudencia del encartado superó lo legalmente tolerable; pues se podría decir que -como mínimo- no tuvo o no requirió el asesoramiento elemental que se exige para emprender este tipo de acciones. He aquí la indiscutible culpa grave del demandado, que habilita a su condena por los perjuicios ocasionados.

 

A mayor abundamiento, cabe destacar que del art. 1089 del Código Civil (referido a los delitos de calumnia o injuria, pero aplicable analógicamente a los cuasidelitos contra el honor: art.1109 ), fluye la inversión de la carga probatoria. De manera que, para liberarse de responsabilidad, el demandado debía acreditar la verdad de la imputación o, al menos, su «verosimilitud». Esto es, probar -por ejemplo- que, a pesar de la inexactitud, la denuncia la creyó real y fundada, para lo cual, desde luego, resultaba indispensable aportar el basamento serio a partir del cual arribó a tal convicción (conf. CNCiv, Sala F, «D. la T., C. T. c. C. M., R. L. s/ daños y perjucios», del 23/02/2007, Llonline; «Resarcimiento de daños – Daños a las personas», Matilde Zavala de González», p. 419, ed. Hammurabi). Sin embargo, no ha sido así.

 

En efecto, resalto sobre la cuestión que el accionado no brindó en su responde de demanda ninguna explicación razonable sobre el asunto; tampoco presentó pruebas conducentes que avalen la promoción de la denuncia e, inclusive, se declaró la negligencia de su prueba testimonial a fs. 250 y de diversas pruebas informativas a fs. 640, 656, 661, 667, 677 y 686). Es más, como si lo expresado fuera poco, omitió alegar y contestar los agravios esgrimidos por la accionante. Vale decir, que sin hesitación quedó claramente demostrada la total desidia del accionado por acreditar la verosimilitud de la denuncia oportundamente incoada. Entonces, la procedencia de la demanda -más allá del quantum indemnizatorio- aparece como insoslayable; y en ese sentido he de votar.

 

V. La indemnización

 

La pretensora solicitó en su escrito inaugural una indemnización de $50.000; comprensiva de los rubros indemnizatorios de daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño psíquico.

 

V.a. Para comenzar, he de referirme a las partidas indemnizatorias de daño emergente y lucro cesante; las cuales fueran descriptas vagamente por la accionante en su escrito de postulación.Así, en lo que respecta al daño emergente, la actora se limitó a sostener que «en este rubro se debe ponderar el perjuicio inmediato, es decir, las ganancias que en forma inminente no entraron a mi patrimonio poniendo en peligro mi supervivencia, relacionadas con el ejercicio liberal de mi profesión», las cuales ponderó en $10.000 (v. fs. 18). No se comprende a ciencia cierta cuáles serían esas ganancias inminentes (máxime cuando han tramitado por separado los reclamos patrimoniales contra el demandado por incumplimiento del convenio de honorarios), como así tampoco se ha anejado prueba documental alguna que las certifique.

 

Por otro lado, en lo atinente a su reclamo de lucro cesante, la pretensora adujo que a raíz de la denuncia tuvo una depresión psíquica (la que será considerada en el siguiente acápite) que vulneró su ejercicio profesional y que le «ocasionó la imposibilidad de atender otros clientes con la derivación a otro letrado» (lo cual intenta acreditar con las declaraciones testimoniales de fs. 247/248 y 381/382). Agregó que el demandado «quebró la posibilidad de generar otros ingresos»; concluyendo que debía ser indemnizada en la cantidad aproximada de $20.000 (v. fs. 18/19). No obstante, a pesar de todo lo dicho, ha sido patente la orfandad probatoria en la que incurrió la actora. O sea, la realidad es que no se encuentran arrimadas a la causa probanzas fehacientes que demuestren los ingresos dejados de percibir; no resultando suficientes las meras afirmaciones (que ni siquiera especifican número alguno) de la actora. Este aserto es aplicable a los deponentes citados, que constituyen un medio probatorio inhábil dada la naturaleza del reclamo; al menos cuando las mentadas declaraciones se las pretende erigir como prueba autosuficiente.

 

Sobre el punto, sabido es que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable.La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, «Manual de Derecho Procesal Civil», Abeledo Perrot, 2004, pág. 399). Esta conclusión, sin hesitación, se aplica a la letra al caso de autos; por lo que corresponde rechazar las partidas bajo estudio.

 

Más allá de lo precisado, he de señalar que los montos requeridos (aún cuando hubiesen sido objeto de prueba en estos actuados) carecen de una relación de causalidad adecuada con la denuncia materia de reproche. Es que existe consenso doctrinario y jurisprudencial en el sentido de que para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño inferido a otra, es necesaria la presencia de un nexo causal entre ese daño y el hecho que se imputa al responsable (Conf. Boffi Boggero, Luis María, «Tratado de las obligaciones», t. II, Ed. Astrea, p. 312; Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría general de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo Perrot, p. 361; Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., «Tratado de la responsabilidad civil», t. I, Ed. La Ley, p. 582).

 

Más allá de lo precisado, diré que no hay motivos para colegir -en el sentido material y jurídico- que la denuncia interpuesta por el demandado (que, inclusive, tiene carácter reservado) haya podido ser la causa de la merma en las ganancias de la pretensora por su labor como abogada. Me permito insistir que no se discute en nuestro derecho que, para que se imponga un deber reparatorio, deben reunirse todos los presupuestos de la responsabilidad; y entre ellos vuelvo a destacar -por resultar crucial en estos autos – la relación de causalidad que tiene que existir entre el hecho y el daño producido. Se trata, ni más ni menos, que de la imputatio facti; esto es, la necesidad de que se verifique una relación causal entre un antecedente y un consecuente y, en función de ella, determinar que el daño acontecido es consecuencia de un hecho o hechos concretos.Y es aquí donde la pretensión de autos queda sin sustento por la apuntada falta de nexo entre ambas situaciones.

 

Por si todavía quedara alguna dubitación, pondré de resalto que, a tenor de la directiva del art. 906 del Código Civil, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes. Causa de un daño es sólo aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado. Las demás condiciones, que no producen normal y regularmente ese efecto, serán sólo condiciones antecedentes o factores concurrentes (ver Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría general de la responsabilidad civil», novena edición, p. 270, Nº 590; Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», ed. Marcos Lerner, p. 43; esta Sala en autos «Tarrio Cabanas de Ludovico, Mercedes c/ Cabanne, Ana María s/ Daños y Perjuicios», del 5/4/1999, Expte. libre Nº 255.011; íd., in re «Ayam, Alicia Mónica c/Fernández Humble, Raúl s/ Daños y Perjuicios», Expte. libre Nº 390.230, del 23/11/2005, La Ley On line). Entonces, la causa del daño que se reclama -en el sentido jurídico- no se halla en la denuncia que motivó estas actuaciones; tal como en idéntico sentido lo resolviera esta Cámara en otra acción muy similar promovida por la aquí actora (ver, CNCiv, Sala E, «A., M. I. c/ Di Donato, Roberto Fabio s/ daños y perjuicios» que corren por cuerda al presente, fs. 1233/1236).

 

A la luz de lo narrado, propondré a mis colegas el rechazo de los rubros indemnizatorios de daño emergente y lucro cesante.

 

V.b. Seguidamente analizaré la partida de daño extrapatrimonial solicitada por la actora ($20.000); comprensiva tanto de daño psíquico como de daño moral.En cuanto al rubro de daño psicológico, por supuesto que con él se tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis.

 

La experta psicóloga designada en estos actuados consideró que la pretensora sufrió, a raíz de la denuncia incoada, un «trastorno por estrés postraumático» (v. fs. 528/530). Al respecto, no puede omitirse de señalar la cantidad de enfermedades que padece la actora (que en su gran mayoría tendrían nexo causal con lo sucedido en las actuaciones «A. c/ Di Donato» que corren por cuerda; v. fs. 1041 de ese expediente); entre ellas, colon irritable, hiperlipidemias, alteraciones en el ciclo menstrual, enfermedad de Addison, insuficiencia córtico suprarrenal aguda, colapso vascular, trastornos digestivos. Por lo tanto, en el mejor de los casos, la denuncia que aquí me toca analizar -considerando la delicada situación de salud de la pretensora- lo que pudo ocasionar, probablemente, es sólo una mayor severidad u hondura en su estado psíquico. De ahí, que al momento de justipreciar la partida, ésta debe ser medida teniendo en cuenta los parámetros antes delineados acerca de la relación de causalidad; cuya verificación es inevitable para acceder a la indemnización.

 

A su vez, junto al daño psíquico, la pretensora reclama el daño moral.Sobre el tema, no se discute que -para que se verifique este último daño- tiene que producirse una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida; por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho.

 

Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, «Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos», ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., «El daño en la responsabilidad civil», Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, «Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL», LL, online; íd., Sala E, 26-5-2006, «Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros»).

 

Resulta indudable que el mencionado daño recae en el lado íntimo de la personalidad, y en este sentido es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que «no contiene más que lo subjetivo puro» (ver Principios metafísicos del Derecho», p.13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873).

 

No obstante lo descrito, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente- tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría General de la Responsabilidad civil», p. 247, 9º edición, Abeledo Perrot, 1997). Desde esta óptica, no parecería un requisito necesario la demostración por la accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto «previsto de antemano por la norma» (ver Brebbia, Roberto H., «El daño moral», p. 86, Ed. Orbir, 2º edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños», T. 2b, p. 593 y ss.).

 

También es verdad que, a los fines indemnizatorios, corresponde evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudo haber sufrido la víctima a consecuencia del hecho dañoso. En el caso particular, no puede obviarse que la denuncia ante el Colegio Público de Abogados -por una presunta falta de ética- puede generar una afectación en el honor y dignidad de la demandante.Sin embargo, no es menos cierto que se trata de actuaciones reservadas; por lo que el alcance de la afectación en la consideración social es mucho más limitado y de menor envergadura que en las denuncias penales.

 

En la inteligencia apuntada, a la hora de establecer el monto indemnizatorio por el daño psicológico y moral articulados, se tendrá en cuenta la entidad de la falta cometida, como así también las particulares e intrincadas circunstancias del caso de autos; lo que me persuaden de adoptar un criterio restrictivo en la especie. Por ello, en uso de las facultades que me confiere el artículo 165 del CPCCN, habré de proponer al Acuerdo que se establezca por las partidas bajo estudio una suma de $4.000, con más sus intereses. Con relación a éstos, considerando las fechas en que fue incoada la denuncia ante el Colegio Público de Abogados y la de promoción de la presente demanda (donde transcurrieron más de dos años y medio), estimo ajustado a derecho que se computen desde la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago; todo ello a la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (CNCiv, en pleno, «Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/ Daños y Perjucios» , del 20/04/2009, LL, 2009-C, 153). Tal ha de ser mi voto.

 

VI. El pedido de sanción por temeridad y malicia

 

La pretensora solicita en su expresión de agravios que se declare la temeridad y malicia de su contraparte por haber confundido «un proceso de daños y perjuicios por incumplimiento del convenio de honorarios celebrado.con el presente proceso de responsabilidad por difamación calumniosa»; también por no asistir a las audiencias testimoniales, y por haberse declarado la negligencia de sus pruebas informativas «fatigando a la jurisdicción» (v. fs. 767/769). Poco es necesario decir para desestimar el reclamo.Es que la sóla lectura de los fundamentos de la accionante vuelve totalmente inaudible el planteo.

 

Es verdad que la norma contenida en el art. 45 del Código Procesal autoriza la imposición de sanciones tendientes a reprimir la temeridad o malicia con que obraren los litigantes. Empero, su aplicación requiere que medien circunstancias verdaderamente graves, que configuren típicamente la inconducta procesal que la sanción se encamina a reprimir; puesto que no debe olvidarse que la consecuencia habitual para quien promueve una demanda injusta o se defiende de ese modo (tal es el caso de autos), es la imposición de costas (CNCiv, Sala F, «D. la T., C. T. c. C. M., R. L. s/ daños y perjucios», del 23/02/2007, Llonline).

 

En función de lo expresado, no cabe sino rechazar el pedido de la actora de aplicar una sanción por la imputada temeridad y malicia en la conducta del demandado y su letrado.

 

VII. Las erogaciones causídicas

 

No obstante que la demanda se admite por una suma sensiblemente menor a la reclamada, deberá tenerse en cuenta que la Dra. A. formuló su requerimiento supeditado a lo «que en más o en menos resulte de la prueba». Por otra parte, no puede ignorarse que el emplazado ha resultado en los hechos sustancialmente vencido en lo principal que aquí se decide; sin perjuicio de destacar que esa noción se determina según una visión global del pleito, y no por meros cálculos aritméticos. Estas consideraciones, pues, me inclinan a proponer que las costas del juicio tienen que aplicarse al aquí emplazado (artículo 68, primera parte , del ritual).

 

VIII. Conclusión

 

Por las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada y, por ende, hacer lugar a la demanda interpuesta por M. I. A., condenando al demandado R. F. al pago de la suma de cuatro mil pesos ($4.000), con más sus intereses.Éstos se calcularán, desde la notificación de la demanda y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (art. 68, 1era. parte, del CPCCN).

 

El Dr. Díaz Solimine dijo:

 

Al fundado voto del distinguido Vocal preopinante, adheriré con la aclaración que expondré seguidamente sobre el agravio referido a los intereses, con los cuales disiento.

 

En lo que hace a la tasa de interés que debe aplicarse, la doctrina sentada en los autos «Samudio de Martinez» referidos por Sr. Vocal, obliga a aplicar, conforme su punto III, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

 

Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo que deja al descubierto que, a pesar de la amplia mayoría con que contara la mentada tasa activa- luego de fracasar la moción sustentada, entre otros, por los vocales de la Sala «C» de esta Excma.Cámara -la cual integro-, en el sentido de dejar libertad a los jueces para establecerla en cada caso en particular- había una opinión generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito atendiendo a diversas circunstancias como pueden serlo la forma de establecer el monto de la condena, las indemnizaciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicársele, la necesidad de acortar el tiempo de los procesos, etc., considerando así diversas tasas según el período en el que debía enjugarse el daño moratorio.

 

Sin alterar acertadamente, la doctrina plenaria sentada en el fallo «Gómez» respecto al tiempo que se produce la mora de la obligación de indemnizar con relación a cada perjuicio, ello no implica, per se, que hasta el efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada tasa activa, sino que será así siempre que no se altere el contenido económico de la sentencia, importando un desplazamiento injustificado de bienes del patrimonio del deudor al del acreedor.

 

Es que la imposibilidad de hecho de fijar valores históricos con relación a indemnizaciones por incapacidad o daño moral, entre otros rubros, dada la cambiante realidad que ha caracterizado a la zigzagueante y poco ortodoxa economía de nuestro país, ha llevado en la especie a establecer a la fecha de su pronunciamiento los valores de las diversas partidas.

 

De ahí que atendiendo a los valores que ya se encontraban actualizados al fallo apelado, se consideró, en casos similares y luego de dictado el fallo «Samudio» que la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina era la que correspondía aplicar sobre aquellas partidas fijadas a valores actuales desde que cada perjuicio se originó hasta la fecha de la sentencia definitiva, debiendo a partir de este pronunciamiento y hasta el efectivo pago que hagan los deudores aplicarse la tasa activa que resulta obligatoria en los términos del artículo 303 del CPCC.

 

Lo que así voto.

 

El Dr. Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

 

Con lo que terminó el acto:

 

MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

 

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE -.

 

CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

 

Es fiel del Acuerdo.

 

Buenos Aires, febrero 23 de 2012.-

 

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: revocar la sentencia apelada y, por ende, hacer lugar a la demanda interpuesta por M. I. A., condenando al demandado R. F. al pago de la suma de cuatro mil pesos ($4.000), con más sus intereses. Éstos se calcularán, desde la notificación de la demanda y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido.

 

Notifíquese y devuélvase.

 

(en disidencia parcial)

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