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#Fallos Tope a la incapacidad: Para calcular la indemnización por incapacidad absoluta del art. 212, cuarto párrafo LCT, corresponde aplicar el tope previsto para la indemnización del art. 245

Partes: Andrade Ricardo Esteban c/ Centrales de la Costa Atlántica s/ Incapacidad absoluta

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 4 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138648-AR|MJJ138648|MJJ138648

Para calcular la indemnización por incapacidad absoluta normada en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo corresponde aplicar el tope previsto para la indemnización del art. 245.

Sumario:
1.-El juzgador aplicó erróneamente la doctrina legal la Suprema Corte de Buenos Aires cuando resolvió que para calcular la indemnización por incapacidad absoluta normada en el art. 212, cuarto párr. , de la Ley de Contrato de Trabajo no correspondía aplicar tope alguno a la base de cálculo conformada por la mejor remuneración mensual, normal y habitual, toda vez que el artículo prevé -expresamente- uno de los modos de extinción del contrato de trabajo -por imposibilidad de su subsistencia en razón de la incapacidad absoluta y permanente del trabajador- imponiendo al empleador la obligación de abonar al trabajador ‘…una indemnización de monto igual a la expresada en el art. 245 …’, de lo cual se sigue que las pautas para liquidar una y otra son equivalentes.

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2.-La bonificación anual por eficiencia (BAE) contemplada en el art. 25 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 debe computarse para el cálculo de la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, no obstante la limitación establecida por la aludida norma convencional que no cabe convalidar, en tanto la pretendida restricción resulta desfavorable para el trabajador, y, deviene, por lo tanto, contraria a derechos consagrados en una disposición legal de jerarquía superior.

3.-El sentenciante sumó todos los conceptos ‘positivos’ liquidados como ‘haberes’ en el recibo, sin reparar en que dos de figuran en ese mismo documento como íntegramente descontados por el empleador; tales rubros no fueron efectivamente percibidos por el trabajador y que, por ende, al incluírselos en la base de cálculo se ha incurrido en el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa.

Fallo:
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.365, «Andrade, Ricardo Esteban contra Centrales de la Costa Atlántica. Incapacidad absoluta (art. 212, LCT)», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 515/536 vta.).

Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VI-2019).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. El tribunal de origen -en lo que resulta de interés- hizo lugar a la demanda interpuesta por Ricardo Esteban Andrade y, en consecuencia, condenó a Centrales de la Costa Atlántica S.A. a abonarle diferencias por la indemnización prevista en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo oportunamente percibida.

Para así resolver, tuvo por acreditado que la relación laboral habida entre las partes se inició el día 17 de octubre de 1989, extinguiéndose por incapacidad absoluta del dependiente a partir del 1 de enero de 2016, lo que fue notificado el 24 de noviembre de 2015 (v. vered., fs. 515/519).

Destacó que la accionada abonó al trabajador por dicho concepto la suma de $641.897,21, monto al que arribó luego de aplicar a la base de cálculo el criterio sentado por la Corte nacional en el caso «Vizzoti» (v. sent., fs.521).

Contrariamente a ello, el sentenciante de grado sostuvo que si bien el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo remite para su cuantificación al art. 245 de dicho régimen legal, no correspondía aplicar tope alguno a dicha base de cálculo (v. fs. 521).

Fundó tal conclusión en que la reparación materia de agravio puede ser considerada una prestación de la seguridad social, de naturaleza diversa a la indemnización por despido, aunque ambos conceptos pudieran resultar coincidentes en cuanto a sus pautas de cuantificación (v. fs. cit.).

Añadió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente A.374.XLIII, «Ascua» (sent. de 10-VIII-2010) descalificó la validez constitucional del tope indemnizatorio previsto en la anterior legislación sobre accidentes de trabajo (art. 8 inc. «a» de la ley 9.688, texto según ley 23.643), a la vez que descartó expresamente que el criterio establecido en el precedente «Vizzoti» resultara aplicable a las indemnizaciones derivadas de infortunios laborales (v. fs. 521 y vta.).

En esta línea, destacó que esta Corte ha resuelto que, para cuantificar la indemnización especial para siniestros de esa índole, no cabe admitir reducción alguna del salario devengado por el trabajador. Cita, en este sentido, la doctrina legal que emerge de las causas L. 117.079, «Cuevas» (sent. de 15-II-2017) y L. 117.464, «Ruggeri» (sent. de 20- XII-2017; v. fs. 521 vta.).

Juzgó probado -con base en el recibo de haberes del mes de diciembre de 2015- que la mejor remuneración «percibida» por el actor fue de $82.238,96 (v. fs. 521 vta.). Para ello tuvo en cuenta el salario básico, los demás rubros liquidados ($49.991,42) y la incidencia del sueldo anual complementario, a lo que adicionó la bonificación anual por eficiencia (BAE) proporcional del segundo semestre de 2015 ($25.921,47, producto de dividir $155.528,86 por seis meses).

Aclaró -a influjo del informe pericial contable (v. fs. 190) y los recibos de sueldo agregados a fs.360/389- que la mencionada bonificación es de carácter remuneratorio, se devenga mensualmente y se abona dos veces al año (v. vered., fs. 517 vta. y 518 vta.).

Con todo, estableció que la diferencia indemnizatoria reclamada por el señor Andrade debía prosperar por la suma de $1.496.341 (art. 212 cuarto párrafo, LCT; v. fs. 521 vta.).

En cuanto a los intereses, dispuso que se liquidasen desde que el crédito se devengó y hasta la notificación de la demanda (13-III-2017) a la tasa pasiva CAT (tasa digital, opción: plazo fijo tradicional) que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días vigente en los distintos periodos de aplicación, los que luego -conforme lo establecido en el art. 770 inc. «b» del Código Civil y Comercial de la Nación- debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quedara firme la sentencia (v. fs. 533 y vta.).

II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 8, 212 -cuarto párrafo- y 245 de la ley 20.744; 1 y 4 de la ley 14.250; del acta-acuerdo del 2-III-1994 -homologado por disposición 1.041/94 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación-; de los arts. 44 inc.

«d» de la ley 11.653; 163 inc. «5» del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.

II.1. Cuestiona la sentencia de grado porque resolvió, a partir de lo que -aduceconstituye una interpretación errónea de los arts.212 cuarto párrafo y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la indemnización prevista en la norma citada en primer término debía calcularse sin tope alguno.

Contra esa definición del fallo en crisis, el recurrente afirma que la primera de las normas citadas, al remitirse al segundo precepto, no expresa excepción alguna con respecto a la aplicación de la limitación de referencia.

Enfatiza que al resolver del modo en que lo hizo, el tribunal de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte que sostiene que el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo no es más que uno de los modos de extinción del contrato de trabajo -por imposibilidad de su continuación por incapacidad absoluta del trabajador- y de conformidad con el mandato legal, corresponde a la empleadora el pago de la indemnización establecida en el referido art. 245.

Funda este razonamiento en la mención de la causa L. 43.582, «Wolf» (sent. de 20-II-1990).

Denuncia que no se ha observado, asimismo, aquel otro criterio rector en virtud del cual la indemnización del art. 212 cuarto párrafo, es equivalente a la prevista en el mentado art. 245, de forma que una sustituye a la otra (con cita de las siguientes causas: L. 67.257, «Romero», sent. de 29- II-2000; L. 71.370, «Amabile», sent. de 21-II-2001; L. 91.998, «H., J.», sent. de 25-II-2009 y L. 98.157, «Cabella», sent. de 29-XII-2009).

Destaca que este Tribunal también ha resuelto que a los fines de determinar la cuantía de la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en función del tope establecido en el art. 245 del mismo ordenamiento, resultan aplicables los fundamentos expuestos en la causa L. 87.327, «Brelles» (sent. de 22-IV-2009; v. cita de la causa L. 101.666, «Martínez», sent. de 27-IV-2011).

Indica que el juzgador aplicó erróneamente la doctrina que emerge de los fallos L.117.079, «Cuevas» (sent. de 15-II-2017) y L. 117.464, «Ruggeri» (sent. de 20-XII-2017), desde que refieren a causas con distinto contenido fáctico y resueltas mediante la aplicación de las normas especiales del régimen de riesgos del trabajo, cuyo sistema de reparación tarifada había sido objeto de planteos de inconstitucionalidad.

II.2. Aduce -en el marco de un agravio que bien puede considerarse parte de las argumentaciones expuestas en el punto que precede- que el tribunal incurrió en absurdo al afirmar -de un lado- que las indemnizaciones previstas en las normas citadas – arts. 212 cuarto párrafo y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo- resultan coincidentes en cuanto a las pautas de cálculo; y -del otro- decidir que no correspondía aplicar tope alguno para cuantificar la derivada de la primera de las disposiciones de referencia.

II.3. Objeta el fallo de grado por haber adicionado la incidencia de la bonificación anual por eficiencia (BAE) y del sueldo anual complementario sobre dicho concepto, a la base de cálculo que utilizó el juzgador para estimar la diferencia materia de agravio.

Afirma que ese proceder conculca el texto expreso del acta-acuerdo de ESEBA-FATLYF del año 1994, cuyo art. 25 inc. 3 establece que en ningún caso las sumas percibidas en concepto de la mentada bonificación podrán considerarse, ni siquiera en su proporcionalidad, para establecer la base de cálculo de la liquidación de otros beneficios y/o indemnizaciones, ya sean estos de origen legal o convencional. Como correlato de ello, y toda vez que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, asegura que tampoco podría tomarse en cuenta el citado sueldo anual complementario sobre dicho rubro.

Añade que a la misma conclusión se arriba a partir de la hermenéutica del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que el concepto en cuestión no cumple con las notas de normalidad y habitualidad requeridas en dicha disposición.

II.4.Alega que la determinación de la base de cálculo efectuada por el juzgador para liquidar la indemnización del art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo es arbitraria.

En este sentido, asegura que el tribunal de grado apreció de modo absurdo la prueba documental – recibos de haberes y acta-acuerdo del año 1994- y la pericia contable.

Refiere que, si bien es cierto que la mejor remuneración del actor fue la devengada en el mes de diciembre de 2015, al determinar el importe «percibido» el sentenciante sumó algebraicamente los rubros liquidados, sin detraer los descuentos por turno ($3.872,88) -al no r ealizar efectivamente las guardias- y el sueldo anual complementario sobre la bonificación anual por eficiencia -BAE- ($12.960,74).

Agrega que, sin perjuicio de la prohibición convencional de incluir dicho beneficio en la base de cálculo del mencionado art. 245, el juzgador de grado liquidó de manera equivocada su incidencia, desde que siendo un concepto que se abona una vez al año, debió dividirse por doce (12) y no por seis (6) meses. Al efecto, cita el art. 25 del acta-acuerdo en cuestión y argumenta que el yerro en el fallo posiblemente se deba que en el mes de diciembre de 2015 se le abonó al actor la BAE proporcional como derivación del distracto.

II.5. Por último, se alza contra el modo en que el tribunal hubo de calcular los intereses sobre el capital de condena.

II.5.a. Denuncia que recurrió al anatocismo, por cuanto, a partir de la aplicación del art. 770 inc.»b» del Código Civil y Comercial de la Nación -cuya declaración de inconstitucionalidad peticiona-, determinó la acumulación de intereses sobre el capital originario, lo cual genera al compareciente un excesivo y desmesurado aumento en el monto de condena, violatorio del derecho de propiedad.

También entiende vulnerada la garantía de defensa en juicio porque considera que la norma fue aplicada de manera oficiosa por el tribunal de mérito, sin que su parte hubiera tenido oportunidad de manifestarse al respecto, por lo que -asegura- en el caso se transgredió el principio de congruencia.

II.5.b. A mayor abundamiento, y de modo subsidiario, alega que lo resuelto en este aspecto implica una imposición implícita de la tasa que recepta el art. 44 de la ley 11.653 (debió decir: art. 48), modificado por la ley 14.399, cuya utilización fue expresamente vedada por el Supremo Tribunal provincial, al declarar la inconstitucionalidad de dicha reforma en las causas L. 105.164, «Abraham», sentencia de 13-XI-2013; L. 118.453, «Darengo», sentencia de 28-IX-2016 y L. 117.464, «Ruggeri», sentencia de 20-XII-2017. De allí que entiende violada la doctrina legal forjada en esos precedentes.

III. El recurso prospera parcialmente.

Por estrictas razones de orden metodológico, para el tratamiento de los agravios ensayados he de alterar el orden en el que fueron expuestos, principiando por abordar aquellos dirigidos a controvertir las conclusiones asentadas en los conceptos tomados en consideración para la estimación de la base indemnizatoria.

III.1. En primer lugar, señalo que no es de recibo el reproche por conducto del cual el compareciente cuestiona la decisión de grado con arreglo a la cual se incluyó la bonificación anual por eficiencia (BAE) y el sueldo anual complementario sobre dicho concepto, en la base de cálculo que utilizó para cuantificar la indemnización del art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 518 y vta.).

Me afirmo en esta conclusión porque la doctrina legal que acusa violada el apelante (a saber: causas L.116.505, «Lozupone», sent. de 11- III-2015; L. 86.787, «Paic», sent. de 27-VI-2012; L. 81.389, «Vanetti», sent. de 30-IV-2008; L. 84.296, «Maffezzoli», sent. de 14-VI-2006; L. 75.356, «Milton», sent. de 6-XI-2002; L. 77.028, «Bengochea», sent. de 8-XI-2000; L. 77.452, «Mansilla», sent. de 8-XI-2000 y L. 117.728 «Arrieta», sent. de 30-VI- 2015), no guarda vinculación alguna con los extremos fáctico-jurídicos debatidos en la causa en juzgamiento.

En efecto, en aquellos litigios se discutía la inclusión de la bonificación de referencia en la liquidación del beneficio convencional por retiro previsto en el art. 26 del convenio de empresa integrante del acta-acuerdo del 2 de marzo de 1994 – homologada por disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación el 29 de marzo de 1994-; mientras que, en la especie, se controvierte la incidencia de aquella misma bonificación para determinar la base de cálculo de la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -aplicable al caso por remisión del art. 212, cuarto párrafo- normas ambas de jerarquía superior que no pueden sufrir limitaciones o restricciones provenientes de un ordenamiento convencional (causas L. 72.767, «Quispe», sent. de 14-IX-1999 y L. 93.692, «Archetti», sent. de 14-III-2012).

De modo tal que, contrariamente a lo alegado por el quejoso, lo resuelto por el órgano de grado en esta faceta del fallo en crisis se ajusta en un todo a la doctrina legal elaborada en los precedentes registrados como L. 71.211, «Bugani» (sent. de 10-XI-1998); L. 72.767, citado; L. 68.724, «Rezzónico» (sent. de 22-III-2000); L. 80.466, «Zapico» (sent. de 29-V-2002); L. 85.322, «Cala» (sent. de 29-VIII-2007); L. 90.044, «Pérez» (sent. de 26-XI-2008) y L. 93.692 (ya citado), en los cuales se estableció que la bonificación anual por eficiencia (BAE) contemplada en el art.25 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 debe computarse para el cálculo de la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -disposición a la que remite expresamente el art. 212 cuarto párrafo, a efectos de calcular el resarcimiento objeto de autos- , no obstante la limitación establecida por la aludida norma convencional que no cabe convalidar, en tanto la pretendida restricción resulta desfavorable para el trabajador, y, deviene, por lo tanto, contraria a derechos consagrados en una disposición legal de jerarquía superior (arts. 8, LCT; 14, ley 14.250 y modif.).

III.2. En cambio, merece favorable recepción el embate según el cual se pone de relieve que el juzgador omitió detraer de la base de cálculo de la mejor remuneración del actor -a fin de determinar la indemnización establecida en el art.

245 de la Ley de Contrato de Trabajo- los rubros guardias ($3.872,88) y sueldo anual complementario sobre la bonificación anual por eficiencia -BAE- ($12.960,74).

Al respecto, recuerdo que la tarea de fijar la mejor remuneración mensual, normal y habitual constituye una típica cuestión de índole fáctica, por lo que su revisión se encuentra subordinada a la cabal invocación y demostración de absurdo en la estimación de dicha pauta salarial (causas L. 97.058, «Britez», sent. de 15-XII-2010; L. 110.609, «Maturano», sent. de 5-VI-2013 y L. 117.225, «Ruiz», sent. de 22-IV-2015).

Pues bien, este último vicio ha sido cabalmente evidenciado por el quejoso cuando apunta que el sentenciante sumó todos los conceptos «positivos» liquidados como «haberes» en el recibo de fs. 382 -arribando a un total de $49.991,42 (v. vered., fs. 518)- sin reparar en que dos de ellos – «guardias» y «S.A.C.B.A.E.»- figuran en ese mismo documento como íntegramente descontados por el empleador.

De lo expuesto se desprende con claridad que tales rubros no fueron efectivamente percibidos por el trabajador y que, por ende, al incluírselos en la base de cálculo se ha incurrido en el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 110.253, «Diez», sent. de 11-VII-2012; L. 118.169, «Pucheta», sent. de 14-X-2015; L. 116.628, «Coscarelli», sent. de 22-III- 2016 y L. 119.966, «Diehl», sent. de 3-V-2018; e.o.).

Por ello, corresponde revocar esta parcela del pronunciamiento, debiendo volver los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, determine cuál ha sido la mejor remuneración del actor a los efectos antes indicados.

III.3. De otro costado, no resulta atendible la crítica encaminada a cuestionar el modo en que el tribunal de trabajo cuantificó la incidencia de la bonificación anual por eficiencia proporcional.

El juzgador sustentó su decisión sobre el punto en los recibos de sueldo obrantes en el expediente (v. fs. 360/389) y en el informe pericial contable, en el que se definió que el concepto en cuestión se paga dos (2) veces al año (v. fs. 190 y 518 vta.), extremo este último que no fue objeto de específica y oportuna impugnación por el ahora recurrente al observar la experticia.Por otro lado, en el fallo también se determinó que, además de abonarse bajo esa modalidad bianual, dicho beneficio se devenga mensualmente, conclusión esta contra la cual el apelante no formula un ataque directo y eficaz.

Basado el razonamiento del tribunal de trabajo en esos elementos de juicio -y aunque la decisión pudiera resultar opinable-, el recurrente no logra demostrar la existencia en el fallo recurrido de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación del material probatorio que pudiera evidenciar la configuración de absurdo. Sabido es que no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo, ya que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema (causas L. 88.229, «García», sent. de 24-II- 2010; L. 117.783, «Vázquez», sent. de 26-III-2015 y L. 118.299, «L., J. A.», sent. de 31-V-2017), supuestos que -como lo anticipé- no resultan aquí evidenciados.

III.4. Sentado todo lo anterior, he de adentrarme en el análisis del cuestionamiento con arreglo al cual se intenta desvirtuar la definición que dispuso la no actuación de la limitación indemnizatoria prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

III.4.a. En primer lugar, cabe señalar que asiste la razón al recurrente en cuanto afirma que el juzgador aplicó erróneamente la doctrina legal de esta Suprema Corte cuando resolvió que para calcular la indemnización por incapacidad absoluta normada en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (que remite para su cuantificación al art.

245 de dicho cuerpo normativo) no correspondía aplicar tope alguno a la base de cálculo conformada por la mejor remuneración mensual, normal y habitual.

En efecto, tal conclusión -entre otras consideraciones- se fundó en lo dicho en los precedentes de esta Corte individualizados como L.

117.079, «Cuevas» (sent. de 15-II-2017) y L.117.464, «Ruggeri» (sent. de 20-XII-2017), en los cuales, como acertadamente expone el quejoso, se hallaba en discusión la validez constitucional del tope máximo en el monto de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 14 apdo. 2, ley 24.557 – texto según ley decreto 1.278/00-). Ello denota que lo allí decidido refiere a una situación ostensiblemente diferente a la verificada en autos, en los cuales el reclamo actoral está dirigido a que se reconozcan las diferencias derivadas del pago en menos de la indemnización prevista en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo.

III.4.b. Despejada, de suyo, la inaplicabilidad al caso de la doctrina legal de referencia y, sin perjuicio de las consideraciones que pudieran formularse en torno a la naturaleza jurídica de la indemnización que consagra el cuarto párrafo del citado art. 212, lo cierto es que este último prevé -expresamente- uno de los modos de extinción del contrato de trabajo -por imposibilidad de su subsistencia en razón de la incapacidad absoluta y permanente del trabajador- imponiendo al empleador la obligación de abonar al trabajador «.una indemnización de monto igual a la expresada en el art. 245.» (art. cit.), de lo cual se sigue que las pautas para liquidar una y otra son equivalentes.

Cabe agregar, que esta línea interpretativa subyace -incluso- en el antiguo precedente de esta Corte (v. causa L. 43.582, «Wolf», sent. de 20-II- 1990), cuya violación cita el interesado en la pieza recursiva.

III.4.c. En vista de lo hasta aquí manifestado, considero que debe disponerse la revocación de la decisión de grado en cuanto ordenó calcular la eventual diferencia indemnizatoria fundada en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo sin aplicar tope alguno (v. sent., fs. 521).

La propuesta que elevo al Acuerdo conduce a que el tribunal de la instancia ordinaria, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo que aquí se decide.

III.5.Lo antedicho me exime de abordar el embate vinculado al absurdo argumental imputado al tribunal de la instancia de origen (v. apdo. II.2.), pues su respuesta queda abastecida con las consideraciones desarrolladas en el acápite precedente.

III.6. Por último, corresponde brindar tratamiento al planteo concerniente a la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 770 inc. «b» del Código Civil y Comercial de la Nación.

III.6.a. En primer lugar, no acierta el recurrente al denunciar que la aplicación del citado dispositivo normativo para definir el modo en que habrían de calcularse los intereses implica la transgresión del derecho de defensa en juicio por no haber tenido oportunidad de repelerlo al no haberse planteado en la demanda.

En efecto, si bien pretende sustentar su argumentación sobre la presunta infracción al postulado de la congruencia (v. rec. «Quinto agravio» de la presentación electrónica), omite denunciar la transgresión de las normas adjetivas que receptan expresamente el citado principio (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC), sellando así la suerte adversa de esta parcela de la impugnación.

En tal sentido, se ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el agraviado prescinde de vincular la denuncia de violación del principio de congruencia a la ineludible mención de las normas de rito que contienen la regla procesal que se dice infringida (causas L. 90.008, «B., A.», sent. de 8-X-2008; L. 117.399, «Rivera», sent. de 10- IX-2014; L. 117.853, «Gregorini», sent. de 10-VI-2015 y L. 119.529, «Williman», sent. de 18-X-2017).

III.6.b. Por otro lado, el reproche constitucional que ensaya el apelante respecto del art. 770 inc.»b» del Código Civil y Comercial debe ser desestimado atento su marcada insuficiencia.

El compareciente sólo se limita a formular consideraciones genéricas tales como la hipotética inobservancia de diversos derechos constitucionales (v.gr.: propiedad, defensa en juicio), sin aportar fundamentos aptos para acreditar sus alegaciones.

Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, «Caamaño de Trincado», sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, «Menéndez», sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, «C., S.», sent. de 15-III- 2006 y L. 117.462, «Dell Acqua», sent. de 20-VIII- 2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, «Castro», sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, «L., J. M.», sent. de 16- VII-2014).

III.6.c. Tampoco merece acogida en agravio subsidiario por conducto del cual aduce que, solapadamente se estaría aplicando la tasa de interés que recepta el art. 44 de la ley 11.653 (debió decir: art. 48), desde que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina elaborada por este Tribunal a partir de los precedentes L. 118.587, «Trofe» y C. 119.176, «Cabrera» (sents.de 15-VI-2016) y, en particular, por los fundamentos que expuse en ocasión de emitir mi voto, a los que remito y doy por reproducidos por razones de brevedad.

IV. Por todo lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia atacada con el alcance establecido en los puntos III.2. y III.4.c. del presente. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, de conformidad con lo resuelto, dicte el pronunciamiento que corresponda.

Costas por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. Bajo las consideraciones que habré de exponer, adhiero al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.

I.1. En cuanto al agravio referido al cómputo de la bonificación anual por eficiencia para cuantificar la indemnización reclamada en autos, observo que el impugnante no evidencia que lo resuelto por el tribunal de grado refleje los errores que se denuncian.

Como agudamente lo indica la ponente, la jurisprudencia que invoca el interesado resulta ajena a lo debatido en autos, cuando a la vez, la estructura argumental de la crítica soslaya la doctrina legal aplicable al caso, esta última, concordante con lo decidido en la instancia.

Ello resulta suficiente para desestimar este tramo de la impugnación.

I.2. En lo relativo con la aplicación del art. 770 inc. «b» del Código Civil y Comercial, suscribo lo dicho por la ponente en el apartado III.6.a. y III.6.b. de su voto.

Luego, considerando lo resuelto por esta Corte en las causas L. 118.587, «Trofe» y C. 119.176, «Cabrera» (sents. de 15-VI-2016), también comparto que no merece favorable recepción el agravio formulado subsidiariamente en el que se afirma que con la solución cuestionada, «solapadamente» se estaría aplicando la tasa de interés que recepta el art.44 de la ley 11.653. Es que, dejando de lado que la norma citada por el recurrente no se ocupa de la temática (lo hace su art. 48), ello en modo alguno surge de lo decidido en la sentencia de grado, que en lo que respecta a la mentada tasa de los intereses moratorios, se ajusta a las directrices de este Tribunal.

I.3. En lo demás, reitero mi adhesión al voto que antecede.

II. El recurso prospera parcialmente en los términos delineados en la parte final de la opinión que inaugura este acuerdo. En atención a ello, las costas deberán imponerse por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, voto también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Con iguales consideraciones que las formuladas por el doctor Soria, adhiero al voto que abre el Acuerdo.

Voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 «c»; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 26/09/2022 09:32:03 – GENOUD Luis Esteban – JUEZ

Funcionario Firmante: 27/09/2022 08:13:29 – SORIA Daniel Fernando – JUEZ

Funcionario Firmante: 27/09/2022 13:06:00 – KOGAN Hilda – JUEZA Funcionario Firmante: 03/10/2022 16:04:32 – TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

Funcionario Firmante: 04/10/2022 07:49:25 – DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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