Escribano negligente: No corroboró debidamente la identidad de la persona que con DNI adulterado, se presentó como titular del inmueble hipotecado, y ahora debe pagar

hipotecaPartes: Zywca Mario Aaron c/ L. P. y otros s/ redargución de falsedad – ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 12-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-122632-AR | MJJ122632 | MJJ122632

Es responsable el escribano que no indagó debidamente sobre la identidad de la persona que con un documento nacional de identidad adulterado, se presentó como titular del dominio del inmueble hipotecado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Captura
Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que consideró responsable al escribano ante quien fue otorgado un acto materialmente falsificado, que consistió en el otorgamiento de una escritura pública mediante la cual se celebró un contrato de mutuo en especie con garantía hipotecaria con una persona que presentó un documento nacional de identidad adulterado y simuló ser la titular del dominio del inmueble, pues el notario debió haber advertido las inconsistencias en que incurrió la firmante al suscribir la declaración jurada exigida por la Ley 25.246 para informar a la Unidad de Información Financiera acerca de la operación (arts. 20, inc. 12o y 20 bis , Ley 25.246) y en tales circunstancias debió investigar formulándole preguntas específicas y concretas, que bien podrían haber desbaratado la maniobra.

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2.-El escribano es responsable ante el cliente por haber otorgado una escritura de mutuo con garantía hipotecaria en la cual quien se presentó como deudor lo hizo con un documento nacional de identidad adulterado y simuló ser la titular del dominio del bien, ya que, siendo su obligación de medios de acuerdo a los arts. 1001 y 1002 del CC., debió haber advertido las inconsistencias en que incurrió la deudora al suscribir la declaración jurada exigida por la Ley 25.246 y, con ello, su omisión importó una actuación negligente en el ejercicio de su profesión, perdiendo la única oportunidad de ahondar acerca de la identidad de la persona que se presentaba como la propietaria del bien.

Fallo:

En Buenos Aires, a 12 días del mes de noviembre del año 2019, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala «H» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: «Zywca, Mario Aaron C/ L., P. y otros S/ Redargución de falsedad – ordinario», y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- La sentencia de fs. 780/800 hizo lugar a la demanda entablada por Mario Aaron Zywca contra el notario Fernando Daniel Prisco y declaró la inexistencia de la escritura N° 418, del 18 de octubre del 2012, pasada al folio 949 del Registro 2069 a cargo del citado funcionario, a quien condenó junto con su aseguradora, La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., a abonar al primero la suma de U$S 49.660, con más sus intereses, en concepto de daños y perjuicios y las costas del proceso. Asimismo, desestimó la demanda entablada por daños y perjuicios contra P. L. y R. D. G.

Contra dicho pronunciamiento apelaron La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. y el codemandado Prisco, cuyos agravios lucen a fs. 819/826 y 827/836, respectivamente.

II.- Ante todo cabe señalar que, en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que se llevó a cabo el acto escriturario que ahora se impugna, entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente.

Veamos entonces cuáles son las posiciones de las partes en este litigio.

El actor sostuvo que el día 18 de octubre de 2012 suscribió en la escribanía del notario Fernando Daniel Prisco un mutuo en especie con garantía hipotecaria -escritura nro. 418, pasada al folio 949- con P.L., a quien le entregó en calidad de préstamo la cantidad de 1450 gramos de oro (pureza 999,9%), haciendo entrega de su equivalente en dólares estadounidenses U$S 44.660 y ésta se comprometió a devolver gramos de oro pureza 999,9% en setenta y dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 25 gramos de oro cada una, con vencimiento la primera el 18 de noviembre de 2012 y las restantes en igual día de los meses venideros. En garantía de devolución de la especie adeudada y pago de sus compensatorios y demás accesorios legales, la deudora constituyó a su favor derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio sobre la Unidad Funcional nro. 14, polígono 03-03 del inmueble sito en la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, con frente a la Avenida de Mayo nro. 388/92/96 Esquina Espora nro. 195, cuya escritura se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires el 09 de noviembre de 2012, en la matrícula 8868/14. Refiere que la deudora hipotecaria no cumplió en término con la prestación a la que se obligó por lo que, el 21 de febrero de 2013, envió carta documento intimando al pago de lo adeudado, la que fuera respondida el 25 de febrero mediante otra misiva en la que L. desconoció haber celebrado el mutuo en cuestión. Precisa que la respuesta de la demandada pone de manifiesto la existencia de una falsificación de firma en la escritura hipotecaria o, en su defecto, una sustitución de persona en el acto de suscribirse el instrumento público.

Relata que como consecuencia del intercambio telegráfico, el 08 de mayo de 2013, formuló denuncia por falsificación de instrumento público por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 12, con intervención de la Fiscalía de Instrucción nro. 31, causa nro. 21.963/2013, caratulada «N.N.s/ falsificación de documentos públicos- Denunciante Zywica Mario Aarón», el que dispuso decretar su incompetencia y resolvió remitirlo a la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal.

Expresa que resulta evidente que el documento de identidad de P. L. fue adulterado colocándose una foto distinta a la de su titular y que la impresión dígito pulgar derecha se estampó en parte en la imagen y en parte en la hoja del documento de identidad y que si se colocó una fotografía que correspondía a la persona que se presentó en la escribanía Prisco (y que no era L.), inevitablemente debió alterarse también su impresión del dígito pulgar, irregularidades que no fueron advertidas por el notario. De este modo, cabe colegirse, según indica, que la revisión del documento de identidad presentado por la persona que dijo llamarse P. L. no fue la adecuada, y en consecuencia no reviste el carácter de idóneo, tal como lo exige el art. 1002 inc. c) del Código Civil. Agrega que al autorizar la escritura nro. 418, que se arguye de falsa, Prisco tuvo a la vista el título de propiedad antecedente del inmueble a hipotecar en el que L., como compradora del bien, estampó su firma auténtica como «P. L.», la que resulta totalmente diferente a la consignada en la ficha notarial requerida de manera previa a la suscripción de la escritura, por lo que debieron llamar la atención del escribano las notorias diferencias que existen entre la firma total de nombre y apellido de la accionada en el título de propiedad antecedente, la escueta firma (asimilable a una media firma o a una mínima rúbrica) puesta en la ficha notarial y en la escritura de mutuo en especie con garantía hipotecaria, por lo que de haberlas analizado e investigado podría haber advertido, antes de firmarse la escritura pública, la aludida sustitución de persona.

En cuanto a la situación de Fernando Daniel Prisco, se presentó por gestor en los términos del art.48 Código Procesal y a fs. 125 se decretó la nulidad de todo lo actuado por su gestor por no haber cumplido con los recaudos previstos por dicha norma, mientras que a fs. 137 se decretó la rebeldía del codemandado R. D. G.

L. sostuvo no haber participado en ninguno de los actos relacionados al otorgamiento de la escritura cuya redargución de falsedad se persigue, que no le resulta posible imputar responsabilidad alguna ni al actor ni al demandado Prisco, pero que ninguna responsabilidad le corresponde a ella.

III.- La sentencia de grado acogió la demanda. Para así decidir, el Sr. juez de grado consideró, ante todo, que no hay contradicción entre la Sra. L. y el actor en cuanto a que aquélla no suscribió el instrumento objeto de autos y que su identidad fue sustituida por una persona que se hizo pasar por ella, lo que tampoco fue negado por la citada en garantía. Por lo tanto, estimó que hay consenso entre las partes en que el acto notarial fue celebrado por una persona distinta de la titular del derecho.

Luego, en virtud de la prueba producida en autos y en la causa penal no 21.963/2013, que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2 Secretaría nro. 3, concluyó que de la responsabilidad que se deriva por el otorgamiento de una hipoteca inexistente es del escribano Fernando Daniel Prisco, por lo que lo condenó a responder en un ciento por ciento sin perjuicio de la responsabilidad y acciones que, en su caso, pudieran atribuírsele a quien se hiciera pasar por P. L.

IV.- Claramente, estamos frente a un acto materialmente falsificado, es decir, la constitución de derecho real a non domino, que consistió en el otorgamiento de la escritura pública nro. 418, del 18 de octubre de 2012, autorizada por el escribano aquí demandado, Fernando Daniel Prisco y pasada al folio 949 del Registro Notarial 2069 de Capital Federal, mediante la cual se celebró un contrato de mutuo en especie con garantía hipotecaria con quien se había identificado como P.L. a quien se le habría entregado la suma total de U$S 44.660, título que ostenta los requisitos de forma pero carece de los de fondo, en el caso, legitimación, ya que se acreditó que en dicho acto no participó la titular del derecho.

Por lo tanto, probado dicho extremo, la cuestión se ciñe a determinar si le cupo algún tipo de responsabilidad al notario aquí demandado en el otorgamiento del mencionado acto escriturario, conforme surge del contenido de las quejas ensayadas por Fernando Daniel Prisco y su aseguradora.

En efecto, se agravian por la atribución de responsabilidad en el orden del 100%, pues entienden que no se habría acreditado el daño ya que no hay prueba del pago ni de que los deudores no pudieran devolver el dinero que supuestamente el actor le prestó a la sustituta P. L. También refieren a la ausencia de culpa o dolo del escribano demandado.

Contrariamente a ello, considero que el perjuicio del actor está acreditado, pues de la propia escritura surge que se llevó a cabo el acto, es decir, su firma contra entrega de 1.450 gramos de oro, que refieren a U$S 44.660, solo que quien se presentó como deudora hipotecaria, no era la Sra. P. L., sino una persona cuya identidad se desconoce, y si a ello se le suma la falta de contestación de la demanda por parte del notario, lejos está de probarse lo contrario.

Con relación a la conducta desplegada por el notario en el otorgamiento del acto que motivó esta litis, las quejosas consideran que Fernando Daniel Prisco actuó en todo momento de manera profesional y diligente, verificando la documentación aportada por las partes intervinientes en el acto en los términos del art. 1002 del Código Civil derogado. Agregan que no corresponde exigirles a los escribanos resultados imposibles o extremadamente gravosos, y tal es así que resultó necesaria la realización de una pericia dactiloscópica para determinar la falsedad de la supuesta P.L.

Si bien es cierto, y coincido, que no se trata de exigirles a los escribanos resultados imposibles, no lo es menos que la producción de la aludida pericia es una prueba de rigor en casos como el presente. Así fue que en sede penal, la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal, encomendó al Jefe de la División Dactiloscópica de la P.F.A. que personal designado al efecto procediera a cotejar la impresión d ígito pulgar derecha obrante en el formulario «Escribanía» -acompañado por el escribano Prisco-, donde constan los datos personales de P. L., con aquélla que figura en la «Ficha Dactiloscópica Femenina» remitida por el Registro Nacional de las Personas. En virtud de ello, la División de Rastros de la Policía Federal Argentina informó que «la huella dactilar obrante en el formulario titulado ‘escribanía’, a nombre de P. L. resultó apta para establecer identidad y del confronte realizado entre la misma y la totalidad de las impresiones insertas en la ficha dactiloscópica femenina. a nombre de P. L. Matrícula no6.656.523, se determinó en forma categórica e indubitable su no correspondencia».

Mientras que en estos autos, la perito designada, P. Ester Underwood, llegó a idéntica conclusión al señalar que «. la signatura dudosa inserta en la escritura No 418 no guarda relación con los automatismos gráficos de la Sra.L.» y «. surgen diferentes modelos de firmas entre la ‘ficha personal del deudor hipotecario’ y la escritura pública No 418 (ambas con firmas cuestionadas atribuidas a L.) contra la escritura pública No781 (indubitada)».

En lo demás, sin perjuicio de lo manifestado en cuanto a que si se entendiera que el escribano es responsable de dicha maniobra, el actor sería tan responsable como el notario, refiriendo a sus condiciones de prestamista que publicitaba en el diario Clarín, lo cierto es que ello en modo alguno justifica la actuación que le cupo al escribano en el otorgamiento del acto que, a mi modo de ver, no está exenta de reproches.

Me explico.

Cuando, como en el caso, se demandan los daños producidos a causa de haberse presentado una persona con documentos falsos en lugar de otra, lo cierto es que entra a jugar el modo en que la ley le exige al escribano justificar la identidad de los comparecientes.

Desde esta perspectiva, y como bien lo señala el Sr. magistrado de la instancia de grado, P. L. completó de su puño y letra la declaración jurada exigida por la Ley 25.246 para informar a la Unidad de Información Financiera acerca de la operación, y allí, la nombrada incurrió en una serie de errores tales como su año de nacimiento (1961 en lugar de 1951), su nro. de DNI (fue corregido sin la correspondiente enmienda), su estado civil (separada cuando se encontraba divorciada), el apellido de su ex cónyuge y de su madre (Quelorat y Carli en lugar de Queralt y Caris) y su domicilio (Spora 195 cuando debió decir Espora 195). Estas inconsistencias debieron ser advertidas por el notario, o, al menos, debieron llamar su atención, sin embargo las pasó por alto (arts. 20, inc. 12o y 20 bis, Ley 25.246).

Hago hincapié en ello, porque a través de la comisión de tantos errores por parte de quien se presentó invocado la identidad de P.L., y más allá de controlar su DNI y tomar su huella dactilar, que son diligencias de rigor, lo cierto es que el notario tuvo ahí una oportunidad concreta para sospechar y con ello investigar acerca de quien se presentó en ese acto, formulándole preguntas específicas y concretas, que bien podrían haber desbaratado la maniobra. Sin embargo pasó por alto esos errores.

V.- Para la mayoría de los autores el vínculo del escribano con su cliente se configura a través de un contrato de locación de obra intelectual (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, p. 415; Trigo Represas, Félix, «Responsabilidad civil de los profesionales», en «Seguros y Responsabilidad Civil», t. I, p. 130, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1978; Bueres, Alberto, Responsabilidad civil de los escribanos, en Bueres-Highton, Código Civil., Tomo 4-B, p. 739; Piñón, Benjamín, «Responsabilidad de los escribanos públicos», en «Derecho de daños» (libro homenaje a Mosset Iturraspe), t. I. p. 499, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1989; Compagnucci de Caso, Rubén H., Responsabilidad de los escribanos, LL, 1999-B, 16-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo V, 1119; Spota, Alberto G., Contrato de locación de obra, Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo V, 883; esta cámara, sala A, 30/10/1997, LL, 1999-B, 18).

Por lo tanto, la responsabilidad ante el incumplimiento es contractual, pues se configura en virtud de la violación de una relación jurídica anterior que unía a las partes, el perjuicio es sufrido por uno de los contratantes, y resulta una consecuencia directa del incumplimiento.

El art. 13 de la ley 12.990 expresaba que los escribanos eran «civilmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a terceros por el incumplimiento de sus deberes esenciales, sin perjuicio de su responsabilidad penal o disciplinaria, si correspondiese». Y el art.30 prescribía que la «responsabilidad civil de los escribanos resulta de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de la presente ley, o por mal desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo establecido por las leyes generales».

La ley 404 (Ley Orgánica Notarial), sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 15 de junio de 2000 derogó la ley 12.990 y sus normas modificatorias y complementarias.

Establece en su art. 133, dentro del Capítulo de Responsabilidad Disciplinaria, que «Sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa, toda irregularidad profesional originará la específica responsabilidad disciplinaria».

Asimismo, el art. 134 dispone que se entiende «por irregularidad profesional todo acto u omisión, intencional o culposo, que importe el incumplimiento de las normas legales o reglamentarias que rigen el ejercicio de la función notarial, así como la violación de las disposiciones dictadas o que se dictaren para la mejor aplicación de aquéllas y el incumplimiento de los principios de ética profesional, en tanto y en cuanto tales transgresiones afectaren a la institución notarial, a los servicios que le son inherentes, al decoro del cuerpo o a la propia dignidad del escribano».

La doctrina, si bien efectúa algunas distinciones necesarias, es casi coincidente en entender que el notario, al tener que otorgar un instrumento válido, asume una obligación de resultado o de fines que, le obliga en una dimensión mayor e impide alegar la ausencia de culpabilidad para eximir su responsabilidad (Conf. Compagnucci de Caso, Rubén H., Responsabilidad de los escribanos, LL, 1999-B, 16-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo V, 1119).

Sin embargo, existen opiniones divergentes acerca de la responsabilidad del escribano frente a un defectuoso estudio de títulos, ya que para algunos autores se trataría de una obligación de medios (Conf. Bustamante Alsina, ob. cit., p. 483; Orelle, José María, Responsabilidad civil del notario, en Bueres-Highton, Código Civil., Tomo 4-B, p. 823), mientras que para otros, sería de resultado (Conf. Trigo Represas, ob. cit., p. 131, Bueres, ob. cit., p.745, Alterini, Atilio, Estudio de títulos, LL, 1981- B-861).

En la primera hipótesis, el acreedor sólo debe probar el incumplimiento del escribano, mediante el fracaso del resultado prometido, pues la culpa del deudor se presume; en la segunda, el damnificado como acreedor debe acreditar el incumplimiento de su deudor y para ello está precisado a comprobar la culpa de éste (Conf. Raffo Benegas, Patricio (actualizador) – Llambías, Jorge Joaquín (autor), Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 2007, LexisNexis – Abeledo Perrot, Lexis No 9205/001571).

Esta sala en su anterior composición, con el voto preopinante de mi distinguido colega el Dr. Kiper, en autos «Uszynski, Luciano Claudio c/Warkovesky, Mario Carlos s/daños y perjuicios», dispuso con fecha 5 de mayo de 2.010, y con cita de María T. Acquarone de Rodríguez, que la sola circunstancia de no haber obtenido el resultado (en este caso, que la persona no era quien decía ser) no puede hacer responsable al notario, por los siguientes motivos: 1) Aun cuando pensemos que es una obligación de resultado, la producción de resultado prometido es el juicio de certeza, pero no su eficacia; 2) Cuando existe fraude cometido por terceros, el escribano también es víctima de ese fraude y por lo tanto se considera por la doctrina caso fortuito a los efectos de obligaciones de resultado; 3) Es imposible dejar de analizar la mayor o menor diligencia de la formación del juicio de certeza, porque se trata de algo subjetivo y como tal no tiene tarifación automática. Si hubiere sustitución de persona, se deberá valorar si el escribano lo pudo haber evitado con una actuación diligente. A la par, tampoco puede admitirse que alegremente un escribano intervenga en escrituras otorgadas por personas de las que no tiene ningún conocimiento, máxime cuando se trate de operaciones de alguna importancia económica o de actos de gran trascendencia jurídica. Por ello, debe seguirse un procedimiento intermedio:cuando el notario no tiene conocimiento personal o directo del otorgante de una escritura, dependerá de las circunstancias y de su ciencia y conciencia, la determinación de los medios a utilizar de su parte para llegar a la convicción respecto de su verdadera identidad, es decir, sobre que dicha persona es efectivamente quien dice ser.

El escribano tiene a su cargo variados deberes, los cuales acarrean responsabilidad cuando son incumplidos. Las tareas notariales de documentación son todas obligaciones de resultado. Algunos actos son previos a la documentación, como el deber de información sobre el contenido, legalidad y demás características o alternativas del acto que el requirente de sus servicios se propone realizar. Debe asimismo confeccionar el documento con todas las formalidades que exige la ley, incluidas las tributarias, conservar el protocolo y expedir las copias que le soliciten las partes. Tiene también la obligación de guardar secreto profesional de todos aquellos datos que no sean públicos, por ejemplo, el contenido de un testamento cerrado o el contenido de las tratativas que las partes han entablado con miras a un negocio. Sin embargo, la labor del escribano no se agota en la redacción de las escrituras sino que también debe inscribirlas dentro del plazo legal (Conf. López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, 2006, Lexis No 7004/005983).

De ello se desprende que las actividades esenciales de la función notarial son la de redacción, autorización, conservación y expedición de copias. Todas estas potestades caracterizan al notario y le confieren el poder que socialmente se reconoce (Conf. Gasparotti, Viviana, Responsabilidad civil del escribano, SJA 3/6/2009).

El art. 1001 del Código Civil antes de ser reformado por la ley 26.140 del año 2006, disponía que el escribano «debe dar fe de que conoce a los otorgantes», y el art.1002 en su versión anterior a la dicha reforma, establecía que «si el escribano no conociere las partes, éstas pueden justificar ante él su identidad personal con dos testigos que el escribano conozca, poniendo en la escritura sus nombres y residencia, y dando fe que los conoce».

Luego de la mentada reforma del art. 1001 se suprimió la obligación del escribano de dar fe de conocimiento sobre los otorgantes de la escritura, mientras que el art. 1002 establece tres sistemas: el conocimiento de las partes; declaración de dos testigos de su conocimiento; y exhibición de documento idóneo.

El fedatario puede optar entonces por cualquiera de ellas en base a su apreciación subjetiva y a lo que su experiencia personal y profesional le indique.

La sanción de la ley 26.140 vino, finalmente, a plasmar la realidad negocial que impera en la actualidad, incorporando los diversos medios de los cuales puede valerse el escribano para la identificación de las partes.

Con ello, los arts. 1001 y 1002, que resultan de aplicación al caso, en virtud de la fecha en la que se llevó a cabo el acto cuestionado, indican claramente que la obligación de justificar la identidad de las partes es de medios, pues basta que el escribano utilice diligentemente algunas de las vías previstas en el art. 1002 para cumplir con la prestación (conf. Orelle, José M., Fe de conocimiento y fe pública. El nuevo artículo 1001 del Código Civil, LL, 2007-E, 755; Alterini, Ignacio Ezequiel, Límites del deber de responder del escribano. Lo verdadero y lo falso, LL, 2014-D, 1131).

Dicho ello, debo señalar que no ignoro que el actor pudo haber sido engañado por la supuesta P. L., así como que fue él quien se la presentó al escribano Prisco.Tampoco ignoro que la maniobra defraudatoria pudo haberse urdido durante toda la etapa precontractual, sin embargo, nada de ello relevaba de responsabilidad al notario quien tenía el deber de cerciorarse acerca de la identidad de los asistentes al acto.

Y si bien es cierto que en el caso estamos en presencia de una obligación de medios, aun considerando los límites de la actuación del notario en esos términos, no es menos cierto que haber ignorado las mencionadas inconsistencias, importó haber actuado de modo negligente en el ejercicio de su profesión y con ello haber perdido la única oportunidad de ahondar acerca de la identidad de la persona que se presentaba como P. L. Tal actitud hace responsable al escribano Fernando Daniel Prisco por los daños ocasionados por el acto inexistente (arts. 512, 902 y 909, Cód. Civil), por haber omitido las diligencias debidas a su condición profesional.

Por todo lo dicho, propondré al acuerdo la desestimación de los agravios y la confirmación de la sentencia.

VI.- Costas En cuanto a las costas de esta instancia, propicio que se impongan al demandado Fernando Daniel Prisco y a su aseguradora, La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., que resultaron sustancialmente vencidos (art. 68 del Código Procesal).

VII.- Por todo ello, si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo de mis distinguidos colegas que se confirme el fallo recurrido en todo cuanto decide y ha sido objeto de agravios, con costas de alzada en los términos del considerando VI.- El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores jueces por ante mi, que doy fe. Fdo. José Benito Fajre, Liliana Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2019

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- confirmar el fallo recurrido en todo cuanto decide y ha sido objeto de agravios, con costas de alzada en los términos del considerando VI. Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (Conf. AC. 15/13), notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

JOSE BENITO FAJRE

LILIANA E. ABREUT DE BEGHER

CLAUDIO M. KIPER

JUECES DE CÁMARA

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