#Doctrina Exclusión del síndico como legitimado para promover el incidente de revisión en la Quiebra: análisis de los arts. 37 y 110 de la Ley de Concursos y Quiebras

Autor: Fernández Peña, Marcos

Fecha: 23-jul-2020

Cita: MJ-DOC-15421-AR | MJD15421

Sumario:

I. Introducción. II. Análisis de la regulación legal. III. El concepto de «interesado». IV. Posturas de la doctrina nacional: a. El síndico es «interesado». b. El síndico no es «interesado». V. Recepción de la discusión doctrinaria en la jurisprudencia: a. Postura amplia b. Postura restringida. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía consultada: a. Doctrina. b. Jurisprudencia.

Doctrina:

Por Marcos Fernández Peña (*)

I. INTRODUCCIÓN.

Ha sido siempre una preocupación de los filósofos del derecho los problemas que el lenguaje acarrea en tanto herramienta a través de la cual se expresan las normas jurídicas. La conexión entre el lenguaje y los problemas filosófico-interpretativos han sido motivo de que Ludwig Wittgenstein exprese que «los problemas filosóficos son en verdad problemas del lenguaje» (1).

Esto ocurre porque el lenguaje natural, en tanto creación humana, tiene como característica ineludible la vaguedad. Tal carácter repercute en las normas jurídicas generando una «zona de penumbra», que se traduce de este modo: al momento de tener que aplicar la norma, ésta evidenciará un área de certeza donde claramente los preceptos de la misma serán aplicables y otro área donde evidentemente no lo son; pero la relativa indeterminación que comparten todas las palabras de un lenguaje natural resultará en que habrá ciertos casos en los que no se sabe a ciencia cierta si la norma es aplicable o no.

En el presente trabajo nos proponemos arrojar luz sobre una de esas zonas de penumbra en el orden jurídico nacional. En este orden de ideas, sostenemos que el síndico no tiene legitimación para interponer el incidente de revisión regulado en el art. 37 de la Ley de Concursos y Quiebras (L.C.Q.) en caso de quiebra del deudor, puesto que éste, en virtud del art. 110 de la misma ley, si bien pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados debiendo actuar en ellos necesariamente el órgano concursal, no lo hace en relación a su pasivo.

La solución de este conflicto no reviste un mero interés académico sino que es de suma relevancia a los fines de salvaguardar tres derechos constitucionales que se pueden ver violados en caso de realizar interpretaciones erróneas:el derecho de propiedad (art.17 CN), el derecho a la igualdad (art.16 CN) y la garantía de defensa en juicio (art.18 CN).

Con el propósito de solucionar la discusión planteada en el sentido indicado «ut supra», el trabajo se estructurará de la siguiente forma: en primer lugar, analizaremos cuál es la regulación normativa en torno a la legitimación activa para interponer el incidente de revisión, de acuerdo a lo establecido por los artículos 37 y 110 de la L.C.Q. En ese apartado haremos especial énfasis en determinar si la expresión «interesado» -inserta en el art. 37- incluye al síndico.

En segundo lugar, realizaremos una exposición de los argumentos que ha producido la doctrina nacional respecto a la incorporación -o exclusión- del síndico como interesado para revisionar en los términos del art. 37 L.C.Q. También examinaremos cómo se ha reflejado esta discusión en la jurisprudencia, y las soluciones que nuestros tribunales han ofrecido.

El último apartado estará destinado a efectuar una breve conclusión, en la que se propondrá la necesidad de incluir expresamente en la norma la exclusión del síndico como legitimado activo para revisionar, en aras de evitar que a la luz de interpretaciones forzadas se violen derechos constitucionales tan importantes como los mencionados.

II. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN LEGAL.

En torno a los efectos de la resolución judicial que refiere sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formuladas por los acreedores, el art. 37 de la ley 24.522 expresa lo siguiente:

«Efectos de la resolución.La resolución que declara verificado el crédito y, en su caso, el privilegio, produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo.

La que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los VEINTE (20) días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el artículo 36 . Vencido este plazo, sin haber sido cuestionada, queda firme y produce también los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo.»

De acuerdo a la redacción del artículo, entendemos necesario resaltar dos aspectos: primero, la distinción que hace en torno a los créditos declarados como «verificados» respecto de los nominados como «admisibles». La diferencia entre ambos es que mientras el verificado está definitivamente incorporado al concurso, el admisible sólo lo está provisoriamente, pues puede ser objeto del incidente de revisión. Y segundo, cabe aclarar que es en torno a éstos últimos créditos -los llamados «admisibles»- en los cuales tendrá relevancia definir si el síndico es o no «interesado» en los términos del último párrafo del art. 37.

Como advirtiéramos en la introducción, el objetivo del trabajo es dilucidar si el síndico es interesado para interponer el incidente mencionado cuando se trata de una quiebra. Por ese motivo, es trascendente analizar qué dice el art. 110 L.C.Q., que regula un efecto típico de la quiebra:

«Legitimación procesal del fallido. El fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico. Puede, sin embargo, solicitar medidas conservatorias judiciales hasta tanto el síndico se apersone, y realizar las extrajudiciales en omisión del síndico.

Puede también formular observaciones en los términos del Artículo 35 respecto de los créditos que pretendan verificarse, hacerse parte en los incidentes de revisión y de verificación tardía, y hacer presentaciones relativas a la actuación de los órganos del concurso.

III.EL CONCEPTO DE «INTERESADO».

Del juego de los dos artículos vemos que las posibilidades en torno a la legitimación activa para interponer el incidente de revisión girarán en torno a los créditos declarados «admisibles» o «inadmisibles», siendo los primeros los que más nos interesan a los fines de este trabajo. De esta manera el esquema quedará conformado así:

a. Crédito declarado inadmisible: Si se trata de impugnar una resolución que ha decidido la inadmisibilidad del crédito, el legitimado para interponer el incidente es el acreedor que solicitó la verificación.

b. Crédito declarado admisible: por otra parte, existe la posibilidad de promover el incidente de revisión respecto de un crédito declarado admisible.

Aquí es donde se producen las divergencias interpretativas en torno al concepto de «interesados» inserto en el art. 37 L.C.Q.

Sin lugar a dudas, los restantes acreedores (ejerciendo de esa forma el control multidireccional) son «interesados» y, por lo tanto, tienen legitimación activa.

Ahora bien, en cuanto al deudor y a la posible legitimación del síndico, adelantando nuestra opinión, diremos que el «desapoderamiento» expresado por el art. 110 señala, como vimos, que el fallido pierde legitimación procesal y es reemplazado por el síndico en todos aquellos litigios que sean de contenido patrimonial y que tengan relación con la masa activa concursal. «Pero el deudor de ningún modo pierde legitimación procesal en relación con la masa pasiva».

Es decir que el fallido no es reemplazado por el síndico en los juicios de contenido patrimonial que tengan que ver con la masa pasiva concursal, pues no se desapoderan las obligaciones del concursado, sino la administración de sus bienes. No se lo puede apartar porque el fallido no es un incapaz.

Por imperio del art. 110 L.C.Q.«in fine», el deudor conserva su carácter de parte en los incidentes de revisión, por lo que no cabría entonces que el síndico venga a suplantar su legitimación allí.

Veremos ahora las posturas que al respecto ha adoptado la doctrina y la jurisprudencia.

IV. POSTURAS DE LA DOCTRINA NACIONAL.

a. EL SÍNDICO ES «INTERESADO».

Quienes sostienen esta tesis afirman que el síndico se encuentra incluido dentro de los «interesados» del art. 37 L.C.Q. para interponer el incidente de revisión a la sentencia de verificación.

Esto se funda en que consideran al síndico como «parte» en el proceso y «con interés» en el resultado del incidente, pues una de sus funciones es cuidar la debida composición del pasivo. En este orden de ideas, también argumentan que el legislador ha cuidado de preservar el principio de bilateralidad de la instancia, por lo que si el acreedor impugnante puede ser interesado a los efectos de la revisión al ser declarado inadmisible su crédito, de igual forma debe ser reconocido el derecho de su contrario, el síndico, para evitar que se configure un trato desigual entre las partes. Otro de sus argumentos es que no hay un impedimento legal expreso que inhabilite al síndico para pedir la revisión, lo cual es coherente con que se le reconozca la facultad de recurrir las resoluciones del juez por vía de la apelación. También sostienen que en la quiebra, en virtud del art 110 L.C.Q., el fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, entonces es el síndico quien necesariamente tiene tal legitimación.

En suma, esta teoría sustenta sus postulados en tres ejes argumentales: primero, en que el síndico está interesado en la conformación del pasivo, en la medida en que es un órgano del concurso encargado de vigilar respecto de la exacta conformación de éste. Así, si el síndico había desaconsejado al juez integrar un crédito al pasivo, entonces puede interponer un incidente de revisión.Segundo, en el principio de bilateralidad de la instancia y la ausencia de prohibición legal expresa. Tercero, en que el art. 110 L.C.Q. importa la pérdida de legitimación del deudor fallido.

Dentro de esta teoría podemos encontrar a: Francisco Junyent Bas y Carlos A. Molina Sandoval (2), Santiago C. Fassi (3), Francisco Quintana Ferreyra (4), Jorge D. Grispo (5), Ernesto E. Martorell (6), Edgardo D. Truffat (7) y Javier A. Lorente (8) .

b. EL SÍNDICO NO ES «INTERESADO».

En contraposición a los argumentos expuestos con anterioridad, la tesis que expondremos en este apartado sostiene que el síndico no tiene legitimación activa al no ser «interesado» en los términos del art. 37 L.C.Q., opinión que compartimos.

Esta teoría parte de negar que el s índico sea «parte» del proceso, y afirma que se trata, en realidad, de un órgano técnico auxiliar del magistrado. En este sentido, se sostiene que la función del síndico es investigar y dictaminar de manera imparcial acerca de los créditos insinuados en la etapa de verificación, por lo que no puede pretender luego controvertir la decisión del magistrado que no sigue su consejo. En suma, el síndico es un órgano de asesoramiento del juez, que emite un dictamen pero a modo de consejo; por lo cual el órgano de asesoramiento no se puede alzar contra lo que decide el órgano decisor.

Los autores que suscriben esta idea entienden que, en una acepción precisa del vocablo «interesado», no es posible incluir al síndico, pues su interés es meramente general, consistente en la correcta integración de la masa pasiva del concurso dada su calidad de órgano imparcial. Pero esto no implica que tenga un interés concreto, ya que no habría de ganar o perder algo en forma personal si su consejo fuera seguido o no. Tampoco cabe reconocerle legitimación como tutor de interés ajeno, del deudor o de los acreedores, pues estos conservan legitimación propia.

En esta inteligencia, se encuentran: Oscar A.Galíndez (9), Héctor Cámara (10), Adolfo A. Rouillon (11), Pablo D. Heredia (12), Ignacio A. Escuti (13), Carlos A. Lettieri (14), Mario A. Bonfanti y Jose A. Garrone (15), Guillermo E. Ribichini (16) y Darío J. Graziabile (17) .

V. RECEPCIÓN DE LA DISCUSIÓN DOCTRINARIA EN LA JURISPRUDENCIA.

a. POSTURA AMPLIA.

Como señalásemos en la introducción, la discusión que nos hemos propuesto exponer y solucionar no trasunta un mero interés académico sino que ha tenido reflejo en la jurisprudencia de nuestro país.

Hemos optado -al solo fin expositivo- por denominar «amplia» a la postura de aquellos tribunales que entienden que el síndico es «interesado» (y por lo tanto tiene legitimación activa para interponer el incidente de revisión) y «restringida» a aquella que entiende que no lo es.

En lo que respecta a la posición amplia, esta línea de sentencias no advierte modo de excluir al síndico del concepto de «interesado» para revisionar cuando en el resto del articulado se le atribuye aptitud para impugnar los créditos y privilegios y se lo tiene por parte no solo en el proceso principal, sino también en todos sus incidentes. A su vez, sostienen que la interpretación contraria conculcaría el trato igualitario que cabe conferir a las partes intervinientes, ya que no existe impedimento legal que impida al síndico pedir la revisión del pronunciamiento del juez. Finalmente, entienden que el síndico es «interesado» en tanto tiene interés en la correcta composición del pasivo.

Esta tesis la encontramos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (18), la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino (19), la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba (20) y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (21).

b.POSTURA RESTRINGIDA.

En una dirección opuesta, la jurisprudencia que aquí se describe afirma que el síndico no se encuentra legitimado para interponer el incidente de revisión dado que éste no es «interesado» en los términos del art. 37 de la L.C.Q.

En primer lugar, sostienen que el síndico, en sus facultades de control de la justa composición del pasivo concursal, no se configura como «parte» ni tiene un interés particular que lo pudiera legitimar para entrar activamente en el contradictorio una vez resuelta la verificación por el juez. Esto es así puesto que el síndico sólo cumple en esta etapa una misión de asesoramiento y de consejo. Si el legislador le hubiera otorgado tal potestad lo hubiera señalado expresamente. No existe título por el cual el síndico pueda alzarse contra esa resolución, como así tampoco existe título para alzarse contra un órgano jerárquicamente superior.

La actuación del síndico, conforme a esta jurisprudencia, debe ser regida por los principios de imparcialidad, razonabilidad y ecuanimidad, dada su calidad de órgano del concurso y no de parte del proceso.En este mismo sentido, señalan que el derecho de impugnación pertenece a aquellos que de ella puedan recibir una ventaja, o que la decisión del juez le hubiese causado algún perjuicio, situaciones que no se verifican en el caso del síndico.

Finalmente, resaltan que, si la revisión apunta a la conformación del pasivo y de lo que se trata es saber entre quiénes el haber se reparte (y, eventualmente, qué resta para el quebrado), en la hipótesis de que ni el fallido ni los acreedores tengan interés en cuestionar a algún admisible, no se ve qué otros intereses o derechos serían protegidos por la iniciativa de la sindicatura.

En este sentido se expresaron la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario (22), la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca (23), la Cámara en lo Civil y Comercial del Trabajo y Familia de Río Tercero (24), la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan (25) y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (26).

VI. CONCLUSIONES.

A lo largo de este trabajo hemos expuesto cuál es el «statu quo» en la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional respecto a la inclusión o no del síndico dentro del concepto de «interesado» en los términos del art. 37 L.C.Q. y, en consecuencia, su legitimación o no para interponer el incidente de revisión contra la sentencia que declara admisible un crédito en el marco de una quiebra.

En efecto, la «clave de la bóveda» de la cuestión consiste en determinar con precisión el significado atribuible al vocablo «interesado» contenido en el art. 37, párrafo segundo, L.C.Q.En este orden de ideas, entendemos útil la definición de Pliner, quien dice que «Interesado es todo aquel que tiene un interés directo -por sí o por representación que inviste- en una controversia, pleito o disputa a que esté llamado, o que, siendo entre terceros, le atañe y puede perjudicarlo» (27).

Así, yendo al supuesto específico de la legitimación para instar la revisión de un crédito admitido, el derecho de impugnación pertenece a aquellos que de ella pueden recibir una ventaja, o que la decisión del juez delegado le hubiere causado algún perjuicio. Es principalmente por esa razón por la que sostenemos que debe excluirse al síndico. En definitiva, como dice Maffía (28), el «interesado» es «quien gana o pierde dinero según el resultado de la revisión»,

Por otra parte, cabe descartar también que el desapoderamiento instituido en el art. 110 L.C.Q. pueda servir como fundamento de la legitimación del órgano concursal. El fallido «está legitimado personalmente» para defenderse de una exageración de su pasivo que amenaza la declaración de admisibilidad de un crédito inexistente, abultado o con privilegios ilegítimos. El argumento que sostiene la legitimación procesal del fallido en los incidentes de revisión sería su derecho eventual al remanente, luego de concluida la liquidación concursal y la distribución del producto de la misma.

En cuanto a los acreedores, no es invocable por el síndico su pretendida calidad de «representante» de éstos, ya que están específica e individualmente legitimados para obrar en su propia defensa por el art.36 L.C.Q., y consiguientemente, para demandar la revisión de la sentencia de admisibilidad o de inadmisibilidad cuando la decisión resulta contraria al interés invocado al impugnar lo aconsejado por el síndico.

De este modo, vemos que el síndico no representa a la supuesta «masa» en quiebra ni representa al fallido ni a parte alguna, puesto que su función está circunscripta a la instrucción, opinión y consejo, de las que no puede salirse sin romper el esquema preciso de la ley.

El síndico investiga y reúne elementos de juicio, que el magistrado valora, siguiendo o no su opinión, y es por eso mismo que «no puede ser «parte» en el incidente que pueda sobrevenir, puesto que ello importaría admitirle la doble calidad de juez y parte en la controversia. Tampoco es concebible que quien sólo obró como asesor o consejero del juzgador pueda defender «como parte» el mero consejo o asesoramiento que prestó».

La conculcación a la igualdad y al debido proceso que la asignación de legitimación activa al síndico implican, hacen menester una reforma legislativa que expresamente lo excluya del género «interesados», para así dar finalmente sepultura a los fallos y argumentos que todavía sostienen el absurdo del «síndico-parte».

No hay otra forma que ceñirse a la ley, garante de la igualdad y libertad, para salvaguardar la justicia en el orden jurídico. Para que esto ocurra, la ley debe ser interpretada en forma correcta, evitando realizar análisis forzados que terminen configurando injusticias mayúsculas.

VII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

a. DOCTRINA.

– BONFANTI, Mario A. y GARRONE, José A.: Concursos y quiebra, 3ª edición, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1978, 998 páginas.

– CÁMARA, Héctor: El concurso preventivo y la quiebra: comentario de la ley 19551, v. 1, Buenos Aires, Ed.Depalma, 1978, 727 páginas.

– ESCUTI, Ignacio A.: «El síndico del concurso carece de legitimación para plantear la revisión en la verificación oportuna», LLC 1991, 559 (AR/DOC/10857/2003).

– FASSI, Santiago C.: Concursos comerciales y civiles, 2ª edición, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1977, 422 páginas.

– GALÍNDEZ, Oscar A.: Verificación de créditos, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1990, 227 páginas.

– GRAZIABILE, Darío J.: Derecho Concursal, 2ª edición actualizada, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2012, 1153 páginas.

– GRISPO, Jorge D.: De concursos y quiebras: Ley 24522 comentada, anotada y concordada, t. 1, 1ª edición, Buenos Aires, Ed. AD-HOC S.R.L, 1997, 627 páginas.

– HEREDIA, Pablo D.: Tratado exegético de derecho concursal ley 24522 y modificatorias comentada, anotada y concordada, t. 1, Buenos Aires, Ed. Ábaco, 847 páginas.

– JUNYENT BAS, Francisco y MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: Ley de Concursos y Quiebras comentada, 1ª edic ión, Buenos Aires, Ed. Depalma, 2003, 425 páginas.

– LETTIERI, Carlos A.: «Puede el síndico concursal promover revisión para la doctrina de la Suprema Corte Bonaerense», JA 1990-IV.

– LORENTE, Javier A.: Ley de concursos y quiebras comentada y anotada, t. 1, Ed. Gowa profesionales, 2000, 716 páginas.

– MARTORELL, Ernesto E.: Tratado de concursos y quiebras, t. 2-B, Buenos Aires, Ed. Depalma, 873 páginas.

– QUINTANA FERREYRA, Francisco: Concursos: Ley 19551 y modificatorias comentada, anotada y concordada, t. 1, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1985, 852 páginas.

– RIBICHINI, Guillermo E.: «El rol del síndico en los incidentes de verificación, revisión y pronto pago», JA 1996-III, 940 (Abeledo Perrot N° 0003/001326).

– ROUILLON, Adolfo A.: «Apuntes sobre el recurso de revisión», JA 1987-III.

– TRUFFAT, Edgardo D., «Alguna opinión sobre la `legitimación del síndico para promover incidente de revisión´», ED 192-527.

b. Jurisprudencia.

– «Bertrán, Miguel A.L., s. quiebra», CCiv. Y Com. Rosario, sala I, 09/09/1984, RCDCO, 1986.

– «Domingo Marimón S.A», CCiv. y Com. Córdoba, 02/08/2011, Abeledo Perrot N° 70071418.

– «García, Néstor M.s/quiebra s/inc. por Montechecci, José M.», CCiv. Y Com. Bahía Blanca, sala 1ª, 12/10/95, JA 1996-II, 157.

– «Graziani, Nazareno L. y otro», CCiv. y Com. del Trabajo y Familia de Río Tercero, 09/03/2007, Abeledo Perrot N° 70039143.

– «Luparini, Graciela, quiebra», CCiv. y Com. Rosario, sala III, 18/12/1998, LL Litoral 1999, 758 (AR/JUR/2803/1998).

– «Maderas Galella y otros, quiebra, incidente de impugnación al informe del síndico por Banco Galicia y Buenos Aires», CNCom., sala D, 31/03/1981, LA LEY 1981-C, 540.

– «Mancuso y Rossi, S.A, quiebra», CNCom., sala A, 20/11/1974, ED-60-381.

– «Marcilese, María L. v. Cristal, Simón A.», CNCom., sala A, 15/09/1980, Abeledo Perrot N° 70031325.

– «Monte Paco S.A. v. Buenos Aires Building Society S.A.», SCBA, JA 1990-IV, 415.

– «Musso Walter A. Inc. de revisión en Establecimiento Cumbre S.R.L. s/ Quiebra», CCiv. y Com. Bahía Blanca, sala I, 17/05/1986, Abeledo Perrot N° 14/18254.

– «Tamaqú S.A., s/quiebra», CCiv y Com Pergamino, LLBA 1998, 256 (AR/JUR/4533/1997).

– «Tejeduría Patagónica, S.A.», CNCom, sala D, 04/09/1979, LA LEY 1982-A, 577 (AR/JUR/288/1979).

– «Tintorería Industrial Müller y Cía. S.A. -conc.-», CNCom., sala A, 05/03/1982, Abeledo Perrot N° 70031595.

– «Transportes Paolini S.R.L.», CCiv. Com. Y Minería San Juan, sala I, 20/10/2000, LL Gran Cuyo 2001, 863 (AR/JUR/36/2000).

———-

(1) WITTGENSTEIN, L.: Tractatus Logico-Philosophicus, edición electrónica Universidad ARCIS, consultado online en: http://www.ub.edu/procol/sites/default/files/Wittgenstein_Tractatus_logico_philosophicus.pdf (documento digital, p.47).

(2) JUNYENT BAS, Francisco y MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: Ley de Concursos y Quiebras comentada, 1ª edición, Buenos Aires, Ed. Depalma, 2003, pp. 225-226.

(3) FASSI, Santiago C.: Concursos comerciales y civiles, 2ª edición, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1977, p. 75.

(4) QUINTANA FERREYRA, Francisco: Concursos: Ley 19551 y modificatorias comentada, anotada y concordada, t. 1, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1985, p. 441.(5) GRISPO, Jorge D., De concursos y quiebras: Ley 24522 comentada, anotada y concordada, t. 1, 1ª edición, Buenos Aires, Ed. AD-HOC S.R.L, 1997, pp. 572-573.

(6) MARTORELL, Ernesto E.: Tratado de concursos y quiebras, t. 2-B, Buenos Aires, Ed. Depalma, p. 451-452.

(7) TRUFFAT, Edgardo D.: «Alguna opinión sobre la `legitimación del síndico para promover incidente de revisión´», ED 192-527, pp. 528 y 532.

(8) LORENTE, Javier A.: Ley de concursos y quiebras comentada y anotada, t. 1, Ed. Gowa profesionales, 2000, p. 394.

(9) GALÍNDEZ, Oscar A.: Verificación de créditos, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1990, p. 209.

(10) CÁMARA, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra: comentario de la ley 19551, v. 1, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1978, p. 714.

(11) ROUILLON, Adolfo A.: «Apuntes sobre el recurso de revisión», JA 1987-III, pp. 698-699.

(12) HEREDIA, Pablo D.: Tratado exegético de derecho concursal ley 24522 y modificatorias comentada, anotada y concordada, t. 1, Buenos Aires, Ed. Ábaco, p. 772.

(13) ESCUTI, Ignacio A.: «El síndico del concurso carece de legitimación para plantear la revisión en la verificación oportuna», LLC 1991, 559 (AR/DOC/10857/2003, p. 1).

(14) LETTIERI, Carlos A.: «Puede el síndico concursal promover revisión para la doctrina de la Suprema Corte Bonaerense», JA 1990-IV, p. 421.

(15) BONFANTI, Mario A. y GARRONE, José A.: Concursos y quiebra, 3ª edición, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1978, p. 219.

(16) RIBICHINI, Guillermo E.: «El rol del síndico en los incidentes de verificación, revisión y pronto pago», JA 1996-III, 940 (Abeledo Perrot N° 0003/001326, p. 3).

(17) GRAZIABILE, Darío J., Derecho Concursal, 2ª edición actualizada, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2012, p. 413.

(18) «Maderas Galella y otros, quiebra, incidente de impugnación al informe del síndico por Banco Galicia y Buenos Aires», CNCom., sala D, 31/03/1981, LA LEY 1981-C, 540, p. 541; «Marcilese, María L. v.Cristal, Simón A.», CNCom., sala A, 15/09/1980, Abeledo Perrot N° 70031325 (documento digital, p. 2); «Tintorería Industrial Müller y Cía. S.A. -conc.-», CNCom., sala A, 05/03/1982, Abeledo Perrot N° 70031595 (documento digital, p. 1); «Mancuso y Rossi, S.A, quiebra», CNCom., sala A, 20/11/1974, ED-60-381, p.381.

(19) «Tamaqú S.A., s/quiebra», CCiv y Com Pergamino, LLBA 1998, 256 (AR/JUR/4533/1997, p. 3).

(20) «Domingo Marimón S.A», CCiv. y Com. Córdoba, 02/08/2011, Abeledo Perrot N° 70071418 (documento digital, p. 7).

(21) «Monte Paco S.A. v. Buenos Aires Building Society S.A.», SCBA, JA 1990-IV, 415, p. 418.

(22) «Luparini, Graciela, quiebra», CCiv. y Com. Rosario, sala III, 18/12/1998, LL Litoral 1999, 758 (AR/JUR/2803/1998, p. 1); «Bertrán, Miguel A.L., s. quiebra», CCiv. Y Com. Rosario, sala I, 09/09/1984, RCDCO, 1986, p. 117.

(23) «Musso Walter A. Inc. de revisión en Establecimiento Cumbre S.R.L. s/ Quiebra», CCiv. y Com. Bahía Blanca, sala I, 17/05/1986, Abeledo Perrot N° 14/18254 (documento digital, p. 1); «García, Néstor M. s/quiebra s/inc. por Montechecci, José M.», CCiv. Y Com. Bahía Blanca, sala 1ª, 12/10/95, JA 1996-II, 157, p. 158.

(24) «Graziani, Nazareno L. y otro», CCiv. y Com. del Trabajo y Familia de Río Tercero, 09/03/2007, Abeledo Perrot N° 70039143 (documento digital, p. 2).

(25) «Transportes Paolini S.R.L.», CCiv. Com. Y Minería San Juan, sala I, 20/10/2000, LL Gran Cuyo 2001, 863 (AR/JUR/36/2000, p. 6, 7 y 9), EDJ4358/ref:EDJ4358)

(26) «Tejeduría Patagónica, S.A.», CNCom, sala D, 04/09/1979, LA LEY 1982-A, 577 (AR/JUR/288/1979, p. 1).

(27) «Monte Paco S.A. v. Buenos Aires Building Society S.A.», Cám. Apel. Civ. y Com. B. Bca., Sala 1, 30/5/85, voto del Dr. Pliner.

(28) MAFFÍA, Osvaldo J.: La verificación de créditos en la Nueva Ley de Concursos, Buenos Aires, 2ª edición, Depalma, p.398.

(*) Abogado. Estudiante de la Maestría en Políticas y Estrategias en la Universidad Nacional del Sur. Becario investigador en la U.N.S.

A %d blogueros les gusta esto: