#Fallos Al Banco no se lo estafa: Se dictó el procesamiento de un cajero bancario por administración fraudulenta, al recibir dinero de un cliente cuyo ingreso a la contabilidad no hizo ni tampoco lo declaró en el ‘fallo de caja’

Partes: Imputado: C. L. M. s/ defraudación c/ la Administración Pública Denunciante: C. W. F.

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Fecha: 30-jun-2020

Cita: MJ-JU-M-127629-AR | MJJ127629 | MJJ127629

Procesamiento por administración fraudulenta del cajero de banco que habría recibido dinero de un cliente y no habría ingresado el monto a la contabilidad ni declarado el ‘fallo de caja’.

Sumario:

1.-Corresponde modificar la calificación efectuada en la anterior instancia respecto del delito de estafa y disponer el procesamiento del imputado por el delito previsto en el art. 173, inc. 7 , en función del art. 172 del CPen. porque en el caso el encausado, desarrollando su función de cajero de un banco, habría recibido dinero para el pago de boletas de clientes de la entidad -en dos oportunidades distintas-, y no habría ingresado el monto a la contabilidad, ni habría declarado al finalizar la jornada el correspondiente ‘fallo de caja’, generándole un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria, lo cual implica trato? de un accionar delictivo que necesariamente tuvo lugar en orden al vínculo previo a través del cual el sujeto activo tenía asignado, en su rol de responsable de caja, el cuidado de un patrimonio ajeno, y la actividad por él desplegada implico? el desarrollo de la acción típica descripta en la segunda de las normas citadas.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-El tipo penal contenido en el art. 173, inc. 7, del CPen. alude a las distintas fuentes que colocan al autor en una posición de garante con respecto al bien jurídico tutelado (la ley, la autoridad y el acto jurídico), como también a las diferentes modalidades a través de las cuales se determina la facultad del autor de ‘tener a su cargo’ (el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos).

Fallo:

S. M. de Tucumán, 30 de junio 2020.

AUTOS Y VISTO: Para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2019; y CONSIDERANDO:

I.- Que deduce recurso la defensora letrada de L. M. C. contra la resolución de fecha 29 de mayo de 2019 de fs. 53/55, que resuelve ordenar el procesamiento sin prisión preventiva del L. M. C., por la presunta comisión del delito de Defraudación (art. 172 del C.P.), y disponer el embargo de sus bienes por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) a los fines de la responsabilidad civil que le pudiera corresponder, dejando ordenada en su defecto la inhibición general de sus bienes (art. 518 CPPN).

Que en esta instancia, el Fiscal General ante la Cámara no se adhiere al recurso de apelación. En tanto la defensa letrada del imputado presenta memorial de agravios por escrito a fs. 68/70.

En el escrito recursivo, la defensa solicita se revoque la resolución apelada y se deje sin efecto tanto el procesamiento como el embargo dispuesto. Ello en razón de no encontrarse el elemento subjetivo acreditado, atento que las únicas pruebas obrantes son las declaraciones del gerente del Banco de la Nación Argentina, el Tesorero y el cliente; que no resultan ser elementos suficientes de convicción.

Que no se niega la existencia de un error al momento de cumplir sus funciones, pero que es resultado de la propia actividad bancaria por el sinnúmero de operaciones que lleva acabo normalmente un cajero. Sumado a ello, el error fue salvado mediante descuentos en el sueldo a su defendido.

Por otro lado, sostiene que no se ha demostrado el ánimo defraudatorio de su defendido, sustentando dicha postura que un «error de tipeo» no implica que el autor haya tenido conocimiento o la voluntad de engan?ar.No se encuentran acreditados el dolo o la intención por parte de su defendido, pues ello requiere que el autor conozca y tenga la voluntad de engan?ar, sumado a la intención de ocasionar un perjuicio a un tercero. Que la presente resolución no resultaría ser una derivación razonada del derecho y ajustada a las probanzas de autos, pues hay una severa distorsión en la apreciación de estas últimas que conllevaron al fallo atacado en la presente.

Así también se agravia de la medida cautelar ordenada contra su defendido, pues considera que no habría un supuesto perjuicio por el cual responder, pues se han descontado de los haberes del imputado los montos del eventual perjuicio provocado a la entidad bancaria.

II.- Entrando al análisis de la cuestión traída a consideración del Tribunal, tras analizar la totalidad de las constancias de autos, se pronuncia por confirmar parcialmente la resolución de fecha 29 de mayo de 2019 (fs. 53/55), venida en apelación, de conformidad a los fundamentos que expondremos a continuación.

Que las presentes actuaciones tienen como inicio la denuncia realizada por el apoderado del Banco de la Nación Argentina contra L. M. C., agente de la misma entidad bancaria, a raíz de irregularidades en su desempen?o como cajero del BNA en razón de haber imputado en dos oportunidades distintas montos menores a los valores que figuraban en las boletas de pago abonadas por clientes de la entidad bancaria, subsumiendo dichas conductas principalmente en las posibles figuras penales de defraudación a la administración pública o estafa. Se presenta como prueba documental el expediente sumario administrativo 4100/15 -en dos cuerpos- y un anexo (ver cargo de fs. 13 vta.), donde obran declaraciones del tesorero, del gerente, del cliente por el cual se toma conocimiento de la primera de las irregularidades desplegadas por C.y los CDs con las filmaciones de las cámaras de seguridad, entre otras pruebas adjuntadas.

Del sumario administrativo se advierte que se investigan dos hechos sobre mal desempen?o de C., dando inicio al mismo expediente el primer reclamo realizado por un cliente del banco -Sr. Marcelo Daniel Salto- en fecha 15/01/15. Allí se detalla que el día 19/12/14 fue a pagar una boleta de la tarjeta de crédito Nativa por el monto de $1.098,00 en el cajero N°7 -puesto de C.-. Sin embargo, con el vencimiento siguiente de la tarjeta se advirtió que en el comprobante figuraba $10,98, pese haber entregado el monto total correspondiente a la deuda (fs. 3), obrando a fs. 6 copia del comprobante por el monto de $10,98, con el sello de fecha 19/12/14 y el nombre de «L. C.» como cajero responsable.

A fs. 8 se adjunta el Reporte de búsqueda del Journal de C. en el día 19/12/14 sobre el pago de la tarjeta denunciado por el monto de $10,98. En tanto a fs. 9 se observa el pago de una multa por el valor de $1.430,00 a nombre del mismo y cobrada por él en su propia caja.

Del Reporte íntegro de búsqueda del Journal de Catellini del día 19/12/14, se observa que a las 1:12 pm se ingresó el pago de tarjeta de crédito Nativa por el monto de $1.098,00 el que fue rechazado en un primer momento, y un nuevo intento de pago pero por el mono de $10,98 que fue aceptado por el sistema (fs. 20).

A fs. 51/52 obra la nota de C. dirigida al Tesorero, donde brinda explicaciones del pago realizado en concepto de una multa a su nombre por el valor de $1.430 el día 19/12/14 a las 14:51 y que, el mismo, fue realizado con dinero propio.

Del acta de las filmaciones el día 19/12/14, elaborado por el instructor sumariante, se desprende que el agente C.ingresa a Tesorería a las 07:17:40, iniciando el recuento del dinero a las 07:20:05 para finalizar a las 07:21:52 (fs. 197).

Por otro lado, de la declaración testimonial de Pablo Rodolfo Jerez (fs. 59/60), Responsable del Servicio de Cajas del BNA suc. Santiago del Estero, surge que el día del hecho investigado -19/12/14-, C. no había reportado un fallo de caja, conforme le informó el Responsable Operativo. Que revisaron, junto al gerente de la sucursal, las filmaciones del día mencionado y se observó la operación de pago de tarjeta donde el cliente entrega varios billetes, presumiblemente de $100 y recibe de vuelto monedas. Así también advierten que antes de cerrar la caja, C. abonó una boleta por la suma de $1.430, sacando de su bolsillo 4 o 5 billetes.

Se agrega a ello, la declaración testimonial de W. F. C. (fs. 70/71), Gerente del BNA suc. Santiago del Estero, quien manifiesta que tomó conocimiento del reclamo del cliente en relación al pago de la tarjeta de crédito en la caja de C. a raíz del aviso del tesorero. Que revisadas las filmaciones, se constata que el cliente efectivamente entregó dinero suficiente para pagar la tarjeta (11 billetes presumiblemente de $100). También se pudo observar que previo al cierre de caja, C. abonó una multa propia, pero que los billetes extraídos de su bolsillo no eran coincidentes con el monto de esta.

Acompan?ado de su letrado, se presentó en el sumario L. M. C. (fs. 77/82), donde, a las preguntas realizadas respondió: que presta servicios de caja desde el 16/07/14. Que para cerrar la caja requiere veinte minutos y en casos de haber alguna diferencia de caja, puede llevarle hasta dos horas en realizar el cierre, incluso contando con ayuda de algún compan?ero.Que en relación las filmaciones que se le muestran, no recuerda a la persona de la secuencia 13:09:14 -hora, minutos y segundo-. Que en lo relativo a la secuencia de las 13:12:15, que el dinero recibido resulta ser 11 billetes de $100. Que realizada la operación entrega monedas de vuelto. Que no se percató del error de tipeo al ingresar en ese horario, el pago de la boleta por $10,98 en vez de $1.098,00. Que en lo relativo a las secuencias 15:28:48, 15:31:59, 15:33:21, 15:36:17 y 15:39:39, en donde se observa varios ingresos al sistema y recuento de dinero sin cerrar la caja, responde a controles cotidianos que realizaba. Que en lo relativo a la secuencia 15:39:43 donde se observa que mira con mucha atención el cajón donde se guarda el efectivo de caja, no recuerda la razón por la que se quedó observando el cajón. En cuanto a la secuencia 15:39:54 en donde se observa el pago de una multa, sostiene que fue abonada con su propio dinero que sacó de su bolsillo

Se agregaron en el expediente administrativo, las capturas de las grabaciones realizadas por la cámara de vigilancia sobre el puesto de caja de C. a fs. 105/116, en tanto que a fs. 128/130 obra la normativa de «Diferencia de Caja» o «Fallo de Caja» donde se establecen las pautas del destino del dinero en caso de sobrante y el proceder en caso de faltante, la obligación de realizar los correspondientes informes mediante formulario F- 38970, donde se debe consignar número y monto de operaciones de crédito y débito, sumado a las explicaciones del cajero actuante, opiniones de los Responsables de Plataforma Operativa y Servicio de Caja.

A fs. 135/136 obra la resolución del Instructor de sumario, en donde se dictamina contra C.»haber procedido indebidamente» el día 19/12/14 por no haber declarado sobrante de caja por el cobro de Tarjeta de Crédito Nativa, por la suma de $10.98, cuando el pago se realizó por el monto de $1098,00.

El inicio de la investigación sobre el segundo hecho denunciado contra C., tiene por origen el reclamo formulado ahora por el SENASA, en base a una boleta emitida por dicho organismo por el monto de $145,00, cuyo pago realizado el 06/02/15 por ante el cajero L. M. C. fue acreditado únicamente por el monto de $1,45 (fs. 163).

En la contestación cursada por C. al gerente de la entidad bancaria, da razones de este segundo hecho -06/02/15-, arguyendo que el error en el ingreso del monto puede haberse dado por el hecho que el sistema toma los dos últimos dígitos como decimales. Así también agrega que no hubo «fallo de caja» por una posible compensación con las monedas, pues ese día era pago de la «Caja Complementaria Docente» y «Policía Federal» y tuvo una cantidad innumerable de operaciones en esa fecha (fs. 164).

A fs. 166 el gerente del banco, W. C., informa que a raíz de la denuncia del SENASA, se procedió a revisar las filmaciones del día en cuestión. Que en ella s se puede observar que C. cobró la boleta por el monto de $1,45. Que al momento de cerrar la caja no cuenta las monedas, si no que las guarda en una bolsa. Que posteriormente se observa al agente investigado guardando el metálico en dos bolsas, una en la «Guardiana» y la otra con lo que aparentemente es la planilla de caja conjunto al dinero.

A fs. 167/172 se adjunta parte del Reporte de búsqueda del Journal del 06/02/15 de C.-en dos fojas-, el egreso de remesa interna de la caja, el e-mail del SENASA sobre su reclamo y copia de la boleta de esta entidad por el monto de $145,00 con el sello de pago.

A fs.178/180 L. M. C. realiza su ampliación de declaración no jurada sobre el nuevo hecho investigado del día 06/02/15 en el sumario administrativo. Allí ratifica su nota dirigida al gerente del banco y agrega que las posibles causa por las cuales no se informó «fallo de caja» podría haber sido que recibió billetes de menos o entregó billetes de más, como así también que del tesoro le hayan entregado billetes de menos, puesto que el tesorero no les permite recontar el dinero al momento de la entrega. Sostiene que tienen permitido por el tesorero y Auditoría realizar un ajuste en moneda para cerrar la caja en cero. Sostiene que no hubo sobrante en la caja, salvo la diferencia que podría dar las monedas.

En el descargo de Pablo Rodolfo Jerez (fs. 182/183), manifiesta que él no entregó en el día 06/02/05 el dinero a C., sino que fue Juan Bicecci. Que él permite a los cajeros realizar el recuento de dinero entregado. Así también, a todos los cajeros se les ensen?a el manejo de caja, observando a un compan?ero con experiencia. Que, bajo las indicaciones de Auditoría, se permite que se cuadren los centavos por falta de monedas en el mercado laboral, pero por dos o tres pesos, nunca por $143,55. Aclara que él no provee de dinero a los cajeros, que algunas veces lo hace.

Se suma a ello que, del acta de las filmaciones realizadas el día 06/02/15, confeccionada por el instructor sumariante, se desprende que C. ingresó al recinto del Tesoro a las 07:28:23, inició el recuento del dinero a horas 07:29:45 para finalizar a las 07:32:48 (fs. 204).

Finalmente, en el nuevo dictamen del instructor se resuelve en relación a C. el «haber procedido indebidamente» el día 06/02/15 por no haber declarado sobrante de caja por el cobro de boleta del SENASA, por la suma de $1,45, cuando el pago se realizó por el monto de $145,00 (fs.192).

Por otro lado, del expediente judicial surge la declaración testimonial de Pablo Rodolfo Jerez a fs. 28, en donde manifiesta que se desempen?a como Tesorero en el BNA suc. Santiago del Estero desde el an?o 2010. Que tomó conocimiento del hecho denunciado por el reclamo realizado por el Sr. Salto, en relación a la operación que se llevó a cabo en fecha 19/12/14 por el cajero C. Que este último, al finalizar la jornada, no informó ningún sobrante de caja. Que al ser revisadas las filmaciones de ese día, se observa la concreción del pago efectuado por el Sr. Salto y que previo al cierre de caja, a última hora de la jornada, se observó a C. abonando una boleta a su nombre, advirtiendo que la cantidad de billetes extraídos del bolsillo no coincidían con el monto de la multa.

Obra a fs. 33 copia de la Resolución del Directorio del banco, de fecha 26/06/15, donde se decretó el «despido con justa causa» del agente C., donde se lo responsabiliza patrimonialmente en relación al perjuicio realizado al banco, por la suma de $ 1.230,57.

A fs. 45/46 L. M. C. realiza su declaración indagatoria, donde manifiesta que no tiene procesamientos anteriores, ni sentencias al respecto. Que en relación a los hechos del día 19/12/14 y del 06/02/15, hubo un error de tipeo por no ingresar el punto para los centavos. Atribuye a ello que el teclado era viejo. Sostiene que la caja nunca cierra en cero, que hay un margen de $50 a favor o en contra. Que en lo relativo al primero de los hechos, si bien se emitió un comprobante erróneo, sostiene que la razón por la que no se detectó la diferencia puede haberse dado por haber recibido dinero de menos del tesoro, haber dado un vuelto de más o recibir dinero de menos. Sostiene que en esa época todos los cajeros tienen un monto denominado «fallo de caja» que oscilaba en $2500 aproximadamente.Que si hubo error en su caja, se debió al gran número de operaciones realizadas ese día y que hace cinco meses se desempen?aba como cajero.

Finalmente, corresponde resaltar que el billete de valor nominal $500 entró a circular en el mercado a partir del 29/06/16, en tanto el de $1000 a partir del 30/11/17, conforme surge de la página web oficial del BCRA «www.bcra.gov.ar/MediosPago/emisiones_vigentes.asp».

III.- En la causa de marras, el Sr. Juez instructor imputa a L. M. C., por la presunta comisión del ilícito previsto y penado en el art. 172 del código penal.

El art. 172 del CP prevé la figura penal de la estafa, en la cual es necesario que el autor del delito, mediante la introducción de un ardid idóneo, haga incurrir a otro en error, quien de ese modo efectúa una disposición patrimonial que le ocasiona un perjuicio también de contenido patrimonial. Es ineludible la presencia de estos cuatro elementos típicos para su configuración, a saber: engan?o o ardid inicial, error en el sujeto pasivo, disposición patrimonial y perjuicio patrimonial -y su ineludible concatenación causal.

No obstante ello, esta Alzada considera que la figura penal a la que mejor se ajusta el presunto accionar de C. es aquella prevista en el art. 173, inc. 7, que imparte idéntica pena que la establecida en el art. 172, por lo que el cambio de calificación no importaría un agravamiento de la pena en desmedro del imputado. En efecto, el artículo ut supra mencionado reza que: «[s]in perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:[e]l que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar dan?o, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos».

En efecto, como sostuvo la Cámara Federal de Casación Penal -Sala I- en el caso «Gradin, Mario y otro s/rec. de casación» (fallo del 26/02/2007) oportunidad en que, al hacer referencia a los sujetos activos de este delito se dijo que «solo pueden ser aquellas personas físicas o de existencia visible con facultades de gobierno sobre bienes ajenos, lo cual presupone el vínculo entablado a través de una relación jurídica en la cual el otorgante confiere poder jurídico externo al autor facultándolo a vincularlo patrimonialmente con terceras personas, nexo que, como se ha sen?alado, puede originarse en la ley, en la autoridad o en un acto jurídico (Carrera, Daniel Pablo; «Administración fraudulenta» en Derecho penal de los negocios, Buenos Aires, 2004)».

Es decir que, será sujeto activo «la persona a quien se le haya confiado el manejo, la administración o el cuidado de bienes e intereses pecuniarios ajenos y sobre los que ejerce un poder de disposición en razón de la relación que tiene con el patrimonio ajeno según las fuentes que la ley enumera» (Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio Raúl; «Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial»; Tomo 7, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pág.227).

En este punto cabe tener presente que el tipo penal alude a las distintas fuentes que colocan al autor en una posición de garante con respecto al bien jurídico tutelado (la ley, la autoridad y el acto jurídico), como también a las diferentes modalidades a través de las cuales se determina la facultad del autor de «tener a su cargo» (el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos) (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II; «D. P. de L., E. D. s/ Recurso de casación», fallo del 18/03/2019).

Asimismo, este tipo penal contiene dos acciones típicas donde ambas requieren que el autor haya violado los deberes de fidelidad impuestos por las obligaciones asumidas: a) el tipo de infidelidad, es decir, «perjudicar los intereses confiados» en cuanto ello implica proteger las relaciones internas que existen entre el titular del patrimonio y quien, teniendo a su cargo el manejo, la administración o su cuidado, causó un perjuicio en infracción de deberes. Aquí «la esencia del delito reside en la causación del perjuicios patrimoniales como consecuencia de una infracción del deber de lealtad del sujeto activo» (Righi, Esteban; «Colección Delitos de competencia federal, penal económico y tributario. Delito de administración fraudulenta», Vol. 7, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2017, pág. 128) y; b) mientras que la finalidad del tipo de abuso, siendo ello «obligar abusivamente al titular del patrimonio», es proteger el patrimonio del sujeto pasivo en las relaciones externas, en tanto en las relaciones jurídicas contraídas por quien tiene a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de los bienes o intereses ajenos, que generan obligaciones a cargo del patrimonio administrado (conf. Righi, Esteban; op. cit., págs. 120-121). Las diferencias entre ambas acciones típicas no siempre son claramente distinguidas en la jurisprudencia (Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio Raúl; «Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial»; Tomo 7, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, págs.285-297).

Por otro lado, es una exigencia la existencia del perjuicio a los intereses patrimoniales confiados. Es un delito de resultado material y se consuma con la producción del perjuicio para el patrimonio del sujeto pasivo. Existe acuerdo en la doctrina en torno a que debe existir un perjuicio pero no en torno a si necesariamente debe ser real y efectivo o si basta con que sea meramente potencial. Esa discusión, sin embargo, queda relegada al tipo de abuso, en el que algunos se conforman con la mera posibilidad del perjuicio patrimonial; a diferencia de lo que sucede con el tipo de infidelidad, en el que siempre se exige un menoscabo patrimonial igual al de la estafa, una efectiva disposición patrimonial lesiva de la propiedad ajena (conf. Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio Raúl; «Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial»; Tomo 7, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, págs.130-131).

En ese orden de ideas, no puede soslayarse que el suceso que motivó la presente causa, en el cual el encausado – C.-, desarrollando su función de cajero del Banco Nación Suc. Santiago del Estero, recibió dinero para el pago de boletas de clientes de la entidad -en dos oportunidades distintas-, y no ingresó el correspondiente monto a la contabilidad, así tampoco declaró al finalizar la jornada el correspondiente «fallo de caja», generándole un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria por un total de $1.230,57, por ambos hechos investigados.

En efecto, se desprende de las probanzas arrimadas en autos que, la normativa del BNA en lo relativo a los casos de «diferencia de caja» o «fallo de caja», ponían en cabeza del agente responsable de caja la obligación de informar y como conducirse en cualquiera de los casos que esta situación se produjera, sea por sobrante o faltante. (fs. 128/130 del sumario administrativo).

Que de las declaraciones realizadas por C. se advierten incongruencias, con la única intención de desligarse de responsabilidad, tales como sostener que del Tesoro -en los días investigados- se le proveyó de menos dinero.Sin embargo, de las actas obrantes en el sumario administrativo surge que el agente realizó los respectivos recuentos del dinero sin haber realizado reclamo de faltante alguno al Tesoro (fs. 197 y 204).

Asimismo, de las declaraciones realizadas por el Pablo Rodolfo Jerez (fs. 59/60), Responsable del Servicio de Cajas, tanto en el expediente administrativo (fs. 59/60 y 182/183) como en el expediente judicial (fs. 28) surge que la única compensación de caja por «ajuste de moneda» tenía como monto variable la suma de $2 a $3, pero nunca $143, 55. Es por ello, que tampoco encuentra sustento factible lo manifestado por C. al sostener que el «fallo de caja» oscilaba por el monto de $ 2500, más aún cuando dicha posibilidad no se encuentra prevista por la normativa que regula dicha situación (fs. 128/130 del sumario administrativo).

Asimismo, en el caso de que C. hubiese ingresado importes por montos menores a los abonados en base a «error de tipeo», a raíz de lo expuesto en el párrafo anterior, necesariamente debió producirse el «fallo de caja» por el excedente.

Es por ello que, este Tribunal considera, con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal, que se trató de un accionar delictivo que necesariamente tuvo lugar en orden al vínculo previo a través del cual el sujeto activo -en el caso de marras C.- tenía asignado, en su rol de responsable de caja, el cuidado de un patrimonio ajeno, y la actividad por él desplegada implicó el desarrollo de la acción típica descripta en el artículo 173, inciso 7° del Código Penal, de «.violar los deberes -en función del manejo, administración o custodia de los bienes ajenos, que ejerce el agente-; esto es, exceder arbitrariamente las facultades conferidas -mediante actos no permitidos- o incumplir las obligaciones acordadas» (D’ Alessio, Andrés José; Divito, Mauro A.; «Código Penal Comentado y Anotado», 2° Edición Actualizada y Ampliada, Buenos Aires, Ed. LA LEY 2011, Tomo II – Parte Especial, pág.719).

IV.- En relación al embargo trabado por el magistrado de grado sobre los bienes de los encartados, por la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

Que el art. 518 del Código Procesal Penal de Nación, estable que «[a]l dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el embargo de bienes del imputado o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. Si el imputado o el civilmente demandado no tuvieren bienes, o lo embargado fuere insuficiente, se podrá decretar su inhibición.». En lo relativo a las costas del proceso (conf. art. 533 CPPN) debe entenderse que éstas consisten en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados de los abogados, procuradores, peritos y los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa.

De esto se desprende la exigencia de que el monto que debe fijar el juez sea suficiente para garantizar todos los rubros que se incluyen en la norma y que esa decisión derive del análisis entre esos rubros y los diferentes elementos objetivos de casa caso.

Por otro lado, esta medida cautelar es de naturaleza provisional ya que sólo está dirigida a garantizar que se pueda cumplir un pago eventual, de modo que puede reducirse o aumentarse según las contingencias de cada caso.

Teniendo en consideración que el perjuicio patrimonial que implicó para la entidad bancaria fue de $1.230,57 (fs.33), el monto de la tasa de justicia establecida para aquellos juicios de montos indeterminados prevista en el artículo 6, de la Ley 23.898 (por Acordada 41/18 de la CSJN, se encuentra fijada en la suma de $1500,00), que no se advierten reclamos por reparaciones civiles, que el imputado cuenta con defensa letrada particular y que se encuentra procesado por una conducta que no prevé pena de multa; entiende este Tribunal que la suma impuesta en concepto de embargo resulta excesiva, razón por lo cual corresponde reducirla y fijarla en la suma de pesos treinta mil ($30.000).

Es por lo ut supra expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada de fecha 29 de mayo de 2019 (fs. 53/55), por cuanto ordena el procesamiento sin prisión preventiva de L. M. C., debiendo modificar la calificación legal por la prevista en el art. 173, inc. 7 en función del art. 172, Código Penal y, reducir el monto del embargo sobre sus bienes a la suma de $ 30.000, conforme lo considerado.

Por lo que, se RESUELVE:

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la defensa de L. M. C. a fs. 56/58 y, en consecuencia, CONFIRMAR la resolución de fecha 29 de mayo de 2019 de (fs. 53/55), MODIFICANDO la calificación legal por la prevista en el art. 173, inc. 7 en función del art. 172, Código Penal y, REDUCIR el monto del embargo de la suma de $50.000 a la suma de $30.000, conforme lo considerado.

II) REGíSTRESE, notifíquese y oportunamente publíquese.

Marina Cossio

JUEZ DE CAMARA

Ricardo Sanjuan

JUEZ DE CAMARA

Myriam Depetris

SECRETARIO DE CAMARA

A %d blogueros les gusta esto: