Autor: Romualdi, Emilio E.
Fecha: 13-11-2026
Colección: Doctrina
Cita: MJ-DOC-19060-AR||MJD19060
Voces: TASAS DE INTERÉS – INFLACIÓN – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – CRÉDITOS LABORALES – JURISPRUDENCIA – CAPITALIZACIÓN DE INTERESES – ANATOCISMO – INTERESES – LABORAL – DESPIDO
Sumario:
I. Planteo del problema. II. Análisis de la jurisprudencia. III. Propuesta interpretativa.
Doctrina:
Por Emilio E. Romualdi (*)
I. PLANTEO DEL PROBLEMA
Sin dudas la reforma en la regulación de los intereses en los créditos laborales de derecho individual establecida por los art. 54 y 55 de la ley 27.802 viene generando una interpretación bastante compleja por parte de los juzgados, tribunales y cámaras de grado que empieza a tener pronunciamientos que generan cierta certidumbre en cuanto a la operativa de los mismos.
En general se viene desestimando la declaración de inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802 y estableciendo parámetros de aplicación que me llevan a proponer una lectura más sistémica de ambas normas.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el precedente Manzanelli (1) la constitucionalidad del art. 55 estableció que los intereses se calculan con el precedente «Seren» (2) hasta el 5 de marzo de 2026 y, desde el día siguiente, según el artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La Suprema Corte de Justica de Buenos Aires en el precedente Fernández (3) ha establecido que los arts. 54 y 55 de la ley 27.802 establecen un diferente régimen aplicable en función del ámbito material y temporal que describen y que obedece a las aludidas pautas objetivas; de allí que los trabajadores alcanzados por cada uno de esos preceptos no se hallan en identidad de circunstancias relevantes a los fines aquí considerados, ni esos preceptos involucran, por esa precisa distinción, una discriminación irrazonable.
Asimismo, ha sostenido que los arts.54 y 55 de la ley 27.802 proveen dos métodos de ajuste que exhiben entre sí, distinta fisonomía y alcance, pero esa disímil regulación no luce arbitraria ni carente de razonabilidad, toda vez que responde a criterios objetivos de diferenciación que lucen respetuosos de los principios generales que informan la materia, en razón de obedecer a pautas que hacen a sus respectivos ámbitos de aplicación material o temporal, sin que por esa particular circunstancia quede implicada una afectación a las garantías constitucionales en juego.
Finalmente, sostuvo que una sobreviniente regulación que dispusiera su efecto retroactivo, aunque acotando a un ámbito de aplicación material circunscripto a un concreto universo de relaciones o situaciones jurídicas -verbigracia, aquellas referidas a los juicios en trámite- importaría también un trato desigual respecto de las relaciones o situaciones jurídicas excluidas de ese régimen, sin que en tal hipótesis pueda inferirse, tampoco y por esa sola circunstancia, su irrazonabilidad.
Luego la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe en el precedente Rodríguez (4) sostuvo que la ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) establece, en su artículo 55, los criterios en base a los cuales serán actualizados los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo en los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de su entrada en vigencia, incluidos los recursos de queja en los que no se ha dictado resolución y a su vez, estipula que tales disposiciones ‘son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte. Obviamente esto nos lleva a entender que la Corte convalida la solución normativa.
Asimismo, la mayor parte de las salas de la Cámara Nacional del Trabajo en CABA aplica la normativa aplicando lo dispuesto por el art.55 de la ley 27.802 criterio que ha sido seguido en general por la mayoría de las salas (5).
Las excepciones son la Sala I que en el precedente Palavecino (6) declaró la inconstitucionalidad del art. 55 de la LCT por resultar violatorio de los arts. 14 , 16 y 17 de la Constitución Nacional, así como del principio protectorio que emana del art. 14 bis, y disponer que el crédito reconocido en autos sea determinado conforme la regla general prevista en el art. 54 de la citada ley, esto es, mediante su actualización según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -Nivel General- elaborado por el INDEC, con más un interés puro del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago criterio este que ha sido declarado no admisible por la CSJN (7) más allá de las fundamentaciones diversas en ambos casos.
La otra es la sala II de la CNAT que había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23926 y 25561 y aplicaba un mecanismo de ajuste por IPC en diversas causas (8) lo que fue descalificado por la CSJN en el precedente Cabana Opanasiuk (9) donde sostuvo que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, el pronunciamiento debe atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren situaciones de las que no es posible prescindir (Fallos: 345:549 y precedentes allí citados). En función de ello se pronunció en favor de la aplicación en la causa del art.55 de la ley 27.802 publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, fecha a partir de la cual se encuentra vigente (artículo 217).
Luego, en general, se ha sostenido que procede disponer que el capital nominal de condena será acrecido desde que cada suma que lo compone es debida y hasta la fecha de su efectivo pago, conforme el art. 55 de la Ley 27.802, a cuyo efecto corresponde que se realicen las operaciones aritméticas necesarias en la oportunidad prevista en el art. 132 de la Ley 18.345; todo ello, siempre y cuando la modificación propuesta no implique una modificación en perjuicio del único apelante, a partir de la aplicación del principio ‘non reformatio in pejus’ (10).
Ahora bien, esto nos lleva al problema de que a partir de la vigencia de la ley dos casos iguales por igual periodo – es decir desde el 6/3/2026 – tendrían dos tasas diversas dado que en una se aplicaría el art. 55 – los iniciados antes del 6 de marzo de 2026 y otro la tasa del art. 276 de la LCT modificado por el art. 54 de la ley 27.802 en cualquiera de las interpretaciones de los fallos citados sobre lo que luego volveré.
Ello nos lleva a la necesidad de interpretar ambas normas y vincular su abstracción con el mundo del ser, del que ella no puede prescindir, ni como presupuesto de su sanción ni como destinatario de su solución transaccional.
Luego, como sostiene Guibourg (11), «interpretar no es otra cosa que legislar, preferentemente entre los intersticios de la ley, pero sin garantía (nunca la hay) de no traspasar ese límite. El juez siempre legisla: directamente para el caso que resuelve, pero indirectamente para formar jurisprudencia capaz de trascender ese caso.La doctrina de un fallo ordinario ha de extraerse a costa del usuario, distinguiendo la ratio decidendi de los obiter dicta»
Así, frente a la oscuridad o imperfección de las normas las directrices de interpretación admitidas de las normas según Rabbi Baldi Cabanillas (12) son las siguientes:
A) Directriz gramatical: Mediante esta directriz se procura desentrañar el sentido de la norma a través del mero examen de las palabras que emplea. La Corte ha desarrollado este canon a través de diversas pero convergentes directrices jurisprudenciales. Así, ha señalado que «la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal» (13).
B) Directriz económica (o hipótesis del legislador no redundante) es una herramienta especialmente útil cuando la redacción del legislador ha sido descuidada, obligando al intérprete a encontrar el sentido lógico que evite la duplicidad perfectamente aplicable a este caso como se verá más adelante.
C) Directriz de la voluntad del legislador. Otra de las pautas más frecuentes a fin de discernir el sentido de las normas ha sido el recurso a la «voluntad del legislador», esto es, a la intención tenida en mira por éste al redactar aquéllas, la cual suele precisarse a través de los «trabajos preparatorios»; los debates parlamentarios, o las exposiciones de motivos que preceden a su sanción. En este sentido las relaciones de poder que dieron lugar a la transacción de la norma suelen modificarse con el tiempo. Con ello, someterse a la voluntad de un legislador vinculado a una realidad de relaciones de poder distinta a la actual – incluso sustentada sobre paradigmas muy diversos a los vigentes con el paso del tiempo – hacen a este método por lo menos muy discutible.
D) Directriz histórica. De acuerdo con esta pauta de interpretación, debe atribuirse a una norma su significado histórico, esto es, el sentido que «históricamente» le ha deferido la doctrina o el legislador.De tal modo, mediante la apelación a la historia de la norma, esto es, a sus orígenes mismos, es posible obtener su significación auténtica. Criterio de interpretación por lo menos discutible frente a la dinámica de las conductas humanas que hacen los presupuestos fácticos de la norma «histórica» muy diversos a los que acontecen al momento de emitir un pronunciamiento aún cuando la Corte ha utilizado este argumento de manera reiterada (14).
E) Directriz de la coherencia. Esta directriz parte de la concepción interpretativa de la denominada «jurisprudencia de conceptos » y supone – falsamente – que el ordenamiento jurídico carece de contradicciones o de antinomias . Así, frente a una eventual inconsistencia – como es la que surge del texto del nuevo art. 12 de la ley 24.557 – ésta puede ser suplida mediante el sólo recurso a la lógica interna del sistema dada su intrínseca racionalidad que le permite superar los escollos que, de tal modo, nunca fueron re ales, esto es, sólo revistieron el carácter de meramente «aparentes».
F) Directriz sistemática. Esta técnica interpretativa atribuye el significado de un texto en función de su contexto sistemático, es decir, a la luz del sentido inherente a las restantes disposiciones que integran el ordenamiento jurídico. Al igual que la técnica anterior prescinde de los hechos y partiendo de una pauta que supone la anterior, es decir, la de la coherencia del sistema, tanto desde una dimensión formal (que entraña reconocer que el legislador ha ordenado con rigor lógico las disposiciones del sistema), como desde un punto de vista material (en tanto lo sistemático requiere, necesariamente, la existencia de una unidad conceptual que caracteriza al sistema en su conjunto. Reitero, como técnica prescinde de los hechos y no puede de ningún modo dejar de percibirse que la norma se inserta en el mundo del ser con el cual debe armonizar a fin de poder lograr una transacción eficiente del conflicto humano.
G) Directriz apagógica o reductio ad absurdum.Esta directriz interpretativa es también una rigurosa consecuencia de la preconstitución normativa por parte del legislador, al menos como postulado teórico, la cual descarta que la interpretación de las leyes pueda conducir a un resultado absurdo.
H) Directriz de la totalidad. Esta última técnica reconoce que todas las anteriores no se presentan de modo aislado, sino que actúan en forma conjunta. Así, es razonable que el modo de argumentar debe tener en cuenta varias maneras o vías a fin de arribar al genuino sentido de una norma. Este modo en definitiva permite una armonización de la abstracción con los hechos y por tanto resulta una herramienta relevante para resolver los conflictos. Ello sin dejar de ver que los jueces son personas y perciben y describen la realidad e interpretan el texto de una norma ( que en definitiva es una oración ) desde su construcción personal: se trataría, pues, de una interpretación «totalizante», en la medida en que emplea un número plural de las pautas precedentemente estudiadas. Esta técnica debería – conforme se verá más adelante – ser una técnica razonable para superar las dificultades prácticas que produce la pésima redacción de los arts. 54 y 55 de la ley 27802.
En el precedente Páez Alfonzo (15) sostuvo la Corte que tiene reiteradamente establecido que la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra y que, cuando esta no exige esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos:311:1042; 320:61 y 305 y 323:1625 , entre otros), ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (Fallos:313:1007).
Ahora bien, la interpretación literal de la norma nos lleva a la consecuencia, en mi apreciación, absurda de que dos juicios por iguales pretensiones procesales derivadas de un hecho acaecido el mismo día – ej despidos sin causa – devengarían en el mismo espacio temporal dos tasas de interés distintas como surge de la consecuencia de los fallos antes mencionados.
Esto genera una dificultad enorme que merece una técnica interpretativa más adecuada para sortear las dificultades de una redacción inadecuada del legislador.
II. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA
En primer lugar hay que siempre destacar que a partir de la sanción de estos artículos que analizamos en el derecho individual del trabajo la tasa de interés queda encuadrada en el marco del art. 768 inc b) del CCyC – tasa legal – que excluye la discrecionalidad judicial del art. 768 inc c) del CCyC que de todos modos ha quedado muy limitada a partir de la sanción de la Resolución 1/2026 del BCRA que reglamenta la tasa TIM para estos casos.
En este contexto la solución de la Sala X de la Justicia Nacional del Trabajo en el precedente «González Sánchez» (16) que lo aplica a un caso de accidente de trabajo es una situación no prevista por la norma por lo que estimo desacertada esta decisión. Ello así dado que el sistema de la ley de riesgos del trabajo tiene su propio sistema de intereses en el contexto del artículo 768 inc b del CCyC – art. 1 DNU 669/19 reglamentado por Resoluciones 1039/19 y 332/232 SSN o ley 27.348 en caso de negar validez al DNU – que desplaza al sistema general del art.55 de la ley 27.802.
El caso Manzanelli es el más particular por cierto. Ello así porque el TSJ de Córdoba sostiene que hasta la sanción de la ley se aplica el precedente Serén (17) y a partir de la vigencia de la ley 27.802 a los juicios en trámite el art. 55.
Es decir, entiende que el sentido del texto excluye la retroactividad de la norma y que por tanto este artículo está vigente desde que lo está la ley.
La consecuencia de ello es que aplica una tasa en el marco de las facultades del art. 768 inc c) con una tasa que no responde al precedente García (18) y tampoco toma en cuenta la Resolución 1/2026 del BCRA que establece cual es la tasa aplicable en el marco de este supuesto del CCyC.
Por tanto, este aspecto de la solución ya en sí, más allá de la vigencia temporal del art. 55 es improcedente más allá que el crédito del actor sufre una gran licuación por aplicación del precedente Seren.
Luego, a partir de la fecha de vigencia de la ley algunos actores percibirán la tasa dispuesta por el art. 55 y otros el ajuste por IPC más 3% por créditos de igual naturaleza lo que simplemente es absurdo.
El problema deriva de la redacción de la ley que debería haber establecido una tasa hasta la vigencia de la misma ( art. 55) y otra a partir de la misma ( art. 276 LCT) más allá del resultado matemático circunstancial.
El ejemplo para que sea vea lo absurdo es que una causa iniciada el día 5/3/2026 tendría una tasa distinta de otro idéntica iniciada el 7/3/2026.
Y cuando la consecuencia es absurda requiere de una interpretación que haga razonable el sistema.
Las soluciones de la SCBA y la S .C. Sta.Fe al igual que las cámaras de CABA llevan a partir de la vigencia de la ley a la misma solución absurda de aplicar en el mismo período temporal dos tasas distintas conforme cuando se haya iniciado la demanda.
Por tanto a dos hechos idénticos ocurridos el mismo día se aplican dos tasas diversas conforme el día en que se inició la demanda.
Es tan absurdo que si un profesional se hubiese demorado en iniciar la demanda se vería beneficiado con una tasa a priori mejor que además se vería proyectada a créditos con fecha de mora anteriores a la vigencia de la ley 27.802.
III. PROPUESTA INTERPRETATIVA
Es más que claro que todo surge de la deficitaria redacción de la ley que, como ya dije, debió establecer una tasa hasta una fecha y otra posterior lo que le hubiera dado claridad a la solución normativa.
Es decir, fecha de extinción de contrato anterior y posterior de la ley lo que no hubiera generado que dos situaciones iguales tuvieran una tasa de interés distinta.
Ahora bien, no hace falta declarar la inconstitucionalidad si hacemos esta interpretación con la directriz de la totalidad de la ley tratando de llegar a una solución práctica y equitativa de las normas.
En lingüística y filosofía del lenguaje, la asignación de sentido de una frase es el proceso mediante el cual se determina el significado conceptual, la intención y el valor de verdad de un enunciado dentro de un contexto determinado.
En esta circunstancia una interpretación contextual o pragmática que permita llegar a una solución equitativa sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas la cual resulta de asignar a las normas el sentido que expresé en el primer párrafo.
En definitiva, con una interpretación sistémica de las normas se puede llegar a la solución de aplicar a todos los créditos desde la mora hasta el 6/3/2026 la tasa prevista en el art.55 y a partir de ahí la tasa prevista en el art. 276 LCT.
Esto es matemáticamente posible ya que se calculan los intereses hasta una fecha y luego a partir de esa fecha se actualiza capital desde el 6/3/2026 con un interés del 3% anual desde esa fecha siendo el resultado final la suma de ambas operaciones.
La otra opción es calcular capital e intereses hasta el 6/3/2026 y a partir de ahí aplicar CER más 3%
Es mas el ajuste a partir del 6/3/2026 debería ser por CER que da a la operación aritmética una precisión que los índices mensuales del IPC no tiene.
Ello así dado que el CER se calcula con un IPC de mes anterior y se proyecta hacia el mes siguiente lo que en definitiva no altera sustancialmente el resultado matemático.
Esta solución puede tener consecuencias matemáticas diversas pero lo que se busca es establecer un parámetro equitativo para todos los casos con independencia del mismo.
En definitiva, en algunos casos con la aplicación del art. 55 de la ley 27.802 el resultado aritmético puede dar algo más, pero es una cuestión circunstancial que no altera esta idea de encontrar una solución que ponga en paridad de circunstancia a todos los juicios en trámite.
Ello más allá de que lo razonable hubiese sido establecer o la solución antes propuesta o una tasa única que no generara los conflictos que la normativa establecida en la ley 27.802 ha traído.
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(1) Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba Sala Laboral Manzanelli Ana María c/ Martínez Roberto Fernando s/ despido – recurso de casación Fecha:23 de septiembre de 2026
MJ-JU-M-161270-AR|MJJ161270|MJJ161270
(2) Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba Sala Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L s/ ordinario s/ despido 1 de septiembre de 2023
MJ-JU-M-145857-AR|MJJ145857|MJJ145857
(3) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Fernández Hilda Noemí c/ Ozu na José Antonio s/ despido Fecha: 21 de octubre de 2026 MJ-JU-M-161410-AR|MJJ161410|MJJ161410
(4) Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Rodríguez Javier Alberto contra Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos -Sent. Cobro de Pesos – Rubros Laborales – (CUIJ 21-04184168-8) s/ recurso de inconstitucionalidad Fecha: 18 de junio de 2026 MJ-JU-M-160214-AR|MJJ160214|MJJ160214
(5) CNAT Sala IV Valdez, Melina Ayelen c/ Easy Play y otro s/ despido S 10/3/2026, CNAT Sala VII «MORALES, CINTIA VERÓNICA C/ MOURO GÓMEZ, ÁNGEL LUIS Y OTROS S/ DESPIDO» S 13/6/2026; CNAT Sala VIII «REYNOSO DUARTE, RAUL ALEJANDRO c/ PIRELLI NEUMATICOS S.A. Y OTRO s/ DESPIDO S 16/3/2026; CNAT Sala IX Cativa, Florencia, c/ Bogus SRL y otros s/ Despido S 10/3/2026; CNAT Sala X Gonzáles Sánchez, Walter Daniel c/ Galeno ART CNAT Sala II «FERRERO, GABRIEL DARIO C/ MIL COLECCION SRL Y OTROS S/ DESPIDO Fecha 19/3/2026
(6) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala I Palavecino Matías c/ LTK Catering S.R.L. y otros s/ despido Fecha: 15 de julio de 2026: MJ-JU-M-161310-AR|MJJ161310|MJJ161310
(7) CSJN «Encina, Hilda Zulema c/ ART Interacción S.A. y otro s/ accidente – ley especial» Buenos Aires, 29 de octubre de 2026 ; «Silveira Quintas, Martín y otro c/ Swiss Medical ART S.A. y otro s/ accidente – ley especial» Fecha 26 de noviembre de 2024
(8) ‘CABANA OPANASIUK, LEONARDO c/ UNIR SA Y OTROS s/ DESPIDO’; CNT 194/2021/CS1 ‘RAMIREZ, FERNANDO DAVID c/ H.J. NAVAS Y CIA. S.A.Y OTRO s/ DESPIDO’; CNT 64364/2014/CS1 ‘RAMOS, JORGE VICTOR c/ GRUPO PEÑAFLOR S.A. s/ DESPIDO’; CNT 18073/2019/CS1 ‘ROMERO, PAOLA DEL CARMEN c/ COMPAÑIA AMERICANA DE ALIMENTOS S.A. Y OTROS s/ DESPIDO’; CNT 31567/2021/CS1 ‘RIAUDO, CAMILA ESPERANZA c/ ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S. A. s/ DESPIDO’; CNT 9058/2015/CS1 ‘SAWICKI, KARINA JUDITH c/ CARRIZO, CARLOS DANIEL s/ DESPIDO’; CNT 23627/2014/CS1 ‘SOSA, MARIA LILIAN Y OTROS c/ SELL POINT SRL Y OTRO s/ DESPIDO’; CNT 17507/2022/CS1 ‘SURACI, FABRICIO DONATO c/ LAN ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO’.
(9) Corte Suprema de Justicia de la Nación Cabana Opanasiuk Leonardo c/ Unir SA y otros | despido Fecha: 5-nov-2026 Cita: MJ-JU-M-161577-AR | MJJ161577 Producto: LJ,MJ
(10) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala III Miguez Federico c/ Universidad Católica Argentina s/ diferencias de salarios Fecha: 1 de julio de 2026 MJ-JU-M-160415-AR|MJJ160415|MJJ160415
(11) : Guibourg, Ricardo A. Plenarios y escándalos LA LEY 2007-A, 1199
(12) Rabbi Baldi Cabanillas, Renato Sobre la fundamentación de las decisiones judiciales: el paradigma de la «dogmática jurídica» según la jurisprudencia de la Corte JA 2001-IV-1350
(13) Corte Suprema de Justicia de la Nación Sosa Raúl c/ ANSeS s/ retiro por invalidez (artículo 49 P4 ley 24.241)Fecha: 26 de diciembre de 2017 MJ-JU-M-111539-AR|CSJN T 340 y P 2021|MJJ111539 Fallos 316:814; Fallos 314:458; Fallos 314:1018; Fallos 315:727; Fallos entre muchos otros.
(14) Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, Provincia de c/ SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) s/repetición. Fecha 23 de Octubre de 2007 Fallos 305:1847
(15) Corte Suprema de Justicia de la Nación Páez Alfonzo Matilde y otro c/ Asociart ART S.A. y otro s/ indemnización por fallecimiento S 27-sep-2018.MJ-JU-M-114294-AR | MJJ114294 | MJJ114294
(16) CNAT Sala X Gonzáles Sánchez, Walter Daniel c/ Galeno ART s/ accidente Fecha 19/3/2026
(17) Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba Sala laboral Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L s/ ordinario s/ despido Fecha: 1 de septiembre de 2023 MJ-JU-M-145857-AR|MJJ145857|MJJ145857
(18) Corte Suprema de Justicia de la Nación García Javier Omar c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte) Fecha: 7 de marzo de 2023 MJ-JU-M-141489-AR|MJJ141489
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Kennedy. Ex Juez del Tribunal de Trabajo Nº 6 San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Director y profesor del Doctorado de la Universidad Kennedy. Profesor Titula Derecho laboral Individual y Derecho laboral colectivo Universidad Católica Argentina, La Plata. – Sede San Martín. Profesor Titular de Derecho de la Seguridad Social en Universidad Argentina Interamericana. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de derecho del trabajo.