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#Fallos Cámara oculta: Rechazan la demanda contra la prensa, por una filmación relacionada con hechos de carácter público en la labor de una juez de faltas

Partes: R. A. P. c/ América TV y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 6-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129199-AR | MJJ129199 | MJJ129199

Se rechaza una demanda de daños contra la prensa, porque si bien un programa periodístico llevó a cabo una cámara oculta, la filmación estuvo relacionada con hechos de carácter público consistentes en la labor de una juez de faltas; hechos que además, resultaron ser verdaderos y constituyeron la base de condena en sede penal de la accionante.

Sumario:

1.-Con relación a la lesión a la imagen de la actora y a su intimidad, no se advierte una conducta reprochable en la medida que la filmación -aunque realizada de manera oculta y no consentida- estuvo relacionada con hechos de carácter público y no con aspectos que invadieran la esfera reservada de la actora para ser expuesta a terceros sin un interés que lo justifique.

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2.-Teniendo en cuenta de que tanto el programa periodístico como la imagen de la actora filmada mediante cámara oculta divulgaron datos sobre la actuación pública de la accionante en oportunidad en que se encontraba ejerciendo su rol de funcionaria pública, en la sede del tribunal de faltas donde se desempeñaba, con motivo de los delitos que se le imputaban y por los que ha sido luego condenada, no puede entenderse que mediante la difusión de tales imágenes los demandados se hubiesen inmiscuido en la esfera privada de aquélla, protegida de toda intromisión por el art. 19 de la CN..

3.-Debe rechazarse la demanda de daños contra un medio de prensa, ya que cabe descartar la inexactitud o falsedad de los hechos que se exteriorizan en la filmación motivo de autos, y con ello la antijuridicidad de la conducta que se atribuye a los demandados, toda vez que justamente ha sido parte de la prueba considerada por la jueza que entendió en la denuncia penal relacionada con los delitos atribuidos a la actora y por los que resultara condenada en sede represiva.

4.-No se advierte ilicitud en la edición comprobada del material fílmico, pues esa práctica no es sinónimo de falsificación como parece entender la actora cuando afirma que el video ha sido manipulado electrónicamente para perjudicarla.

5.-Pierde sustento la afirmación que la actora sostiene al decir que el abuso de poder que se le atribuye en el programa periodístico constituye la falsa imputación de un delito, en tanto que es justamente por ese delito que ha sido condenada e inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por el término de un año.

6.-Los juicios de valor y las críticas realizadas en el marco del programa periodístico y referidas al desempeño de la actora como jueza de faltas, a quien califican como la ‘jueza shopping’, no contienen expresiones que puedan considerarse epítetos denigrantes, insultos o locuciones que no guarden relación con el sentido crítico del discurso.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 6 días del mes de noviembre de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala «C» de la Cámara Civil, para conocer en el recurso interpuesto en los autos «R. A., P. C/ AMÉRICA TV Y OTROS S/ DAÑOS Y

PERJUICIOS», respecto de la sentencia corriente a fs. 2078/99 -ver documento-, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Trípoli, Converset y Díaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Trípoli dijo:

I.- La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por P. Teresa R. A. contra América TV S.A., R. L. G. y El Galeón Producciones S.R.L.; e impuso las costas el proceso a la actora vencida.

II.- Disconforme con lo resuelto en la instancia anterior se alza únicamente la parte actora, expresando agravios el 19/09/2019 -ver documento-, cuyo traslado ha sido contestado únicamente por la codemandada América TV S.A. el 07/10/2019 -ver documento-.

La actora se agravia por cuanto considera que la decisión adoptada en la instancia de grado resulta contradictoria, pues justifica la utilización de la cámara oculta con el objetivo de la averiguación de la «actividad desarrollada» por la Sra. R. A., sin expresar cuál es dicha actividad.

Añade que los hechos que muestran las filmaciones no revestían de interés público porque tienen que ver con la actividad lícita que desarrollaba la accionante y que además estaban amparados por el secreto profesional.

Afirma que la Sra.Juez a quo ha incurrido en arbitrariedad al reconocer que existió una colisión de derechos fundamentales sin establecer con exactitud cuál debe prevalecer sobre el otro ni justificar tal decisión.

Destaca que resulta incoherente que en la sentencia objeto de recurso se exprese que no hubo dolo ni negligencia si en el programa periodístico hubo acusaciones directas e imputaciones asertivas sin utilizar el modo potencial, ni el condicional. Agrega, además, que las expresiones vertidas no dependían de una fuente periodística sino que eran apreciaciones subjetivas del codemandado G.

Critica que en la sentencia en crisis se considere que la entrevista que se observa en las filmaciones haya sido «concertada y fijada en tiempo y espacio», pues se trató de una cámara oculta y no puede presumirse el consentimiento de la persona filmada bajo esa modalidad, vulnerándose de tal manera su derecho a la intimidad.

Manifiesta que, contrariamente a lo indicado en la sentencia apelada, los demandados no realizaron ninguna verificación para descartar la malicia de la -Sra. K. quien había promovido una denuncia en su contra y fuera el motor de la «investigación» periodística.

Refiere que el análisis de las pruebas producidas ha sido sesgado, pues se tuvo en consideración el testimonio de la Sra.Kosinski que tenía un claro interés de perjudicar a la actora; que los videos han sido «editados» y «armados» sacando de contexto las expresiones de la actora e induciendo a creer que ésta había incurrido en prácticas corruptas; que no se ha valorado debidamente el incumplimiento de la demandada de aportar el material fílmico en «crudo», ni la rebeldía del codemandado G.

Por último, se queja de la imposición de costas decidida en la sentencia, pues considera que pudo creerse con derecho a litigar frente a la violación de su derecho al honor.

III.- Previo al análisis de los planteos formulados por la recurrente, creo necesario recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su análisis tan solo en aquellos elementos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).

Aclaro también que he visto íntegramente las emisiones de los programas «GPS», que se encuentran adjuntadas a la causa en soporte CD -ver fs. 2077-; pero que sólo me referiré a lo largo de este voto a los aspectos que puedan resultar relevantes para la resolución del sub lite.

IV. Las características del caso imponen referirse a los distintos estándares creados pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para calibrar la responsabilidad de la prensa.Al respecto, el citado tribunal distingue según que los daños cuya reparación se reclama hayan sido ocasionados por la difusión de informaciones inexactas, de noticias verdaderas, o de simples opiniones.

En el primer caso (difusión de informaciones inexactas, o cuya veracidad no ha sido comprobada) resulta aplicable la doctrina «Campillay» (CSJN, Fallos 308:789; 316:2394 y 324:4433, entre muchos otros) que, como es sabido, sostiene la ausencia de responsabilidad de los medios de prensa -y de los periodistassi han tomado determinados recaudos al difundir la noticia.

En tal sentido, el máximo tribunal ha señalado que cuando un órgano periodístico difunde una información que puede rozar la reputación de las personas, para eximirse de responsabilidad debe hacerlo atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho (CSJN, Fallos, 308:789, considerando 7°).

Ahora bien, si los recaudos enunciados anteriormente no fueron cumplidos por el medio de comunicación, deberá examinarse si la noticia involucra a un funcionario público o figura pública, o bien sobre a un ciudadano privado. En el primer caso, resultará de aplicación la doctrina de la «real malicia», es decir, para hacer responder al medio de difusión deberá encontrarse debidamente acreditado que la noticia fue divulgada con conocimiento de su falsedad, o con notoria despreocupación acerca de su veracidad o falsedad (CSJN, 24/6/2008, «Patitó, José Ángel y otros c/ Diario La Nación y otros» , LL, 30/10/2008, p. 7; ídem, 13/12/11, «Melo, Leopoldo Felipe y otros c/ Majul, Luis Miguel s/ daños y perjuicios» , entre muchos otros).

Por el contrario, si el afectado es un ciudadano común que no es funcionario público ni figura pública no juega el factor de atribución que exige la doctrina mencionada en último término, y basta con la simple culpa del emisor de la noticia para comprometer su responsabilidad (CSJN, 1/8/2013, «B., J. M.; M. de B., T.- Tea S.R.L. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.», RCyS 2013-XII, 141; ídem, 27/11/2012, «E., R. G. c/ Editorial la Capital S.A. s/ indemnización» , LLOnline AR/JUR/65343/2012).

Un estándar distinto juega cuando la información difundida es verdadera. En este supuesto, son inaplicables tanto la doctrina «Campillay» como la de la «real malicia», pues ambas parten de la base de que se han afirmado hechos inexactos, o cuya veracidad, al menos, no ha podido ser acreditada (CSJN, caso «Patitó», ya mencionado, considerando 8° del voto de la mayoría; ídem, 16/11/2009, «Brugo, Jorge Ángel c/ Lanata, Jorge y otros», considerando 9° del voto de la mayoría). En este grupo de casos -en los que normalmente aparece afectada la intimidad- el estándar relevante es la existencia o no de un interés público prevaleciente que justifique la difusión de la noticia y valide la intromisión en la esfera privada de las personas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29/11/2011, «Fontevecchia y D’Amico c/ Argentina», LL, 16/3/2012, p. 3; CSJN, 8/5/2007, «O, N. M. c/ T., M. y otro», voto en disidencia de los Dres. Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni, ED, 17/8/2007, p. 2, con nota de Emilio A. Ibarlucía; esta Sala, 3/11/2009, «A., A. M. c/ Artear S.A. y otros»; esta cámara, Sala K, 31/10/2000, «Romano, Samanta c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros», JA, 11/4/2001, p. 29, con nota de Ramón D. Pizarro; ídem, Sala E, 25/11/2005, «R., H. c/ Ediciones Paparazzi S.A.»,; ídem, Sala F, 26/6/2007, «S, R. A. c/ Arte Gráfico Editorial Argentina S.A.», LL, 28/3/2008, p. 3; ídem, Sala E, 7/11/2008, «S., G. A. y otro c/ La Nación S.A. y otro» , RCyS, marzo de 2009, p.78).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado en los últimos años un nuevo estándar, que se aplica no ya a la afirmación de hechos -ya sean ellos verdaderos o falsos-, sino a la emisión de opiniones o juicios de valor. En este caso debe establecerse nuevamente si esa clase de juicios se refiere a asuntos de interés público, pues si así fuera existe una total libertad para decir lo que se quiera, con el único límite de las expresiones insultantes (CSJN, causas «Patitó» -considerando 8° del voto de la mayoría- y «Brugo» -considerando 9° del voto de la mayoría-, ya citadas; ídem, 30/10/2012, «Quantín, Norberto Julio c/ Benedetti, Jorge Enrique y otros» ; ídem, 14/8/2013, «C. C., R. A. c/ A., S.E. y otros», elDial.com, AA8102).

Finalmente, cabe señalar que en situaciones donde se trate de afectación a la intimidad, para validar el acto no basta con que la información se refiera a una persona pública o un funcionario público sino que es preciso -además- que medie un interés público concreto que justifique la difusión de la noticia. Pues como lo ha dicho el máximo tribunal nacional: «.en el caso de personajes célebres cuya vida tiene carácter público o personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general.Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión.» (CSJN, 11/12/1984, «Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A.» , LL 1985-B, 120).

Sobre la base de estos parámetros corresponde ingresar en el análisis de las cuestiones planteadas en el caso bajo examen.

Señalo, desde ya, que se encuentra fuera de discusión que la demandante era -al momento de configurarse los hechos motivo de autos- una funcionaria pública -Jueza de faltas del Municipio de Tres de Febrero, de la provincia de Buenos Aires- y que en forma paralela al ejercicio de la citada función administraba -como apoderada de la firma Soultrain S.A.- los locales de la estación Caseros del ferrocarril Gral. San Martín.

V. De las constancias que resultan de la causa del Juzgado en lo Correccional Nro. 8, del departamento judicial de San Martín, caratulada «R. A., P. Teresa s/ Infracción. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» (Nro. 2541, año 2017) -promovida por la denunciante C. K. – surge que se ha dictado sentencia condenatoria el 05/06/2019, la que no fue recurrida por la imputada y se encuentra firme.

La magistrada del fuero correccional, luego de valorar la abundante prueba allí producida -entre ellas, la filmación motivo de autos-, expresó: «extraigo sin esfuerzo, que la imputada, abusando del poder que le conferían sus funciones, y violando los deberes que como funcionaria pública le incumbían en cuanto a apartarse de intervenir en todo trámite relativo a dicho comercio, intervenía en la confección de las infracciones reseñadas y omitía excusarse en el trámite de las mismas, ello a pesar de tener cabal conocimiento de que se daban las causales previstas por el art. 47 del C.P.P., no solamente por haberlo dispuesto en causa nro.427, sino por haberlo también dispuesto en el mes de octubre de 2009, en causa nro. 9995/4» -ver fs. 1575, causa penal-.

Al referirse a la prueba de filmación que aquí se trata, la magistrada lo hizo del siguiente modo: «Finalmente, el contenido de las filmaciones arrimadas al expediente. completan totalmente el marco probatorio cargoso y resulta totalmente compatible con los hechos que se le imputan a R. A., en tanto expresamente señala «.Ah, bueno, ahora le voy a mandar la clausura», lo cual refuerza sin lugar a dudas, la prueba detallada en los presentes fundamentos» -ver fs. 1577vta., causa penal-.

De este modo, cabe descartar la inexactitud o falsedad de los hechos que se exteriorizan en la filmación motivo de autos -y con ello la antijuridicidad de la conducta que se atribuye a los demandados-, toda vez que justamente ha sido parte de la prueba considerada por la Jueza que entendió en la denuncia penal relacionada con los delitos atribuidos a la actora y por los que resultara condenada en sede represiva.

Por otro lado, tampoco se advierte ilicitud en la edición comprobada del material fílmico; pues esa práctica no es sinónimo de falsificación como parece entender la actora cuando afirma que el video ha sido manipulado electrónicamente para perjudicarla. Y tampoco puede presumirse la falsificación por el sólo hecho de no haber sido hallado el material «crudo» de las filmaciones.

En todo caso, si la actora considerara -tal como afirma- que sus expresiones han sido sacadas de contexto, hubiera resultado interesante que expresara en qué contexto sus expresiones podrían ser entendidas de una manera totalmente opuesta a la que se le dio en el programa periodístico o, incluso, en forma muy distinta a la valoración que hizo la jueza del fuero correccional que la condenó.

Conforme a lo expuesto, pierde sustento la afirmación que la actora sostiene al decir que el abuso de poder que se le atribuye en el programa periodístico constituye la falsa imputación de un delito.Es justamente por ese delito que ha sido condenada e inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por el término de un año -ver fs. 1580, causa penal-.

En cualquier caso, la conducta de los emplazados no fue antijurídica, sino que se enmarcó en el ejercicio del derecho a la libertad de prensa; por lo que corresponde desestimar los agravios formulados en ese sentido.

VI. En otro orden, cabe indagar si existe causa posible de reproche en relación a las ideas, opiniones o juicios de valor que se formularon en la nota periodística y si existió una indebida intromisión en la intimidad de la actora o existe deber de resarcir por la utilización no autorizada de su imagen.

Sobre la primera cuestión, es necesario recordar que nuestro máximo tribunal ha sostenido que tratándose de ideas, juicios de valor, juicios hipotéticos o conjeturas, dada su condición abstracta no es posible predicar verdad o falsedad (CSJN, Fallos: 321:2558, 330:3685; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso «Lingens», 8 de julio de 1986), por lo que no resulta adecuado aplicarles un estándar de responsabilidad que tiene por presupuesto la falsedad.

Así las cosas, el criterio de ponderación deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que manifiestamente carezcan de relación con las, ideas u opiniones que se expongan; pues no hay un derecho al insulto, o a la vejación gratuita e injustificada (conf. Fallos:321:2558, ya citado).

Conforme a lo expuesto, cabe concluir que en la especie los juicios de valor y las críticas realizadas en el marco del programa periodístico GPS y referidas al desempeño de la actora como jueza de faltas del Municipio de Tres de Febrero, a quien califican como la «jueza shopping», no contienen expresiones que puedan considerarse epítetos denigrantes, insultos o locuciones que no guarden relación con el sentido crítico del discurso.

Por otro lado, y con relación a la lesión a la imagen de la actora y a su intimidad, cabe señalar que no se advierte una conducta reprochable en la medida que la filmación -aunque realizada de manera oculta y no consentida por la actora- estuvo relacionada con hechos de carácter público y no con aspectos que invadieran la esfera reservada de la actora para ser expuesta a terceros sin un interés que lo justifique (conf. CSJN, 26/03/2013, «Moslares, José Luis c. Diario La Arena y ots. s/ Daños y perjuicios» , M. 2674, XLI, y arg. Fallos: 311:1171).

Es oportuno señalar en este sentido que, en lo que respecta al derecho la intimidad, su protección encuentra fundamento constituciona1 en el art. 19 de la Constituci6n Nacional que, en re1ación directa con la libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos, costumbres, las relaciones fami1iares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental física y, en suma, las acciones, hechos datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real potencial para la intimidad (conf. CSJN, Fallos:306:1892; 316:703 324:2895).

De acuerdo a este criterio, y teniendo en cuenta de que tanto el programa periodístico como la imagen de la actora filmada mediante cámara oculta divulgaron datos sobre la actuación pública de la accionante en oportunidad en que se encontraba ejerciendo su rol de funcionaria pública, en la sede del tribunal de faltas donde se desempeñaba, con motivo de los delitos que se le imputaban y por los que ha sido luego condenada; no puede entenderse que mediante la difusión de tales imágenes los demandados se hubiesen inmiscuido en la esfera privada de aquélla, protegida de toda intromisión por el citado art. 19 de la Constitución Nacional.

Es que si bien la ley 11.723 ha prohibido como regla la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho ella, tal prohibición cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer por sobre aquel derecho (conf. CSJN, Fallos: 311:1171 330:5088 ).

Aunque la actora se esfuerza en negar que los hechos captados por la cámara oculta revistan interés público, ya que -según refiere- se trataba de asuntos no relacionados con el ejercicio de su función sino con el de su actividad profesional como abogada; lo cierto es que tal postura no solo ha sido descalificada por el resultado de la investigación penal en su contra, sino que de todos modos -y aun cuando no se hubiera acreditado la comisión del delito que se le imputaba- se ha señalado que las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores, entre otras, gozan de mayor protección, en tanto propician el debate democrático.En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica, y este umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público (conf. CIDH, causa «Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina», sentencia del 29 de noviembre de 2011, párrafo 47).

Por ello, al no encontrarse vulnerado el derecho a la intimidad y haberse configurado el supuesto de excepción previsto en el art. 31 de la ley 11.723 para la utilización de la imagen de la actora; propondré desestimar los agravios formulados en tal sentido.

VII. Las quejas relacionadas con la violación del secreto profesional tampoco resisten el menor análisis.

Ello así, porque las manifestaciones de la actora captadas por la cámara oculta y difundidas por los demandados no tienen vinculación directa con el ejercicio profesional, ni pone de manifiesto hechos secretos que la actora estuviera obligada a guardar.Nótese que la conversación era entre la actora y dos sujetos que no eran sus clientes, sino un locatario de uno de los locales de la estación Caseros de Ferrocarril y el restante era un sujeto que simuló interés en la transferencia del fondo de comercio del citado local; de manera que si la actora no estaba autorizada a divulgar secretos frente a terceros, mal podría haberse constituir violación de secretos la filmación oculta de esa conversaci ón.

VIII.- Finalmente, la actora entiende que no corresponde imponerle las costas por el resultado desfavorable en el presente litigio, si se tiene en cuenta que quien sufrió la afectación de la honra ha sido ella.

Ahora bien, la exención total o parcial de costas sólo debe acordarse excepcionalmente cuando existan razones muy fundadas y sobre la base de circunstancias cuya virtualidad, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del principio de que el vencido debe soportar las costas, lo que en el caso no sucede.

Es que, conforme los argumentos desarrollados precedentemente quedó claro que la interpretación pretendida por la accionante para atribuir responsabilidad a los accionados no era razonable, motivo por el cual considero acertada la imposición de costas decidida en primera instancia.

En suma, si el sentido de mi voto resultara compartido por mis colegas, propicio que se confirme la sentencia dictada en la instancia anterior en todo lo que fue objeto de recurso; con costas de la alzada a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).- Así voto.- Los Dres. Converset y Diaz Solimine adhieren al voto que antecede por análogas razones.

Con lo que terminó el acto.- «RAMIREZ A. P. C/AMERICA TV Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS» (L. CIV 13335/2013/CA001 – JUZG. N°24)

Buenos Aires, de noviembre de 2020.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.2) Imponer las costas de la alzada a la apelante vencida.

3) En atención al mérito, valor y complejidad de las tareas desarrolladas, etapas cumplidas, monto en juego, proporcionalidad que deben guardar los emolumentos de los auxiliares de la justicia con los de los profesionales del derecho, de conformidad con lo prescripto por los arts. 10, 16, 19, 20,21, 29, y cc. de la ley 27.423 y art. 478 del Código Procesal, se reducen los honorarios regulados a favor del Dr. Alberto Luis González Estevarena, a la cantidad de .UMA ($.), los del Dr. Tomás Pérez Virasoro, a la de .UMA ($.), apelados ambos por altos y bajos; los del Dr. Luis A. Sasso, apelados por altos, a la de .UMA ($.) y los del Dr.

Pablo Luis Manili, apelados por altos y bajos, a la de .UMA ($.).

Asimismo, se confirman los regulados a favor del perito informático Emiliano M. Sánchez, apelados por altos y bajos.

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo C: Anexo III, del decreto 1467/2011 reglamentario de la ley 26.589 con la modificación establecida en el decreto 2536/2015 Anexo 1, art. 2, G), se confirma la retribución fijada a favor del mediador Dr. Pablo T. Mayorga, apelada por alta, en tanto ella deriva de expresa disposición legal.

Por la labor de Alzada se regulan los honorarios de los Dres. Tomás Pérez Virasoro en .UMA ($.) monto que incluye los emolumentos correspondientes la incidencia de fecha 2 de octubre pasado y los del Dr. Pablo Luis Manili en .UMA ($.), los que deberán abonarse en el plazo de diez días (cfr. arts. 30 y 54 de la ley 27.423).

4) El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y la sentencia se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.

PABLO TRÍPOLI

JUAN MANUEL CONVERSET.

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

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