Si no me pagan me voy: Trabajador decide poner fin al vínculo laboral ante la negativa de su empleador de reconocerle las diferencias salariales por mala interpretación del convenio colectivo

diferencia de salariosPartes: Vidal Martín Guillermo c/ Banco Hipotecario S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 21-feb-2020

Cita: MJ-JU-M-124024-AR | MJJ124024 | MJJ124024

Se ajusta a derecho la decisión del trabajador de poner fin al vínculo laboral ante la negativa de la demandada a reconocer las diferencias salariales por incorrecta interpretación del convenio colectivo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que consideró ajustada a derecho la decisión del trabajador de poner fin al vínculo laboral ante la negativa de la demandada a reconocer las diferencias salariales devengadas y regularizar las condiciones de la registración, pues según el CCT 18/75 , las partes colectivas han pactado una jornada máxima legal para los trabajadores bancarios que se desempeñan en los denominados ‘call center’ de 6 horas diarias de lunes a viernes, es decir, 30 horas máximas semanales, a las que por consiguiente, por ser la jornada normal de la actividad, corresponde el pago de la totalidad del salario convencional establecido para la categoría respectiva efectivamente cumplida.

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2.-Corresponde confirmar la resolución que consideró procedente la condena al pago del incremento de las indemnizaciones previsto en el art. 2 de la Ley 25.323, pues la negativa de la empleadora al pago de las indemnizaciones vinculadas al despido indirecto obligó al demandante a iniciar acciones judiciales y, dado la claridad de las normas convencionales aplicables, no se advierte causa alguna que pueda llevar a juzgar justificada la conducta renuente de la demandada a reconocer el derecho de su dependiente.

3.-Corresponde confirmar la resolución que consideró procedente el pago de la multa establecida en el art. 80 de la LCT, pues la apelante no rebate en modo alguno los puntuales argumentos de la sentencia respecto de la tardía consignación de los certificados a más de nueve meses de extinguido el vínculo.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 21/2/2020, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:

La Sra. Juez de grado tuvo por acreditado que la demandada abonó al actor un salario insuficiente en razón de lo que consideró una incorrecta interpretación de las normas relativas a la jornada normal de la actividad de parte de aquella, ante lo cual condenó a la empleadora al pago de las diferencias remuneratorias y de las indemnizaciones relativas al despido indirecto dispuesto por el trabajador, que de tal modo juzgó justificado. Contra tal decisión se alzó la vencida a mérito del memorial obrante a fs. 153/159, oportunamente respondido a fs. 161/169, en mi criterio sin razón.

En orden a justificar la referida conclusión, he de comenzar recordando que el art. art. 116 de la L.O. dispone que el escrito de expresión de agravios, a riesgo de que el recurso se considere desierto, deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas, para lo cual deben precisarse, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, requisitos que no se advierten debidamente cumplidos en el memorial que da lugar a la apertura de la instancia, en el que la recurrente se limita a expresar discrepancias de carácter meramente general sin rebatir en momento alguno lo medular de la construcción argumentativa que ha llevado a una solución adversa a sus intereses, cual es que de conformidad con la estipulación convencional realizada en el marco del CCT 18/75 homologada por la Resolución Nro.1817/09 del MTEySS del 21 de diciembre de 2009, las partes colectivas han pactado una jornada máxima legal para los trabajadores bancarios que se desempeñan en los denominados “call center” de 6 horas diarias de lunes a viernes, es decir, 30 horas máximas semanales, a las que por consiguiente, por ser la jornada normal de la actividad, corresponde el pago de la totalidad del salario convencional establecido para la categoría respectiva efectivamente cumplida.

Las genéricas expresiones del memorial confunden el concepto de reducción de la jornada máxima legal previsto en el art. 198 de la LCT con los eventuales acuerdos que, en el marco de la jornada máxima legal o convencional establecida de conformidad con tal disposición, pudieran realizar las partes en los términos del art. 92 ter del mismo cuerpo legal, único supuesto, refiero a este último, en el que la norma habilita la reducción de la remuneración en forma proporcional al tiempo trabajado, a condición de que el tiempo de trabajo pactado no supere las 2/3 partes de la jornada normal de la actividad para un trabajador a tiempo completo.En este orden de ideas, cabe recordar que el sentido de la disposición señalada en primer término ha sido el de determinar la imposibilidad de que otras fuentes normativas que no sean la ley nacional, el convenio colectivo o un propio acuerdo de partes pueda disponer una reducción de la jornada máxima legal, marco en el que se inscribe la disposición convencional aprobada por la citada Resolución 1817/09, la cual no tiene otra finalidad que la de establecer una jornada máxima legal para los trabajadores de los “call centers” en atención a las particularidades potencialmente dañosas de la tarea, la que de tal modo ha de considerarse la jornada máxima de la actividad, pero en modo alguno consagrar un régimen convencional de trabajo a tiempo parcial como pretende interpretar la demandada.

Sólo a mayor abundamiento he de destacar que no obsta a la solución adoptada en la anterior instancia el hecho de que el CCT aplicable en el Banco Hipotecario S.A. fuera el 750/05 celebrado entre la empresa y la entidad sindical representativa, pues al margen de que, como principio, un acuerdo de ámbito menor no podría establecer condiciones menos favorables que el convenio de ámbito mayor (arts.18 y 19 Ley 14.250), lo concreto es que el convenio colectivo de empresa referido establece expresamente en su art.

7.4, que “para el caso en que fuera suscripta una nueva norma legal o de rango convencional para la Actividad Bancaria en general, en sustitución, modificación, adecuación o complementación de las normas actualmente vigentes y/o del C .C.T 18/75, y que contemplara un régimen o extensión de jornada laboral diferente, en forma expresa prevén y acuerdan su incorporación en forma automática al presente C .C .T, e implementarlo al personal comprendido en el mismo a partir del inicio de la vigencia de la norma legal o convencional que lo estableciera para la actividad”.

En tal contexto, cabe considerar que la decisión del trabajador de poner fin a la relación en razón de la negativa de la demandada a reconocer las diferencias salariales devengadas y regularizar las condiciones de la registración devino ajustada a derecho, tal como sin objeción puntual se ha dispuesto en origen frente a lo cual también considero procedente la condena al pago del incremento de las indemnizaciones previsto en el art 2do de la ley 25.323, pues la negativa de la empleadora al pago de las indemnizaciones vinculadas al despido indirecto obligó al demandante a iniciar las acciones judiciales respectivas y, dado la claridad de las normas convencionales aplicables, no se advierte causa alguna que pueda llevar a juzgar justificada la conducta renuente de la demandada a reconocer el derecho de su dependiente.

Igual conclusión adversa a los intereses de la recurrente ha de merecer la queja relativa al pago de la multa establecida en el art. 80 de la LCT, no sólo porque es criterio de esta Sala que a fin de cumplir acabadamente con la obligación que emerge del Art.80 de la LCT y quedar exonerada de responsabilidad, la empleadora debe proceder a consignar judicialmente los instrumentos requeridos por la norma, dado que la “puesta a disposición” de los certificados no basta por sí sola para configurar la mora del acreedor (CNAT , Sala V, “Obelar, Estefania c/ Celu Service S.R.L. y otro s/ despido” – – 27/02/2009 elDial.com – AA521D), sino porque la apelante no rebate en modo alguno los puntuales argumentos de la sentencia respecto de la tardía consignación de los certificados a más de nueve meses de extinguido el vínculo.

El pago de los créditos laborales se acredita con los recibos correspondientes o, en todo caso, con las constancias de su depósito en la cuenta del trabajador, por lo que es más que claro que ni lo manifestado por el perito contador ni, menos aún, por la propia interesada, resultan suficientes para demostrar el pago de la liquidación final alegada por la demandada.

Las costas han sido correctamente impuestas a la demandada en su condición de vencida, y los honorarios regulados lucen adecuados a la importancia, mérito y extensión de las tareas cumplidas evaluadas de conformidad con las normas arancelarias aplicables a este proceso (art. 38 L.O., Ley 21.839), por lo que también propondré su confirmación.

Consecuente con todo ello, y de prosperar mi voto, la sentencia ha de ser confirmada en su totalidad y las costas de esta instancia impuestas a la demandada, a cuyo fin han de regularse los honorarios de las presentaciones de cada una de las partes en esta alzada, en el (%) de lo que deban percibir por las cumplidas en la anterior, mas el IVA en caso de corresponder.

Por lo expuesto, VOTO POR: I.- Confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recurso; II.- Imponer las costas de alzada a la demandada; III.- Regular los honorarios de los presentantes de fs. 153/159 y 161/169 en el (%) y (%), respectivamente, de lo que cada uno de ellos deba percibir por las tareas de primera instancia, mas el IVA de corresponder.IV.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1ro de la ley 26.856 y con la Acordada 15/2013 de la CSJN.

La Dra. Diana R. Cañal dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto del Dr. Perugini.

Oído lo cual, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recurso; II.- Imponer las costas de alzada a la demandada; III.- Regular los honorarios de los presentantes de fs. 153/159 y 161/169 en el (%) y (%), respectivamente, de lo que cada uno de ellos deba percibir por las tareas de primera instancia, mas el IVA de corresponder. IV.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1ro de la ley 26.856 y con la Acordada 15/2013 de la CSJN.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Diana R. Cañal

Juez de Cámara

Alejandro H. Perugini

Juez de Cámara

Ante mí:

Maria Lujan Garay

Secretaria