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#Fallos Vacuna Sputnik: Nexo causal entre el síndrome de trombosis con trombocitopenia y la inoculación de la vacuna Sputnik contra el virus COVID-19

Partes: S. S. c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud – Comisión Médica Jurisdiccional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo – Ex. 117214/22 s/ recurso Directo de Organismo Externo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: IV

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-161464-AR|MJJ161464|MJJ161464

Voces: PLAN DE VACUNACIÓN – CORONAVIRUS – DAÑOS Y PERJUICIOS – COMISIONES MÉDICAS – INCAPACIDAD LABORAL – RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Se confirma el porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica Jurisdiccional derivada del nexo causal existente entre el síndrome de trombosis con trombocitopenia padecido y la inoculación de la vacuna Sputnik contra el virus COVID-19.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional por el cual se determinó que el actor presenta una incapacidad de 5% derivada del nexo causal existente en el síndrome de trombosis con trombocitopenia padecido por el accionante, y la previa inoculación de la vacuna Sputnik contra el virus COVID-19 pues las críticas esgrimidas por el actor no pueden prosperar, toda vez que la Comisión Médica actuante detalló explícitamente los motivos por los que fijó el porcentaje de incapacidad aquí cuestionado; en efecto, el dictamen coligió que la incapacidad se desprendía de diversos elementos, y asimismo, efectuó una extensa reseña del contenido de la historia clínica apuntada, como así también recopiló los resultados del examen físico al que se sometió el paciente, y el informe de Seguridad de Vacunas.

2.-Frente a esta identificación que el área médica competente realizó de los padecimientos del actor y de su relación de causalidad con el evento adverso reconocido por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), las lacónicas manifestaciones del recurso no constituyen sino una mera disconformidad con la decisión -en concreto, la variación porcentual estipulada-, sin demostrar acabadamente su error o desacierto.

3.-La propia redacción de la normativa en juego reduce la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales a la ponderación de la incapacidad por daño físico (cfr. arts. 8º bis y quater , ley 27.753); circunstancia que excluye -como derivación lógica- la contemplación de otros rubros indemnizatorios como el psicológico o el moral.

Fallo:
Buenos Aires, 24 septiembre de 2026.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º) Que, mediante providencia 61367816/25, la Subgerente de Coordinación Letrada de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo puso en conocimiento del Sr. S. S. el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional del 6.06.2025 (cfr. expediente administrativo 117214004/22 -incorporado a las presentes actuaciones mediante oficio DEO Nº 19780242, del 28.08.2025-, págs. 483/484 y 487/489; énfasis añadido).

Vale aclarar que, mediante este último acto, se determinó que «el damnificado presenta una incapacidad laboral de 5 % (cinco por ciento)», derivada del nexo causal existente -según había reconocido la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), mediante informe 5226181/25; cfr. expediente administrativo, págs. 214/215- entre el síndrome de trombosis con trombocitopenia padecido por el accionante, y la previa inoculación de la vacuna Sputnik contra el virus COVID-19.

2º) Que, disconforme con esta decisión, el Sr. S. interpuso y fundó recurso de apelación, en los términos del art. 8º sexies de la ley 27.573, según el texto que le imprimió el decreto NyU 431/21 (fs. 2/5).

En síntesis, aduce que el porcentaje de incapacidad apuntado contraría el principio de la reparación integral de la víctima, en los términos el art. 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

En esta línea, esgrime escuetamente que la Comisión Médica actuante:(i) no esbozó los fundamentos que llevaron a semejante conclusión, ni delimitó los rubros comprensivos de tal cifra porcentual; y (ii) omitió evaluar «daños tales como el agravio moral, el lucro cesante, los gastos médicos y farmacéuticos, el costo de un tratamiento psicológico posterior y en general lo que [la] doctrina considerada (sic) como daño patrimonial y extrapatrimonial de la víctima»; y (iii) prescindió de las consecuencias causadas por el hecho dañoso, impeditivas de que «pueda seguir su vida con total normalidad».

Sobre tales bases, solicita que el porcentaje de incapacidad sea incrementado al 20%, «con más la suma que V.E. considere prudente para responde[r] a los demás rubros reclamados (.), así como el costo de un tratamiento psicológico».

3º) Que, a su turno, el Sr. Fiscal General dictaminó en favor de la competencia de esta Cámara, y no encontró óbices para declarar la admisibilidad formal del recurso (fs. 11/13).

4º) Que, el recurso interpuesto suscita serias dudas en cuanto a que se halle satisfecho, en el sub lite, el recaudo de debida fundamentación. Sin perjuicio de ello, se efectuarán consideraciones particulares con relación a las objeciones esgrimidas.

5º) Que, el art. 8º bis de la ley 27.573 instauró el Fondo de Reparación COVID-19, con el propósito de habilitar «el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y con el alcance dispuesto en esta ley».

En esta línea, el art. 8º sexies atribuyó a las Comisiones Médicas previstas en el art. 51 de la ley 24.241 la tramitación de estos reclamos indemnizatorios, cuyo dictamen «será revisable judicialmente ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la jurisdicción del domicilio de la persona que pretenda el reconocimiento resarcitorio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal».

Por último, el art.8º quater estipula que «[l]a indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado o de la damnificada será igual a DOSCIENTAS CUARENTA (240) veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA. Las indemnizaciones correspondientes a daños que no causen incapacidad física total o permanente se deberán valuar en forma directamente proporcional a esta suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determinen las comisiones médicas previstas en el artículo 8º sexies» (énfasis añadido).

6º) Que, así las cosas, las críticas esgrimidas no pueden prosperar, toda vez que la Comisión Médica actuante -en contraposición a lo argüido por el recurrente- detalló explícitamente los motivos por los que fijó el porcentaje de incapacidad aquí cuestionado.

En efecto, el dictamen coligió que la incapacidad del Sr. S. se desprendía de diversos elementos, enumerados bajo el rótulo «Patologías», a saber:

«Antecedentes fehacientes -historia clínica- y tratamiento de hemiparesia faciobraquiocrural, con síntomas menores y TAC+». Asimismo, efectuó una extensa reseña del contenido de la historia clínica apuntada -discriminada en dos apartados:

(i) Epicrisis; y (ii) Tomografía de cerebro – Angiotomografía-, como así también recopiló los resultados del examen físico al que se sometió el paciente, y el informe de Seguridad de Vacunas (cfr. expediente administrativo, págs. 483/484).

En suma, frente a esta identificación que el área médica competente realizó de los padecimientos del actor y de su relación de causalidad con el evento adverso reconocido por la CoNaSeVa, las lacónicas manifestaciones del recurso no constituyen sino una mera disconformidad con la decisión -en concreto, la variación porcentual estipulada-, sin demostrar acabadamente su error o desacierto.

Por otra parte, no puede perderse de vista que la propia redacción de la normativa en juego reduce la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales a la ponderación de la incapacidad por daño físico (cfr. arts.8º bis y quater, ley 27.753); circunstancia que excluye -como derivación lógica- la contemplación de otros rubros indemnizatorios como el psicológico o el moral (en idéntica línea, Sala II, CAF 8577/23 «Klein, Liliana Margarita c/ E.N. – Min. Salud s/ Recurso Directo de Organismo Externo», resolución del 7.02.2025; y Sala III, CAF 4539/24 «Soto, Mariela Alejandra c/ E.N. – Min. Salud s/ Recurso Directo de Organismo Externo», resolución del 28.10.2025).

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional objeto de crítica. Sin especial imposición de costas, dada la ausencia de actividad útil de la contraparte.

Se deja constancia de que el señor juez Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109, RJN).

Regístrese, notifíquese -al Ministerio Público y a las partes- y devuélvase.

ROGELIO W. VINCENTI

JORGE EDUARDO MORÁN

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