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#Fallos Sanción conminatoria: Exigirle al actor el cumplimiento de la indicación pormenorizada de los períodos y conceptos en la intimación no reconoce sustento en la correcta exégesis del texto del art. 1 del Decreto 146/01

Partes: Rana Fernando c/ Transportes Nebur S.A. y otro/a s/ Despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 31 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138513-AR|MJJ138513|MJJ138513

A los fines de tener por cumplida la intimación del art. 1 del decreto 146/201 no corresponde exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -indicación pormenorizada de los períodos y conceptos- pues no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.

Sumario:
1.-Asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, ya que, son sustento en el cotejo en los recibos de sueldo, es posible verificar que, varios meses, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social sin haber dado cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad.

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2.-El art. 132 bis LCT (conf. ley 25.345 ) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación, y asimismo, para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo.

3.-Además de lo que rodea al modo de extinción del vínculo, también lo referido a la pretendida extensión de la responsabilidad al codemandado, encierra, en rigor un cuestionamiento de índole fáctica y probatoria que excede el estrecho ámbito de conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, como lo es el análisis acerca de la configuración -o no- de los presupuestos a los que la Ley de Sociedades Comerciales subordina la aplicación de sus arts. 54 , 59 y 274 , circunstancia que se erige como valladar dirimente para la procedencia del recurso.

4.-Corresponde descalificar el aspecto del fallo por el que se declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del dec. 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma, pues en la misiva remitida por el actor se indicó que dicho emplazamiento se efectuaba respecto a todo el período laborado, de lo que se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la sanción legal, por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -indicación pormenorizada de los períodos y conceptos- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.

Fallo:
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.949, «Rana, Fernando contra Transportes Nebur S.A. y otro/a. Despido», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 276/291).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-X-2019).

Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la procedencia parcial de la demanda instaurada por el señor Fernando Rana y condenó a Transportes Nebur S.A. al pago de diferencias salariales correspondientes a los períodos de agosto, septiembre y octubre del año 2013, con más el sueldo anual complementario del segundo semestre del mismo año; el incremento previsto en el art. 53 ter de la ley 11.653 y la entrega de los certificados contemplados en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.Rechazó, en cambio, el reclamo formulado en concepto de haberes adeudados de los meses de noviembre del año 2013 a junio del año 2014, con su integración; sueldo anual complementario proporcional del primer semestre del año 2014; el cobro de las indemnizaciones por despido, sustitutiva del preaviso; vacaciones no gozadas de este último año con más el sueldo anual complementario proporcional sobre estos dos últimos rubros; los recargos indemnizatorios establecidos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y las penalidades dispuestas en los arts. 80, 132 bis y 275 de la ley 20.744 (t.o. y modif., v. fs. 276/291).

Asimismo, desestimó la acción dirigida a extender solidariamente la condena al señor Oscar Rubén Ohaco, en su calidad de director de la mencionada empresa demandada (v. fs. 288).

Para así decidir, inicialmente consideró no controvertido que el actor ingresó a trabajar bajo la dependencia de la accionada el día 24 de enero de 2013, desempeñándose como chofer de larga distancia, registrado en la primera categoría del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 (v. vered., fs. 276 y vta.).

Luego, valorando las pruebas y el mentado convenio, juzgó acreditado que desde el inicio de la relación laboral hasta el mes de octubre del año 2013, el accionante recorrió diecisiete mil kilómetros mensuales (con una periodicidad de seis o siete viajes mensuales), transportando metanol desde Plaza Huincul (Provincia de Neuquén) hasta las localidades de Rosario, La Plata y Ensenada (v. vered., fs. 277/278).

En orden a la remuneración, tras evaluar las tareas, los viajes, los kilometrajes efectuados y las remuneraciones realmente devengadas por el trabajador, consideró acreditadas las diferencias salariales adeudadas correspondientes a los períodos de agosto, septiembre y octubre del año 2013 (v. vered., fs. 278 in fine/279 vta.).

En cuanto a la extinción del vínculo laboral, consideró que no surgieron probados los modos de culminación del contrato de trabajo denunciados en las misivas postales remitidas por las partes (v. vered., fs.279 vta./280 vta.). Ponderó que la demandada no logró acreditar que la causa fuera la renuncia del trabajador (v. vered., fs. 280 vta. y 281). Sin perjuicio de ello, destacó que a fs. 88 obraba «un recibo de pago de liquidación final por egreso el día 31 de octubre de 2013», el cual juzgó auténtico y coincidente con el aportado por el propio actor a fs. 19, que daba cuenta de la percepción de las sumas en conceptos de sueldo anual complementario proporcional y de vacaciones no gozadas (v. vered., fs. 281). Por otra parte, tampoco encontró verificada la versión plasmada en el escrito de demanda referida a incumplimientos de pagos de salarios y aguinaldos con posterioridad al mes de octubre de 2013, como justificación del despido indirecto, puesto que la consideró confusa, a la vez que, indicó, fue modificada con posterioridad (v. vered., fs. cit.).

Pero al ponderar con distintas pruebas la falta de prestación de servicios del señor Rana para la sociedad demandada después del mes de octubre de 2013, junto con la percepción de la liquidación final que daban cuenta los recibos referidos, concluyó que el contrato de trabajo se extinguió por mutuo acuerdo, en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud del comportamiento concluyente y recíproco asumido por las partes, al no haber prestado tareas el trabajador, ni puesto a disposición su fuerza de trabajo para la empleadora y, habiendo esta última abonado la liquidación final por el cese de labores, registrando a los fines de antigüedad nueve meses y siete días (v. vered., fs. 282 vta.).

Posteriormente, tras juzgar no verificada la vinculación laboral informal desde octubre del año 2013, rechazó la pretensión de extender solidariamente la responsabilidad al presidente de la sociedad demandada, al no hallarse configurados los presupuestos de responsabilidad previstos en el art. 59 de la ley 19.550, ello, conforme la falta de acreditación de la causal que diera sustento a su reclamo (v. vered., fs. 282 vta.y 283).

Por otro lado, respecto a la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, sostuvo que el informe emanado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no demostraba que se hubieran retenido al trabajador los aportes destinados a los organismos de la seguridad social -durante el período de enero a octubre del año 2013- y que no fueran ingresados. A su vez, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento del depósito de la obra social -en el mes de octubre de 2013-, meritó que dicha circunstancia no había sido cotejada mediante la producción de prueba informativa para corroborar idéntico recaudo (v. vered., fs. 284).

Interesa destacar que también declaró que si bien mediante la intimación que remitió el trabajador a la empleadora (v. fs. 4) le exigió genéricamente el ingreso de los importes retenidos y no ingresados, no individualizó los períodos en los que la irregularidad hubiera tenido lugar, ni brindó mínimos detalles de cuáles eran esos aportes. Con fundamento en estas últimas circunstancias, declaró que el accionante no cumplió con lo preceptuado en el art. 1 del decreto 146/01, razón por la cual desestimó la sanción objeto de análisis (v. sent., fs. 287 y vta.).

II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 10, 52, 55, 57, 80, 132 bis, 241, 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 3 de la ley 25.345; 1 del decreto 146/01; 10, 31, 51, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial; 39, 44 incs. «d» y «e», 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.

II.1.Controvierte lo decidido en torno a la extinción del contrato de trabajo.

En sustancia, alega que lo resuelto por el tribunal de grado resulta absurdo, a la vez que vulnera el postulado procesal de la congruencia al alterar los términos en los cuales quedó trabada la litis, pues al juzgar extinguida la relación laboral por voluntad concurrente de las partes como lo recepta el último párrafo del art. 241 de la ley 20.744, se expidió sobre una causal distinta a la invocada por las partes.

Agrega que el sentenciante omitió valorar la injuria invocada en la misiva extintiva que -alega- motivó el despido indirecto en el que se colocó el trabajador.

Manifiesta que si bien es cierto que el art. 44 inc. «e» de la ley 11.653 autoriza a los tribunales de trabajo a apreciar en conciencia la prueba rendida, no lo es menos que tal temperamento no debe significar apartarse de toda normativa legal, no solo procesal sino también aquella de fondo.

Denuncia vulnerada la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en las causas que cita, en cuanto allí se ha establecido que, para dar por concluido el vínculo fundado en la causal receptada en el art. 241 de la ley 20.744, es necesario la configuración y la prueba de «un comportamiento inequívoco de las partes de desinterés recíproco», que deje traslucir que es precisamente voluntad de las mismas abandonar la relación de trabajo; presupuestos indispensables que -a su juicio- no se hallaron verificados.

Asimismo, censura por absurdo que se haya tenido por acreditado el desinterés de las partes de mantener la relación laboral luego del mes de octubre de 2013. Indica una serie de elementos que a su entender configuran una presunción en favor de las afirmaciones de la parte actora en cuanto a la fecha de egreso y la forma de extinción del contrato laboral. Ello, -aduce-, ante la inexistencia de prueba que acredite el presupuesto de la renuncia y, frente a la presunción de continuidad de la relación de trabajo derivada del art.10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, asegura que se alteraron las reglas del onus probandi, ponderando de manera errónea elementos probatorios.

Plantea igualmente que la apreciación de la prueba testimonial rendida en la audiencia de vista de la causa, resulta irrazonable y contraria a la verdad material. Refiere que tampoco fue meritada la pieza postal enviada a la accionada el día 8 de junio de 2014 intimando a que se regularice la relación.

II.2. Cuestiona también el rechazo de la extensión de la responsabilidad pretendida en forma solidaria al accionado Oscar Rubén Ohaco en los términos de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550.

En ese orden, enfatiza que el ocultamiento registral de la vinculación entre las partes luego del mes de octubre del año 2013, así como la inobservancia de llevar los libros y registros laborales con el fin de encubrir las sumas remuneratorias que le correspondía percibir al trabajador, implican un ardid fraudulento por parte del accionado que se contradice con la obligación de obrar con «la diligencia de un buen hombre de negocios».

II.3. Por otro lado, impugna por absurda la decisión del a quo por la que juzgaron no acreditados los requisitos para la procedencia de la multa establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Indica que aquí se transgredió la doctrina legal que emerge de las causas L. 108.019, «Morell» (sent. de 16-V-2012); L. 107.254, «Alveira Garcilazo» (sent. de 5-VI-2013) y L. 117.623, «Alarcón» (sent. de 2-IX-2015).

Expresa que con los recibos de haberes obrantes en la causa (v. fs. 8/19) se acreditaron las retenciones al actor correspondientes a diversas entidades y la contribución solidaria de aportes; asimismo, con el informe emanado de la AFIP (de fs.228) se constataron los depósitos parciales a los organismos correspondientes de la seguridad social, durante los meses de agosto a octubre de 2013; mientras que los de la obra social no fueron ingresados en su totalidad.

Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente -con apego a un excesivo rigor formal- los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley sustantiva laboral, al establecer que en el emplazamiento debieron precisarse los períodos y conceptos de los aportes retenidos y no ingresados, toda vez que, según postula, tales requisitos no están previstos en el texto de las citadas normas.

Aduce -también en este aspecto- que los jueces se apartaron de las pruebas reunidas en la causa, pues contrariamente a lo expresado en el pronunciamiento, obran en autos elementos de juicio que acreditan la configuración del supuesto de aplicación de la aludida norma.

Argumenta que no resulta acertado que, para demostrar el incumplimiento del pago de los aportes retenidos, el juzgador meritara necesario oficiar a la obra social correspondiente a fin de acreditar si -efectivamente- se efectuaron los pagos correspondientes. En tal sentido, explica que -contrariamente a lo fallado-, resulta ser la AFIP la autoridad habilitada para expedirse acerca del ingreso -o no- de los aportes retenidos a los organismos correspondientes; todo lo cual resultaría demostrativo del absurdo que denuncia.

III. El recurso prospera parcialmente.

III.1. Liminarmente, corresponde efectuar una consideración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, más precisamente, en lo referido al monto del gravamen esgrimido por el impugnante.

Es que en tanto los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), como ha señalado esta Corte (causas L. 115.021, «Mazza» , sent. de 27-XI-2013 y L. 112.590, «Escudero» , sent.de 9-IV-2014), el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las acciones deducidas, que han merecido un análisis diferenciado por el sentenciante. Bajo este método, puede constatarse que aquella tocante a la aplicación de la sanción establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo resulta de valor indeterminado (causas L. 121.918, «Avilés», sent. de 4-VIII-2020 y L. 122.556, «Soto», sent. de 10-VIII-2020; e.o.).

En cambio, las restantes críticas no superan el umbral definido legalmente para la admisibilidad del recurso vigente a la fecha de su interposición (conf. art. 278, CPCC, texto según ley 14.141). En consecuencia, respecto de estas, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.310, «Camerini», sent. de 15-III-2021 y L. 126.890, «Agüero», sent. de 5-V-2022; e.o.).

III.2. Conforme lo anterior, y dejando a un lado aquel agravio de monto indeterminado, puede observarse que los cuestionamientos que trae el recurrente remiten a reglas procesales y también a cuestiones de hecho y prueba, todo ello, ajeno al acotado marco de excepción por el que transita -en lo pertinente- el recurso en análisis.

En efecto, así lo ha establecido esta Corte en orden a impugnaciones fundadas en el principio de congruencia (causas L. 95.733, «Mouzo», sent. de 30-III-2011; L. 105.969, «González» , sent. de 13-VI-2012; L. 120.040, «Salto», sent. de 3-V-2018 y L. 124.183, «Britos», sent.de 9-XII-2020) o bien, referidas a aspectos de índole fáctica, probatoria o meramente circunstancial, como lo son los vinculados con la interpretación del intercambio telegráfico y los escritos constitutivos del proceso, asimismo con la valoración de las pruebas producidas y la determinación de la forma en que se produjo la extinción del contrato de trabajo (causas L. 101.509, «Johansen» , sent. de 7-IX-2011 y L. 121.256, «Juárez», sent. de 4-III-2020).

Para más, la doctrina que se aduce violada ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos a los que se ventilan en la presente litis (v. rec., págs. 11 y 15; causas L. 118.704, «Morini» , sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, «Ramos» , sent. de 18-X-2018 y L. 121.551, «Lince», sent. de 14-VII-2020; e.o.).

No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista el citado art. 55 de la ley de rito (v. rec., pág. 15; causas L. 119.636, «Medina», sent. de 28-II-2018; L. 122.310, «Camerini», sent. de 15-III-2021 y L. 124.757, «Castelli», sent. de 14-VI-2021; e.o.).

De suyo que además de lo que rodea al modo de extinción del vínculo, también lo referido a la pretendida extensión de la responsabilidad al codemandado Ohaco, encierra, en rigor un cuestionamiento de índole fáctica y probatoria que excede el estrecho ámbito de conocimiento del recurso traído, como lo es el análisis acerca de la configuración -o no- de los presupuestos a los que la Ley de Sociedades Comerciales (19.550) subordina la aplicación de sus arts. 54, 59 y 274 (causa L. 118.445, «Galanes», sent. de 15-XI-2016), circunstancia que se erige como valladar dirimente para la procedencia del recurso.

III.3.a.En cambio, como se dijo inicialmente, la impugnación vinculada con lo resuelto por el tribunal de grado en el marco del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es a los fines del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de monto indeterminado (causas L. 102.460, «Garcés», sent. de 7-III-2012 y L. 124.045, «Olivera», sent. de 13-VII-2021), por lo que ningún reparo relativo a la admisibilidad admite la impugnación.

III.3.b. Dicho esto, corresponde descalificar aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma.

El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este «.deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores.».

En ese marco, y no sin destacar que en la misiva remitida por el actor (agregada a fs. 4) se indicó que dicho emplazamiento se efectuaba respecto a todo el período laborado, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la sanción legal, por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -indicación pormenorizada de los períodos y conceptos- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.

III.3.c. Con ello, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal.

Ha declarado en forma reiterada esta Corte que la citada norma (conf.ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, «Harismendi» , sent. de 17-VIII-2011; L. 107.254, «Alveira Garcilazo», sent. de 5-VI-2013; L. 110.591, «Argüello», sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, «Alarcón», sent. de 2-IX-2015, varias citadas en el recurso).

Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, «Mor ell», sent. de 16-V-2012; L. 112.404, «Pastorini», sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.; e.o.).

En este marco, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria que contempla el citado art. 132 bis de la ley que regula al contrato de trabajo.

En efecto -contrariamente a lo sostenido por el sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor -aquellos de fs. 8/19 que se tuvieron por reconocidos y auténticos en el auto de apertura a prueba- y el informe emitido por la AFIP (v. fs.228), es posible verificar que, en los meses de agosto a octubre del año 2013, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social sin haber dado cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad; y, en el caso de las sumas destinadas a la obra social, se observa en el mes de octubre de 2013, incumplió con su obligación de ingresarlas.

En otro orden, cabe agregar -como se adelantó- que surge del telegrama glosado a fs. 4 (que se tuvo por reconocido en la instancia) que el señor Rana intimó a su empleadora para que en el plazo de treinta días deposite los importes retenidos y no ingresados.

Lo expuesto resulta suficiente para juzgar acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, hacer lugar al recurso y revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó la procedencia de dicho reclamo.

IV. Por lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo referido a la sanción conminatoria prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo progreso aquí se declara. Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique la liquidación que corresponda de conformidad a lo que aquí se ha resuelto.

Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, y las de la sede ordinaria por el rubro cuya procedencia se determina, a la vencida (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, así lo voto.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Adhiero al voto emitido por el doctor Soria.

Sin embargo, considero necesario introducir ciertas consideraciones en torno al examen de admisibilidad practicado en autos.

En las causas L. 97.082, «Santisteban» (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, «Carabajal» (sent.de 22-V-2013), a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichas causas, entre otras, determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, por lo que en orden a la brevedad remito a aquellos precedentes.

Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino y especialmente procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño lo decidido por el doctor Soria.

II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el apartado IV del voto inaugural.

Así lo voto.

Los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.

Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, y las de la sede ordinaria por el rubro que prospera, a la vencida (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 «c»; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 25/08/2022 14:54:39 – KOGAN Hilda – JUEZA

Funcionario Firmante: 26/08/2022 09:17:33 – GENOUD Luis Esteban – JUEZ

Funcionario Firmante: 29/08/2022 19:19:20 – TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

Funcionario Firmante: 31/08/2022 16:01:46 – SORIA Daniel Fernando – JUEZ

Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:25:27 – DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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