Seguro de Vida: Si luego de la denuncia de siniestro ante el empleador, la aseguradora no se pronunció en el plazo legal, existió una aceptación tácita del siniestro

Partes: Torres Susana Beatriz y otros c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 13-jun-2019

Cita: MJ-JU-M-120192-AR | MJJ120192 | MJJ120192

Si luego de la denuncia de siniestro ante el empleador, la aseguradora no se pronunció en el plazo legal ni requirió información en el mismo plazo, existió una aceptación tácita del siniestro.

Sumario:

1.-Si bien el plazo del art. 56 LS. debe computarse a partir del momento en que la entidad aseguradora cuente con toda la información, tal principio cede cuando el receptor de la denuncia ninguna información ampliatoria requiere, ya que su silencio hace presumir la conformidad con el reclamo.

2.-Recibida la denuncia por el tomador del seguro, la falta de requerimiento alguno dentro del plazo de quince días fijado en el art. 49 LS. para los seguros de persona torna aplicables las consecuencias que establece el art. 56 LS. O sea, el asegurador debe expedirse con diligencia en los casos de siniestro, sobre todo teniendo en cuenta que su negligencia o demora lleva necesariamente a que los plazos se computen desde que debió requerir los informes, de acuerdo con las reglas generales del derecho de las obligaciones, aplicables con tanto o mayor razón en cuanto se refiere al asegurador, que debe comportarse con máxima buena fe y prontitud.

3.-Si la compañía de seguros no se expide sobre el derecho del asegurado será aplicable la sanción dispuesta en el art. 56 LS. en cuanto al reconocimiento del derecho asegurado al cobro de la indemnización reclamada, porque el asegurador obrando con la más elemental diligencia, podría haberse cuidado de cumplir con los requerimientos de los informes que estimase necesarios para completar los antecedentes que esclarecieren o develasen sus dudas y consecuentemente, podría expedirse dentro del término legal para habilitar al asegurado; de ese modo, para ocurrir a la vía judicial y obtener la declaración de su derecho.

4.-La Ley 17.418 en su art. 46 consagra una carga positivo-negativa, en el sentido que el asegurado debe permitirle al asegurador efectuar todas las indagaciones sin obstaculizar las comprobaciones necesarias vinculadas con las causas del siniestro y la magnitud del daño. Dicho sistema es estricto en materia de cargas y obligaciones; procura dar agilidad y rapidez al cumplimiento del contrato de seguro, estableciendo severas sanciones para casos de incumplimiento.

5.-A la carga de informar del asegurado se contrapone la consecuente facultad de la aseguradora de controlar la información. Concretamente, debe pedir información y realizar las indagaciones necesarias para verificar el siniestro y la extensión de la prestación a su cargo sino quiere soportar las consecuencias (art. 46). No es pues un sujeto, que en pasiva actitud recibe información, sino que es un activo agente que la recaba, que realiza indagaciones, que investiga y verifica y ello en orden a una correcta determinación de la pertinencia de la cobertura ante la ocurrencia del siniestro previsto en la contratación.

6.-Efectuada la denuncia de siniestro ante el empleador, la aseguradora debió pronunciarse en el plazo legal fijado, o requerir información dentro de ese mismo plazo, solo si lo hubiera requerido en ese lapso podría impedir que se produjera la aceptación tácita.

7.-Es carga del asegurador pronunciarse perentoriamente sobre el derecho del asegurado (art. 15 LS.) ya que su inobservancia importa el reconocimiento del derecho invocado. No se trata de una obligación meramente formal sino sustancial, que por haber sido impuesta por la Ley, posibilita la declaración del art. 919 CCiv., por la que el silencio de la aseguradora permite otorgarle el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación.

8.-Respecto al reclamo de intereses sancionatorios, en una acción judicial en la que un asegurado reclama de su aseguradora la indemnización proveniente de la incapacidad padecida, resulta improcedente que el accionante pretenda que se imponga a la defendida intereses sancionatorios con base en su conducta dilatoria, toda vez que los mismos requieren malicia del deudor, la cual se produce cuando existe intención de sacar ventajas o el propósito de demorar el juicio y a más de no advertirse indicios de una intencionalidad maliciosa tendiente a dilatar el proceso, tampoco el reclamante probó los extremos que fundamentan su petición (art. 377 CPCCN). En consecuencia las sumas de condena devengarán intereses según la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días (conf. Plenario ‘SA La Razón SA s/incidente de pago de honorarios a los profesionales’ ) desde la fecha en que venció el plazo de la aseguradora para expedirse hasta su efectivo pago.

9.-El Tribunal participa de la opinión que sostiene que el daño moral, en el supuesto en que es producido por el incumplimiento contractual, tiene carácter reparador de la indemnización.

10.-No obstante que el art. 522 CCiv. contempla la indemnización de ese daño en el incumplimiento contractual, preciso es señalar que su admisibilidad es facultativa para el juez, toda vez que el precepto dice podrá, por lo que nos e le impone al tribunal la necesidad de hacerlo.

11.-Aún en el supuesto que se considerara admisible la reparación del daño moral, la procedencia de este resarcimiento requiere prueba fehaciente a apreciar con criterio restrictivo de que por las circunstancias que rodearon la situación de quien formula el reclamo, debió éste experimentar una verdadera lesión espiritual y no las simples molestias que normalmente acompañan al incumplimiento de un contrato, en tanto éstos son riesgos propios de cualquier contingencia contractual.

12.-Resulta difícil concebir que el incumplimiento contractual ocasione para la víctima una afección espiritual cuando la relación ha versado sobre materia mercantil, cuyo fin último es el lucrativo, por ello, si bien no descarto la posibilidad de que pueda ocurrir, exijo la demostración de haber sido así.

13.-El daño punitivo constituye una institución de sólido predicamento en el derecho anglosajón, que tiene adeptos y detractores, que ha comenzado a proyectarse, gradualmente, también dentro del sistema del derecho continental europeo y en Canadá y que ahora hace su aparición entre nosotros.

14.-El daño punitivo participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores que se condene en calidad de daños y perjuicios, destinadas en principio al propio damnificado, y ésta existe cuando por expresa disposición de la Ley o por la voluntad de las partes, sin acudir a los principios, normas y garantías del derecho penal, se sancionan ciertas graves inconductas, mediante la imposición de una suma de dinero a la víctima de un comportamiento ilícito o, más excepcionalmente, al propio Estado o a otros terceros (liga de consumidores, organizaciones de tutela del medio ambiente, etc.). La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados.

15.-Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de junio de dos mil diecinueve, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídas para conocer los autos seguidos por “TORRES, SUSANA BEATRIZ Y OTROS” contra “CAJA DE SEGUROS S.A.” (expte. N° 2487/2010) sobre ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Vocalías N° 6, N° 5 y N° 4. Dado que la N° 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini (art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora María L. de Díaz Cordero dijo:

I. La Causa

Susana Beatriz Torres, Humberto Catalano y Edmundo Humberto Escobar demandaron a La Caja de Seguros S.A. por incumplimiento de los contratos de seguro de vida colectivo concertados por su empleador, reclamando cada uno de ellos, el cobro de $ 50.000 en concepto de monto asegurado y $ 15.000 estimado por compensación del daño moral; todo ello con más intereses, desvalorización monetaria, multa civil -LDC: 52 bis- y las costas del juicio.

Refirieron que como oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires resultan ser beneficiarios de un seguro de vida colectivo (póliza N° 13969) que cubría su incapacidad funcional total y permanente.

Afirmaron que, al tomar conocimiento de su incapacidad denunciaron los siniestros a su empleador a través del correo Oca, acompañando “el formulario de denuncia de siniestro como le mandaba el contrato de seguro” y que al no haber requerido la demandada en legal tiempo información complementaria, se produjo la admisión de los siniestros invocados.

Ello, por haber transcurrido “con creces el plazo previsto por el Art.49 de la Ley 17.418 para que la Caja se expida sobre el tema en todos los aspectos de la relación contractual, incluido una eventual ausencia de incapacidad suficiente”, motivo por el cual debe tenerse aceptado tácitamente el siniestro denunciado -v. fs. 26 vta., pto. 6.2), párr. 3°-.

Agregaron que luego de concluido el proceso de mediación y como último intento para evitar este juicio, aceptaron ser revisados en el centro médico indicado por la accionada, quien les remitió posteriormente una carta documento señalando que ni el grado de incapacidad ni las patologías detectadas configuraban el riesgo asegurado bajo la póliza 13969.

Ofrecieron prueba.

La Caja de Seguros S.A. contestó demanda solicitando su íntegra desestimación con costas, alegando haber rechazado en tiempo y forma los siniestros denunciados por no poseer los actores la incapacidad requerida por la póliza y definida en el art. 1° de la cláusula 18.

Sostuvo que recibida la solicitud de ‘Torres’ el 246-09, el 6-7-09 lo citó a revisación médica mediante carta documento para verificar las patologías y porcentaje de incapacidad denunciados; aquél no asistió en las dos primeras fechas fijadas y recién concurrió el 3 y 17-9-09. Los médicos dictaminaron que las dolencias invocadas no revestían el carácter alegado y por ende, el 8-10-09 también por carta documento rechazó el siniestro.

Afirmó que en la misma fecha -24-6-09- recibió la solicitud de beneficio de ‘Escobar’, a quien citó para su revisación médica por carta documento del 13-7-09; ésta se concretó el 10-8-09, habiendo establecido los profesionales que las patologías y el grado de incapacidad detectados no configuraban el riesgo cubierto.Por tal razón rechazaron el siniestro por carta documento del 14-8-09.

Finalmente y en relación a ‘Catalano’ aseveró que habiendo recibido la solicitud de beneficio el 14-7-09, lo citó para verificar su estado de salud por carta documento del 227-09 y que el 5-8-09 concurrió a la revisación de los facultativos, quienes informaron que las dolencias por aquél denunciadas no revestían el carácter invocado, lo que motivó el rechazo del pretenso siniestro por carta documento del 128-09.

Concluyó que en los tres casos los siniestros fueron rechazados dentro de los 30 días de la LS: 56.

Ofreció prueba.

II. La sentencia

El Juez a quo rechazó a fs. 825/830 la acción incoada por considerar no configurada en la especie la aceptación tácita prevista en la ley de seguros, por cuanto:

i) la denuncia de incapacidad de Torres fue presentada el 25-6-09 y su examen médico fue el 17-9-09, por lo que resultó tempestivo el rechazo del siniestro efectuado el 3-10-09;

ii) la denuncia de incapacidad de Catalano se presentó el 17-7-09 y fue examinado el 5-8-09, siendo temporáneo el rechazo del siniestro efectuado el 14-8-09;

iii) Escobar presentó la denuncia de incapacidad el 25-6-09 y se lo examinó el 10-8-09, razón por la que entiende debidamente rechazado el siniestro el 15-8-09.

Asimismo, ante la orfandad probatoria en la que habrían incurrido los accionantes y las conclusiones de los dictámenes médicos acompañados por la defendida -los que se encuentran corroborados por la peritación médica practicada en autos-, juzgó que no se verificaron los supuestos de incapacidad total y permanente alegados por los accionantes.

III. Los recursos

Los actores, disconformes con el acto jurisdiccional apelaron y a fs. 831, Escobar sostuvo su recurso con la expresión de agravios de fs. 863/867 y Torres y Catalano lo hicieron a fs. 869/876; aquéllas fueron respondidas por la demandada a fs. 880/884.

La Sra.Fiscal General ante la Cámara no dictaminó por considerar que no se encuentra comprometido el interés general cuya tutela le incumbe y respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora en torno a ley 24.432, por no habérselo mantenido ni ser materia de agravio.

IV. La decisión

Conforme quedó trabada la litis en los presentes obrados no existe controversia respecto a la existencia del seguro de vida colectivo contratado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires con la aseguradora que amparaba a los demandantes en su carácter de dependientes.

Tampoco se cuestionó que aquéllos como beneficiarios solicitaron a la demandada -a través del tomador- el cobro de la indemnización derivada del seguro por la incapacidad total y permanente que afirmaron padecer.

Sin embargo, discrepan en cuanto a las razones que motivaron los rechazos, razón por la cual atenderé los reclamos en forma individual o conjunta según el caso para lograr una mejor comprensión.

1. Agravios de Torres y Catalano Adujeron los apelantes que en la sentencia en crisis se omitió considerar el argumento central en que sustentaron su demanda; esto es, que por tratarse de un seguro que tutela la incapacidad laboral de los actores, la “Caja” debió probar que dentro de los quince días de haber recibido la denuncia, constató el siniestro a través de una revisación médica a los aquí reclamantes y procedió a su rechazo. Al no haberlo acreditado -según su parecer- cabe tener por reconocido tácitamente los siniestros en orden a los art. 49 y 56 LS.

De modo liminar recuerdo que es carga del impugnante de un decisorio formular respecto de las partes que lo afecten, una crítica concreta y razonada. Tal carga deviene impuesta por imperio de la norma contenida en el art. 265 del Cpr., que en rigor enseña que la expresión de agravios debe estar dotada de idoneidad procesal e intelectual. Su incumplimiento provoca, en virtud de la infracción que implica, la consecuencia desfavorable a la que alude el art. 266 Cpr.(CNCom., esta Sala, mi voto in re “Aseguradora de Crédito c/ Fernando Rivero”, del 31-3-05).

La fundamentación del recurso no se agota en el quantum discursivo sino en la qualitae razonativa y crítica. No basta la mera disconformidad con la sentencia, pues disentir no es criticar. Tanto los disensos subjetivos, como la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de modo distinto de lo apreciado por el Juez si bien constituyen modalidades propias del debate dialéctico, no lo son de la impugnación judicial (conf. CNCom. esta Sala, in re “Cía. Integral de Motores S.R.L. c/Griecco, María” del 07-08-1990; ídem “Barrionuevo, Maria c/BBVA Banco Francés S.A. s/ordinario” del 28-12-2007; ídem Sala C “Pollan, Gladys c/Aseguradora Federal Argentina S.A. s/ordinario” del 11-12-2009; ídem Sala E “Sbrenta y Asoc. c/Pinturerias Rex S.R.L.s/ordinario” del 12-11-2008; ídem, “Chatelain, Verónica c/Banco Francés s/ ordinario” del 28-11-2008, entre otros).

Más allá de las vislumbradas falencias, dado que las afirmaciones en algunos aspectos poseen aparente contenido argumental y aplicando el criterio amplio que utiliza esta Sala, les daré respuesta.

Sentado ello diré que el sentenciante fue conciso en su decisión, empero, al no haber plasmado su razonamiento, pudo dar lugar a una incorrecta interpretación por parte de los apelantes, en punto a la falta de tratamiento de la defensa esgrimida en cuanto a la aceptación tácita de los siniestros, la que descartó al considerar que hubo actividad tempestiva de la aseguradora.

Previo a avanzar en esta ponencia puntualizo que la falta de precisión de la demanda en cuanto a los extremos fácticos, de los alegatos y de los agravios que en lo sustancial repiten el contenido de las anteriores presentaciones colaboró sin duda en la duración de este alongado proceso y justificaría sin más el rechazo de las pretensiones, empero, soslayando dichas omisiones, fundamentalmente por la naturaleza de las cuestiones involucradas, continuaré con el examen de las constancias de esta causa.

Repárese que más allá de la extensión del escrito inaugural de la instancia, el que ocupa casi cincuenta hojas, en esa presentación ni en las posteriores existen referencias precisas relativas a los hechos concretos en los que funda sus peticiones. La mayor parte de los escritos acumulan conceptos vertidos en numerosos fallos, sin que en ninguna ocasión los actores mencionaran la fecha de recepción de las denuncias, ya que se limitaron a acompañar las constancias de los envíos a través de OCA, los que no indican siquiera la fecha de su realización y solo luce en su texto el número de remisión 4945390(4).

Dicha omisión, empero, fue suplida con esfuerzo por esta ponente a partir del contenido de la prueba informativa obrante a fs.416, así puede tenerse por justificada la recepción de los reclamos de “Catalano” y “Torres” ambos en fecha 22-6-09 por parte de la tomadora del seguro.

Sentado ello, destaco que no median dudas que la determinación de la existencia de aceptación tácita es previa a toda otra consideración, sendero utilizado por el sentenciante; quien consideró que la demanda había rechazado el siniestro dentro de los plazos legales al computarlos a partir de ciertas fechas y ponderando hechos a mi entender no acreditados. Tal derrotero guarda concordancia con lo decidido por la Corte Suprema, quien en el caso “Bargas” se expidió expresamente respecto de la oportunidad temporal para efectuar el examen de la existencia de la mentada aceptación tácita y en el precedente “Mariulis” donde expresó que la aludida cuestión era previa desde el punto de vista lógico a los restantes problemas, entre otros, el concerniente al grado de incapacidad de los actores.

Surge evidente que un aspecto medular por resolver de seguido se refiere a los alcances que las partes otorgan al plazo consagrado por el art. 49 LS.

Los actores consideran que los 15 días fijados en dicha norma serían para realizar las averiguaciones, en el caso, determinación de la incapacidad y el eventual rechazo del siniestro.

Como fuera consagrado en la Exposición de Motivos de la Ley 17418 el contrato de seguro debe darle a quienes sufren un siniestro los medios materiales para reparar sus consecuencias. La celeridad de la determinación de la indemnización y de su pago debe ser preocupación de los aseguradores porque al cumplir diligentemente, satisfacen realmente la función económica – social del contrato entre otras.

Antes de continuar con esta ponencia puntualizo que con la documentación acompañada por la aseguradora al tiempo de contestar demanda y que obra reservada en sobre bajo N°192712/2010 quedaron acreditadas algunas condiciones de la póliza aplicables a los apelantes, que regían al tiempo del ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.Me refiero concretamente a los endosos 65 y 69 correspondientes a las fs. 192 y 198, el primero con vigencia a partir del 29-1-84 y el segundo del 20-3-89.

El texto de ambos es idéntico, razón por la cual más allá de la fecha de ingreso de cada uno de los coactores apelantes a la mencionada institución todos se rigen por las mismas pautas. No atenderé el contenido de los posteriores endosos por cuando no fue demostrado que las posibles modificaciones les hubieran sido notificadas a los aquí actores.

El art. 15 perteneciente al Beneficio de Incapacidad Total y Permanente en ambos casos establece en lo que aquí concierne que . “b) La comprobación de la incapacidad estará a exclusivo cargo de la Caja. A su efecto el asegurado deberá: 1) Denunciar por escrito la existencia de la incapacidad por intermedio del Principal” (reitero fs. 192 y 198).

Ante dicha directiva, se pone de manifiesto que los accionantes cumplieron con el procedimiento establecido por la propia aseguradora para la denuncia del siniestro.

La “Caja de Seguros” no puede cuestionar el cumplimiento del mecanismo por ella impuesto para la notificación del siniestro.

Ergo, ante la denuncia de sendos siniestros ante la empleadora y acreditada su recepción por esa “Tomadora” como ya se mencionara, el 25-6-09, será el día que regirá para examinar la posterior conducta de la aseguradora y en su caso las consecuencias que se sus acciones u omisiones se derivan.

La notificación del siniestro ante la Tomadora receptora de las denuncias elegida por la propia aseguradora, da nacimiento a la carga de expedirse, otorgándole para ello la posibilidad de indagar de manera inmediata los hechos fundantes del reclamo.

Es que, si bien el plazo del art.56 LS debe computarse a partir del momento en que la entidad aseguradora cuente con toda la información, tal principio cede cuando el receptor de la denuncia ninguna información ampliatoria requiere, ya que su silencio hace presumir la conformidad con el reclamo.

En el caso, recibida que fue la denuncia por el “Tomador”, la falta de requerimiento alguno dentro del plazo de quince días fijado en el art. 49 LS para los seguros de persona torna aplicables las consecuencias que establece el art. 56 LS.

O sea, el asegurador debe expedirse con diligencia en los casos de siniestro, sobre todo teniendo en cuenta que su negligencia o demora lleva necesariamente a que los plazos se computen desde que debió requerir los informes, de acuerdo con las reglas generales del derecho de las obligaciones, aplicables con tanto o mayor razón en cuanto se refiere al asegurador, que debe comportarse con máxima buena fe y prontitud (ver Halperin – Morandi, “Seguros”. Exposición crítica de las leyes 17.418 y 20.091, Bs. As. 1983, Vol 1°, págs. 129/131, 140 y ss. Y 465/6).

En síntesis, si así no actuare, será aplicable la sanción dispuesta en el art. 56 LS en cuanto al reconocimiento del derecho asegurado al cobro de la indemnización reclamada, porque -como ya lo anticipara-, el asegurador obrando con la más elemental diligencia, podría haberse cuidado de cumplir con los requerimientos de los informes que estimase necesarios para completar los antecedentes que esclarecieren o develasen sus dudas y consecuentemente, podría expedirse dentro del término legal para habilitar al asegurado; de ese modo, para ocurrir a la vía judicial y obtener la declaración de su derecho.(CNCom, esta Sala, mi voto, “Benítez de Fajardo, Rosa Epifanía c/ Caja de Seguros de Vida SA s/ ordinario” del 19-08-2004).

Al respecto recuerdo que la ley 17.418 en su artículo 46 consagra una carga positivo-negativa, en el sentido que el asegurado debe permitirle al asegurador efectuar todas las indagaciones sin obstaculizar las comprobaciones necesarias vinculadas con las causas del siniestro y la magnitud del daño. Dicho sistema es estricto en materia de cargas y obligaciones; procura dar agilidad y rapidez al cumplimiento del contrato de seguro, estableciendo severas sanciones para casos de incumplimiento. (CNCom., esta Sala, in re, “García, Francisco c/ Provincia Seguros S.A.”, 11-6-04).

A la carga de informar del asegurado se contrapone la consecuente facultad de la aseguradora de controlar la información. Concretamente, debe pedir información y realizar las indagaciones necesarias para verificar el siniestro y la extensión de la prestación a su cargo sino quiere soportar las consecuencias (art. 46). No es pues un sujeto, que en pasiva actitud recibe información, sino que es un activo agente que la recaba, que realiza indagaciones, que investiga y verifica (CNCom., esta Sala, in re, “Cicinelli de Arias Echecopar, Elba c/ Líder S.A.”, 5-4-90), ello en orden a una correcta determinación de la pertinencia de la cobertura ante la ocurrencia del siniestro previsto en la contratación.

Efectuada la denuncia de siniestro ante el empleador, la aseguradora debió pronunciarse en el plazo legal fijado, o requerir información dentro de ese mismo plazo, solo si lo hubiera requerido en ese lapso podría impedir que se produjera la aceptación tácita.

Es carga del asegurador pronunciarse perentoriamente sobre el derecho del asegurado (art. 15 LS) ya que su inobservancia importa el reconocimiento del derecho invocado.

No se trata de una obligación meramente formal sino sustancial, que por haber sido impuesta por la ley, posibilita la declaración del art.919 CCiv., por la que el silencio de la aseguradora permite otorgarle el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación (CNCom., Sala A, in re: “Gordillo Antonio A c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario” del 6-12-07).

“Torres” solicitó el beneficio mediante el envío al Tomador a través del servicio de “OCA” y conforme lo establecido en la póliza según se ha visto, las piezas que consideró adecuadas. Su entrega se concretó el 22-06-09 según la contestación de oficio de “OCA” de fs. 416.

La aseguradora citó a “Torres” a revisación médica por carta documento del 6-7 la que fue devuelta con la leyenda “se mudó”, allí se intentaba hacer saber, que “hasta tanto no se cumpla con lo solicitado se suspenden los plazos legales establecidos por el art. 56 de la ley n° 17.418”, debiendo la aseguradora “pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2° y 3° del artículo 46”. (v. fs. 331).

Es decir, “La Caja” dentro del plazo de quince días consagrado en el art. 49 LS. intentó citar a “Torres” para obtener los datos necesarios para aceptar o rechazar el siniestro, empero, fracasado ese intento de notificación (fs. 428) y no acreditada la citación que dice haber efectuado para la comparecencia el día 27-7, la siguiente actividad de la “Caja” justificada en autos fue la remisión de la carta documento del 26/8, en consecuencia, lo hizo vencido largamente el plazo de 15 días fijados en la norma para expedirse.

“Catalano” solicitó el beneficio mediante el envío al tomador mediante el servicio de “OCA” establecido en la póliza, de las piezas que consideró adecuadas el 22-06-09 (fs. 51).

Fue recién el 22-7 que el mencionado codemandado recibió una notificación para presentarse a revisación médica el día 5-8-09 ver fs. 422 y su confirmación de fs.428, en consecuencia también transcurrió en este caso el plazo fijado por el art. 49 LS razón por la cual corresponde tener por aceptado tácitamente el siniestro.

Abordaré seguidamente el tratamiento de la queja introducida por Escobar para retomar luego la atención de los restantes reclamos.

2. Queja de Escobar

Criticó que el Magistrado hubiera omitido considerar el hecho nuevo denuncia do a fs. 792/794 que acreditaba su incapacidad total y permanente no menor al 66% para desempeñar sus tareas, adquirida durante la relación de dependencia, tal como lo prevé la póliza cuyo cumplimiento demandó.

Admitido el hecho nuevo oportunamente alegado, se produjo la prueba para su acreditación.

En el caso, la Junta Superior de Reconocimientos Médicos dictaminó “que el causante. (subteniente Edmundo Humberto Escobar) . presenta una incapacidad total y permanente del 70% . para las tareas policiales, adquiridas durante la relación de dependencia ajenas al Servicio”(fs. 861/862).

Se acreditó en esta instancia que ‘Escobar’ fue dado de “baja obligatoria por incapacidad física” el 11-7-17, dictándose la Resolución Ministerial N° 1360 que así lo dispuso, por presentar una incapacidad total y permanente del 70% de la total obrera.

En consecuencia, a partir de tales probanzas las que no fueron cuestionadas por la “Caja” cabe concluir en que, “Escobar” se encontraba imposibilitado para realizar aquellas actividades que le eran habituales u otras similares y que presenta una incapacidad permanente en un porcentaje mayor al exigido por la póliza para quedar amparado por la cobertura de la póliza denunciada.

Dentro de tal contexto, corresponde entender configurado el siniestro que obliga al pago del beneficio a partir de la determinación del porcentaje de incapacidad para

desempeñarse en el ámbito laboral, conforme lo estipulado en la póliza cuyo cumplimiento reclamó.

3.Retomando el camino anticipado diré que decidida que quedó la procedencia de la acción incoada como consecuencia de la falta de actividad tempestiva respecto de “Torres” y “Catalano” y derivada de la prueba producida, corresponde fijar el monto de condena.

Los actores reclamaron un importe de $50.000 para cada uno de ellos, suma a la que arribaron luego de multiplicar la suma de $2.500 que sería el sueldo de los actores por la cantidad de veinte.

Nuevamente nos enfrentamos a otra omisión de los actores quienes solo introducen peticiones genéricas, no asumiendo siquiera la tarea de acompañar sus recibos de sueldo para justificar su pedido. Se limitaron los actores a requerir el pago de los importes precedentemente referidos. Agrego que no sólo no acompañaron los recibos que debían encontrarse en su poder, sino que dicha cuestión tampoco fue materia de los puntos periciales tal hecho.

Sin embargo, también en esta oportunidad cuentan los actores con la adecuada fortuna para lograr el reconocimiento de sus derechos. Es que, a fs. 352 en el escrito de contestación de demanda, la “Caja” “Aclara la relación contractual – manifiesta que el límite de cobertura del seguro” y admite como tal cierta suma para cada uno de los actores. Así fijó en $48.690,40 la suma para “Torres” y “Escobar”, mientras que $46.384,80 reconoció para “Catalano”.

Tal reconocimiento, la falta de agregación de las pólizas completas al contestar demanda y de acreditación de las modificaciones posteriores al ingreso, al no haber controvertido el sueldo estimado ni haber puesto a disposición del perito todos los elementos, sellan la suerte de este tema.

Deviene abstracto entonces determinar cuál sería el sueldo que se tomaría como base del cálculo o cuántos de ellos debía ser considerado.La condena alcanzará a los importes admitidos como cubiertos por la póliza y precedentemente individualizados.

Párrafo aparte merece la petición referida a los intereses.

Respecto al reclamo de intereses sancionatorios, en una acción judicial en la que un asegurado reclama de su aseguradora la indemnización proveniente de la incapacidad padecida, resulta improcedente que el accionante pretenda que se imponga a la defendida intereses sancionatorios con base en su conducta dilatoria, toda vez que los mismos requieren malicia del deudor, la cual se produce cuando existe intención de sacar ventajas o el propósito de demorar el juicio y, -como en la especie-, a más de no advertirse indicios de una intencionalidad maliciosa tendiente a dilatar el proceso, tampoco el reclamante probó los extremos que fundamentan su petición (art. 377 CPCCN) (CNCom., esta Sala, in re, “Ramos, Mario A c/ Sud América Compañía de Seguros de Vida y Patrimoniales S.A”, del 13/09/2000). En consecuencia las sumas de condena devengarán intereses según la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días (conf. Plenario “SA La Razón SA s/ incidente de pago de honorarios a los profesionales” ) desde la fecha en que venció el plazo de la aseguradora para expedirse hasta su efectivo pago.

Sentado ello, me ocuparé de decidir respecto de la procedencia del daño moral.

En cuanto al daño moral, participo en el supuesto en que es producido por el incumplimiento contractual, de la doctrina mayorista que ha sostenido el carácter reparador de la indemnización (conf. Planiol y Ripert, “Traite elemenatire de droit civil”, t. II, p. 328; Busso, “Código Civil antotado”, t. III, p. 414; Borda, “Tratado de derecho Civil – obligaciones”, t. 1, p.190; Orgaz, “El daño resarcitorio”, p. 220 y ss.; Mosset Iturraspe, “reparación del daño moral”, JA 20295).

No obstante que el art. 522 CCiv.contempla la indemnización de ese daño en el incumplimiento contractual, preciso es señalar que su admisibilidad es facultativa para el juez, toda vez que el precepto dice podrá, por lo que nos e le impone al tribunal la necesidad de hacerlo.

Pero aún en el supuesto que se considerara admisible la reparación del daño moral, la procedencia de este resarcimiento requiere prueba fehaciente a apreciar con criterio restrictivo de que por las circunstancias que rodearon la situación de quien formula el reclamo, debió éste experimentar una verdadera lesión espiritual y no las simples molestias que normalmente acompañan al incumplimiento de un contrato, en tanto éstos son riesgos propios de cualquier contingencia contractual.

Es para mí difícil concebir que el incumplimiento contractual ocasione para la víctima una afección espiritual cuando la relación ha versado sobre materia mercantil, cuyo fin último es el lucrativo, por ello, si bien no descarto la posibilidad de que pueda ocurrir, exijo la demostración de haber sido así (conf. C.N.Com., esta Sala mi voto “in re”: “Fama, José c/ Banco Popular Argentino S.A. s/sumario”, del 23-2-96; íd., “Benítez de Fajardo, Rosa Epifanía c/Caja de Seguros de Vida S.A.”, del 7.10.04; íd., Sala C, Nowak, Alberto c/ Omega Coop. de Seguros Ltda. s/sumario”, del 18-2-93; íd., Sala D, “Maucci, Emilio Carlos c/Banca Nazionale del Lavoro”, del 7-9-98; íd., mi voto “in re”, “Espinosa, José Alberto y otro c/Caja de Seguros de Vida S.A.”, del 29.12.05, entre otros), lo que no ocurrió en el caso.

Ello así propondré rechazar el rubro en tratamiento.

En relación al daño punitivo se trata de una institución de sólido predicamento en el derecho anglosajón, que tiene adeptos y detractores, que ha comenzado a proyectarse, gradualmente, también dentro del sistema del derecho continental europeo y en Canadá y que ahora hace su aparición entre nosotros.Participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores que se condene en calidad de daños y perjuicios, destinadas en principio al propio damnificado. Y ésta existe cuando por expresa disposición de la ley o por la voluntad de las partes, sin acudir a los principios, normas y garantías del derecho penal, se sancionan ciertas graves inconductas, mediante la imposición de una suma de dinero a la víctima de un comportamiento ilícito o, más excepcionalmente, al propio Estado o a otros terceros (liga de consumidores, organizaciones de tutela del medio ambiente, etc.). La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados.

Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL, 2009-B, 949).

En ese contexto no resulta razonable considerar que en el caso – a partir de las pruebas producidas y la trama fáctica que se verificó- se encuentren reunidos los extremos mencionados precedentemente necesarios para la procedencia del rubro reclamado.Ergo, se rechaza el rubro.

En lo concerniente al pedido introducido solo por los coactores “Torres” y “Catalano” vinculado con el presunto ilícito ajeno a estas actuaciones, deberán los interesados si así lo estiman adecuado efectuar las denuncias que consideren pertinentes ante las dependencias o autoridades que consideren deban intervenir.

V. Costas

Las costas se impondrán en ambas instancias a cargo de la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 279, CPCCN), y los honorarios se fijarán a partir del monto de condena respecto de cada actor.

VI. Conclusión

Como consecuencia de todo lo expuesto propongo a mi distinguida colega: revocar la sentencia apelada y en consecuencia condenar a Caja de Seguros de Vida S.A a pagar a Susana Beatriz Torres la suma de $48.690.40; a Humberto Catalano la suma de $46.384.80 y a Edmundo Humberto Escobar la suma de $48.690.40, todos ellos con más los intereses conforme tasa activa qu e cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha en que venció el plazo de la aseguradora para expedirse hasta el efectivo pago, el que se efectuará dentro de los diez días de notificado este pronunciamiento. Rechazar la reparación de los daños moral y punitivo. Las costas serán soportadas por los vencidos y los honorarios se regularán con base en los importes de condena.

He concluido.

Por compartir la solución alcanzada, la señora juez de Cámara la doctora Matilde E. Ballerini adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini.

Es copia fiel del original que corre a fs. 434/46 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

RUTH OVADIA

SECRETARIA DE CÁMARA

Buenos Aires, 13 de junio de 2019.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve:revocar la sentencia apelada y en consecuencia condenar a Caja de Seguros de Vida S.A a pagar a Susana Beatriz Torres la suma de $48.690.40; a Humberto Catalano la suma de $46.384.80 y a Edmundo Humberto Escobar la suma de $48.690.40, todos ellos con más los intereses conforme tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha en que venció el plazo de la aseguradora para expedirse hasta el efectivo pago, el que se efectuará dentro de los diez días de notificado este pronunciamiento. Rechazar la reparación de los daños moral y punitivo. Las costas serán soportadas por los vencidos y los honorarios se regularán con base en los importes de condena. Regístrese por secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI