#Doctrina Daños laborales en tiempos de pandemia

Autor: González, M. Victoria

Fecha: 20-jul-2020

Cita: MJ-DOC-15424-AR | MJD15424

Sumario:

I. Introducción. II. Marco general de regulación. III. Marco especial de regulación: la nueva categoría de «enfermedades presumidas». IV. COVID-19 como causa fuente del teletrabajo o trabajo remoto. V. Conclusión.

Doctrina:

Por María Victoria González (*)

I. INTRODUCCIÓN

En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 13 de Abril de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 (relacionado directamente con los decretos de necesidad y urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, Nº 297 de fecha 19 de marzo, Nº 325 de fecha 31 de marzo, N° 355 de fecha 11 de abril, N° 408 de fecha 26 de Abril, N° 459 de fecha 10 de Mayo, N° 493 de fecha 24 de mayo, N° 520 del 7 de junio y N° 576 de fecha 29 de Junio), en virtud del cual, en dicho marco, y ante la aparición de la enfermedad COVID -19, caracterizada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, creó un sistema de enfermedades profesionales presumidas, cuyo estudio pormenorizado será desarrollado seguidamente.

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En el presente trabajo nos proponemos analizar la normativa del derecho de daños específico del ámbito laboral, la prevención de los mismos y la implicancia que la enfermedad COVID 19 – declarada como pandemia el 11 de marzo del 2010 por la Organización Mundial de la Salud – tiene en el ámbito de las relaciones laborales, en una doble vía: «como enfermedad profesional y como causa fuente del teletrabajo o trabajo remoto».

II. MARCO GENERAL DE REGULACIÓN

La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la enfermedad COVID – 19 como Pandemia y, en tal contexto, el Poder Ejecutivo Nacional, el 12 de marzo del 2020, dicta el decreto de necesidad y urgencia N° 260, ampliando en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 , por el plazo de un año.El Poder Ejecutivo Nacional, el 19 de marzo del 2020, dicta un nuevo decreto de necesidad y urgencia N° 297, por medio del cual y con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, se ordenó el «aislamiento social, preventivo y obligatorio», por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, medida que mereció el elogio de la mismísima Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica mundial.

En el art. 6 de la norma mencionada se exceptuó de dicho aislamiento obligatorio y de la prohibición de circular a diferentes actividades declaradas como esenciales (1)

Se ordenó asimismo que los empleadores y empleadoras de las personas exceptuadas de la norma ya mencionadas deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

Diversos decretos (325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20) han extendido, con matices según la zona, el Decreto 297/20 y por ende, el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio inclusive.

III. MARCO ESPECIAL DE REGULACIÓN: LA NUEVA CATEGORÍA DE «ENFERMEDADES PRESUMIDAS»

La Resolución 219/2020 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, estableció que en todos los casos de excepción particular indicados en el decreto 297/20, se prevé que los trabajadores y las trabajadoras de las actividades alcanzadas serán considerados «personal esencial» en los términos de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 207 de fecha 16 de Marzo de 2020.En lo que respecta a los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por las excepciones, la norma establece un criterio amplio, ya que también se consideran incluidos dentro del concepto de trabajadores a quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicio, aquellas otras que se desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo y las pasantías, como así también las residencias médicas y los casos de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios.

Teniendo en cuenta la normativa citada y la Decisión Administrativa N°390/2020 – para los trabajadores y las trabajadoras del sector público y la Resolución N° 207 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para los trabajadores y las trabajadoras del sector privado; en el nuevo contexto por el que, lamentablemente, estamos situados, existen distintas clases de trabajadores y trabajadoras, a saber:

a.- Trabajadores y trabajadoras que desarrollan actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, donde hay que distinguir a los trabajadores y trabajadoras de la salud de quienes no lo son.

b.- Trabajadores y trabajadoras cuyas tareas habituales u otras análogas son cumplidas en el lugar donde desarrollan su vida por medios remotos o teletrabajo.c.- Trabajadores y trabajadoras mayores a 60 años, trabajadores y trabajadoras que se encuentran al cuidado de hijos menores de edad o con capacidad restringida, trabajadoras embarazadas y trabajadores y trabajadoras que padecen una enfermedad respiratoria crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo) o que presenten enfermedades cardíacas (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas), inmunodeficiencias, diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o que tienen expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

d.- Trabajadores y trabajadoras cuyo débito laboral no puede cumplirse por medios remotos desde sus domicilios.

Como se indicó, en fecha 13 de abril de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia N° 367/20, en virtud del cual se consideró, al COVID-19 como enfermedad profesional no listada. En la actualidad la norma se encuentra inactiva a la espera de la reglamentación.

La incorporación a todo el sistema de daños laborales del listado de enfermedades, en virtud del cual sólo serán reparables las enfermedades incluidas en el mismo, siempre generó polémicas y tensiones: en 1916 se creó el listado para luego incorporar al mismo un listado por actividades insalubres como las actividades del vidrio, plomo, frío, etc. La jurisprudencia se encargó de ampliar ese listado incorporando al mismo nuevas enfermedades. En la década del 40 la Cámara Nacional en lo Civil resolvió que las únicas enfermedades reconocidas y por ende, merecedoras de reparación, eran aquellas incluidas en el listado, negando por ende la potestad de los jueces de incorporar a través de sus sentencias nuevas enfermedades.En la década del 50 la jurisprudencia incorporó al listado nuevas enfermedades, como por ejemplo, las enfermedades – accidentes (enfermedad de origen hereditario pero que había sido puesta en evidencia por el trabajo desplegado, era una enfermedad que se reparaba como un accidente). «. en el año 1970 se dicta la Ley 18.913 que modifica el último párrafo del artículo 22 de la Ley 9.688, eliminando el requisito de inclusión en el listado para que una enfermedad fuera considerada profesional, requisito que, a la luz de la jurisprudencia había quedado abstracto. En el año 1973 se dicta el Decreto 4389/73, que vuelve al sistema anterior al establecer que «Las enfermedades profesionales deberán ser taxativamente enumeradas por el Poder Ejecutivo». A pesar de ello, la jurisprudencia siguió fallando en el mismo sentido. En el año 1991 la Ley 24.028 , deroga la Ley 9.688, sin definir a la enfermedad profesional, aunque para limitar los efectos de la doctrina de la «indiferencia de la concausa» en su artículo 2 dispuso «En caso de concurrencia de factores causales atribuibles al trabajador y factores causales atribuibles al trabajo, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos, la que será determinada por la autoridad administrativa o judicial según correspondiere». Ello trajo una gran confusión ya que era muy difícil para los peritos médicos discriminar esa circunstancia, con lo cual era usual que se aplicara la regla del 50%» (2), reduciéndose de esta manera, las indemnizaciones. En el año 1995 se dicta la ley 24.557, donde se incorpora el listado cerrado de enfermedades de triple columna: agente de riesgo, enfermedad, actividad. Sólo se reconocen las enfermedades que se encuentran en el listado.

Tengamos presente que el art.6 de la ley 24.557, en cuanto sostiene que se considerarán enfermedades profesionales a aquellas que estén previstas en el listado cerrado confeccionado por el Poder Ejecutivo, se encuentra derogado por la ley 26.693 , que adhiere al Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo y al Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. El art. 1° inc. b) del Protocolo, define como «enfermedad profesional» a «(.) toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral». Claramente, esta norma deroga el apartado 2 del artículo 6 y el «Listado de Enfermedades» que menciona el decreto 659/96 y los posteriores que incorporan nuevas enfermedades. Es dable recordar que ya la Corte Suprema de Justicia (3) fue clara al resolver que los Convenios dictados por la Organización Internacional del Trabajo que fueron ratificados por una ley del Congreso resultan operativos y por ende, plenamente aplicables en nuestro país, con prescindencia de ningún otro acto.

Dicho esto y al sólo efecto de analizar la normativa de emergencia dictada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 367/20, es dable afirmar que existen ahora en nuestro sistema actual tres tipos de enfermedades profesionales: enfermedades listadas, enfermedades no listadas y enfermedades presumidas.

– Las e nfermedades listadas: son aquellas incorporadas al listado previsto en el artículo 6º, inciso 2, de la Ley Nº 24.557, sobre las que pesa la presunción iure et de iure de que son profesionales.

– Las enfermedades no listadas: son aquellas que requieren de un procedimiento específico para considerarlas profesionales en cada caso particular: se debe demostrar en cada caso que la enfermedad es consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las tareas laborales.

– Las enfermedades presumidas: son aquellas previstas en el decreto N° 367/20.

El sistema de enfermedades presumidas tiene los siguientes caracteres:

1. Es de carácter transitorio;

2. No se incluye al COVID-19 dentro del listado previsto por la LRT;

3.Se aparta del sistema de enfermedades no listadas (que requieren la prueba de la consecuencia directa e inmediata);

4. Implica un sistema de inversión de la carga de la prueba.

¿A qué trabajadores se aplica este sistema creado por la norma?

Se aplica a todos los trabajadores y las trabajadoras que realicen servicios declarados esenciales por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/20.

¿Cuál es el ámbito temporal de aplicación de la norma?

Conforme al art. 7 del decreto mencionado dispone que se aplicará a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, es decir que las personas que se enfermaron entre el 12 y el 20 de marzo, quedan excluidos de la presunción y deberán probar el carácter no listado de la enfermedad (prueba de que la enfermedad es consecuencia directa e inmediata de la actividad laboral).

¿Hasta cuándo regirá el sistema de las enfermedades presumidas?

Ello dependerá del carácter de trabajadores esenciales:

– Para los trabajadores y trabajadoras de la salud, el sistema termina 60 días después de la finalización de la prórroga de la emergencia sanitaria – es decir, 60 días después del 12 de Marzo del 2021-.

-Para los trabajadores esenciales que no pertenecen al sector de la salud, el sistema finaliza cuando termina el aislamiento. Si la primera manifestación invalidante es posterior a dicha fecha, el trabajador o la trabajadora deberá probar que la enfermedad encuentra relación directa e inmediata con la actividad laboral.

¿En qué consiste el sistema de «enfermedades presumidas?

El decreto crea un sistema presuncional muy complejo.

Para el personal que desarrolla tareas esenciales pero no cumple dichas tareas en el sector salud

El art. 1 dispone:« . La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del presente decreto.»

Es decir que para estos trabajadores esenciales que no pertenecen al sector de la salud, el COVID – 19 se presume, iuris tantum, que es una enfermedad de carácter profesional. Ahora bien, de acuerdo al sistema no derogado de la LRT, la ART puede revertir esta presunción afirmando que la enfermedad no ha sido contraída por una causa directa o inmediata. Para dar una solución a ello, se introduce el art. 3, el cual establece que:«…La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°.

»La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente.»

Por lo tanto, la Comisión Médica Central puede desplazar nuevamente la carga probatoria y la ART puede asimismo desvirtuar la presunción demostrando que no existe relación directa e inmediata entre la enfermedad COVID- 19 y la prestación de las tareas.Por ende, este sistema conforma un verdadero círculo vicioso y esperamos que sea subsanado en la reglamentación, ya que consideramos que hubiera sido más acertado que para estos trabajadores se aplique el sistema de la LRT (prueba de que la enfermedad es consecuencia directa e inmediata de las tareas laborales).

Para el personal que desarrolla tareas esenciales en el sector salud

En primer lugar, consideramos que la reglamentación deberá definir a qué trabajadores se considera incluidos en el sector salud ya que existen actividades que se encuentran en una zona gris que generará confusión.

En segundo lugar, el art. 4º establece que: «. En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.»

Tristemente, la presunción a la que hace referencia este artículo es una presunción iuris tantum, al igual que para los trabajadores y trabajadoras que no pertenecen al sector salud. Es un sistema confuso y con una diferenciación entre trabajadores y trabajadoras sólo aparente ya que, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras esenciales pertenecientes al sector salud, la ART también puede desvirtuar la presunción invocando que la enfermedad no guarda relación directa e inmediata con la tarea laboral desarrollada, como asimismo la Comisión Médica Central podrá hacer lo propio tal y como se mencionó en el art.3 del decreto, creando un verdadero círculo vicioso.

¿Cuál hubiera sido la regulación más apropiada?

En nuestra opinión, y con el sólo propósito de colaborar en este momento de emergencia, donde es entendible toparnos con errores cuando urge accionar, hubiera sido más simple que la diferenciación aparente entre trabajadores no existiera: debería haberse incluido, en el listado al que hace referencia la LRT, al COVID – 19, como enfermedad laboral prevista para los trabajadores esenciales que pertenecen al servicio de salud, aunque más no sea, en forma temporaria (con la consecuente presunción iure et de iure), y respecto del resto de los trabajadores esenciales (trabajadores que no pertenecen al servicio de salud), indicar la presunción iuris tantum de que la enfermedad es causada por el trabajo desarrollado, dejando de este modo, que el resto de la causalidad funcione como en la LRT.

Asimismo, no debe olvidarse que «.un trabajador que presta servicios durante una pandemia, bajo el riesgo de contraerla, no puede exceptuarse de su prevención y/o posterior reparación, por la «conceptualización» que se tenga de los accidentes o enfermedades profesionales, o siquiera por encontrarse dicha patología dentro -o no- del cuadro de triple o cuádruple columna en el listado de enfermedades profesionales.

Por ello se insiste en que, ante los daños laborales, el centro de atención es la persona humana que se desarrolla en el medio laboral en el que suele ser víctima de factores de riesgo [6], pues no debe olvidarse que el trabajador es sujeto de «preferente tutela constitucional» (CSJN, in re «Aquino»).

En este orden, se consagra la indemnidad del trabajador, del cual el empleador debe garantizar, y del cual también la aseguradora de riesgos del trabajo posee deberes de prevención y reparación (art. 14 bis CN; art. 75 , LCT; 1710 CCC; art. 1 y 4 LRT; CSJN 10/08/2010, «Ascua, Luis Ricardo c. Somisa»; «Torrillo Atilio A. c. Gulf Oil Argentina SA», DT 2009, p.468).» (4)

El art. 2 del decreto 365/20 dispone que una vez recibida la denuncia por parte del trabajador, «… Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.»

Aquí se nos presentará un nuevo problema que, esperamos, sea solucionado por la reglamentación, relacio nado con quién sería la «entidad debidamente autorizada» para emitir un certificado.

IV. COVID-19 COMO CAUSA FUENTE DEL TELETRABAJO O TRABAJO REMOTO

La Resolución 207 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establece en su art. 2: « . Los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo según esta resolución, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada.»

En virtud de la normativa citada y por ende del aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia del COVID-19, es que nos encontramos con una nueva categoría expandida de teletrabajadores y teletrabajadoras o trabajadores y trabajadoras remotos.

El teletrabajo es «… una forma de trabajo a distancia, en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico…. Se realiza mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y puede ser efectuado en el domicilio del trabajador o en otros lugares o establecimientos ajenos al domicilio del empleador.» (5)

Uno de los mayores problemas con el que nos encontramos es que en el país no existe un instrumento jurídico específicamente redactado para el teletrabajo (al momento de redactarse este trabajo, existe un proyecto de regulación de esta modalidad de trabajo, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y nos encontramos a la espera del debate del proyecto en la Cámara de Senadores), sino un conjunto de leyes que engloban la actividad: la Ley de Contrato de Trabajo (LCT Ley 20.744 del año 1976) es la principal normativa y junto con la Ley N° 25.800 , que ratifica el Convenio N°177 sobre trabajo a domicilio de la OIT -promueve la igualdad de condición de este tipo de trabajadores con respecto a los presenciales-. Ambas reglamentaciones cubren la actividad correspondiente a los trabajadores y las trabajadoras contratados en relación de dependencia, englobando al teletrabajo, sin mencionarlo taxativamente, sin definirlo, ni reglamentarlo puntualmente.

El art. 1 de la ley 25.800 reza:«A los efectos del presente Convenio:

a) la expresión «trabajo a domicilio» significa el trabajo que una persona, designada como trabajador a domicilio, realiza:

i) en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador;

ii) a cambio de una remuneración;

iii) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales;

b) una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará trabajador a domicilio a los efectos del presente Convenio por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual;

c) la palabra «empleador» significa una persona física o jurídica que, de modo directo o por conducto de un intermediario, esté o no prevista esta figura en la legislación nacional, da trabajo a domicilio por cuenta de su empresa.»

La Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, a través de la Resolución 1552/2012 establece que: «se entiende por teletrabajo a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones.»

Por su parte, el art. 3 de dicha resolución establece que: «el empleador deberá proveer a los teletrabajadores de los siguientes elementos:

– UNO (1) silla ergonómica.

– UNO (1) extintor portátil contra incendio (matafuego de 1 kg.a base de HCFC 123).

– UNO (1) botiquín de primeros auxilios.

– UNO (1) almohadilla para ratón («pad mouse»).

– UNO (1) Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en Teletrabajo, cuyos contenidos mínimos se encuentran disponibles en el link: http://www.trabajo.gob.ar/difusion/teletrabajo/100924_manual-buenas-practicas.pdf.»

Esta resolución no es cumplida en la actualidad, es por ello que dada la coyuntura, en donde la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras se encuentran cumpliendo el débito laboral en sus domicilios, no sabemos hasta cuándo, resulta hartamente necesario legislar al respecto, entre otros motivos, para equilibrar la balanza y evitar abusos: quién debe afrontar los gastos de luz, de conexión a internet, la compra de equipos extintores de incendio, escritorios, sillas ergonómicas, computadoras, escáner, disyuntores y demás recursos. No puede pretenderse que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes afronten dichos gastos, incrementándosele de esta forma altamente sus costos.

Por otro lado, ¿Qué sucede con las ART? ¿Deben las ART hacer una inspección en el nuevo lugar de trabajo para autorizar el mismo?

La Resolución mencionada, en su art. 4 dispone que: «. el empleador, previo consentimiento del trabajador y notificando fecha y hora cierta de visita, puede verificar las condiciones del lugar determinado por el trabajador para la ejecución de su tarea, a través de un profesional del área de Higiene y Seguridad de la Empresa, quien puede ser acompañado por un técnico de la A.R.T.o un representante de la Entidad Gremial.» Por supuesto que, dada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, esto no puede cumplirse, lo cual no puede significar, de manera alguna, una eximición de responsabilidad por parte de la ART ni del empleador.

¿Es suficiente para cumplir con su deber de información que las ART brinden un curso sobre cómo cuidarse dentro de casa, cómo ubicar la computadora para que tenga mejor luz pero no luz solar directa, a qué distancia se debe ubicar del monitor el teletrabajador, qué hacer en caso de una pérdida de gas, cómo debe ser el escritorio desde el cual se trabaje, como apoyar la mano sobre el mousse, etc.? Desde ya adelanto que esa información brindada no las exonera de responsabilidad alguna frente a un accidente laboral o enfermedad profesional ocasionados en este contexto.

Este tema merecerá un análisis más profundo, no siendo este trabajo el indicado para hacerlo, no obstante lo cual, me pareció interesante plasmar aquí los interrogantes que hasta el momento, no encuentran respuestas.

V. CONCLUSIÓN

Compartimos en su totalidad lo sostenido por el Dr. Luis Raffaghelli, «El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mundo laboral, … más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber:

– la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo);

– la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social) y

– los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral»… (Informe OIT COVID (18-3-2020).

Esta crisis no puede hacernos olvidar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) en su art. 12 inc. c) establece la obligación de los Estados respecto de la.«prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y su lucha contra ella».

Y tampoco, que pueda avasallarse la vigencia de los DESC que consagra el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el desarrollo progresivo.

Estamos en una nueva crisis social, la crisis de la crisis que la nueva administración del Estado Argentino se propuso enfrentar y superar.

No vemos otra solución que la de un DIALOGO SOCIAL VERDADERO, con fuerte intervención estatal y compromiso auténtico de los sindicatos y empresas, para enfrentar el COVID-19 y adoptar políticas públicas adecuadas en este marco, sobre todo hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Precisamente la citada Recomendación 205 OIT sobre «el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia» recalca en particular, la importancia del diálogo social en la respuesta a las situaciones de crisis y la función esencial que incumbe a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las respuestas a las crisis.

«. Los valores de solidaridad, cooperación y justicia social han recobrado su vigor y buscan su verdadera autenticidad. quizás esa que señaló Francisco en una desierta Plaza San Pedro al expresar su bendición urbi et orbi. ante la crisis. permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad que alimenta nuestra esperanza y alumbra nuevas solidaridades.

»Nuestros trabajadores y trabajadoras que son la excepción a la cuarentena, los que nos curan y los que permiten medicamentos y alimentos, la acción de las organizaciones sociales que llegan donde nadie lo hace y la férrea voluntad del poder democrático actual alimentan cada minuto esa esperanza.»(6)

Walter Benjamín, nos ha regalado una frase que resuena una y otra vez en mi mente: «Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia. Pero tal vez las cosas sean diferentes. Quizá las revoluciones sean la forma en que la humanidad, que viaja en ese tren, acciona el freno de emergencia.»(7)

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(1) Art. 6 Dcto 297/20 (.)

1.Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y cont rol de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. (Por art. 3° de la Decisión Administrativa N° 429/2020 B.O. 20/3/2020 se aclara que en el presente inciso cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Vigencia:a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL)

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

(2) MAIURA C. Rita: «Régimen jurídico de las enfermedades profesionales» en https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2014/11/doctrina-labora2014-11-061.pdf

(3) Corte Suprema de Justicia de la Nación; «Pinturas y Revestimientos aplicados S.A. s/ quiebra – 26/03/2014»; 337:315; Cita Online:AR/JUR/4224/2014, MJJ85049

(4) VINDEL ESPECHE, Leandro F.: «COVID-19 su prevención y reparación como riesgo profesional» en Revista «Reflexiones iniciales en estos tiempos»; 07-04-2020; Cita:IJ-CMXV-179.

(5) https://www.argentina.gob.ar/trabajo/teletrabajo/que-es

(6) RAFFAGHELLI, Luis A.: «COVID-19 y Trabajo .cuando el reino de la especulación es desplazado por la dura realidad» en «El COVID-19 y su impacto en las Relaciones Laborales en Argentina – Reflexiones iniciales en estos tiempos»; Fecha: 08-04-2020; IJ-CMXV-190.

(7) RIVERA GARZA, Cristina: «Del verbo tocar: Las manos de la pandemia y las preguntas inescapables»; Diario de la pandemia / DOSSIER / Abril de 2020; Revista de la Universidad de México.

(*) Abogada – Maestranda de la «Maestría del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales» – UNTREF. Adjunta Interina Obligaciones Civiles y Comerciales, UBA y de Derecho Económico, FCE UBA Adjunta Contratos, UCES. Coordinadora y Coautora de diversas obras jurídicas.

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