Amigos son los amigos: Un abogado no responde por haber perdido un proceso en el cual el verdadero responsable era amigo de la actora y no quiso demandarlo

abogadoPartes: Peluso María Victoria c/ F. J. M. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 14-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-122655-AR | MJJ122655 | MJJ122655

No existe responsabilidad del abogado por haber perdido un proceso en el cual no fue demandado uno de los responsables del hecho dañoso, si fue la propia clienta quien dio instrucciones a los fines de no accionar contra aquel.

Sumario:

1.-Cabe rechazar que exista responsabilidad profesional de los abogados accionados pues la actora les reprocha haber omitido haber promovido una demanda resarcitoria del accidente de tránsito del cual fue víctima, sin haber accionado contra quienes, en última instancia, eran responsables del hecho y en el caso se acreditó que no existió antijuridicidad alguna porque, efectivamente, existió una instrucción de aquella para no accionar contra la persona que en la ocasión, la transportaba, dado el vínculo que ambos tenían, circunstancia que impide reprochar una ausencia de debida información a la actora.

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2.-En principio, el abogado que asume la dirección de un pleito, no compromete una obligación de resultado sino de medios pues se compromete a poner al servicio de su cliente toda la ciencia y diligencia para defender sus intereses, sobre la base de la situación (de hecho y derecho) que aquel presenta al tiempo de solicitarle su intervención y en modo alguno, garantiza un total y efectivo positivo resultado en aquellas contingencias que le son confiadas.

3.-La responsabilidad del abogado no queda comprometida por la pérdida del o de los pleitos, a menos que se demuestre fehacientemente una grosera, una grave negligencia de su parte.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de noviembre de 2019, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «C» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos interpuestos en los autos «PELUSO MARIA VICTORIA C/F. J. M. Y OTRO S/ DAñOS Y PERJUICIOS» (EXPTE. N° 4719/2016), respecto de la sentencia corriente a fs. 352/370, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Trípoli, Converset y Diaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Trípoli dijo:

I.- La Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar, parcialmente, a la demanda promovida por María Victoria Peluso, con costas. En consecuencia condenó a R. S. S. y a J. M. F., en las proporciones indicadas, a abonar a María Victoria Peluso la suma de $620.000 – comprensiva de $270.000 por pérdida de chance y $350.000 por daño moral- con más sus intereses y las costas del juicio.

Contra dicho pronunciamiento se alzan los profesionales demandados. La codemandada S. presentó sus agravios a fs. 388/392 y la respectiva contestación de la parte actora obra a fs. 415/420. El codemandado F. hizo lo propio a fs. 393/409, memorial que fue contestado por el tercero citado a fs. 411/414 y por la parte actora a fs. 421/424.

II.- Ante todo, cabe señalar que, con relación al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo la fecha en que sucedieron los hechos que dieron origen al pleito, comparto que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando al caso las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

III.- La actora, que el 9 de noviembre de 2001 sufrió un accidente de tránsito, solicitó sucesivamente los servicios profesionales de los Dres. R. S. S. y J. M. F. para procurar resarcirse de los daños y perjuicios entonces padecidos a raíz de aquel siniestro.

En primer lugar, suscribió, con fecha 22 de noviembre de 2002, un poder general judicial a favor, entre otros profesionales, de la Dra. S. y esta inició el expediente caratulado «Peluso María Victoria c/Ursini Marcelo Adrián y otros s/daños y perjuicios» expte. n°83697/2003 -que en copia certificada se tiene a la vista- y su beneficio de litigar sin gastos. Revocado aquel mandato, otorgó con fecha 4 de octubre de 2005, otro poder general judicial a favor, entre otros profesionales, del Dr. F., quien continuó el trámite de las actuaciones hasta que con fecha 29 de abril de 2008 la actora se presentó en el expediente representada por el Dr. Alfredo Horacio Cuesta, profesional a quien le confirió poder general el 6 de marzo de 2008 (v. fs. 2/5, 342/381, 456/458 y 746 del expte. cit.).

En las actuaciones de referencia, María Victoria Peluso demandó a Marcelo A. Ursini, conductor del camión Scania, dominio RDO 120, con semirremolque, dominio C 8275589, -declarado rebelde a fs. 492- y a Montela S.A. -desistido a fs. 456/458- y citó en garantía a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Más adelante amplió demanda contra el titular de la póliza de seguro que amparaba al camión (Pampa y Toro SRL) y contra su titular registral (Unión Austral SRL), ampliación esta última que se desestimó toda vez que, en la etapa de mediación previa, la requirente había desistido de la acción y del derecho a su respecto (fs.131vta.).

Ello en virtud del invocado accidente de tránsito ocurrido el día 9 de noviembre de 2001, a las 11:30hs. aproximadamente, en la intersección de la avenida Constitución y la calle Monte Carballo de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, entre la motocicleta Kawasaki, dominio 868 CEE, conducida en la oportunidad por Walter Alexis Dell Arciprete -en la cual se trasladaba Peluso- y el camión de referencia. Cabe aclarar que en esa ocasión indicó que por la mentada avenida, en el mismo sentido de circulación, transitaban ambos vehículos. Mientras que la moto lo hacía por el carril derecho, el camión se desplazaba sobre el carril izquierdo. Señaló que al arribar el camión a la intersección con la calle Monte Carballo, el chofer giró repentinamente hacia la derecha para tomar esta última arteria, encerrando y enganchando la motocicleta.

De la lectura de dichos actuados resulta que en ocasión de contestar la citación en garantía, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, al dar su versión de los hechos imputó la responsabilidad por el evento de autos a Walter Alexis Dell Arciprete, conductor de la motocicleta en la que se trasladaba la actora. Pidió su citación como tercero en los términos del art. 94 del Código Procesal. Frente a ello y a la falta de oposición, el juzgado hizo lugar a la citación, con el alcance fijado por el art. 96 in fine del mismo cuerpo legal (fs. 518).

Ahora bien, con fecha 16 de agosto de 2011, el Sr. Juez de grado dictó sentencia y rechazó la demanda instaurada, con costas. Para así decidir, infirió, luego de un análisis pormenorizado de la prueba, que los hechos habían sucedido tal como lo había relatado la citada en garantía.Esto es, que el conductor de la motocicleta que trasladaba a la actora, Walter Alexis Dell Arciprete -citado como tercero a instancias del accionado- fue quien no había observado adecuadamente la integridad del accionar del tránsito circulante y, menos aún, había mantenido el dominio del vehículo y obrado con el máximo cuidado y prevención, percatándose que se interponía en la línea de marcha de un camión de gran porte, conducido en la ocasión por Marcelo Adrián Ursini. En definitiva, arribó a la conclusión de que el evento analizado se había debido a la exclusiva culpa del conductor de la motocicleta, de lo que se derivaba acreditada la eximente de responsabilidad contemplada por el art. 1113 del Código Civil, en el caso, por la ruptura del nexo causal de responsabilidad ante el hecho de un tercero por el cual el demandado no debía responder (fs. 1167/1173).

Dicho decisorio fue apelado por la parte actora, cuyas quejas se dirigieron a cuestionar el rechazo de la demanda. Insistió en el hecho de que, en el caso, se encontraba verificada la conducta del chofer del camión con incidencia concausal en la producción del accidente, además de haber violado la reglamentación de tránsito al haberse introducido en una arteria donde existía prohibición para circular con cargas mayores a 2,5 toneladas.

Sin embargo, conforme resulta de la lectura del fallo obrante a fs. 1242/1246 y de la resolución de fs. 1279/1280, la sentencia de grado fue confirmada por la Alzada el 19 de marzo de 2013 y rechazado el recurso extraordinario contra ella interpuesto el 28 de mayo de 2013.

IV.- En estas actuaciones, María Victoria Peluso, representada por el Dr. Cuesta, les reprocha a los abogados demandados que omitieran, cada uno a su turno, accionar también contra quienes, en última instancia, debían ser responsables de resarcir las consecuencias dañosas del accidente.éstos son, la empresa que figuraba como titular registral del vehículo con el cual se había producido el daño, Unión Austral S.R.L., y el conductor de la motocicleta que la transportaba, Sr. Walter Dell Arciprete.

Los emplazados negaron su responsabilidad.

La primera, además de afirmar que el Dr. Cuesta también intervino como apoderado en el expediente en cuestión, indicó que su actuación, que se extendió hasta que le fue revocado el poder y se presentó el Dr. F., fue diligente. Sostuvo que en el año 2001 Peluso y su pareja, Walter Alexis Dell Arciprete, habían concurrido a su estudio para consultarle y contratar sus servicios profesionales por el accidente de tránsito del que ambos habían formado parte. Describió que, según los dichos de Peluso, la nombrada volvía de la playa con quien dijo era su pareja (Dell Arciprete), a bordo de una motocicleta conducida por él. Indicó que, al encomendarle la tarea de inicio de la demanda, Peluso brindó una versión de los hechos, la que fue vertida textualmente en el escrito de inicio y concordaba con su declaración testimonial brindada en el marco de la causa penal labrada a raíz del suceso. Aclaró en ese momento le manifestó que no deseaba que su pareja quedara involucrada en contienda judicial alguna, quien, por otra parte, por averiguaciones realizadas, no contaba con seguro. En definitiva, destacó que la demanda de daños y perjuicios había sido promovida en tiempo y forma, según las expresas instrucciones de su mandante, contra el conductor del camión, contra su titular registral (Montela S.A.) y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, quien, al contestar la citación en garantía, reconoció la vigencia de la póliza contratada por Pampa y Toro S.R.L.y solicitó la citación como tercero de Dell Arciprete, lo que así ocurrió. Aseveró que ante esta información decidió ampliar demanda contra Pampa y Toro S.R.L., ordenándose el traslado correspondiente; sin embargo, destacó que no pudo concluir su labor ni continuar la misma atento la presentación del Dr. F. como nuevo apoderado, revocándosele el poder, dejando desde ese momento de ser parte y responsable del juicio, como así de su desarrollo y posterior sentencia.

En cuanto al desistimiento de la acción y del derecho contra la titular registral del camión Scania, Unión Austral S.R.L., refirió que tal desistimiento había ocurrido porque el vehículo ya no pertenecía a la mentada sociedad por haber sido enajenado el 20 de noviembre de 1998. De ahí que frente a la posible defensa de falta de legitimación pasiva que claramente iba a oponer Unión Austral S.R.L., decidió el referido desistimiento.

Por su lado, el Dr. J. M. F. reconoció que la actora le había otorgado poder general judici al el 4 de octubre de 2015 y que la labor por ella encomendada había sido la de proseguir hasta su terminación las actuaciones derivadas del accidente de tránsito que las motivó. Resaltó que en las entrevistas mantenidas con Peluso, ésta siempre mencionó a Dell Arciprete como su novio. De ahí que no la nombrada no tenía intención alguna de accionar contra él. Por otra parte, destacó que todos los antecedentes obrantes en la causa penal permitían concluir que no existía responsabilidad alguna del amigo o novio de Peluso. Afirmó que en el momento que el Dr. Cuesta se presentó en el expediente representando a Peluso, los autos se encontraban pendientes de recibir las conclusiones periciales no sólo médicas sino fundamentalmente las del perito mecánico. Hizo algunas referencias en relación a la actuación del Dr.Cuesta en el trámite del expediente, lo que motivó que optara por renunciar al mandato otorgado, acompañando los pactos de honorarios que tiempo después se homologaron.

Solicitó, finalmente, la citación de tercero de Alfredo Horacio Cuesta, la que se admitió a fs. 115/116 y fue contestada por el letrado a fs. 120/123.

La Sra. Jueza a quo, para decidir de la manera que lo hizo, consideró que los abogados incurrieron en mala praxis, pues entendió que debieron haber informado a su clienta respecto de las consecuencias de su instrucción de excluir de su reclamo a uno de los participantes del accidente de tránsito. Y no sólo eso, continuó, sino que debieron haberlo hecho de tal modo que, con todo el caudal de información necesario, que, a su entender, no fue probado que se hubiese brindado, la clienta comprendiera cabalmente hasta dónde llegaría su decisión de mantener ajeno a uno de los responsables y brindara, en consecuencia, un consentimiento pleno e informado. Para la juzgadora tal extremo no se trataba de una cuestión menor, pues hacía a la suerte del pleito la decisión de incorporar o no a uno de los intervinientes del accidente, justamente, el que la transportaba, presupuesto este básico de la acción que se incoaba.

Puntualmente, con relación a la codemandada S., la Sra. Jueza de grado consideró que en ningún momento la accionada señaló haber alertado siquiera mínimamente a la actora de las consecuencias de la alegada decisión de no demandar al conductor del vehículo que la transportaba. Por el contrario, indicó, manifestó haberse atenido al relato de los hechos que realizara la actora cuando su misión no era esa sino armar jurídicamente el reclamo y la estrategia del pleito, incluyendo el relato transmitido del caso. Ello con la adecuada y suficiente información brindada a su clienta en forma previa, en orden a los alcances de la decisión en cuanto a quiénes serían demandados en el pleito y que, señaló, no fue probado.Estimó que hubiere o no la clienta manifestado que no quería demandar a un sujeto relevante como el que la transportaba, era carga ineludible de la abogada brindarle toda la información necesaria en orden a ese aspecto y sólo ahí sujetarse a la instrucción del cliente, con un consentimiento informado. Para concluir, la juzgadora señaló que, según se advertía del escrito inicial obrante a fs. 342 del expediente originario, la abogada no había dejado abierta la posibilidad de incorporar a otros sujetos pasivos indeterminados, clausurando ese derecho de la actora. Destacó que si bien tal posibilidad no quedaba cerrada, importó para la abogada una seria falta de diligencia profesional ya que las consecuencias de la omisión se proyectarían justamente en la suerte misma del pleito. De manera que, concluyó, se exhibió así una conducta negligente y, por lo tanto, antijurídica, que en los términos del art. 902 del Código Civil derogado, afirmó, generó la responsabilidad de la profesional en el devenir del juicio, dada su intervención fundamental en la etapa inicial, habiendo dejado en cierto grado de indefensión el derecho esgrimido por la actora.

Respecto del codemandado F., destacó que el nombrado había ingresado a la litis en la etapa que se desarrolló luego de la demanda, para la convocatoria de los sujetos del pleito. De ahí que la Magistrada aseverara que su actuación había resultado más limitada y de algún modo acotada por los términos del escrito y la estrategia inaugural. De hecho, remarcó, aun cuando no fuere dirigido al conductor de la moto, F. intentó una ampliación de demanda contra Unión Austral S.A. que fue denegada por el juzgado interviniente en razón de los términos en que se había formulado la demanda. Sin embargo, para la a quo lo expuesto no significó que en esa etapa del pleito quedara cerrada su posibilidad de manejo profesional en términos de contra quiénes se dirigía la acción.Señaló que el codemandado F., de alguna manera, manifestó concordar con la opinión de la anterior colega en cuanto a la falta de necesidad de convocar al conductor de la moto que la transportaba, lo que denotó que no se había alertado suficientemente a la clienta, informando sobre los alcances de su decisión. La juzgadora insistió en relación a que no se había probado que la decisión de la actora de excluirlo a Dell Arciprete estuviera rodeada de las máximas previsiones y recaudos, a fin de otorgar un consentimiento plenamente informado en tal sentido. Afirmó que no parecía haberse sopesado diligentemente los alcances de la no intervención de uno de los participantes del accidente. Con relación a la declaración de la Dra. Nicoletto -socia de F.- la sentenciante la consideró vaga en ese aspecto y que no había logrado probar en modo alguno que hubiere mediado la información necesaria a la clienta.

El fallo apelado destacó, igualmente, que la situación procesal del codemandado F. era distinta a la de S., ya que a fs. 518, el juzgado actuante -a instancias de la aseguradora- había decidido la incorporación de Dell Arciprete como tercero en los términos del art.94 del Código Procesal, incidencia en que la parte actora -representada en ese entonces por al Dr. F.- no manifestó oposición, siendo esta, destacó, una actitud diligente y precautoria de la dirección letrada.

Sin embargo, para la juzgadora, la incorporación del tercero Dell Arciprete implicó, tan solo, que la extensión de las consecuencias de la responsabilidad profesional de los emplazados resultaran aminoradas por ese hecho no buscado. La sentenciante no dejó de soslayar que el mentado participante había quedado incluido en la Litis y que, en este punto, el art. 96 del Código Procesal, a partir de su reforma por la ley 25.488, hubiera permitido ejecutar la sentencia contra el tercero citado.Pese a que esa posibilidad clara y concreta para el proceso existía, destacó que no había sido tratada como tal por el entonces juzgador -ni por la Alzada-. Por lo tanto resolvió proyectar un impacto diferente en cuanto a las consecuencias lesivas de la responsabilidad en ambos casos que, a su entender, efectivamente se produjeron, lo que meritó al momento de analizar la entidad del resarcimiento de daños, sin que gravitara de modo alguno en la responsabilidad analizada.

Finalmente, en respuesta a la defensa del demandado F. en relación a la intervención ulterior de otro abogado y el hecho que este nuevo apoderado no cuestionara el peritaje mecánico, que quedó así consentido al momento de sentenciar, la jueza remarcó que el Dr. Cuesta, en definitiva, había cumplido con dicha carga al momento de alegar en relación a la prueba producida (ver fs.1161 del expte. cit.) siendo esa, afirmó, una oportunidad alternativa que indica el código de procedimientos nacional. Ello, continuó, más allá de afirmar que no se había probado que tal extremo hubiera tenido incidencia definitoria en la decisión judicial en cuanto a modificarla de haberse impugnado el dictamen. En ese sentido, consideró que el alcance que podía dársele al curso del proceso a la altura en que intervino el tercero citado resultaba aún más acotado, no habiéndose probado, reiteró, en modo alguno, la incidencia de una conducta omisiva o positiva en el quehacer profesional del Dr. Cuesta que coadyuvara en el resultado lesivo para la actora.De ahí que, por no advertir participación alguna del tercero, decidió no extender la responsabilidad y, por ende, la condena a su respecto en los términos del art.96 del CPCCN.

En mérito a todo lo expuesto, siendo que cada uno de los emplazados debía responder por su hecho personal, sin que tenga que hacerse cargo de la responsabilidad del hecho del otro, por entender que cada reproche en un juicio retrospectivo no es el mismo y tampoco en lo que hace al deber incumplido de información que debía brindar uno y otro profesional -asiento principal aquí de la responsabilidad reprochada-, decidió imponer a la demandada S. un 65% de la responsabilidad y el restante 35% al demandado F., de manera mancomunada.

Las quejas de los profesionales apelantes se dirigen a cuestionar la admisión de la demanda interpuesta.

La Dra. S. funda sus críticas en los siguientes agravios: 1) errónea valoración por parte de la a quo de la prueba relativa al hecho motivo del juicio; 2) errónea interpretación de la necesidad de justicia; 3) omisión, falta de consideración y análisis del ofrecimiento efectuado en aquel expediente por parte de la aseguradora; 4) falta de perjuicio e inexistencia de pérdida de chance; 5) falta de consideración de la inexistencia de relación causal entre la supuesta omisión de integrar la litis y resultado del juicio; 6) subsidiariamente, cuantificación de las indemnizaciones reconocidas en el fallo.

Por su lado, el Dr. F. funda su apelación en los siguientes agravios:1) refiere que existió un defectuoso análisis de la categorización de la particular actividad del profesional de la abogacía, lo que llevó a un errado enfoque de la conducta que finalmente se le imputó; 2) que se le reprochara no haber incluido en la demanda a quien, en definitiva, fue declarado responsable exclusivo del accidente de tránsito; 3) falta de análisis de los antecedentes fundam entales para decidir acerca de la suerte de aquel primer expediente, lo que hubiera permitido concluir que no existió responsabilidad alguna por parte del conductor de la moto, a lo que se suma la instrucción precisa de la actora de no demandarlo; 4) que se concluyera que, pese a no haber sido él quien tuvo a cargo las tratativas precontractuales, confección de la demanda y, posteriormente, la dirección del proceso hasta el dictado de la sentencia, apelación y confección de los agravios por ante la Alzada, igualmente deba compartir la responsabilidad con fundamento en el hecho de no haber alertado detalladamente a la actora acerca de los alcances de su decisión de excluir a uno de los participantes del accidente de tránsito; 5) que se afirmara que la obligación de información debió hacerse de manera tal que la clienta comprendiera cabalmente hasta dónde llegaría su decisión de mantener ajeno a uno de los responsables (amigo) para así poder brindar un consentimiento pleno e informado; 6) con relación a la falta de condena contra Dell Arciprete, afirma que si toda la imputación radica en ese punto, lo cierto es que ni su parte ni S. son responsables por ello sino que fue enteramente responsabilidad del tercero citado, el Dr. Cuesta; que además de no haber impugnado la prueba pericial mecánica, fue quien estuvo a cargo de la apelación y de la negociación extrajudicial con la aseguradora interviniente; 7) cuestiona, en definitiva, que la sentencia apelada omitiera realizar toda consideración en relación a la falta de condena a Dell Arciprete en aquel primer expediente, omisión que debió procurar resolver el Dr.Cuesta -cuarto letrado de la actora-, insistiendo en su queja respecto de que se le extendiera la condena como a un litigante más; 8) en ese sentido, se agravia por el rechazo de la condena respecto del tercero citado, único letrado responsable de que Dell Arciprete no haya sido condenado como responsable en la producción del accidente de que se trata; 8) critica la actitud jurisdiccional y, en particular, la del Dr. Cuesta, quien luego de presentarse en estas actuaciones ya como tercero citado, persistió en su carácter de apoderado de la actora, en abierta infracción a lo que dispone el arts. 271 del Código Penal y el art 10 inc. a) de la ley 23.187 y 19 del Código de ética; 9) finalmente, y de manera subsidiaria, critica la procedencia de los rubros reconocidos en la sentencia y lo decidido en materia de intereses.

V.- La responsabilidad civil profesional es aquella en la que pueden incurrir quienes ejercen una determinada profesión, al faltar a los deberes específicos que la misma les impone, o sea la que deriva de una infracción típica de ciertos deberes propios de la actividad profesional de que se trate, ya que es obvio que quien se desempeña en una profesión debe poseer los correspondientes conocimiento teóricos y prácticos, debidamente actualizados, y obrar con ajuste a ellos y a las reglas y métodos pertinentes con la necesaria diligencia y previsión. Esto es, en lo primordial, nada hay en la responsabilidad profesional que difiera de los principios básicos de la responsabilidad civil en general, salvo las peculiaridades o matices que en cada caso concreto puedan presentarse (Trigo Represas, Félix, «Los distintos roles del abogado: apoderado, consultor, patrocinante. Deberes y Responsabilidades en cada caso» en Derecho de Daños. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005-1, pág.69 y ss).

En principio, el abogado que asume la dirección de uno o más pleitos, no compromete una obligación de resultado sino de medios; es decir que se compromete a poner al servicio de su cliente toda la ciencia y diligencia para defender sus intereses, sobre la base de la situación (de hecho y derecho) que aquel presenta al tiempo de solicitarle su intervención. En modo alguno, garantiza un total y efectivo positivo resultado en aquellas contingencias que le son confiadas.

Y es lógico que así sea, ya que todo pleito aprehende cuestiones opinables tanto de hecho como de derecho de tal manera que, salvo casos muy excepcionales, ningún letrado puede garantizar un delineado y muy determinado resultado.

Se deduce de lo dicho que la responsabilidad del abogado no queda comprometida por la pérdida del o de los pleitos, a menos claro está, que se demuestre fehacientemente una grosera, una grave negligencia de su parte (v.g.: no haber interpuesto recursos legales contra una contraria resolución perjudicial a los intereses que le fueran confiados; no ofrecer ni producir prueba confiable en su etapa oportuna; incurrir en palmario desconocimiento legal, etc.). Ni aún, dar un consejo, proponer y llevar adelante una determinada estrategia litigiosa que pueda aventar sólo en parte el peligro derivado de una cierta situación patrimonial dada de antemano y en la que se encontraba ya su cliente, cuya causa fuente no derivó del ejercicio abogadil, sino que se enraizaba en un cierto y determinado actuar de quien recurrió a sus servicios profesionales (Borda G.A., en «Tratado de Derecho Civil Argentino»-«Obligaciones», tomo II, 3a edición actualizada y ampliada, Ed. Abeledo -Perrot, pág. 464/465, no 1657 y 1658, y sus citas al pie bajo el número 2619; CNCiv. Sala G, «S., S. M. c. A., J. C.y otros» del 16/10/2012, cita La Ley online AR/JUR/68373/2012).

En el caso, luego de valorar toda la actividad cumplida por los profesionales demandados y el tercero citado en las actuaciones de referencia, a diferencia de lo que postula el fallo apelado con relación a los dos primeros, no encuentro demostrada la existencia de ese grueso error de consejo o estrategia, en las etapas en las que cumplieron el mandato otorgado, enmarcados en su labor de lo que dan cuenta las constancias del expte. n°83697/2003 «Peluso María Victoria c/Urisini Marcelo Adrián s/daños y perjuicios».

Sabido es que las obligaciones nacidas de la relación profesional-cliente son, por regla, de naturaleza contractual, y regidas por los arts. 499, 512, 519/21, 902 y concordantes del Código Civil. Por lo demás, resultan presupuestos de la responsabilidad del abogado la existencia del daño, la relación causal adecuada entre éste y la conducta imputada, y el carácter antijurídico de tal conducta, consistente en un incumplimiento de las obligaciones asumidas, ya sea a título de culpa o dolo. El factor de atribución es, en principio, subjetivo, porque la responsabilidad del letrado es personal, por el hecho propio.

Como se adelantó, el simple hecho de perder un juicio, o de brindar un asesoramiento cuestionable, no compromete necesariamente la responsabilidad civil del abogado, sino que a dichos fines habrá de verificarse la concurrencia de los distintos presupuestos enunciados.

En la especie, el quid de la cuestión reside en el elemento de la antijuridicidad. La conducta desajustada a derecho que la actora le endilgó a los abogados al demandarlos fue omitir, cada uno a su turno, accionar contra quien, en última instancia, fue responsable de resarcirla por las consecuencias dañosas del accidente sufrido.

Ahora bien, la responsabilidad profesional del letrado que genera el consiguiente deber jurídico de recomponer al cliente en su patrimonio, con respecto al daño que por su mal desempeño le pudo ocasionar, recién se configura a partir de cuatro elementos esenciales.La falta de cualquiera de ellos, lo releva de todo reproche.

Tales elementos son: a) la antijuricidad que se conforma como elemento esencial u objetivo, con la violación de un deber jurídico preexistente que está consagrado en una o más reglas normativas; b) el factor de atribución, en cuyo mérito el abogado debe responder por el resultado lesivo de su comportamiento, sea éste doloso o culposo; c) el daño, tomado en sus diversas y tan variadas especies, que aquel comportamiento -activo u omisivo- cause o haya causado a su cliente, y d) la necesaria y adecuada relación de causalidad que enlace la calificada conducta con la imputable pérdida de la oportunidad o expectativa, tomada esta última como «chance malograda». (Kemelmajer de Carlucci, Aída, en «Daños Causados por abogados y procuradores» en J.A., tomo 1993-III-704; Andorno, Luis O, en «La responsabilidad de los abogados», en «Derecho de Daños-Homenaje al Dr. Mosset Iturraspe», pág. 473 No 1, página 479 No 3, editorial «La Rocca», Buenos Aires 1989; Trigo Represas, Félix A, en «Responsabilidad Civil de los Abogados», en «Responsabiilidad Civil de los profesionales», pag. 62 y sigtes.; de su misma autoría, «La responsabilidad civil del abogado por dejar prescribir una acción», en J.A., tomo 1997-III-20 y sigtes.; CNCIv. Sala G, fallo cit.) Ninguno de los presupuestos que anteceden se ha visto reflejado en estas actuaciones.

Veamos. Si de la antijuridicidad se trata, lo cierto es que la sentencia de grado tuvo por demostrado que, efectivamente, existió una instrucción de la clienta a sus representantes de no accionar contra Walter Alexis Dell Arciprete, sujeto que, en la ocasión, la transportaba.

Con todo, la juzgadora, para concluir de la manera que lo hizo, consideró que, frente a dicha manda, los aquí demandados debieron informar a su clienta respecto de las consecuencias de su instrucción de excluir de su reclamo a Dell Arciprete.Y no sólo eso, dijo, sino que debieron haberlo hecho de tal modo que, con todo el caudal de información necesario, la clienta comprendiera cabalmente hasta dónde llegaría su decisión de mantener ajeno a uno de los responsables y brindara, en consecuencia, un consentimiento pleno e informado. Para la juzgadora, tal información no fue probada que se hubiese brindado y de ahí la responsabilidad que endilgó a los profesionales demandados por el resultado adverso de aquel pleito.

En correcto que con carácter previo a un litigio, el abogado debe informar fielmente a su cliente de sus posibles pretensiones, de si éstas son fundadas o no, de las probabilidades razonables de éxito de las mismas atendiendo a su naturaleza y a las pruebas disponibles, de los medios de defensa, del eventual coste de tales medios, de la conveniencia de alcanzar un arreglo amistoso, aun a costa de disminuir sus pretensiones o renunciar a alguna o algunas de ellas, etc. Así, la omisión de un consentimiento informado puede dar lugar a responsabilidad del abogado con base en un factor de atribución tradicional, que es la culpa (cfr. Wierzba, Sandra M., «Responsabilidad civil del abogado por prescripción de la acción intentada» Revista de Responsabilidad civil y seguros, Ed. La Ley, año IX, No. XII, diciembre de 2007, p. 46/52, del 1° de diciembre de 2007; ídem, «Responsabilidad civil del abogado», Hammurabi, Buenos Aires, 2006, pp. 41/46; CNCiv., esta Sala, «Mengucci J.Oscar c/Velo Laura Alicia c/daños y perjuicios» del 19/11/2014).

Como prevención, entonces, a la manera del «consentimiento informado» que se ha esparcido en el ámbito de la medicina como obligación de los galenos, resulta recomendable que el abogado deje constancia por escrito de toda información que le suministra al cliente acerca de las dificultades, inconvenientes o riesgos que presenta su caso, suscribiendo el cliente el instrumento a modo de constancia de que la ha recibido, como asimismo su decisión de entablar igualmente la demanda, sin que esté de más consignar también los hechos relatados por el cliente y las pruebas suministradas (Cfr. Leguisamón, Héctor Eduardo, «La incorrecta valoración de la prueba como causa de mala praxis del abogado», Cita Online: AR/DOC/47/2006; CNCiv., esta sala, fallo cit.).

Desde luego, la buena práctica abogadil indica que los letrados demandados -y el tercero citado también- debieron estudiar el caso de Peluso, conocer bien los trámites procesales a cumplir y las exigencias formales a cubrir. Y tras ello, hacerle saber a su clienta que el no demandar a Dell Arciprete podía importar que su reclamo fuera desestimado. En suma, no debían embarcar a su clienta en una estrategia judicial sin su anuencia previa. Entiéndase, el deber de informar de manera adecuada al asistido no es ajeno al ámbito de ejercicio de la abogacía.

Sin embargo, en el caso, como afirma la sentencia, Peluso efectivamente instruyó a sus letrados para que no se lo demandara a su amigo de la infancia.Tal extremo no está en tela de juicio.

Así, más allá de advertir que el incumplimiento del deber de información y la falta del consentimiento informado no fueron hechos propuestos por la parte actora en su demanda, lo cierto es que, a partir de aquella primera postulación, ha quedado definida la falta de responsabilidad de los demandados -y del tercero citado- por no haber accionado contra Dell Arciprete, que fue, en definitiva, lo reitero, la conducta antijurídica imputada aquí a los demandados.

A partir de tal conclusión, mal puede reprochárseles negligencia o culpa grave a los letrados por no haber informado o haber prestado la clienta el consentimiento informado. Más aún cuando habiendo sido incorporado Dell Arciprete como tercero y frente a la omisión de la sentencia de grado de considerarlo alcanzado como a los litigantes principales, la actora representada en ese entonces por el Dr. Cuesta -quien es dable suponer le informó también acerca de las consecuencias de no agraviarse en relación a tal omisión- de todos modos dirigió sus críticas a revocar la sentencia y no a que se lo condenara al tercero quien, de acuerdo a lo que resulta de los considerandos, tanto del fallo de grado como del de Alzada, resultó ser el único responsable por la ocurrencia del accidente de que se trata.

Evidentemente tanto la conducta de la Dra. S. como del Dr. F., y aun del propio Dr. Cuestas, respondieron a aquella primera instrucción de la actora en orden a que Walter Alexis Dell Arciprete quedara fuera de la contienda judicial.Tal estrategia quedó perfectamente plasmada tanto en la propia declaración de Peluso en el marco de la IPP n°95135 caratulada «Dell Arciprete Walter Alexis – Urisini Marcelo Adrián s/lesiones culposas» labrada como consecuencia del siniestro sufrido, que tramitó por ante la UFI N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata -y que en copia certificada se tiene a la vista- como en la demanda civil.

En efecto, frente a la instrucción, María Victoria Peluso, quien ya contaba con el patrocinio letrado de la Dra. María Esther Gatti, en carácter de testigo y bajo juramento de decir verdad, declaró que el día del accidente circulaba como acompañante en la moto conducida por su amigo Walter Dell Arciprete. Dijo que lo hacían por el carril derecho de la avenida Constitución, que iban despacio y sin los cascos de seguridad colocados. Que al llegar a la esquina de Constitución y Carballo, un camión Scania que circulaba en el mismo sentido que ellos y por el segundo carril de la avenida, dobló hacia la derecha «como venía». Dijo que «ahí su amigo clava los frenos porque si no chocaban contra el camión e intenta mandarse hacia el cordón, y al estar la mitad de la moto ya sobre el cordón, a ella la agarra el acoplado de este camión y la tira de la moto, cayendo sobre la Avenida Constitución y la moto sobre ella». Interrogada en relación a si era su deseo instar la acción penal respondió que no y a la pregunta acerca de si había iniciado la acción civil, dijo que creía que sí, con su abogada, pero que hasta la fecha nada había cobrado (v. fs.16).

En el croquis ilustrativo adjunto a la declaración, se ve claramente cómo Peluso ubicó a la moto por delante y a la derecha del camión Scania, el que, conforme resulta de sus propios dichos y lo allí ilustrado, se habría adelantado y girado intempestivamente a la derecha, interponiéndose así en la línea de conducción de la moto dirigida por Dell Arciprete. En definitiva, puso en cabeza del chofer del camión toda la responsabilidad en la producción del accidente de que se trata.

En su demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del accidente, se brindó tal versión de los hechos y se ofreció como testigo al propio Dell Arciprete, otra muestra clara de la decisión de no querer accionar contra su amigo de la infancia (tal como lo refirió la testigo Soule en su declaración de fs. 262/263 de estas actuaciones) (v. escrito de demanda de fs. 342/361, ap. XVI, pto. 3 a)).

Repárese que más allá de la instrucción impartida por la actora a sus mandatarios -incluido el Dr. Cuesta como se dijo- lo cierto es que ninguno de los tres profesionales que representaron a Peluso en los actuados que precedieron a éste, en el cumplimiento de sus mandatos, pudieron desconocer lo referido por su clienta frente a la instrucción, en tanto protagonista principal del suceso. Una versión distinta por parte de Peluso hubiera podido comprometerla en su juramento de decir verdad. Es, en este punto, que, a mi juicio, debe analizarse también la conducta de los letrados, pues indirectamente hubiera estado en juego, en el caso, la propia conducta de su representada.

A esta altura, debo razonar que si un letrado acepta el poder en el que se le encomienda representar determinados intereses y elabora una demanda y estrategia en pos de la realización en sede judicial de tales intereses, admite la existencia de una probabilidad de éxito más o menos seria.Ningún letrado embarca a su cliente poderdante en ejercicio de su representación procesal en una aventura judicial sin una mínima expectativa de triunfo.

En el caso, tras la instrucción y examinada la versión que la propia clienta trajo a consideración profesional, se introdujo la demanda civil que ya se ha narrado. Esto es, se vislumbró la posibilidad de concretar la indemnización de los daños sufridos a causa del accidente en cabeza de los emplazados en aquel primer expediente.

Por todo lo expuesto hasta aquí, es que propiciaré la admisión de las quejas dirigidas a revocar la sentencia de grado y el rechazo del agravio por el que se intenta condenar al letrado citado como tercero. En función de ello, propongo al Acuerdo rechazar la demanda instaurada en todas sus partes.

VI.- Finalmente, con relación a la conducta desplegada por el Dr. Cuesta en estas actuaciones, quien como apoderado de la actora, continuó su mandato pese a su presentación como tercero citado, corresponde señalar que la jurisdicción de esta Alzada se encuentra limitada al análisis de la decisión de grado y en modo alguno se encuentra habilitada la vía para emitir opinión acerca de lo actuado por el profesional, pues no integra el objeto procesal de la presente, sino que, eventualmente, resultaría materia de investigación en otra causa y sometida, en su caso, al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados.

VII.- En síntesis. Por lo expuesto, invito a mis distinguidos colegas a revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, a rechazar la demanda. Las costas, por el principal, en ambas instancias, se imponen a la actora que resultó perdidosa. Por su lado, las generadas por la citación de tercero del Dr. Cuesta, considerando que el Dr. F. pudo haberse considerado con derecho a litigar como lo hizo, propicio se impongan en el orden causado (art. 68 y 279 del Código Procesal).

Así voto.

Los Dres. Converset y Diaz Solimine adhieren por razones análogas al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto. PABLO TRíPOLI

JUAN M. CONVERSET.

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2019.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, rechazar la demanda instaurada en todas sus partes. 2) Imponer las costas, por el principal, en ambas instancias, a la parte actora que resultó perdidosa; mientras que las generadas por la citación de tercero del Dr. Cuesta, se imponen en el orden causado en ambas instancias. Así voto. Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.- PABLO TRíPOLI

JUAN M. CONVERSET

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

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