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#Fallos Intereses: En un fallo dividido, la mayoría de Sala II de la CNAT se aparta de las nuevas disposiciones emergentes del Acta CNAT 2764/22 en tanto sugiere un modo de aplicación de la capitalización que involucra una periodicidad no prevista

Partes: Martínez Nélida Noemí y otros c/ Agrest Federico y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 19 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138432-AR|MJJ138432|MJJ138432

Puesto que el Acta CNAT 2764/22 sugiere un modo de aplicación de la capitalización que involucra una periodicidad no prevista, los créditos objeto de condena devengarán intereses desde que cada suma es debida, conforme Actas 2601, 2630 y 2658, hasta la fecha de notificación del traslado de la demanda.

Sumario:
1.-Si bien el Acta 2764 de la CNAT -del 7/9/22- confirma las tasas emergentes de las Actas anteriores, sugiere un modo de aplicación de la capitalización imperativamente dispuesta por el art. 770 inc. b) del CCivCom. que involucra una periodicidad no prevista en la norma, por lo que los créditos objeto de condena devengarán intereses desde que cada suma es debida, de conformidad con las tasas dispuestas mediante Actas 2601 , 2630 y 2658 , hasta la fecha de notificación del traslado de la demanda (en el caso de litisconsorcio pasivo, la del primer perfeccionamiento de la notificación a cualquiera de los litisconsortes, con indiferencia de cuál de ellos se trate), momento en el cual se procederá a su acumulación al capital. (del voto del Dr. José Alejandro Sudera al que adhiere el Dr. Víctor Pesino – mayoría).

2.-Corresponde confirmar la aplicación de la tasa de interés establecida, pues el argumento de que implican un detrimento del crédito de la actora en función del rebrote inflacionario deviene abstracto a la luz de lo suscitado por la Cámara, con motivo de las pautas sugeridas en el Acta nº 2764/2022 para analizar la adecuación de las tasas de interés aplicadas en el fuero (Actas CNAT 2601, 2630 y 2658 -según los períodos que cada una involucran). (de la disidencia de la Dra. Andrea Érica García Vior.)

3.-La tasa a aplicarse, para ser justa y razonable, debe compensar adecuadamente al acreedor por la falta de goce del capital en tiempo oportuno, a la par de absorber -aunque sea mínimamente- los daños derivados de la mora del deudor, así como también los provocados por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda habida desde la exigibilidad del crédito. (de la disidencia de la Dra. Andrea Érica García Vior.)

4.-Corresponde confirmar la resolución que rechazó la pretensión sobre ‘los períodos reclamados y los aguinaldos y vacaciones’ y las diferencias salariales denunciadas, pues los recurrentes nada dicen sobre los datos que emergen del informe oficiario -que dan cuenta de remuneraciones similares a las pretendidas-, ni sobre la aplicación de las presunciones invocadas.

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5.-Corresponde confirmar la resolución que desestimó la demanda contra las sociedades con sustento en lo normado por los arts. 30 y 31 de la LCT, pues no se verificaron las concretas maniobras fraudulentas invocadas por los trabajadores -deficiente registro de la fecha de ingreso y los incumplimientos relacionados con la consignación de una falsa categoría-; ni el traspaso de personal o las retenciones de fondos con destino a la seguridad social a las que genéricamente se aludió, y tampoco surge acreditado el uso común de los medios personales por parte de ambas firmas -es decir, empleados en común- en forma permanente.

6.-El hecho de que eventualmente los servicios de los actores en el establecimiento en cuestión hubieren beneficiado directa o indirectamente a otra empresa de la actividad no erige a esta última en titular o cotitular de la relación jurídica mantenida puesto que para ello es necesario alegar y acreditar debidamente el ejercicio de facultades propias del sujeto empleador por parte del tercero y su responsabilidad en el manejo del establecimiento en el que se desempeñara el prestador de servicios, todo lo cual no surge evidenciado en la causa como para activar en el caso el presupuesto contenido bajo la figura del empleador plural o complejo en el art. 26 LCT.

7.-La crítica vertida por la parte actora en torno al monto de la sanción conminatoria aplicada para el caso de que la demandada vencida no hiciere entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT no puede progresar, pues las astreintes configuran una sanción de tipo pecuniario que los jueces se encuentran facultados a aplicar contra quienes desoigan sus mandatos -cfr. art, 666 bis , CCiv. y- y, teniendo en cuenta que la decisión adoptada en la instancia previa, en modo alguno implica un agravio actual para la recurrente, en razón de que la operatividad de la sanción se halla supeditada al cumplimiento de una condición que es la verificación de la inobservancia del mandato judicial, no cabe sino desestimar la queja articulada en tal aspecto.

8.-No habrá de prosperar la solicitud efectuada para que se aplique a la demandada la sanción establecida en el art. 275 de la LCT, pues la falta de réplica a las interpelaciones cursadas y la omisión en el pago de las liquidaciones finales no constituyen una conducta obstruccionista o dilatoria en el proceso, por lo que no corresponde calificar como temeraria la conducta adoptada.

Fallo:
Buenos Aires,

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Andrea Érica García Vior dijo:

I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada por Nélida Noemí Martinez, Eusebia del Tránsito Medina y Alejandro Quispe Rodriguez contra Agrest SACIFEI (en adelante «Agrest»), pero desestimó la responsabilidad atribuida por los actores a Seguira S.A., Ideas y Diseños Siglo XXI SRL, Giesso SA, Ana Cristina Álvarez, Roberto Arnaldo Agrest, y Federico Agrest.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, la parte actora interpuso recurso de apelación, con los alcances que explicita en su expresión de agravios, replicada oportunamente por Giesso SA.

Asimismo, la representación y patrocinio letrado de la parte actora apela por bajos los honorarios regulados a su favor.

A fin de analizar la suerte del recurso en tratamiento, cabe referir que los actores afirmaron haberse desempeñado por varios años para Agrest SACIFEI, como «oficiales calificados» (CCT 626/11), hasta la quiebra de la empresa, decretada el 3/8/18.

Denunciaron que nunca se les abonó el salario correspondiente a la categoría que ostentaban; que a partir de febrero de 2018 la patronal incurrió en demoras en el pago de las remuneraciones; y que la fecha de ingreso del Sr. Quispe Rodriguez se encontraba falsamente registrada. Que oportunamente intimaron a las accionadas que se regularice la relación, y que Giesso fue la única que replicó la interpelación. Que ésta desconoció la totalidad de los reclamos formulados.

Explicaron que las sociedades demandadas Agrest, Seguira, Ideas y Diseños Siglo XXI conforman un grupo económico en los términos del art.31 de la LCT, y que Giesso es responsable por haber contratado a Agrest, con fundamento en lo normado en el art. 30 del ordenamiento. Las personas físicas, según adujeron, eran los responsables legales de las entidades en cuestión (v. demanda) Al replicar la acción, la sindicatura designada en la quiebra de Agrest explicó que no cuenta con los registros pertinentes y desconoció las circunstancias alegadas al inicio.

En similares condiciones, contestó demanda el síndico de la quiebra de Seguira S.A. Giesso, a su turno, negó los hechos alegados en la demanda, y, en su defensa, manifestó que era uno más de los numerosos clientes de la firma de Agrest.

Los demás accionados fueron declarados incursos en la situación prevista en el art. 71 de la L.O. (conf. resoluciones del 1/11/19, 4/12/20, 28/4/21, y 23/6/21).

Con arreglo a lo que emerge de la documentación aportada y la situación falencial de Agrest, la judicante condenó a ésta a abonar las indemnizaciones contempladas por los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, 2 de la ley 25323, la compensación por la falta de entrega de los certificados de trabajo, y las remuneraciones denunciadas como adeudadas.

Asimismo, y en función de la prueba testimonial y pericial rendida en la causa, la señora jueza desechó los planteos sobre la existencia de diferencias salariales devengadas, deficiente registro de la relación laboral, y retención indebida de aportes (art. 132 bis de la LCT).

En este orden, la señora jueza desestimó además la demanda incoada contra Seguira, Ideas y Diseños Siglo XXI y los otros codemandados físicos.

En tales condiciones, y sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados en el orden que se detalla en los considerandos subsiguientes.

II.La parte actora cuestiona que se haya rechazado la pretensión sobre «los períodos reclamados y los aguinaldos y vacaciones» y las diferencias salariales denunciadas.

Al fundamentar su decisión, la magistrada expuso «todos los testimonios ofrecidos por la parte actora han sido desistidos, como puede constatarse en las resoluciones del 15 de diciembre del año pasado y el 3 de mayo de este año».

Explicó que, en atención a las remuneraciones informadas por AFIP, «(l)os salarios que se invocan como percibidos son similares, como puede observarse, a los que aparecen registrados»; y que «la actora no ha logrado acreditar las condiciones de trabajo (en horarios, categorías) que implicarían la procedencia de las diferencias que pretende.

Tampoco existe prueba sobre el desempeño en períodos distintos de los registrados, como consecuencia de la misma ausencia de prueba de la parte actora ya mencionada. En este sentido, carece de relevancia que en este punto los libros no fueran exhibidos al perito, dado que todos los datos de registro de la relación laboral se incluyen, con carácter público (a diferencia de los libros, que son anotaciones unilaterales), ante la autoridad de aplicación. Nótese, en este punto, que algunos actores invocan incluso como ausencia de registro en períodos registrados ante la AFIP».

En esta instancia, los recurrentes alegan, en esencia, que «las demandadas no han puesto a disposición del experto la documentación necesaria para que el experto pueda cumplir con la totalidad del informe pericial».

En estos términos, entiendo que la queja debería desestimarse.

Ello pues la presentación no constituye una crítica concreta y razonada sobre la resolución que pretende atacar.

Repárese que los recurrentes nada dicen acerca de la argumentación de la señora jueza para decidir como lo hizo: ninguna mención hacen sobre los datos que emergen del informe oficiario -que dan cuenta de remuneraciones similares a las pretendidas-, ni sobre la aplicación de las presunciones invocadas, concretamente aludidas por la magistrada.

En suma, el escrito no reúne los requisitos exigidos por el art.116 de la L.O., lo que importa una insuficiencia formal insoslayable que obsta definitivamente a la procedencia del recurso.

III. Los actores también objetan que se haya desestimado la demanda contra las sociedades con sustento en lo normado por los arts. 30 y 31 de la LCT.

Sobre la pretensión entablada contra Seguira SA e Ideas y Diseños Siglo XXI SRL, la señora jueza dijo «Ante la ausencia de prueba sobre la situación del artículo 31 de la LCT, la condena alcanzará solo a Agrest SACIFEI, empleadora de los actores, y será rechazada respecto de Seguira SA e Ideas y Diseños Siglo XXI SRL.

Tampoco está probado que la sociedad demandada incurriera en la práctica de no registrar ni documentar la relación, práctica comúnmente llamada «pago en negro» y prohibida por el art. 140 LCT y art. 10 de la LNE.

En consecuencia, será rechazada la acción contra Ana Cristina Álvarez, Roberto Arnaldo Agrest y Federico Agrest.».

La parte actora sostiene que la señora jueza omitió considerar la prueba que emerge de las quiebras decretadas en el fuero comercial, a la par que enfatiza que las accionadas guardaron silencio frente a las intimaciones cursadas.

A mi juicio, estas circunstancias no logran enervar la decisión de la judicante.

Repárese que la parte actora sostuvo, al inicio, que «las demandadas Seguira S.A. e Ideas y Diseños Siglo XXI SRL son unas sociedades creadas para traspasar sucesivamente todos los activos de Agrest (,) entre ellos, el personal que realizaba y realiza la misma actividad, y poder así seguir operando en el mercado con los mismos clientes.».

Al fundamentar el pedido de extensión de responsabilidad, puntualmente alegaron «las empresas demandadas. tienen como principal fin perpetrar un fraude laboral que les permita incrementar sus ganancias a escala millonaria.».

Empero, en el particular no se verificaron las concretas maniobras fraudulentas invocadas por los trabajadores -deficiente registro de la fecha de ingreso del Sr.Quispe Rodriguez- y los incumplimientos relacionados con la consignación de una falsa categoría; ni el traspaso de personal o las retenciones de fondos con destino a la seguridad social a las que genéricamente se aludió a fs. 19 vta.

Tampoco surge acreditado el uso común de los medios personales por parte de ambas firmas -es decir, empleados en común- en forma permanente, a la par que la totalidad de los demandantes manifestaron haber prestado tareas siempre en el taller textil de titularidad de Agrest, sito en Av. Jujuy 161 de esta Ciudad (conf. fs. 15 vta.).

Finalmente, he de señalar que el hecho de que eventualmente los servicios de los actores en el establecimiento en cuestión hubieren beneficiado directa o indirectamente a otra empresa de la actividad no erige a esta última en titular o cotitular de la relación jurídica mantenida puesto que para ello es necesario alegar y acreditar debidamente el ejercicio de facultades propias del sujeto empleador por parte del tercero y su responsabilidad en el manejo del establecimiento en el que se desempeñara el prestador de servicios, todo lo cual no surge evidenciado en la causa como para activar en el caso el presupuesto contenido bajo la figura del empleador plural o complejo en el art. 26 LCT.

Frente a ello, corresponde liberar de toda responsabilidad en la especie a Seguira e Ideas y Diseños Siglo XXI SA. por cuanto no se acreditaron los supuestos de hecho que permitan encuadrarlas en las disposiciones que prevén la corresponsabilidad empresaria (conf. args. art. 31 LCT).

En lo atinente a la responsabilidad de Giesso, los actores adujeron que «dicha accionada remitía las telas, moldes y demás instrucciones para que. Agrest, Ideas y Diseños y Seguira. a través de su personal, confeccionaran sacos, pantalones, camisas, para Giesso S.A. esta empresa proveía las materias primas con las cuales las restantes accionadas confeccionaban las prendas, entregando el producto terminado» -fs.21 -.

En su defensa, la empresa sostuvo que su objeto «consiste en la comercialización al público minorista de prendas de vestir para hombres y mujeres, bajo la marca Giesso, careciendo mi mandante de actividad fabril.». Que la confección de dichas prendas se la encomienda «a más de 30 establecimientos textiles, entre los cuales estuvo Agrest S.A. y la razón social Ideas y Diseños Siglo XXI.» y que «desconoce totalmente a la empresa Seguira».

Conforme se extrae del peritaje contable practicado en la causa, «Giesso S.A. no realizó por sí misma la fabricación (y/o confección) de productos textiles en alguna oportunidad durante el lapso corrido entre 1986 y el día de la fecha»; y «Agrest S.A.C.I.F.E.I fue proveedora de Giesso S.A. desde febrero/2009 hasta Agosto/2011», esto es, siete años antes de finalizada la relación entre los actores y la patronal.

Estos extremos, que se corresponden con la documental aportada a la causa y respaldan la tesitura de la codemandada, no fueron cuestionados por ninguna de las contendientes.

Por lo expuesto, sugiero desestimar también este aspecto de la queja.

IV. La crítica vertida por la parte actora en torno al monto de la sanción conminatoria aplicada para el caso de que la demandada vencida no hiciere entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT no puede progresar.

Es que las astreintes configuran una sanción de tipo pecuniario que los jueces se encuentran facultados a aplicar contra quienes desoigan sus mandatos -cfr. art, 666 bis, C.Civil y- y, teniendo en cuenta que la decisión adoptada en la instancia previa, en modo alguno implica un agravio actual para la recurrente, en razón de que la operatividad de la sanción se halla supeditada al cumplimiento de una condición que es la verificación de la inobservancia del mandato judicial, no cabe sino desestimar la queja articulada en tal aspecto.

V.Tampoco habrá de prosperar la solicitud efectuada para que se aplique a la demandada la sanción establecida en el art. 275 de la LCT.

A mi modo de ver, la falta de réplica a las interpelaciones cursadas y la omisión en el pago de las liquidaciones finales no constituyen una conducta obstruccionista o dilatoria en el proceso, por lo que no corresponde calificar como temeraria la conducta adoptada.

Memórese que la jurisprudencia en forma coincidente ha establecido que «Para que se apliquen las sanciones del art. 45 del Código Porcesal y del art. 275 de la LCT es necesario que la conducta del litigante pueda ser calificada como maliciosa y de litigar con conocimiento de la propia sinrazón y que los planteos revelen un claro propósito retardatorio de los procedimientos o aduciendo intencionadamente circunstancias que puedan derivar en un perjuicio a la otra parte» (CNAT, Sala I, SD. 31/3/98, «De Stéfano José G. c/Anko SRL y otro»); y que «Para determinar si se ha configurado conducta temeraria y maliciosa a la que alude el art. 275 de la LCT, es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al sólo hecho de que las acciones y defensas hayan sido desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría cortar las garantías constitucionales de defensa en juicio» (CNAT, Sala VIII, 22/5/98, «D Ellia Cecilia c/Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica y otro»).

VI. La parte actora se agravia pues considera que «la aplicación de las tasas de interés impuestas por V.S.implican un detrimento del crédito de la actora.» en función del rebrote inflacionario y las condiciones económicas y sociales que afectan a nuestro país, y que por lo tanto afectan indefectiblemente el crédito de mi representado y los honorarios regulados.

La cuestión deviene abstracta, a la luz de los recientes debates suscitados en las reuniones de acuerdo general de esta Cámara, con motivo de las pautas sugeridas en el Acta nº 2764 para analizar la adecuación de las tasas de interés hasta ahora aplicadas en el fuero.

Como es sabido, la tasa a aplicarse, para ser justa y razonable, debe compensar adecuadamente al acreedor por la falta de goce del capital en tiempo oportuno, a la par de absorber -aunque sea mínimamente- los daños derivados de la mora del deudor, así como también los provocados por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda habida desde la exigibilidad del crédito.

Desde tal posicionamiento, y de conformidad con lo dispuesto por Acta 2764 de la CNAT del 7/9/22, en uso de las facultades conferidas por los arts. 767 y 768 del CCyCN, considero apropiado que se utilicen las tasas de interés de aplicación habitual en este fuero (cfr. Actas CNAT 2601, 2630 y 2658 -según los períodos que cada una involucran), desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, con más la capitalización de los accesorios desde la fecha de notificación de la demanda de autos (en la que se realizará la primer capitalización) y luego con una periodicidad anual hasta la fecha en que se practique la liquidación de la etapa del art. 132 LO (cfr. arg. art. 770, incisos a) y b), del CCyCN). Ello, sin perjuicio de la eventual aplicación discrecional que el magistrado que interviene en la fase de ejecución pueda hacer de lo dispuesto en el primer párrafo del art.

771 del CCyCN, e independientemente de la capitalización que prevé el inciso c) del art.770 CCyCN para el supuesto que allí se contempla.

VII. Para resolver los cuestionamientos sobre los honorarios regulados en el decisorio, se impone considerar el mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 38 de la L.O. y arts. 6, 7, 9, 19, 39 y ccs leyes 21.839/24.432, actualmente previstas en los arts. 16 y ccs. ley 27.423, y del decreto 16.638/57.

En esta inteligencia, observo que los honorarios regulados en porcentajes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandadas y perito contador no lucen elevados, por lo que sugiero confirmarlos.

VIII. En atención a la suerte final del recurso deducido, propongo que los gastos causídicos correspondientes a la intervención ante esta Alzada se fijen en el orden causado, pues en razón de las especiales características de la causa, la situación falencial denunciada y el silencio guardado de las codemandadas, los actores pudieron considerarse con derecho a actuar como lo hicieron.

A su vez, atento lo establecido en el art. 30 la ley 27.423, y habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada Giesso S.A., propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el (%) de lo que les corresponda por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. José Alejandro Sudera dijo:

I. Adhiero, en lo principal, a las conclusiones de la Dra. Andrea E. García Vior, por análogos fundamentos.

Disiento, empero, de lo resuelto en relación con el agravio impetrado respecto de la tasa de interés aplicable. La cuestión ha venido siendo abordada por esta CNAT a través de las sugerencias de distintas tasas de interés formuladas en las Actas n.° 2601, 2630 y 2658 -según los períodos que cada una involucra- con el propósito de evitar la dispersión de criterios y unificar posiciones.Ello así ante la facultad que asiste a cada juez de fijar la tasa de interés aplicable e -insisto- con el propósito de evitar que se fijaran diferentes tasas con diferentes porcentajes de interés. El Acta 2764 de la CNAT -del 7/9/22- difiere de esa metodología, confirmando las tasas emergentes de las Actas anteriores, pero sugiriendo un modo de aplicación de la capitalización imperativamente dispuesta por el art. 770 inc. b) del CCyC que involucra una periodicidad no prevista en la norma.

Propongo, entonces, que los créditos objeto de condena devenguen intereses desde que cada suma es debida, de conformidad con las tasas dispuestas por esta CNAT mediante Actas 2601, 2630 y 2658, hasta la fecha de notificación del traslado de la demanda (en el caso de litisconsorcio pasivo, la del primer perfeccionamiento de la notificación a cualquiera de los litisconsortes, con indiferencia de cuál de ellos se trate), momento en el cual se procederá a su acumulación al capital (arg. art. 623 C.C. -en el caso de créditos devengados con anterioridad al 1/8/15- y art. 770, inciso b CCyC -en los devengados de allí en adelante-). El nuevo importe así obtenido, con los intereses capitalizados, continuará devengando accesorios a las tasas mencionadas, hasta la fecha del efectivo pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 770, inciso c) del CCyC.

El Dr. Víctor Pesino dijo:

En lo que es materia de disidencia, adhiero al voto del Dr. Sudera, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de apelaciones y agravios, con excepción de los intereses aplicados, que se calcularán de conformidad con lo dispuesto en el punto I del voto del Dr. Sudera; 2°) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado; 3°) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada por los trabajos realizados en esta Alzada, en el (%) de lo que les corresponda, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Victor A. Pesino

Juez de Cámara

José Alejandro Sudera

Juez de Cámara

Andrea Érica García Vior

Jueza de Cámara

rc

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