Ponce Cristian Leandro c/ Anacri S.A. y otro s/ accidente

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 6-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-71688-AR | MJJ71688 | MJJ71688

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal deducido contra la sentencia que había rechazado, respecto de una ART, la demanda de indemnización fundada en el Código Civil, por daños y perjuicios derivados del accidente laboral producido debido al desmoronamiento de las paredes de una zanja de desagüe, en tanto que la minoría entendió que la resolución omitió en su motivación toda referencia a las circunstancias comprobadas de la causa.

Sumario:

1.-Corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario federal cuya denegación había originado la queja del recurrente, por aplicación del Art. 280 del CPCCN., el remedio federal había sido articulado contra la sentencia que rechazó, respecto de una aseguradora de riesgos del trabajo, la demanda de indemnización basada en el CCiv., por daños y perjuicios derivados del accidente laboral producido debido al desmoronamiento de las paredes de una zanja de desagüe.

2.-Resulta arbitraria la sentencia que rechazó, respecto de una aseguradora de riesgos del trabajo, la demanda de indemnización basada en el CCiv., por daños y perjuicios derivados de un accidente laboral -en la especie, debido al desmoronamiento de las paredes de una zanja de desagüe-, si el superior tribunal de la causa -entre otras cuestiones- aseveró, sin respaldo técnico adecuado ni refutación de las conclusiones del dictamen pericial en materia de seguridad e higiene, que ni aun la falta total de cumplimiento de los deberes en materia de prevención de accidentes a cargo de dicha entidad hubiera evitado el evento dañoso, máxime si se omitió toda referencia a las circunstancias comprobadas de la causa que pudieran respaldar el temperamento adoptado, en contradicción con el sistema legal -arts. 1, Apartado 2º, Inc. a) , Ley 24.557; 7º, 8º y 9º, Inc. k) , Ley 19.587; 902 y 1074 , CCiv.-, que impone un deber de conducta tendiente a morigerar las consecuencias dañosas cuando en determinadas circunstancias, en que concurren situaciones de riesgo previsibles, se obliga a llevar adelante una actuación positiva y eficaz, para evitar el daño (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos los doctores Petracchi y Maqueda hacen suyo, en su voto – Disidencia).

3.-Si bien los agravios relacionados con la atribución de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y Derecho común, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del recurso extraordinario federal -Art. 14, Ley Nacional 48-, ello no es óbice para admitir el remedio federal cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia, de acuerdo a los términos en que fue planteada, el Derecho aplicable y la prueba rendida y, por tanto, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos los doctores Petracchi y Maqueda hacen suyo, en su voto – Disidencia).

Fallo:

Procuración General de la Nación

I.- Contra la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -CNAT- que confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art.39, primer párrafo, de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT n° 24.557 ), admitió el reclamo de indemnización por accidente de trabajo con fundamento en normas de derecho común, y rechazó la demanda contra la aseguradora de riesgo del trabajo (Liberty ART SAl, la aclora dedujo el recurso extraordinario federal cuya denegación dio origen a la queja en examen (v. 916/918, fs. 856/864, fs. 931/935 de los autos principales que se citarán en lo sucesivo; y fs. 19123 del cuaderno respectivo).

II.- Para asi decidir, el a quo -en slntesis y en lo que interesa- sostuvo que ni aún la omisión total de los deberes relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo podrla ser calificada como tal, ya que su estricto cumplimiento no hubiera evitado el desmoronamiento de las paredes de tierra de la zanja de desagüe donde el actor se encontraba trabajando a unos dos metros de profundidad. Agregó que no se debe confundir la responsabilidad administrativa por omisión de un comportamiento debido, sancionable en el marco de la ley especial, con la responsabilidad civil genérica, que requiere, para su operatividad, la concurrencia de una relación de causalidad material entre el hecho o acto y el resultado, también material, lesivo para el sujeto pasivo.Remitió a su voto en los precedentes «Rivero cl Techotécnica» y en «Galván cl Electroquímica» y finalizó afirmando que la responsabilidad de la aseguradora no debe exceder de la asumida al contratar el seguro, salvo que incurra en un comportamiento dañoso subsumible en alguno de los subsistemas de responsabilidad diseñados por el Código Civil , con la concurrencia de los elementos de la relación de responsabilidad; ilicitud, daño, relación causal y factor de imputación legal.

III.-En el remedio federal la actora se agravia, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, porque – dice – la sentencia impugnada vulnera el derecho de la defensa en juicio y el de propiedad garantizados por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Interpreta que se rechaza el reclamo contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) sin valorar correctamente la prueba rendida en autos ni considerar y debatir los tratados internacionales citados en el escrito de demanda, convalidando las omisiones y falta de cumplimiento de sendas obligaciones legales. Sostiene que la ART de haber actuado en debida forma, hubiera evitado el accidente que ocasionó la incapacidad laborativa del trabajador de 19 años de edad (41% de la 1.0.) reconocida en la sentencia.

Afirma que existieron omisiones imperdonables de la accionada, entre ellas, la falta de prevención, de control de las condiciones y ambiente de trabajo, violando las normas de la LRT y su decreto reglamentario 170/96. Indica que las visitas a la obra se realizaron a partir del dia del accidente denunciado y que las recomendaciones se efectuaron después de ocurrido el infortunio. Agrega que no hay constancias de registros de capacitación al damnificado, ni constancia de entrega de elementos de seguridad incumpliendo lo establecido en la Ley de Seguridad e Higiene y decreto reglamentario (ley n° 19.587 Y Oto. 351/79) y lo establecido por el art. 4 de la LRT.Señala que de la prueba pericial contable se desprende que desde octubre de 2003 hasta la fecha del accidente (agosto 2004) no hubo visitas a la empresa asegurada, en violación de lo dispuesto por el art. 19 del decreto n° 170/96, que dispone que las ART deben realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Asegura que el nexo de causalidad está demostrado por la falta de visitas a la obra, falta de control e inspección, falta de conocimiento del ámbito de trabajo, falta de capacitación del personal. Entiende que están alcanzados los factores de atribución de responsabilidad con sus elementos tipificantes sin perjuicio de invocar el precedente «Torrillo» de la Corte.

IV.-En primer término, cabe señalar que si bien los agravios relacionados con la atribución de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba, y derecho común, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del articulo 14 de la ley 48, V. E . también tiene dicho que ello no resulta óbice para admitir el recurso, cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable y la prueba rendida, y por tanto el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos 311: 1656, 2547; 317:768, entre otros).

En efecto, el a qua señala genéricamente que». ni aún la omisión total de cumplimiento de deberes relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo podria ser calificada como tal, ya que su estricto cumplimiento no hubiera evitado el desmoramiento . » (v. fs.917, punto 111), argumento que no sólo carece de respaldo técnico adecuado, sino que además no se hace cargo del informe del perito ingeniero, que destacó el juez de primera instancia, en el sentido que las medidas de seguridad pertinente hubiesen evitado el derrumbe que fracturó las piernas del trabajador.

Además el juez de grado tuvo en cuenta el informe del perito ingeniero en cuanto detalló los registros de visita de la ART a la obra, de la cual se desprende que la primera vez que se realizó dicha diligencia fue el dia del accidente, aunque sin que se apuntara la hora, es decir sin que se pueda saber si fue con anterioridad o posterioridad al hecho (v. fs. 859, párrafo 5°).

La recomendación en esa oportunidad fue que estaba realizando excavaciones sin «tablestacas», que la empresa no cuenta con Legajo técnico, sino un servicio de Higiene y Seguridad a través de un asesor externo, no existen constancias de registro de capacitación para el trabajo de zanjeo, colocación de caños y uso de elementos de seguridad, como tampoco personal que compruebe la estabilidad del terreno y decida la colocación de algún medio eficaz a fin de evitar el derrumbe que ocasionó la rotura de ias piernas del trabajador ( v. fs. 859, párrafo 5′). La sentencia de primera instancia concluyó que se encontraba fehacientemente comprobado el incumplimiento tanto de parte de la empleadora, como de la ART, de las obligaciones a su cargo que emanan de las normas de Seguridad e Higiene, pues de haberse tomado las medidas que surgen del Programa de Seguridad el accidente no hubiera ocurrido. Asimismo puso de relieve que si la ART hubiese efectuado sus visitas de contralor con anterioridad a la fecha del accidente, es decir, desde el comienzo de la obra se hubiesen dado las instrucciones preventivas adecuadas (v.fs.860).

A su vez aquella afirmación del a quo también contradice todo el sistema legal que impone precisamente un deber de conducta tendiente a morigerar las consecuencias dañosas cuando en determinadas circunstancias, en que concurren situaciones de riesgo previsibles, se obliga de manera deliberada a llevar adelante una actuación positiva, eficaz, para evitar el daño. En aquella línea, el juez de la primera instancia sostuvo que el iegislador ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas seguridad e higiene imponiéndoles diversas obligaciones de control y supervisión (art. 1′, ap. 2 inc. a , ley 24.557). Asimismo las ART deben ofrecer asistencia técnica y promover la capacitación del trabajador. Además el magistrado actuante en la instancia inferior citó la Ley de Seguridad e Higiene (n’ 19.587, arts. 7 y 8 yen especial su arto 9, inciso k, que determina el nacimiento de la responsabilidad delictual civil en virtud de los arts. 902 y 1074 del Código Civil (v. fs.

860, párrafo 6′), sin que el a quo examinara dichos preceptos y antecedentes en forma adecuada.

A ello se añade la segunda aseveración de la sentencia en crisis en cuanto señaló: «. ./a responsabilidad civil genérica, que requiere; para su operatividad, la concurrencia de una relación de causalidad material entre el hecho o acto y el resultado, también material, lesivo para e/ sujeto pasivo . » (v. fs. 917, punto 111), de la cual no produjo ningún análisis concreto referido a las circunstancias del caso, a fin de refutar los precisos fundamentos del juez de primera instancia, con envergadura tal que alcance para revocarlos.

Sin embargo, el a qua creyó suficiente, para ello la remisión, sin más, a precedentes jurisprudenciales sin puntualizar en qué aspectos resultaban similares a la presente causa.

Al respecto, cabe recordar que V.E.en el caso «Soria» aseveró que no corresponde eximir de responsabilidad a la ART en los términos del art. 1074 del Código Civil, basado exclusivamente en descartar la relación de causalidad entre el daño y la conducta de aquélla en la observancia de sus obligaciones, sin efectuar el previo examen de las circunstancias de hecho propias de la causa y agotándose en conclusiones no precedidas de demostración alguna. Atento el carácter eminentemente fáctico de la responsabilidad en el infortunio laboral, no puede entenderse que la ausencia de motivación de la sentencia quede saneada por la remisión a precedentes que conciernen a otros litigios (Fallos 330:1550 ).

Todo ello, sin perjuicio que las afirmaciones genéricas del a qua expuestas en el párrafo precedente carecen como dije de un examen pormenorizado de las cuestiones estudiadas en detalle por el juez de primera instancia (v. 859/960) y la falta de similitud del caso con los antecedentes citados en el decisorio en crisis. Al respecto, debo advertir que en el caso «Galván», citado por el a qua como sosteniendo su posición, contrariamente a la intención con que fue invocado en la sentencia cuestionada, la Corte descalificó el pronunciamiento de la Cámara porque se habia apartado palmariamente de la constancias de la causa (v. Fallos 330:4633 , considerando 3°).

Es del caso añadir que esta Procuración General tuvo oportunidad de expedirse en el antecedente «Rivera», en sentido contrario, registrado en Fallos: 325:3265 , citado por el a qua. No obstante, sobre el punto también se manifestó en los dictámenes en autos: S.C. P. n° 673, L. XXXVII Y P. n° 961, L. XXXVII, «Ponce, Ricardo Daniel c/ Ferrosider SA y otro»; del 10 de marzo de 2004; y S.C. P n° 1819, L. XXXIX; «Pesaresi, Walter D.c/ Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar si accidente», del 30 de septiembre de 2004; a cuyos términos cabe remitir, en lo pertinente, por razón de brevedad, y en especial, a que la exigencia de «prevenir eficazmente» (art. 4 LRT) supone una conducta anticipada de tal envergadura que provoque una interrupción en la cadena causal que desemboca indefectiblemente en el daño. En efecto, en oportunidad del dictamen «Ponce cl Ferrosider», citado, esta Procuración señaló respecto a la teoria de causalidad adecuada -materia de debate en esta oportunidad- y los alcances previstos en los arts. 901 al 906 del Código Civil (citados por el a qua) que en cumplimiento de la finalidad de prevención del ordenamiento, exige a la ART, mediante medidas adecuadas, su interposición oportuna para conjurar el riesgo. La falta de su intervención idónea y adecuada de conformidad con las normas exigibles para el caso, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal. La hipótesis formulada sobre la base de que la actitud negativa de la ART no causó directamente el daño, no descarta que la acción positiva esperada y jurldicamente exigible habría evitado o disminuido ese daño. En este punto, cabe recordar que en oportunidad del dictamen del precedente «Ponce», se puntualizó que las labores preventivas eficaces para impedir la frustración de los fines para los que estuvo diseñado el sistema de la LRT, debe ser un modelo activo que apunta más allá del cumplimiento de las formas; pues deben existir tareas concretas y demostrativas de que se hizo todo lo técnicamente posible y conducente para intentar evitar una situación de riesgo como la que produjo el hecho dañoso (v. Dictamen «Ponce», citado, punto V).

Tal como V.E. puntualizó en el caso «Soría», de no seguirse en la linea señalada, se incurriria en un apartamiento palmario del derecho aplicable (art.1074 C.C.), al consagrar una suerte de exención de responsabilidad civil, absoluta y permanente, de las ART respecto de sus obligaciones en materia de prevención de los riesgos del trabajo, pues uno de los objetivos que caracteriza a la ley 24.557 y su decreto reglamentario 170/96, es reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos, a lo que se suma haber emplazado a los entes aseguradores, entre otros sujetos, como obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente dichos riesgos (Fallos 330:1550 .

A esta altura no podemos dejar de recordar el precedente «Torrillo» (Fallos 332:709), citado por la recurrente (v. fs. 933vta.) en el cual V.E. señaló que: «. no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilicito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciria a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes.

Asimismo, pasa por alto dos circunstancias; por un lado, al hacer hincapié en aquello que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas:no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas . » (Fallos 332:709, considerando 8°).

Concluyo, entonces, que el fallo no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por lo que, al afectar las garantias constitucionales invocadas, corresponde descalificarlo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad, máxime cuando la interpretación del a quo se limita a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos de juicio, pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto, se impone entonces su descalificación (Fallos 303:2080, 311:112, entre otros).

Por todo lo expresado, opino que V.E. debe hacer lugar a la queja y al recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada, y mandar a que se dicte una nueva ajustada a derecho.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2010

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se desestima la queja. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia)- E. RAÚL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY.

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DICIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE

SANTIAGO PETRACCHI Y DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

Que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al revocar parcialmente la sentencia de la instancia anterior, rechazó la demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente laboral, basada en el Código Civil, en la medida en que se dirigía contra Liberty ART S.A.Sostuvo el a quo, a tal fin, que «ni aun la omisión total de cumplimiento de deberes relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo» podía ser calificada como causa adecuada del daño, «ya que su estricto cumplimiento no hubiera evitado el desmoronamiento de las paredes de tierra de la zanja de desagüe donde el actor se encontraba trabajando a unos dos metros de profundidad». Contra ello, el reclamante interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motiva esta queja.

Que asiste razón al apelante en cuanto reprocha arbitrariedad al fallo en cuestión, toda vez que los motivos que en éste se invocan, antes indicados, han omitido, a todas luces, referencia alguna a las circunstancias comprobadas de la causa que pudieran respaldarlos, al tiempo que, tal como lo observa el dictamen que antecede, han soslayado elementos de ilustración que, tomados en cuenta en el pronunciamiento revocado, resultan, prima facie evaluados, conducentes para el debido esclarecimiento del litigio. En suma, la decisión de la sala no constituye un acto judicial válido con arreglo a conocida doctrina de esta Corte, por lo cual, sin que ello importe abrir juicio sobre el resultado definitivo de la causa, debe ser dejada sin efecto.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, y se deja sin efecto la sentencia apelada con los alcances indicados, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Hágase saber, acumúlese la queja al principal y, oportunamente, devuélvase a fin de que, por quien corresponda, sea dictado un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA.

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