#Fallos La prohibición de despidos corre también para los trabajadores en período de prueba: Así lo ratifica la CNAT respecto del DNU 329/2020

Partes: Grasso Viola Melisa Daniela c/ Chevron Bussines Support Center S.R.L. s/ Acción de amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: Feria

Fecha: 13-may-2020

Cita: MJ-JU-M-125901-AR | MJJ125901 | MJJ125901

La prohibición de despidos del DNU 329/2020 alcanza a los trabajadores en periodo de prueba.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la resolución que consideró que la disolución del vínculo durante el período de prueba previsto por el art. 92 bis de la LCT difiere del despido sin causa prohibido en el art. 2º del DNU 329/2020, pues de la lectura íntegra de tal norma se concluye que lo que se pretende impedir es la consumación de despidos durante el transcurso que se disponga el aislamiento social preventivo y obligatorio, ello en defensa de los puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras, sin observarse a priori, otro tipo de distinción al efecto.

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2.-Más allá de lo que pueda decirse en derredor de la cuestión de fondo en cuanto a la extensión del dec. 329/2020 a las relaciones que se encuentran en el período previsto por el art. 92 bis de la LCT, lo cierto es que se está, de acuerdo a la forma en la que ha llegado la causa, en el limitado marco de cognición que propone una cautelar, con una trabajadora despedida, en épocas de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, sin otra fuente de recursos.

Fallo:

Buenos Aires, 13/05/2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que contra la resolución del juzgado de feria, que desestimó la medida cautelar requerida en el inicio, se alza la accionante en los términos de la presentación que, en formato digital, aparece incorporada en la causa en el Sistema Lex 100.

Al respecto, cuestiona la decisión de primera instancia, según la cual la disolución del vínculo durante el período de prueba previsto por el art. 92bis de la LCT difiere del despido sin causa, prohibido en el art. 2º del DNU 329/2020.

Sostiene, que de los considerandos del decreto se desprende que se encuentra dirigido a trabajadores y trabajadoras a fin de que no pierdan sus puestos de trabajo, asegurando de esta forma la subsistencia de las personas de forma digna.

Afirma que resulta errada la conclusión de la sentenciante de grado de que el despido dentro del período previsto por el art. 92bis LCT no sea un despido sin causa. Sostiene que dicho dispositivo preve la inexistencia de consecuencias indemnizatorias pero que el hecho de que no se deba indemnizar “no significa que no nos encontremos frente a un despido sin causa”.

Critica que se entienda, como lo hace el fallo recurrido, que la prohibición de despedir se relacione con la estabilidad del trabajador porque, sostiene, ese no ha sido el espíritu del decreto.

Manifiesta que el texto del decreto resulta claro en cuanto a que su finalidad es mantener los puestos de trabajo, sin importar la antigüedad ni la actividad y que el único supuesto que habilita es el despido con causa.

En el escrito de inicio señaló, además, que el decreto no realiza distinción alguna con respecto a la situación del contrato de trabajo sino que se refiere a preservar los puestos de trabajo.

II. Que la señora Juez de primera instancia consideró que, tratándose de una relación laboral que se encontraba dentro del período de prueba previsto por el art.92bis LCT, el modo de extinción previsto por dicha norma difiere del despido sin causa prohibido en el art. 2º del DNU 329/20 porque, a su criterio, se trata de modos de recisión cuya naturaleza jurídica es diferente y agregó que la estabilidad reforzada por el D.N.U. no había sido adquirida por la accionante.

III. Que, sentado lo anterior, cabe examinar las cuestiones apuntadas por la accionante, a la luz de las constancias que presenta la causa y, en ese sentido, se destaca que aquélla, en su presentación inicial, solicitó el dictado de una medida cautelar por la que se disponga su reincorporación.

En el caso, sostuvo que ingresó a trabajar para la demandada el 7 de enero de 2020, en las condiciones detalladas en la demanda, y que el 3 de abril de 2020 recibió un correo electrónico mediante el que se le comunicó la extinción de la relación laboral en período de prueba en los términos del art. 92 bis de la LCT.

Destaca que, a raíz de la propuesta de trabajo de la demandada, renunció a su anterior empleo y que la reincorporación solicitada obedece a que esperar la conclusión del presente juicio generaría un gravísimo agravio, al quedar desempleada en el peor de los escenarios de pandemia mundial, con el cese de todas las actividades que no sean esenciales y sin poder conseguir un nuevo empleo.

IV. Que, vistos los antecedentes que presenta el sub lite y las cuestiones en discusión, se considera que debe modificarse lo decidido en grado anterior.

En efecto, más allá de lo que pueda decirse en derredor de la cuestión de fondo en cuanto a la extensión del Decreto 329/2020 a las relaciones que se encuentran en el período previsto por el art.92 bis de la LCT, lo cierto es que se está, de acuerdo a la forma en la que ha llegado la causa a esta alzada, en el limitado marco de cognición que propone una cautelar, con una trabajadora despedida, en épocas de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, sin otra fuente de recursos.

En esta línea de interpretación, se considera que las circunstancias fácticas anteriormente detalladas, configuran lo que se entiende como presupuesto de peligro en la demora, en el marco de un derecho que se advierte con suficiente verosimilitud.

Por ello correspondería acceder a la cautela requerida, mientras tanto sea sustanciada la cuestión de fondo, con intervención de la contraria, en aras de su garantía de defensa en juicio (art. 18 CN).

Lo dicho, dentro del limitado marco de interpretación que proponen este tipo de medidas, permite concluir en esta instancia que, de la lectura íntegra del Decreto 329/2020 (se incluyen aquí, sus considerandos), lo que se pretende impedir es la consumación de despidos durante el transcurso que se disponga el aislamiento social preventivo y obligatorio, ello en defensa de los puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras, sin observarse a priori, otro tipo de distinción al efecto.

Al cabo de lo expuesto, corresponde señalar que la finalidad de las medidas cautelares, es asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que deba recaer. Ellas, se insiste, están destinadas a satisfacer cualquier petición que, por el paso del tiempo (lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final), resulte materialmente irrealizable. (Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Tomo VIII -Procesos cautelares (voluntarios), pág.13, Editorial Abeledo – Perrot).

Cabe recordar que las medidas preventivas no requieren prueba terminante y plena del derecho invocado y en el presente caso el Tribunal advierte que concurren suficientes elementos para tener por configurada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora en la medida que requiere la provisionalidad de la actual decisión.

No cabe soslayar en el análisis que las circunstancias fácticas sobre las que la actora fundó su pretensión podrían variar en el futuro y, tras ello, modificarse sustancialmente la situación procesal. Por lo cual, es que este tipo de medidas no causan estado, característica y eje de las mismas.

V. Que, en razón de lo dicho, corresponde revocar la resolución de grado y disponer la medida cautelar requerida por la reclamante, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar astreintes de $ 3.000 por día (cfr. art. 802, CCyCN).

Finalmente, corresponde fijar las costas de esta incidencia por su orden ante la ausencia de sustanciación (art. 68 CPCCN).

VI. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1) Revocar la resolución de grado anterior y, en su mérito, disponer la medida cautelar requerida por el accionante, bajo apercibimiento de aplicar astreintes de $ 3.000 por día de incumplimiento (art. 802, CCyCN). 2) Imponer las costas de esta incidencia por su orden; 3) Diferir la regulación de honorarios, hasta el momento que medie sentencia definitiva en la acción principal; 4) Procédase a la remisión virtual de las actuaciones que se tienen a la vista, al Juzgado de Feria.

Regístrese, notifíquese al peticionante y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase al Juzgado de Feria interviniente.