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#Doctrina Transferencia de derechos federativos y derechos económicos en clubes en concurso preventivo

Autor: Chasco, Martín C.

Fecha: 30-nov-2020

Cita: MJ-DOC-15670-AR | MJD15670

Sumario:

I. Introducción. II. Los derechos federativos y los derechos económicos. III. El régimen de administración y disposición patrimonial en el concurso preventivo. IV. Las posturas existentes. Acto de administración extraordinaria vs. Acto ordinario de administración. V. Trámite procesal a seguir para obtener la autorización judicial. VI. La sentencia que autoriza o deniega la transferencia de derechos federativos y económicos ¿Es apelable?. VII. Sanción que le cabe al acto efectuado sin autorización judicial. VIII. La homologación del acuerdo preventivo y la transferencia de derechos federativos y económicos. El art. 59 LCQ. El caso «Pity Martínez». IX. Conclusiones.

Doctrina:

Por Martín C. Chasco (*)

I. INTRODUCCIÓN

Sabido es que en nuestro país existen cuatro especies de procesos concursales. Uno con finalidad liquidativa: la quiebra; y los tres restantes de reestructuración: el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial y el previsto por la Ley 25.284 de salvataje de entidades deportivas.

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También es conocido que las entidades deportivas de primer grado (clubes) pueden atravesar cualquiera de esos procesos concursales siempre y cuando se encuentren reunidos los presupuestos exigidos por cada uno de ellos.

Una de las cuestiones que más debate ha generado dentro de este complejo ámbito de procesos concursales donde los clubes pueden hallarse inmersos, es el relativo a la transferencia de los derechos federativos y los derechos económicos de los deportistas.

Y ello obedece a que una entidad deportiva -como cualquier sujeto concursable- que atraviese cualquier proceso concursal padecerá la restricción a las facultades de administración y disposición de los bienes que integran su patrimonio.

Por ende, la discusión se centra en determinar si la transferencia de los derechos federativos y los beneficios económicos derivados de aquellos se encuentran comprendidos en el esquema de limitación a la administración y disposición o, si por el contrario, el club en proceso concursal continúa manteniendo amplia decisión y ejecución sobre ellos.

Sobre el tópico es dable remarcar que en la actualidad la controversia se observa en los concursos preventivos, dado que a raíz de la interpretación amplia(2) que los jueces de nuestro país realizan del art. 5 de la ley 25.284 es improbable encontrar un club tramitando un proceso de quiebra ya que la cuestión ha tenido expreso tratamiento en la misma ley 25.284, donde su art.20 ha regulado con claridad y contundencia el régimen de la transferencia de los derechos federativos en los clubes sujetos a la Ley 25.284.

Por lo tanto, en el presente trabajo nos referiremos específicamente a la transferencia de derechos federativos y económicos en los clubes que se encuentran tramitando su concurso preventivo, proceso éste donde la temática en cuestión mayores discusiones ha generado a raíz de no encontrarse prevista legalmente.

II. LOS DERECHOS FEDERATIVOS Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS

Pues bien, lo primero que tenemos que determinar es qué entendemos por éstos dos institutos jurídicos que han tenido amplio desarrollo doctrinario en los últimos años.

Explica Gerbaudo que los derechos federativos y los derechos económicos son dos conceptos jurídicos distintos que guardan relación entre sí, pero por sus diferentes contenidos son autónomos e independientes tanto en su naturaleza jurídica como en su tratamiento jurídico (3).

Los derechos federativos «nacen con el fichaje y consisten en la potestad que detenta un club para inscribir a un futbolista en una asociación deportiva, con la finalidad que intervenga en una competencia oficial en su nombre y representación» (4). Estos solo pueden ser de titularidad de los clubes, no son susceptibles de fraccionamiento y carecen de valor económico en sí mismo.En tanto que los derechos económicos configuran «el valor crematístico de los federativos», su «vertiente patrimonial», su «expresión monetaria» o el «contenido patrimonial de los derechos federativos». En otros términos, constituyen la valuación pecuniaria de aquéllos o la valuación patrimonial de los derechos federativos» (5). Los derechos económicos o los beneficios económicos derivados de los derechos federativos son un activo de las entidades deportivas, son susceptibles de fraccionamiento y hasta hace un tiempo no había dudas que podían ser cedidos total o parcialmente a particulares (6).

Ambos institutos han adquirido notoria trascendencia en las entidades deportivas de nuestro país y de Sudamérica, configurándose en fuente de cuantiosos ingresos.

Es que la transferencia de los derechos federativos de un deportista de un club a otro generalmente conlleva el pago de los derechos económicos que realiza la entidad adquirente a la entidad de origen.

Y en esos supuestos es cuando surge la duda respecto al régimen aplicable a ese acto de transferencia de derechos efectuado por una entidad sometida a concurso preventivo.

III. EL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN PATRIMONIAL EN EL CONCURSO PREVENTIVO

El art. 15 de la ley 24.522 al comenzar a regular el régimen de administración y disposición patrimonial propio y exclusivo del Concurso Preventivo establece una regla clara: «El concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico.» Ese es el principio general en este proceso.

No obstante, el art. 16 se encarga de señalar dos tipos de actos que también limitan la facultad de administración y disposición del deudor concursado preventivamente: los actos prohibidos y los actos sujetos a autorización judicial.

La ley determina que son actos prohibidos los realizados por el deudor a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.

Y en la última parte de ese mismo art.16 prescribe que son actos sujetos a autorización judicial los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de constitución de prenda y los que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial. La enumeración de actos que requieren previa autorización del Magistrado concursal es meramente enunciativa, deduciéndose ello de la expresión «y los que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial». Esto último es lo que realmente delimita si un acto específico debe contar necesariamente con autorización judicial o no.

Por ende, en el concurso preventivo no se produce plenamente el desapoderamiento sino que el concursado ejerce la administración de sus bienes bajo la vigilancia del síndico y con la autorización judicial dispondrá en ciertos casos de ellos, y en otros estará imposibilitado de hacerlo por prohibición expresa de la ley concursal. Este sistema ha llevado a denominarlo «desapoderamiento atenuado», para distinguirlo del «desapoderamiento pleno» que se produce en la quiebra con el traspaso de las facultades de administrar y disponer de sus bienes a manos del síndico (7).

Emergiendo, entonces, una visión más precisa sobre que son los derechos federativos y los derechos económicos, y sobre el régimen patrimonial de administración y disposición en el concurso preventivo, surge el siguiente interrogante: La transferencia de los derechos federativos y de los derechos económicos en un club concursado preventivamente, ¿Configura un acto de administración ordinaria que el deudor puede realizar sólo bajo la vigilancia del síndico?, o ¿es un acto que excede la administración ordinaria de la entidad deportiva y por lo tanto debe requerir previa y necesariamente autorización judicial para llevarlo a cabo válida y eficazmente?

IV. LAS POSTURAS EXISTENTES. ACTO DE ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA VS.ACTO ORDINARIO DE ADMINISTRACIÓN

Las respuestas que surgen de la doctrina a la pregunta esbozada en el apartado anterior son dos. La corriente mayoritaria entiende que el acto jurídico de transferencia de derechos federativos y los beneficios económicos que de ello se derivan debe contar con autorización judicial previa; y la tesis minoritaria considera que aquél acto es de administración ordinaria de la entidad deportiva y por lo tanto no necesita de autorización judicial alguna. Pasamos a desarrollar ambas brevemente.

En la primera dirección se alinean autores de la talla de Barbieri, Favier Dubois (8), Grispo (9) y Gerbaudo (10).

El primero de ellos se encarga de expresar textualmente la misma: «Estimamos que tales operaciones exceden el giro ordinario de la actividad del club concursado, por lo cual, dentro del concurso preventivo, deben estar sujetas a la autorización judicial prevista por el penúltimo párrafo del artículo 16 de la ley 24.522… A mi entender, los fundamentos para llegar a esta conclusión son dos, a saber:

– No ingresan los fondos obtenidos por dichos traspasos dentro de aquellos que constituyen el giro ordinario del club concursado, como sí lo serían, por ejemplo, las cuotas que abonan los distintos asociados, conforme a las previsiones estatutarias.

– Se tratan de montos que, en general, constituyen los principales activos de este tipo de personas jurídicas -excluidos, claro está determinados inmuebles de importancia-. De no admitir esta postura, los objetivos para los cuales se impone esta limitación patrimonial quedarían absolutamente desvirtuados. Al respecto, se ha dicho que «la vigilancia procura evitar el exceso del deudor de aquello que pudiera considerarse administración ordinaria de su patrimonio y prevenir la comisión de actos dolosos que menoscaben el mismo.» (11).

En sentido contrario se manifiesta Pablo Radkievich (12), quien señala que en la actualidad la transferencia de derechos federativos de deportistas -el mencionado autor se refiere a futbolistas profesionales- es un acto ordinario de administración.Para alcanzar esa conclusión se remite a fundamentos jurídicos y fácticos que desde su óptica avalan su postura.

En cuanto a los primeros refiere que las transferencias que concretan el natural recambio de jugadores «deben reputarse actos ordinarios de administración, pues sin duda alguna son elementos esenciales comprendidos en el marco del objeto estatutario. Además, señala que «es pública y notoria la cantidad innumerable de transferencias de futbolistas efectuadas año tras año por cada uno», donde «la repetitividad de las mismas desde el mismo nacimiento de los clubes y como una cuestión que hace al propio desarrollo de sus actividades, coincide y rati fica la estrecha vinculación de aquéllas con el objeto social, y por ende, su carácter ordinario». También, dentro del ámbito jurídico, agrega que los derechos federativos no pueden considerarse «bienes» ni tampoco «registrables» (en la terminología utilizada por el art. 16 de la Ley 24.522), y que los derechos económicos no obstantes gozar de la calidad de bienes (dado su contenido patrimonial) no pueden ser calificados como «registrables» en el sentido de ser oponibles erga omnes como acontece con los Registros de la Propiedad Inmueble o los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor.

En torno a los fundamentos fácticos de su posición, el autor citado esgrime que generalmente el período de transferencias de derechos federativos y económicos coincide con la feria judicial, dificultando éste tiempo de receso la realización de los trámites para obtener la autorización del Magistrado concursal.Asimismo, afirma que de seguirse la postura que critica, son el Síndico y el Juez quien en definitiva van a decidir sobre la legalidad y razonabilidad del acto en base a criterios eminentemente subjetivos, donde estos van a efectuar un análisis según su «gusto o criterio» de la aptitud de un determinado deportista, remarcando que éste no es un commoditie que podrá ser evaluado utilizando parámetros objetivos que permitan su comparación con otros.

Sin embargo, y como ya anticipamos, la primera tesis esbozada es la mayoritaria y la que cuenta con respaldo jurisprudencial en nuestro país.

A modo de ejemplo podemos citar el criterio emanado de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (13) , donde éste Tribunal justificó la necesidad de la previa autorización judicial para la transferencia de derechos federativos y derechos económicos destacando que «las cualidades intrínsecas del acto en la materia en análisis (que involucra la disposición de derechos federativos inscriptos registralmente ante la AFA) su contenido patrimonial e incidencia en el giro habitual de los negocios, señalando que su disposición exceda el concepto de administración ordinaria y normal de la concursada al estar en juego bienes esenciales de su activo cuya integridad debe ser protegida para garantizar su compromiso y, por ende, el cumplimiento del concordato».

Nosotros nos enrolamos en la dirección propuesta por la postura que más adhesiones doctrinarias y respaldo jurisdiccional tiene en nuestro país, lo cual -a su vez- guarda absoluta coherencia y razonabilidad con el régimen de transferencia de derechos federativos y económicos previsto por el Art. 20 de la Ley N° 25.284 de Salvatajes de Entidades Deportivas.

Además, sostenemos que la autorización judicial también debe solicitarse para la realización de actos de cesión de derechos económicos.

V. TRÁMITE PROCESAL A SEGUIR PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Entonces, y adhiriendo a la corriente mayoritaria, concebimos que la transferencia de derechos económicos y derechos federativos necesitan contar con autorización previa.Por lo tanto, debemos mencionar el procedimiento previsto por la Ley 24.522 para alcanzar aquel objetivo.

Prescribe el último párrafo del art. 16 de la ley 24.522 que «La autorización se tramita con audiencia del síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores».

El deudor concursado preventivamente es el único legitimado para solicitar la autorización judicial. En consecuencia, solamente el club en situación concursal puede requerir la venia del juez interviniente.

Además, la correcta lectura de la norma no impone que efectivamente se celebre una audiencia en la que se discuta sobre la conveniencia del acto (aunque podría realizarse si el juez lo considera conveniente), sino que normalmente ocurrirá que del pedido de autorización presentado por el concursado se corra traslado al síndico y al comité de acreedores, quienes deberán volcar su opinión en torno a la conveniencia del acto en el plazo de ley (14).

Luego de presentados los escritos respectivos por parte del síndico y del comité de acreedores -o vencido el plazo para ello- el Magistrado debe resolver ponderando la conveniencia para la continuación de las actividades de la entidad deportiva y la protección de los intereses de los acreedores.

Esta decisión judicial deberá tener en consideración las particularidades de cada caso concreto. De allí que no podamos afirmar enfáticamente cuando el juez sí deba otorgar la autorización requerida o cuando no. En cada supuesto que se planteé deberá analizarse la conveniencia del acto para el propio club y para los intereses de los acreedores. No obstante, creemos que deberá tener especial relevancia la opinión previa del síndico, quien no solo debe consentir o no el acto sino que debe fundamentar concretamente cual es la conveniencia o no del acto y en que se benefician o perjudican los acreedores (15).

VI.LA SENTENCIA QUE AUTORIZA O DENIEGA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS FEDERATIVOS Y ECONÓMICOS, ¿ES APELABLE?

El art. 16 de la Ley 24.522 nada prevé al respecto.

Ello ha dado lugar a que un sector de la doctrina señale que la resolución judicial que autoriza o deniega la transferencia de derechos federativos y económicos en un club concursado preventivamente es inapelable a tenor de la regla procesal emergente del art. 273, inciso 3) (16)

Otros autores consideran que solo es apelable la sentencia que deniega la autorización (17).

Vitolo entiende que la resolución en cuestión es apelable ya que no constituye un decisorio referido a la secuela regular del proceso (18).

Nosotros humildemente sostenemos que en principio la sentencia que admita o deniegue la autorización solicitada no es apelable de conformidad a la regla emergente del art. 273, inciso 3) de la ley concursal. No obstante, creemos que pueden existir casos en los que deba concederse el recurso de apelación cuando se esté en presencia de perjuicios irreparables o de graves arbitrariedades, como lo ha venido admitiendo la jurisprudencia concursal nacional.

VII. SANCIÓN QUE LE CABE AL ACTO EFECTUADO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

El art. 17 de la ley concursal es terminante al respecto: «Los actos cumplidos en violación a lo dispuesto en el Artículo 16 son ineficaces de pleno derecho respecto de los acreedores».

Dentro de las categorías de ineficacias existentes en nuestro derecho, la consagrada por el referido art.17 es la inoponibilidad de pleno derecho respecto de los acreedores.

El efecto que produce la declaración de inoponibilidad es el de volver al statu quo al acto realizado en infracción al artículo 16 LCQ respecto de los acreedores concursales, es decir que debe devolverse lo percibido, no podrán oponerse al concurso los beneficios otorgados, y una vez concluido el concurso podrá el tercero cocontratante demandar el cumplimiento de la convención o el resarcimiento de los daños y perjuicios (19).

Por su parte, la expresión «pleno derecho» no debe ser entendido como que no se requiere una decisión judicial, sino que cuando ella se dicte tiene efecto retroactivo a la fecha de celebración del acto (20).

Además, y conforme lo dispone el mismo art. 17, «cuando el deudor contravenga lo establecido en los arts. 16 y 25 cuando oculte bienes, omita las informaciones que el juez o el síndico le requieran, incurra en falsedad en las que produzca o realice algún acto en perjuicio evidente para los acreedores, el juez puede separarlo de la administración por auto fundado y designar reemplazante».

VIII. LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO PREVENTIVO Y LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS FEDERATIVOS Y ECONÓMICOS. EL ART. 59 LCQ. EL CASO «PITY MARTÍNEZ»

La última cuestión que abordaremos en este trabajo es la relativa a qué efectos o consecuencias provoca la homologación del acuerdo preventivo alcanzado por el club concursado respecto a la transferencia de los derechos federativos y económicos.

El tópico ha provocado debates a raíz de lo establecido por los primeros cuatro párrafos del art. 59 de la Ley 24.522. Ellos disponen:«Una vez homologado el acuerdo, y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, el juez debe declarar finalizado el concurso, dando por concluida la intervención del síndico.

Con carácter previo a la declaración de conclusión del concurso del concurso, se constituirán las garantías pertinentes, y se dispondrá mantener la inhibición general de bienes respecto del deudor por el plazo de cumplimiento del acuerdo, salvo conformidad expresa de los acreedores, las previsiones que el acuerdo previera al respecto, o las facultades que se hubieren otorgado al comité de acreedores como controlador del acuerdo.

El juez, a pedido del deudor y con vista a los controladores del acuerdo, podrá autorizar la realización de actos que importen exceder las limitaciones impuestas por la inhibición general.

Con la conclusión del concurso cesan respecto del deudor las limitaciones previstas en los Artículos 15 y 16, con excepción de lo dispuesto en el presente artículo».

De la lectura del primer y del cuarto párrafo pareciera desprenderse que una vez homologado el concurso por el juez interviniente, la entidad deportiva asumiría de manera total sus facultades de administración y disposición de su patrimonio, con lo cual podría interpretarse que el club podría en esa instancia transferir los derechos federativos y económicos de un deportista sin solicitar autorización judicial.

Ello así pues ambos párrafos determinan que al homologarse el acuerdo preventivo el juez debe declarar finalizado el concurso, dar por concluida la actuación del síndico, y con ello cesan respecto del deudor las limitaciones previstas por los artículos 15 y 16.

Sin embargo, esa interpretación es sesgada y omite tener en consideración el segundo y tercer párrafo del art. 59.

Es que éstos s e encargan de subrayar que con carácter previo a la conclusión del concurso se constituirán las garantías pertinentes y se dispondrá mantener la inhibición general de bienes respecto del deudor por el plazo de cumplimiento del acuerdo, salvo conformidad expresa de los acreedores.Y que el juez podrá autorizar al deudor a realizar actos que importen exceder las limitaciones impuestas por la inhibición general previa vista a los controladores del acuerdo.

Por lo tanto, es dable sostener que aún después de homologado el acuerdo, de declararse finalizado el concurso, de haber concluido la actuación del síndico, y de cesar las limitaciones previstas por los arts. 15 y 16, el club igualmente tendrá que requerir previa autorización judicial para transferir derechos federativos y económicos, la cual deberá otorgarse o no por el Magistrado según las circunstancias del caso concreto previa vista a los controladores del acuerdo.

Éste tópico fue objeto de debate judicial en el año 2015 a raíz de la transferencia de los derechos federativos y económicos del futbolista Gonzalo «Pity» Martínez desde el Club Atlético Huracán hacia el Club Atlético River Plate por la suma de $39.200.000. El caso fue resuelto por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (21).

Los antecedentes fácticos reseñan que el Club Huracán había alcanzado acuerdo preventivo con sus acreedores que fue posteriormente homologado por el juez interviniente. El síndico había concluido su actuación y el concurso preventivo se encontraba en etapa de cumplimiento. No obstante, existían cuotas concordatarias vencidas e impagas, y pedidos de quiebra que pesaban sobre el club.

El club solicitó autorización para transferir los derechos del jugador. Aquella fue otorgada por el juez de feria, pero éste nada dijo respecto a que destino debía darse al monto de la transferencia.

Posteriormente, el juez natural concursal amplió la resolución que autorizó la transferencia imponiendo que la suma abonada por River Plate ingresara a la cuenta judicial abierta para ese proceso a nombre del juzgado.

El club Huracán apeló esa Resolución sosteniendo que al haberse homologado el acuerdo preventivo cesaron respecto a esa entidad deportiva las limitaciones establecidas por los Arts.15 y 16 LCQ, y en consecuencia había recuperado plenamente las facultades de administración y disposición patrimonial no debiendo ingresar el monto de la transferencia a la cuenta judicial.

La Sala interviniente rechazó el recurso y ratificó la sentencia de primera instancia. En apoyo de su decisión sostuvo: «Es dable dejar sentado que si bien para la concursada cesan las limitaciones previstas en los arts. 15 y 16 LCQ, o sea que, la administración de la deudora deja de encontrarse sometida a la vigilancia del síndico, sin embargo, subsiste para aquél, en la etapa de cumplimiento del acuerdo, la imposibilidad de realizar actos de disposición referentes a bienes registrales. Por lo que para realizar tales actos debe peticionarse la pertinente autorización ante el magistrado concursal, quien, previa vista a los controladores del acuerdo, debe resolver lo que corresponda.

Se reitera, la conclusión del concurso por homologación del acuerdo no hace recuperar a la deudora la plena y total disposición de su patrimonio respecto de la realización de aquellos actos que importan exceder las restricciones impuestas por la inhibición general de bienes…

Ello así pues, dichos dineros, provenientes de una transferencia de derechos económicos vinculados a los derechos federativos de uno de los jugadores del plantel de fútbol de Huracán, no constituyen «ingresos» propios de su giro normal y habitual y, desde tal sesgo, es que la concursada deberá proceder a integrar a la orden del tribunal de grado todos los pagos referidos en la cláusula tercera del contrato de transferencia celebrado con el Club River Plate Asociación Civil en cuanto al jugador profesional Gonzalo Nicolás Martínez por $39.200.000».

Compartimos el criterio del Tribunal de Alzada, y entendemos que la transferencia de los derechos federativos y económicos continúan revistiendo aún en la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo uno de los principales activos de los clubes que deben ser especialmente protegidos en miras de la continuidad de las actividades de las entidades deportivas, de la protección de los intereses de los acreedores y delcumplimiento del acuerdo.

IX. CONCLUSIONES

Entendemos que en un club concursado preventivamente, la transferencia de los derechos federativos y los beneficios económicos que de ellos se derivan debe contar necesaria, válida y eficazmente, con autorización judicial previa en los términos del art. 16 LCQ.

En el mismo sentido consideramos que la cesión de derechos económicos que efectúe una entidad deportiva de primer grado en concurso preventivo también ha de ser autorizado previamente por el Magistrado concursal.

Además, esa autorización judicial previa debe aún obtenerse luego de homologado el concurso preventivo respectivo.

Consideramos que ello guarda absoluta coherencia y razonabilidad con el régimen previsto por la Ley 25.284 de salvataje de entidades deportivas. Es decir que, ya sea que un club se encuentre en concurso preventivo o sometido al procedimiento de salvataje de entidades deportivas, debe solicitar la autorización judicial previa para transferir derechos federativos y derechos económicos, o para ceder éstos últimos.

Sería violatorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que una entidad deportiva atravesando el procedimiento de la Ley 25.284 deba requerir autorización judicial para ello en virtud de lo establecido por su art. 20, y que otra entidad concursada preventivamente pudiera efectuar aquellos actos sin la venia del juez.

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(1) GERBAUDO, Germán E.: «Proceso concursal de salvataje de entidades deportivas. Sus presupuestos», en Derecho para Innovar, DPI Suplemento de Derecho del Deporte, 11/12/2017, nro. 5.

(2) GERBAUDO, Germán E.: «Derechos federativos y derechos económicos. Conceptos. Distinción», en Derecho para Innovar, DPI Suplemento de Derecho del Deporte, 14/05/2018, nro. 8.

(3) PALAZZO, Iván, «La vigencia contractual y la postrimería de los derechos federativos o económicos», en Iusport, http://www.iusport.es (Consulta: 18/10/2012); PALAZZO, Iván, «Los derechos económicos de los futbolistas libres», en Iusport, 10/06/2014, http://www.iusport.es (consulta: 12/06/2014).

(4) GERBAUDO, Germán E.: «Derechos federativos y derechos económicos. Conceptos. Distinción», en Derecho para Innovar, DPI Suplemento de Derecho del Deporte, 14/05/2018, nro.8.

(5) Ibídem.

(6) GRAZIABILE, Darío J.: «Sistema Patrimonial Concursal», Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2018, Pág. 32.

(7) FAVIER DUBOIS, Eduardo: «En torno al concurso y quiebra de los clubes deportivos, de su precaria continuidad y de los medios de eventual «salvataje», Revista de Doctrina Societaria y Concursal N° 136, Marzo de 1.999, Pág. 760.

(8) GRISPO, Jorge: «Régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas. Fideicomiso de administración con control judicial. Ley 25.284. Anotada y comentada», Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, Pág. 119.

(9) GERBAUDO, Germán E.: «La autorización judicial de los actos de disposición realizados por el órgano fiduciario en el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas», SJA 25/04/2018, 21 – JA 2018-II , 1184.

(10) BARBIERI, Pablo C.: «Efectos del acuerdo preventivo homologado en el concurso de clubes de fútbol y los ingresos por traspasos de futbolistas», en http://www.infojus.gov.ar, 30/07/2015.

(11) RADKIEVICH, Pablo A.: «Clubes de fútbol en concurso preventivo: Autorización judicial previa para transferir jugadores. Improcedencia jurídica y absurdo fáctico», en Tratado de Derecho Deportivo, Tomo I, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2010, Págs. 422 y SS.

(12) «Club Atlético Huracán Asociación Civil s/Concurso Preventivo», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 09-06-2015, MJJ92696 .

(13) GRAZIABILE, Darío J., Ob. Cit., Págs. 85/86.

(14) Ibídem, Pág. 88.

(15) CÁMARA, Héctor: «El concurso preventivo y la quiebra», 2° ed., LexisNexis, Buenos Aires, 2004, Tomo I, Pág. 514; GRAZIABILE, Darío J., Ob. Cit., Pág. 88.

(16) GRISPO, Jorge D.: «Tratado sobre la ley de Concursos y Quiebras», Ed. Ad – Hoc, Buenos Aires, 1997, Tomo I, Pág. 270; HEREDIA, Pablo D., «Tratado exegético de Derecho Concursal», Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2.000, Tomo I, Pág. 455.

(17) VÍTOLO, Daniel R.: «Ley de Concursos y Quiebras», Ed. Rubinzal – Culzoni, 2019, Santa Fe, Pág. 97.

(18) GRAZIABILE, Darío J., Ob. Cit., Págs. 90/91.VII) Sanción que le cabe al acto efectuado sin autorización judicial.

(19) RIVERA, Julio C.: «Instituciones de Derecho Concursal», Ed. Rubinzal – Culzoni, 2003, Santa Fe, Pág. 324.

(20) «Club Atlético Huracán Asociación Civil s/Concurso Preventivo», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 09-06-2015.

(*) Abogado (UCA-Rosario), Jefe de Trabajos Prácticos de Derecho de la Insolvencia Facultad de Derecho (UNR).

N.R: Artículo publicado previamente en DPI Derecho para Innovar, Diario Comercial, Económico y Empresarial, Parte I, N° 281, 03/11/2020; Parte II, N° 282, 04/11/2020; Parte III, N° 283, 05/11/2020; Parte IV, N° 284, 06/11/2020. Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.

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