Pérdida de confianza: Legitimidad del despido de la directora del jardín maternal en el que se maltrataba y denigraba a los menores

despido (7)Partes: B. A. Y. en J. 156570 ‘B. A. Y. c/ A. C. J. M. P. de C. y T., de M. s/ despido’ s/ recurso extraordinario provincial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 26-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-122788-AR | MJJ122788 | MJJ122788

Legitimidad del despido por pérdida de confianza de la directora del jardín maternal en el que se maltrataba y denigraba a los menores.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que consideró ajustado a derecho el despido de la directora del jardín maternal por pérdida de confianza, al haberse acreditado el trato denigrante hacia los niños, no otorgando la protección y trato acorde con su edad e incumpliendo evidentemente con la obligación de guarda de los menores que pesaba sobre la actora.

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2.-Es justo reconocer el derecho que le asistió a la Asociación Cooperadora del Jardín Maternal a extinguir el contrato de trabajo con la directora, a quien por su cargo era razonable exigirle mayor diligencia, y compromiso.

3.-Cabe destacar el compromiso que nuestro país ha asumido en su calidad de Estado Parte en la Convención sobre los derechos del niño, y en el caso el deber de brindar protección y cuidado adecuados para el bienestar de los niños, asegurar que los establecimientos e instituciones encargados de su cuidado cumplan con normas de seguridad, sanidad, competencia de su personal y supervisión adecuada.

Fallo:

En Mendoza, al 26 de noviembre de 2019, reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-04066648-0/1, caratulada: «B. A. Y. EN J: 156.570 «B. A. Y. C/ A. C. J. M. P. DE C. Y T. DE M. P/ DESPIDO» P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL».

De conformidad con lo decretado a fojas 96 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. MARIO DANIEL ADARO; segundo: DR. JOSÉ V. VALERIO; tercero: DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fs. 25/44 vta., se presentó B. A. Y., por intermedio de su apoderado Dr. Mariano Gimenez Riili y Dr. Alfredo Bisero Paratz, e interpuso recurso extraordinario provincial contra la sentencia dictada a fs. 317 y siguientes, de los autos N° 156.570 caratulados «B. A. Y. c/ A. C. J. M. P. DE C. Y T. DE M. p/despido», originarios de la Excma. Cámara Primera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 50 se admitió el recurso interpuesto, se ordenó la suspensión de los procedimientos en la causa principal, y se corrió traslado a la contraria, quien contestó a fs. 66/86 vta., a través de su apoderado.

A fs. 89, se agregó el dictamen del Procurador General quien, por los argumentos que expuso aconsejó el rechazo del recurso extraordinario provincial interpuesto.

A fs. 97 se llamó al Acuerdo para sentencia y se dejó constancia del orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

I.La sentencia de Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda, condenó al pago de la liquidación final y rechazó los rubros indemnizatorios consecuencia del despido. Para así decidir, el sentenciante

1. Analizó el texto de la notificación del despido efectuada mediante acta notarial de fecha 24 de junio 2013, y entendió que era lo suficientemente clara.

2. Consideró innecesario que se describiera cada uno de los casos en que la actora incurrió en malos tratos hacia los niños y que se indicara con precisión las reuniones de la Comisión Directiva a las que no concurrió, ni puntualmente cada una de las inconductas que se le imputaron.

3. Afirmó que la finalidad de la Ley de Contrato de Trabajo es que al trabajador no le queden dudas de los motivos invocados y esa finalidad fue cumplida con la notificación del despido.

4. Entendió demostrada la imputación de malos tratos a los menores, que fue una de las causas más gravosa del despido.

5. Concluyó que ese hecho resultaba denigrante para los niños, que no se les estaba otorgando la protección y trato acorde con su edad, incumpliendo evidentemente con la obligación de guarda de los menores que pesaba sobre la actora, lo que justificó el despido por pérdida de confianza.

II. Contra dicha decisión, la parte actora interpone recurso extraordinario provincial.

Funda el mismo en lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza.

1. Refiere arbitraria y errónea valoración de prueba rendida con omisión de prueba relevante y violación del principio de unidad de prueba.

2. Denuncia errónea aplicación e interpretación de las normas jurídicas aplicables a la comunicación del despido.

3. Plantea, en forma subsidiaria, para el caso que fueren desestimados los anteriores agravios, se revea la imposición de costas a la parte actora en su carácter de perdidosa, atento que litigó con razón probable y buena fe.

Cita jurisprudencia en su apoyo. Formula reserva de interponer Recurso Extraordinario Federal.

III.Anticipo que, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, el recurso será rechazado.

1. Previo a entrar en el tratamiento de los agravios interpuestos, haré un breve relato de la plataforma fáctica del caso.

a. B. A. Y. trabajó en el J. M. del p. de C. y T. de M., desde el 1 de setiembre de 2012, como Directora.

b. Fue despedida en forma directa por la empleadora, en fecha 11 de octubre del 2016 mediante acta notarial en la que se le comunica: «queda despedida de su trabajo con justa causa, por haber violado los deberes de fidelidad, y de diligencia y colaboración, por haber incumplido órdenes e instrucciones, así como haber transgredido la obligación genérica de las partes y el principio de la buena fe contractual (artículos 84, 85, 86, 62 y 63 y ss ycc de la Ley de Contrato de Trabajo). La medida se toma en consideración a la conducta, dichos y actitudes por usted desplegadas dentro de la Institución escolar, que constituyen inobservancia de las obligaciones resultantes del contrato de trabajo, que configuran injuria grave en contra de la misma, y que, por su gravedad no consienten prosecución de la relación en los términos del artículo 242 de la Ley Contrato de Trabajo. Hemos tomado conocimiento que en reiteradas oportunidades ha ejercido violencia y maltrato, tanto verbal como físico, contra algunos niños que asisten a la institución. Tales acciones son gravísimas considerando que la Institución tiene a su cargo el cuidado de dichos menores. Como consecuencia de su comportamiento varios niños habrían sufrido daño psicológico, negándose incluso a asistir a la institución. También los mismos malos tratos y violencia habrían sido propinados a otros docentes y padres de niños que asisten a la entidad. Tales comportamientos son absolutamente impropios de una persona que ejerce como directora de una institución educativa. De todo lo anterior obran en nuestro poder denuncias y pruebas que acreditan lo expresado.También se ha negado a presentarse a reuniones a las cuales ha sido citada por la Comisión Directiva aduciendo hechos falsos, y manejando arbitrariamente el ingreso de los niños a la entidad contra órdenes expresas de la misma. El indebido trato a los menores, docentes y padres, la falta de aptitud para el manejo y resolución de las situaciones de conflicto que se han presentado en la institución escolar, el no haberse ajustado a las conductas propias de su cargo han provocado la pérdida de la confianza en usted por parte de esta Comisión Directiva. Tales hechos nos han llevado a disponer su despido con las justas causas invocadas.»

c. La actora rechazó la causal de despido negando cada uno de los hechos invocados.

d. La demandada ofreció, entre otras pruebas, acta notarial del 10 de octubre del 2016 en el que P. V. L. -en su carácter de maestra Auxiliar- manifestó haber observado malos tratos de la directora hacia niños y docentes. En base a lo cual se procedió a tomar fotografías, grabar audios y videos con el objeto de poner a las autoridades de la Comisión Directiva en conocimiento de la situación.

e. El tribunal advirtió que tales pruebas ofrecidas por la demandada, más el tenor de la causal de despido, podían involucrar derechos de menores, por lo que dio vista a la Asesora de menores (fs. 134) Dra. Natalia Toro, quien contestó que bastaba la conformidad de los representantes legales de los niños para la incorporación de la prueba al proceso (fs. 135).

f. Pese al desconocimiento y oposición de la parte actora, estas pruebas, fueron admitidas y producidas con el cumplimiento oportuno de la conformidad de los progenitores.

g. El tribunal otorgó fuerza convictiva a las pruebas producidas y rechazó la demanda indemnizatoria con base en el despido.

h. Contra la sentencia, planteó la parte actora el recurso extraordinario provincial que nos ocupa.

2. Sentado ello, me avoco a las quejas invocadas por la presentante.

a.Alega la quejosa que el tribunal ha realizado una arbitraria ponderación de la prueba como así también que ha omitido prueba relevante.

i. La quejosa se limita en forma genérica a referir que el sentenciante ha omitido, «otros videos», «otros audios» «otras respuestas de los testigos», sin especificar la prueba omitida y, tal como lo exige esta instancia, cómo la incorporación de ella habría generado una conclusión diferente a la arribada por la Cámara de origen.

La imprecisión referida impide la recepción de este reproche.

ii. Por otra parte endilga al tribunal no haber cumplido con la obligación de grabar la audiencia de vista causa.

El acta del debate agregada a fs. 259 de los autos principales ha sido suscripta por la parte recurrente, lo que implica que el acto procesal llega firme y consentido a esta instancia.

Sin perjuicio de ello, resulta ser una manifestación desprovista de veracidad, en tanto se identifica la grabación de la audiencia, con constancia de duración (145 minutos) al final del acta.

iii. También realiza la quejosa una reedición de la defensa referida al desconocimiento de los videos que fueron ofrecidos como prueba por la accionada, como así también de la oposición a su admisión, atento que B. A. Y. desconocía que la estuvieran filmando (fs. 39 vta y 40 de estos autos).

Este agravio no es de recibo, en tanto llega firme a esta instancia por el especial tratamiento dado a esa prueba por el tribunal de origen (fs. 130, 132, 135, 136, 152 de los autos principales).

b. La queja referida a la arbitraria y errónea apreciación de la prueba, me obliga a analizar el razonamiento que el tribunal de mérito efectuó al respecto.

i. Así las cosas, evalúo que el tribunal, en audiencia (fs. 259 de los autos principales) reprodujo las fotos, videos y grabaciones de sonido, ante las partes y los padres de los menores, quienes reconocieron a sus hijos involucrados en los malos tratos endilgados a la actora B. A. Y.

ii.Con especial relación a los videos, refirió el tribunal que se vio a una niña, reconocida por la mamá como «Rochi», de tres años, aislada en el patio de la guardería sentada en la silla alta de comer para bebés, supuestamente para evitar que molestara a los otros niños en el horario de la siesta.

El sentenciante calificó de maltrato esta conducta, la que entendió ratificada por las declaraciones de P. V. L.- maestra auxiliar- que coincidían con las manifestaciones previamente vertidas en el acta notarial del 10 de octubre de 2016 (agregado a fs. 54/55 de los autos principales).

iii. La sentencia transcribió también, la declaración de la testigo C. A. P., quien reconoció a su hijo en el video, y luego testificó que «J.» recibió malos tratos por parte de la actora en su presencia, que le gritaba, que en una oportunidad le tomó muy fuerte de las muñecas, le zamarreaba del brazo, lo aislaba porque ponía nervioso a los demás y le daban de comer solo o amarrado a un coche. Que Juan se fue del jardín el 11 de octubre del 2016, fecha coincidente con el despido. En base a este testimonio la Cámara afirmó que a este niño era a quien la actora más castigaba.

iv. El tribunal de grado otorgó indiscutible mérito probatorio a las fotos, videos, y a las grabaciones de sonido.

También hizo especial referencias a las manifestaciones de padres que constan en actas notariales (agregadas a fs. 81/83; 88/91 y 107/108) de fecha posterior al distracto, pero relacionadas a los hechos que motivaron el mismo, el sentenciante justificó su valor probatorio, en tanto las consideró «corroboradas con otros medios de prueba traídos al proceso y las declaraciones testimoniales rendidas.»

v. En este contexto, calificó de suficientes las injuriosas inconductas descriptas precedentemente para justificar el despido y ser separada inmediatamente de su función -directora- en resguardo de la salud física y emocional de los niños.

Es justo reconocer el derecho que le asistió a la A.C. del J. M., a extinguir el contrato de trabajo con la directora, a quien por su cargo era razonable exigirle mayor diligencia, y compromiso.

vi. Es oportuno destacar el compromiso que nuestro país ha asumido en su calidad de Estado Parte en la Convención sobre los derechos del niño, la que integra, desde la reforma constitucional de 1994, el bloque constitucional.

En particular, y referido al caso que nos ocupa, el deber de brindar protección y cuidado adecuados para el bienestar de los niños, asegurar que los establecimientos e instituciones encargados de su cuidado cumplan con normas de seguridad, sanidad, competencia de su personal y supervisión adecuada. Además de protegerlos contra toda forma de malos tratos, avalar su desarrollo cultural, derecho a la educación, al esparcimiento y actividades recreativas, entre otros. (Convención sobre los derechos del niño, artículos 3, 19, 28,29 y 31, incorporada a la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22 desde la reforma de 1994).

En esta línea, la ley 26.061 (sancionada en setiembre de 2005) no sólo ratificó la vigencia de la Convención, sino que estableció el interés superior del niño como principio rector en toda circunstancia vinculada a sus derechos. Además, consolidó el derecho a las niñas, niños y adolescentes a su dignidad, desarrollo, educación y a no ser sometido a tratos violentos. Mandato que se fortaleció con la obligación de comunicar a la autoridad cualquier situación de malos tratos de la que una persona tenga conocimiento (artículos 2;3;9;15 entre otros).

Todo ello en sintonía con los nuevos derechos a los niños reconocidos en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) y la incorporación de herramientas para su protección integral (artículos 26 y siguientes).

vii. En tales condiciones, el razonamiento del tribunal de grado no puede ser calificado como arbitrario, en tanto ponderó todo el material probatorio en forma global, conforme al sistema de la sana crítica racional.El sentenciante se ha ajustado a las constancias de la causa, descartándose la arbitrariedad que se denuncia.

La recurrente sólo discrepa con el resultado arribado en la sentencia lo que no autoriza de ninguna manera a activar los medios anulatorios propios de este recurso extraordinario provincial.

viii. Esta Sala ha referido que la apreciación del material probatorio, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual, como lo atinente acerca de la existencia o la entidad de la injuria en las causales invocadas que justifiquen la extinción de dicho vínculo, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. Las conclusiones que en ejercicio de dichas atribuciones éstos formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia de una absurda apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, o que se demuestre que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (LS 303-488, 242-291; 101-20; 410-36, 417-190, 422-7, 424-117, 428-169, 430-1, 430-196, 434-242).

Como así también que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (LS 188-446, 188-311,192-206, 209-348, 223-176 entre otros).

Aplicados los conceptos señalados al caso en examen advierto que los argumentos de impugnación que porta el recurso no logran conmover las conclusiones esenciales del pronunciamiento puesto en crisis.

c. Corresponde ahora atender el reproche dirigido a cuestionar la errónea interpretación del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo referido a la comunicación del despido.

i.El tribunal consideró que la causal del distracto, tal como fue comunicada por acta notarial, cumplió con la finalidad de la norma, cual es la posibilidad de la parte trabajadora de conocer las inconductas que se le endilgaron.

ii. En efecto la directora del jardín, luego de conocer la causal del despido, se defendió de las mismas a través de una comunicación postal (agregada a fs. 12 y 179 de los autos principales) por la que negó y rechazó las acusaciones, sin que pueda desprenderse del tenor de lo expuesto que se vio impedida de entender los hechos que le imputaban.

iii. Por lo que este agravio correrá la misma suerte que los anteriores.

d. Corresponde ahora avocarme a la queja recursiva realizada en forma subsidiaria, en relación a las costas impuestas por la Cámara a la perdidosa.

i. Esta Sala ha referido que la imposición de costas no puede ser revisada en instancia extraordinaria, por cuanto depende de la apreciación discrecional del juzgador, quien siguiendo un razonamiento lógico y valorando las circunstancias de la causa, puede aplicar el criterio general o la excepción en esta materia, salvo arbitrariedad manifiesta -extremo no acreditado en autos- (SCJ, Sala II, «Mathieu» Sentencia del 31 de octubre 2017; «Urquiza» LS 465-136; «Díaz» LS 460-116 y «Raguso» sentencia del 31 de julio 2018 entre otros).

ii. Dicho planteo, entonces, no puede prosperar, en tanto se vincula con la ponderación de las circunstancias de hecho exenta de revisión extraordinaria.

e. Por todas estas razones, coincido con la opinión del Procurador General quien a fs. 89 sugirió el rechazo del recurso, en tanto entendió que la sentencia se encuentra suficientemente fundada, que la prueba fue abundante y concordante con las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de vista de causa.

f. Como corolario de lo expuesto, considero que corresponde el rechazo del recurso extraordinario provincial.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, los Dres. JOSÉ V. VALERIO y OMAR ALEJANDRO PALERMO adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR.MARIO DANIEL ADARO, dijo:

IV. Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, los Dres. JOSÉ V. VALERIO y OMAR ALEJANDRO PALERMO adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

V. Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de la cuestión que antecede, corresponde imponer las costas a la recurrente por resultar vencida (art. 36 Código Procesal Civil, Comercial y Tributario).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, los Dres. JOSÉ V. VALERIO y OMAR ALEJANDRO PALERMO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

RESUELVE:

1°) Rechazar el recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 25/44 vta.

2°) Imponer las costas a la recurrente por resultar vencida (artículo 36 Código Civil Comercial y Tributario de Mendoza).

3°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Sergio Bonsangue, en su doble carácter, en el (%) de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

4°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Mariano Giménez Riili y Alfredo Bisero Paratz, en forma conjunta, en el (%) de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

5°) Las regulaciones precedentes no incluyen el IVA, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo (CS expte. 4120/200002 «Carinadu SA c/. Banco de la Provincia de Buenos Aires», 02/03/2016).

6°) Una vez firme, acumúlense estos autos a los principales y vuelvan a origen.

NOTIFÍQUESE.

DR. MARIO DANIEL ADARO

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

DR. JOSÉ V. VALERIO

Ministro

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