Cingolani Francisco Florencio c/ ANSeS s/ ejecución previsional

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 10-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72809-AR | MJJ72809 | MJJ72809

La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que si la Administración Nacional de la Seguridad Social no se atuvo a las pautas de liquidación fijadas en la sentencia que admitió un pedido de reajuste previsional, al liquidar las mensualidades posteriores a dicho pronunciamiento, vulnera la cosa juzgada y consagra un dispendio jurisdiccional obligar al beneficiario a iniciar un nuevo juicio para reclamar el pago de las diferencias resultantes.

Sumario:

1.-Si la Administración Nacional de la Seguridad Social, ante la sentencia que admitió un pedido de reajuste previsional y al liquidar los haberes devengados a favor de la parte actora con posterioridad a este pronunciamiento, no se atuvo a las pautas allí fijadas, debe hacerse lugar a la pretensión de obtener el pago de las diferencias resultantes en el marco del trámite de ejecución de sentencia, ya que de lo contrario, además de consagrarse un dispendio jurisdiccional, se vulneraría la cosa juzgada, pues la decisión cuyo cumplimiento se procura no sólo establecía una pauta para el cálculo del beneficio, sino que permitía determinar el nivel de la prestación para el lapso subsiguiente y hasta tanto fuera incrementado por nuevas disposiciones legales o decisiones judiciales en materia de movilidad, de modo que el haber resultante de aquélla sería desconocido si se admitiera que, por hallarse fuera del ámbito del cumplimiento forzado del fallo, una determinada cantidad de mensualidades -en la especie, las devengadas durante cuatro años- quedara cancelado con una suma sustancialmente menor.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 10 de abril de 2012

Vistos los autos: “Cingolani, Francisco Florencio c/ ANSeS s/ ejecución previsional”.

Considerando:

1°) Que en el marco de un proceso de ejecución de una sentencia de reajuste de haberes previsionales, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la decisión de la instancia anterior que había aprobado parcialmente la liquidación presentada por el jubilado e impuesto las costas en el orden causado.

Contra ello el actor dedujo el recurso ordinario de apelación, que fue concedido por esta Corte a fs. 202.

2°) Que para resolver del modo en que lo hizo, el a quo consideró que el fallo en ejecución había establecido que la ley 23.928 no afectaba las pautas del reajuste que disponía, y que al haber quedado firme ese pronunciamiento, la inconstitucionalidad de la ley 18.037 , declarada en la causa, debía mantenerse con posterioridad al mes de abril de 1991 y hasta el 31 de marzo de 1994, fecha en que concluía la vigencia de la fórmula en cuestión (fs. 146 y 151).

3°) Que el actor se agravia de que se haya puesto ese límite en el lapso a ejecutar y sostiene que de tal modo no se cumple la sentencia que ordenó la recomposición de sus haberes.

Argumenta que, más allá de la pauta de movilidad aprobada -que según sostiene ha respetado íntegramente-, el fallo preveía también el pago de las diferencias que se fueran devengando en lo sucesivo, aspecto que se vería frustrado en caso de mantenerse la decisión apelada.

4°) Que de la cuenta presentada por el demandante surge con claridad que aplicó el método de ajuste por movilidad establecido en la sentencia sólo hasta el mes de marzo de 1994, tal como lo establecía el punto 7 del decisorio en ejecución (fs. 8/12), arribando a un haber mensual de $ 841,53.También puede observarse que los haberes oportunamente abonados por la ANSeS, correspondientes al período posterior, fueron de $ 432 por mes, y que los montos liquidados luego de la fecha indicada son las diferencias existentes entre los haberes reajustados y percibidos que se han consignado (fs. 19/21).

5°) Que la limitación temporal de la ejecución ratificada por el a quo vulnera la cosa juzgada, pues la sentencia cuyo cumplimiento procura el actor no sólo establecía una pauta para el cálculo del beneficio, sino que su aplicación permitía determinar el nivel de la prestación para el lapso subsiguiente y hasta tanto fuera incrementado por nuevas disposiciones legales o decisiones judiciales en materia de movilidad. El haber resultante de esa sentencia sería desconocido si se admitiera que, por hallarse fuera del ámbito del cumplimiento cuatro años forzado quedara del fallo, cancelado un período con una de al menos mensualidad sustancialmente menor.

6°) Que en lo atinente a la vía procesal apropiada, cabe destacar que resultaría un dispendio jurisdiccional obligar al jubilado a iniciar un nuevo juicio de conocimiento a fin de que se le reconozca que el monto de su prestación, en el período descartado por el a quo, era el que ya había sido fijado por la sentencia en ejecución y que se hallaba, por lo tanto, incorporado a su patrimonio.

7°) Que, en las condiciones expuestas, la decisión apelada tiene el carácter de definitiva requerido para la procedencia del recurso interpuesto y resulta contraria a la doctrina de esta Corte que surge del precedente C.3547.XXXVIII “Cuomo, Hecio c/ ANSeS s/ ejecución previsional”, fallo del 15 de abril de 2004, por lo que corresponde su revocación.

8°) Que los agravios relativos a las costas deven- gadas suscitan el examen de cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas por el Tribunal en la causa “Rueda” (Fallos: 327:1121), a cuyas consideraciones cabe remitirse por razón de brevedad.

Por ello, el Tribunal resuelve: declarar procedente el recurso ordinario de apelación deducido por el actor, revocar la sentencia apelada con el alcance que surge de las considera- ciones que anteceden, aprobar íntegramente la liquidación presentada por el ejecutante e imponer las costas a la ejecutada en todas las instancias. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAÚL ZAFFARONI.

ES COPIA

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