
Desde que canceló su deuda con el FMI en 2005, la Argentina no está sujeta a las condicionalidades que impone el organismo. Sin embargo, como todos los miembros del Fondo, el país está obligado a facilitar información económica en forma detallada y precisa, según los estándares que establece el organismo.
A partir de 2009, los informes del Fondo que mencionan al país incorporaron una nota al pie donde indica que las estadísticas privadas del IPC y el PIB difieren de las difundidas por el Indec.
Desde 2010, el FMI comenzó a reclamar y presionar al gobierno argentino para que “mejore” la calidad de esas estadísticas. En medio de esa disputa, la Argentina llegó a solicitar la colaboración técnica del organismo para avanzar en el diseño de un IPC de alcance nacional. Hasta ahora, Argentina evitó cualquier tipo de sanción y la postergación del abordaje de la temática en el directorio.
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