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Scioli apura un acuerdo con la oposición para aprobar la reforma impositiva.

El proyecto contempla incrementos en las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural. Con esta ley se busca recaudar $2.680 millones extra este año, de los cuales $1.000 millones se distribuirían entre los municipios.

El Gobierno de Daniel Scioli iniciará este lunes una semana definitoria para el avance de la reforma impositiva que se mantiene paralizada en la Cámara de Diputados, por el rechazo de las entidades del campo y los condicionamientos de algunos sectores del kirchnerismo que tumbaron tres veces la sesión legislativa.

Durante todo el fin de semana, funcionarios y técnicos analizó junto con referentes de la oposición una serie de modificaciones al proyecto de ley original tendientes a suavizar el impacto del aumento impositivo en el sector rural de la mano de una suba progresiva a 5 o 6 años en el revalúo, algo que no ocurre desde 1955.

Ese esquema calca, en rigor, la matriz santafesina y entrerriana, que el Frente Amplio Progresista (FAP) acercó al sciolismo como prenda de negociación para obtener el quórum en la Cámara baja, donde el FpV-PJ tiene 43 diputados y el acompañamiento de tres de Nuevo Encuentro. El FAP también propuso eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos a las cooperativas.

Aunque anoche nadie aventuraba cuándo se produciría la nueva convocatoria legislativa, los cálculos optimistas ponían toda la expectativa en una sesión extraordinaria este jueves, señala el matutino Ámbito Financiero.

Si finalmente el proyecto se aprueba en Diputados -siempre y cuando los legisladores kirchneristas acompañen el nuevo proyecto-, la ley debe volver al Senado, donde ya obtuvo media sanción. En esa Cámara sí hay fecha de sesión: 31 de mayo.

Así las cosas, el Gobierno de Scioli intenta encontrar una salida a la encrucijada planteada especialmente en el terreno político, luego de que el kirchnerismo sugiriera al gobernador que aplique el revalúo por decreto y desista de una ley en ese sentido, cargando un alto costo político.

El fin de semana, los colaboradores del mandatario se agotaron en interminables explicaciones de por qué Scioli no puede -ni quiere- recurrir a esa herramienta.

El titular de la Agencia de Recaudación, Martín Di Bella, advirtió que «todo cambio en las obligaciones tributarias»bonaerenses, «incluso en el Inmobiliario Rural, deben realizarse mediante una ley y no pueden hacerse a través de un decreto», porque «así lo establece la Constitución».

En simultáneo, el propio gobernador ratificó su intención de negociar con la oposición para alcanzar un consenso que le permita sancionar la reforma impositiva por ley. Ese esquema incluye al FAP, al PJ disidente, y Unión Celeste que lidera Francisco de Narváez.

«La decisión es buscar los consensos que sean necesarios para alcanzar la sanción del proyecto en la Legislatura. Eso implica tiempo, pero Scioli tiene grandes expectativas de que el diálogo dé sus frutos rápido», confió un hombre cercano al gobernador al matutino.

La ecuación que hace la Casa Rosada es un búmeran para el sciolismo, al preferir que imponga el revalúo de los campos por decreto, sin dejar espacio a la negociación con la oposición, especialmente con los sectores que representan los intereses de las entidades que nuclean a los productores agropecuarios.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, tradujo la respuesta de Scioli a esa presión. Reconoció que el Gobierno provincial podría acordar con la oposición una modificación del revalúo y explicó que «consistiría en la gradualidad del revalúo». «Habíamos previsto -agregó- que este año (el valor fiscal de los campos aumentara) entre un 30 y un 50%, pero desde el Frente Amplio Progresista (FAP) nos proponen otra forma de llegar a un valor de mercado. Por eso, si hay un cambio, sería para este lado».

El proyecto de reforma fiscal que envió Scioli contempla incrementos en las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural. Con esta ley Scioli busca recaudar $2.680 millones extra este año, de los cuales $1.000 millones se distribuirían entre los municipios para sortear la grave crisis económica que enfrentan por la pérdida de $900 millones de la coparticipación.

 

Fuente: http://impuestos.iprofesional.com/

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