El derecho a la víctima a ser oído. Confrontación con las garantías constitucionales del imputado

Autor: Tassini, Franco L.

Fecha: 6-dic-2018

Cita: MJ-DOC-13791-AR | MJD13791

Sumario:

1. Introducción. 2. Derechos de la víctima. 2.1. Derecho a ser oído. 2.2. Naturaleza Jurídica del derecho a ser oído por un juez en audiencia pública. 2.3. Similitudes con el anticipo jurisdiccional de prueba. 2.4 Similitud con la audiencia de visu del imputado.2.5 Naturaleza Sui Generi. 3. Garantías Constitucionales. 3.1Derecho de defensa. 3.2. Derecho a controlar la producción de la prueba de la contraparte. 4. Carácter argumentativo de las audiencias preliminares a juicio. 5. Consideraciones sobre la declaración de la víctima previa al juicio oral, a raíz del fallo Mariaux. 6. Conclusión.

Doctrina:

Por Franco L. Tassini (*)

Presentación del tema

Por el presente trabajo monográfico pretendo realizar un análisis del impacto que generó en el proceso penal, el reconocimiento de nuevos derechos de la víctima, en particular el derecho a ser oído en una audiencia pública, por un juez, y previo a resolver la pretensión formulada por las partes. En este contexto, intentaré desentrañar el carácter o naturaleza jurídica de ese nuevo derecho reconocido, su posible colisión con los derechos y garantías del imputado, en especial el derecho de defensa, que rige durante todas las etapas del proceso y por último su eventual utilización en el marco de un juicio oral, ya sea para refrescar memoria, marcar una contradicción, como prueba autónoma ante la eventual incomparecencia de la víctima.

1. INTRODUCCIÓN

El año 2018, estuvo marcado por las modificaciones legislativas, que fueron incorporadas al código procesal penal de Santa Fe. Dejando de lado las disquisiciones realizadas en torno a la naturaleza y carácter de la reforma, no puede soslayarse las modificaciones introducidas en diferentes aspectos, entre los que se destacan los criterios y requisitos para la disponibilidad de la acción penal, nuevas exigencias en materia probatoria, y la incidencia del rol de la víctima y el querellante en el proceso penal, entre otros.

En miras a no exceder los alcances del presente trabajo monográfico, exclusivamente me limitaré a analizar el nuevo derecho consagrado a la pretensa víctima de un hecho ilícito, a ser oída por un juez en una audiencia pública, en forma previa al dictado de resoluciones que versen sobre la naturaleza de la audiencia en cuestión.

No existen dudas, respecto a la trascendental importancia, que reviste para quien resultó víctima de un hecho ilícito, ser escuchada por uno de los operadores del sistema penal, y en principal por un representante del órgano jurisdiccional, convocado para resolver en un debate dialéctico y contradictorio, una controversia penal llevada a su conocimiento por dos partes antagónicas con intereses contrapuestas.Es en ese debate contradictorio y adversarial, en donde se reivindica uno de los derechos que asiste a quien se presenta como ofendido penalmente, consistente en ser escuchado por el juez que debe resolver su pretensión representada, en principio, por un acusador público.

En razón de ello, en la presente exposición trataré de abordar los diferentes conflictos que se podrían suscitar en el transcurso del proceso penal, como consecuencia del ejercicio de este nuevo derecho por parte de la víctima, y en esa inteligencia tratare de abordar y dar respuesta a varios interrogantes que podrían surgir a partir de su instrumentación, entre los que resulta menester destacar la naturaleza, carácter y extensión de la deposición que realizaría la víctima en el ejercicio de su derecho a ser oído, la posibilidad de refutación o contradicción por parte del imputado, en pleno ejercicio de su derecho constitucional de defensa y la eventual utilización de esa deposición, en el marco de un debate en un juicio oral.

2. DERECHOS DE LA VÍCTIMA

En virtud de la regulación normativa, prevista en el artículo 80 del CPPSF, se incorporó una enumeración enunciativa de derechos prescriptos para la víctima u ofendidos penalmente por un hecho ilícito. La ley procesal en la norma examinada regula los derechos que le corresponden per se, al margen de las facultades de participar en el procedimiento a través de los diferentes tipos de querellantes admitidos por el código de rito, categorización extraída de la doctrina italiana, que concibe a la víctima como titular de una posición de sujeto procesal relevante (1).

El precepto en cuestión, establece una serie de derechos cuya operatividad debe ser garantizada a quienes aparezcan como víctima u ofendido penalmente por el delito, por parte de las autoridades intervinientes en un procedimiento penal. Este reconocimiento expreso de derechos, surge como reacción al destrato y olvido que durante tanto tiempo padecieron todos aquellos que resultaron víctimas de un hecho ilícito.A decir de Corvalan, tanto ha sido el mal trato que recibieron quienes se presentaban como víctimas en las oficinas policiales o judiciales, que la reforma operó una verdadera transición en el tratamiento de la víctima, consagrando y recalcando todos los derechos, que desde antaño, deberían haber sido reconocido a las afectados por un delito, y que inexplicablemente durante tanto tiempo, el propio estado a través de su normativa procesal, se encargó de confiscar.

2.1. DERECHO A SER OÍDO

No obstante el plexo de derechos reconocidos a la víctima de un delito, el legislador santafesino consideró que no se veían garantizados de manera íntegra y cabal, advirtiendo según su interpretación, la falta de participación que se reconocía a la misma en las diferentes etapas del proceso.

En este sentido, y como forma de abordar la presunta responsabilidad funcional, que podría corresponder a los diferentes operadores del órgano acusador, por la falta de integración o acompañamiento de la víctima durante el transcurso del proceso, el legislador consideró pertinente realizar una ampliación de sus facultades, durante la etapa de la investigación, para de esta manera palear el descontento por la toma de resoluciones que fueran adversas a su pretensión.La reforma en el artículo 80, con la incorporación del inciso 10, implicó una ampliación a los derechos reconocidos a las víctimas y perjudicados, fue llevada a cabo dentro de un contexto general, que algunos juristas y doctrinarios, capitularon como contrarreforma del sistema penal (2). Este movimiento, al entender de los predichos autores implicó, una involución institucional, debido a que se parte de la falsa suposición de que el sistema penal tiene la capacidad de para contrarrestar los niveles de inseguridad, que aquejan a la población y que las garantías individuales reconocidas en el proceso, haciendo alusión a los derechos de los imputados, no son más que ingenuos impedimentos para una mayor eficacia y eficiencia, del poder punitivo del estado.

En este contexto se agrega como modificación, un condicionamiento en la actuación de Fiscales y Jueces, a través de una víctima «vigía». Esto implica, retrotraerse a uno de los rasgos del sistema inquisitivo que durante tantos años imperó en nuestro sistema procesal penal, en virtud del cual se imbuía a los jueces de un halo de omnipotencia, en pos de arribar a la verdad real de lo sucedido, confundiéndose los roles de investigar y juzgar.

Estas apreciaciones, fueron resistidas o confrontadas, por quienes consideraban que las novedades introducidas por la reforma, plasmadas en la norma bajo análisis, ya estaban impuestas, en relación a los fiscales, conforme se puede apreciar en las instrucciones generales 3 de 2016 y 3 de 2017, en materia de acuerdo de procedimientos abreviados (especialmente para casos de homicidios), y en ejecución penal por instrucción 8 de 2017, con lo cual era práctica común que, en las audiencias respectivas, los fiscales mencionaran que contaban con el acuerdo de la víctima o familiares legitimados en su caso.No obstante este señalamiento, se puede advertir que el legislador consideró que dicha finalidad no se lograba, y a los efectos de no tornar ilusorios los derechos de la pretensa víctima, se estipulo que el ejercicio de ese derecho debía cumplirse personalmente frente al Juez, encargado de resolver la contienda.

2.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A SER OÍDO POR UN JUEZ EN AUDIENCIA PÚBLICA

El contexto sociopolítico en que surge este extraordinario protagonismo de la víctima, suscita cierta desconfianza, que conlleva a sospechar que podría ser un nuevo ardid demagógico, por el cual se camuflan estrategias punitivas, en desmedro de derechos y garantías del imputado, e incluso de la víctima, quien muchas veces sufre de paternalismos capaces de sostenerla en una sola dirección, incriminatorias (3).

Una vez que este nuevo reconocimiento fue incorporado a la normativa procesal, surge la imperiosa necesidad de determinar la operatividad del mismo. Es decir, responder a los interrogantes ¿Cómo debe instrumentarse la audiencia para escuchar a la víctima? ¿Sobre qué aspectos puede la víctima hablar ante el juez? ¿Puede referirse al hecho dando su testimonio o solamente debe expresar su punto de vista respecto del acto judicial en ciernes? ¿La declaración debe efectuarse bajo los apercibimientos del falso testimonio?

Esta falta de regulación cabal e integrada de los nuevos derechos reconocidos, lleva a que en cada audiencia en concreto, y según el juez que la presida, se adopte una u otra resolución, llegando al eufemismo de que cada Juez resuelve conforme a su criterio.

En miras a tratar de desentrañar y definir los alcances de este derecho, sin exceder el marco del presente trabajo, deviene sustancial determinar el carácter y naturaleza jurídica de dicha deposición, para así analizar de que manera puede ejercerse este derecho, y que valor reviste dentro del marco del proceso penal.

2.4. SIMILITUDES CON EL ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA

Aquel ideal de producción de toda la prueba en el debate no puede lograrse siempre y por tanto el código admite algunas excepciones.El anticipo jurisdicción de prueba acontece en un contexto excepcional, en donde determinadas diligencias, por diversas razones, no podrán ser realizadas por sus protagonistas en el debate, y por tanto, resulta necesario adelantar una instancia procesal contradictoria para que la medida pueda ser validada y valorada como prueba en una sentencia futura. En esta circunstancias deben respetarse las condiciones del debate oral (inmediatez, contradicción y publicidad), bajo el directo control de un tercero imparcial que lo administre: el Juez, como así también una documentación lo mas fidedigna posible porque será ésta y no el órgano de prueba el que se exponga en el debate.

E n esta inteligencia, resulta menester destacar que la prueba anticipada jurisdiccionalmente sólo tendrá valor en el juicio oral cuando la parte haya tenido la posibilidad de contradecirla en cualquier etapa del procedimiento (4), más allá que dentro del debate, la información proveniente de lecturas, aún con control de parte, debe ser reputada como de baja calidad (5).

De esta forma, las pruebas rendidas en forma anticipada, deben ser peticionadas al juez (Art 297 inc. 8), otorgando a las partes la posibilidad de control en su producción y el derecho de contradicción (art 8), para que puedan ser introducidas al debate y valoradas en la sentencia, estando debidamente documentado al efecto (6).

Realizando un somero análisis de esta herramienta procesal, se vislumbra con claridad que la misma no resulta comprensiva, del nuevo derecho incorporado a la normativa de rito. Esta facultad conferida a quien se presenta como ofendido penalmente, no está prevista en miras a una eventual imposibilidad de comparecer ante la audiencia de debate, si no como un reconocimiento al rol preponderante que reviste el afectado por un delito, dentro de un proceso, con la consecuente revaloración que se otorga a su exposición. Asimismo, y según se desprende del artículo bajo análisis, la contraparte, esto es la defensa, carece de la posibilidad de controlar la declaración, y del consecuente derecho a contraexaminarla.En definitiva, una exposición aportada en estas circunstancias, no revestiría el carácter de anticipo jurisdiccional, por la ausencia de varios de sus requisitos de validez, y de la excepcionalidad exigida para su producción previo al debate.

2.5 SIMILITUD CON LA AUDIENCIA DE VISU DEL IMPUTADO

Prosiguiendo con el intento de desentrañar la intención del legislador al incorporar el derecho a ser oído por un Juez en una audiencia pública, se ha planteado que su naturaleza posee similitudes con la audiencia de visu del imputado.

Previo al dictado de una sentencia condenatoria en materia penal, los jueces deben tomar efectivo contacto de visu con el imputado, a quien si bien lo tiene «en frente», – a la vista- durante todas la jornadas del debate, casi nunca lo interrogan -en cumplimiento del principio acusatorio- a fin de conocer su vida, mas allá de ratificar sus datos personales.

Al respecto, Carlos Creus, señala: La parte final del Art 41 del cp, dispone que a los efectos de la individualización de la pena, el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima, y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. Todo ello ya que el juez para cumplir su función, tiene que tener un conocimiento directo de tales circunstancias a través de la causa.

Pero lo que se ha debatido en nuestra doctrina y jurisprudencia es si el juez está o no obligado en todos los casos a tomar el conocimiento directo y de visu del imputado. La posición, hasta ahora mayoritaria, considera que se trata de una facultad del juez cuya inobservancia no acarrea sanción procesal alguna, excepto la posición minoritaria encabezada por Zaffaroni, quien sostiene que dicho incumplimiento provocaría la nulidad de la sentencia (7).

A partir del parangón realizado se advierte, que el derecho a ser odio no reviste el carácter de una audiencia de visu.Más allá, de que las circunstancias son similares, es decir el Juez toma conocimiento directo del deponente, en este caso la víctima, no lo hace a los efectos de someterlos a una eventual consideración o valoración de aspectos objetivos o subjetivos que determinan la pena que le podría corresponder al imputado, sino que simplemente escucha a la víctima, en principio sin someter a ningún tipo de valoración su exposición, a los efectos de garantizar su derecho a ser oída.

2.5 NATURALEZA SUI GENERI

No obstante, los esfuerzos que se podrían realizar para rotular el derecho de la víctima a ser oída, en algunas de las herramientas o técnicas procesales ya conocidas, podemos concluir que el ejercicio de esta facultad conferida a quien se presenta como penalmente afectado, reviste caracteres propios, que revelan su naturaleza autónoma.

En esta inteligencia, es que debemos entender a la deposición realizada por la víctima como un derecho autónomo consagrado por el código de rito, y en consecuencia el quid de la cuestión debe versar sobre determinar su operatividad e instrumentación, en un análisis conglobado de la normativa procesal.

3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL IMPUTADO

Como el programa ideológico adoptado y proclamado por nuestra carta magna es claramente liberal, el poder penal del estado se debería encontrar limitado por los principios que desde la Constitución, establecen los derechos y garantías de que gozan todos los habitantes y en especial aquellos que resultaren imputados en investigaciones penales.

Existe de parte de nuestra constitución, una preocupación por proteger al individuo del eventual uso arbitrario del poder penal. En este sentido, se consagra un principio garantizador basal, que si no se cumple, las restantes garantías quedarían subsumidas en letra muerta.Ese principio es el derecho intangible que tiene todo ciudadano a defenderse de los cargos que se le realicen en el curso de un proceso penal (8).

3.1 DERECHO DE DEFENSA

Existe un consenso generalizado, acerca de que el resguardo de la garantía del derecho de defensa incluye un haz de dimensiones que se originan en el hecho mismo de la imputación por parte del órgano acusador.

No obstante, resulta menester reafirmar que esta no es una máxima de reciente descubrimiento, por el contrario, ya en la declaración de Derechos de Virginia se consagraba que, «… en todo proceso capital o criminal un hombre tiene el derecho a exigir la causa y naturaleza de su acusación; a ser confrontado con los acusadores y testigos; a presentar evidencia a su favor» (10).

Asimismo, nuestra Constitución Nacional, fue la primera que, con una formula terminante, aclaró sin tapujos: «…es inviolable la defensa en juicio, de la persona, y de los derechos» (11). Es una condición de legitimidad, del sistema penal de adjudicación y realización punitiva, que el acusado tenga chances intactas y concretas, de defender un interés legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre su persona y libertad (12).

El derecho de defensa del imputado comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal proseguido en su contra, para decidir acerca de una posible reacción penal contra él, y en consecuencia, poder desplegar e instrumentar todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.

Para que este derecho que ampara a toda persona que afronta una investigación penal en su contra resulte operativo es necesario y lógico, que el sistema de enjuiciamiento, garantice al imputado la posibilidad de influir en la reconstrucción histórica de la imputación, formulada por el acusador, con la consecuente facultades de conocer una imputación clara y precisa, de ser oído con respecto a esa atribución, de controlar la prueba producida por su contraparte, de probar supropia teoría del caso, alegar sobre su mérito y finalmente impugnar toda resolución jurisdiccional que le ocasione un agravio.

A través de diversos pronunciamientos la Corte ha ido perfilando el contenido de la garantía de la defensa en juicio en sentido genérico. Así se ha entendido que a toda persona sometida a proceso debe acordársele la oportunidad de ser oída, de conocer los cargos en su contra y de presentar y formular pruebas en su favor (13). Esta garantía constitucional de la defensa en juicio tiene valor preeminente no sólo por su rango constitucional, sino también porque es el único medio para salvaguardar la eminente dignidad de la persona humana.

Circunscribiéndonos a nuestra normativa procesal, advertimos que el artículo 8 del código de rito, consagra como uno de los principios rectores del proceso penal, la inviolabilidad de defensa en juicio, la cual implica el reconocimiento expreso de los derechos antes mencionados, a favor de quien resulte sujeto a de una investigación penal. De modo que en el procedimiento penal en donde se niegue algunos de los aspectos en que puede dividirse el tema, indefectiblemente implica una afectación manifiesta al principio de defensa y en consecuencia, por inconstitucional, puede resultar afectada su validez.

Este derecho de defensa, y sus derivaciones, pueden y deben ser ejercidos a lo largo de todo el proceso y de manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan primordialmente en esta etapa (14).

Precisamente, y en lo que respecta a este trabajo monográfico, advertimos que el derecho que el legislador otorga a la víctima, para ser oído por un juez en una audiencia pública, previó a la resolución que decida la contienda, en el marco de una audiencia imputativa, puede entrar en colisión con una de las facetas, a través de las cuales se exterioriza y resulta operativo el derecho de defensa.Precisamente nos referimos al derecho de controlar o controvertir la prueba ofrecida y producida por la contraparte, que pueda llegar a influir en la íntima convicción del juez, y plasmarse en la resolución final que adopte para resolver la controversia en pugna.

3.2. DERECHO A CONTROLAR LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONTRAPARTE

La base esencial del derecho a defenderse reposa en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, de controlar las evidencias en las cuales se funda dicha incriminación, y en la posibilidad de agregar además todas las circunstancias de interés para evitar o aminorar la consecuencia jurídica posible.

Es por ello que para que se pueda hablar de igualdad de posibilidades, en relación a la decisión que pone fin al procedimiento, res ulta necesario garantizar al imputado las mismas facultades, para influir sobre la reconstrucción fáctica, es decir idénticas posibilidades para influir sobre la recepción y valoración de la prueba (15).

Partiendo de la premisa, que nuestro código procesal consagra una etapa de investigación ágil, rápida y desformalizada, se concluyen que las evidencias recolectadas durante ese estadio procesal, tienen sólo valor preparatorio para decidir acerca de si se enjuicia al imputado, más no para fundar la sentencia. En esta inteligencia, no basta garantizar el derecho de ofrecer y producir prueba, si él no va acompañado de la posibilidad de controlar todo el material probatorio que valorará el tribunal en su decisión. Controlarlo quiere significar precisamente, asistir a su recepción con facultades explorativas y críticas.

En este sentido, se desprende del principio de contradicción, la facultad defensista de ofrecer prueba de descargo, en función a su teoría del caso, y en atención a los extremos que considera pertinentes demostrar.Ello debe ser así a los fines de permitir que el sometido a proceso se pueda oponer a los extremos de la imputación, neutralizando o atenuando la misma, la cual asimismo, se proyecta sobre todas las etapas procesales.

Esta facultad de controlar la producción de la prueba, como consecuencia derivada de la igualdad de armas, se podría ver afectada y tornar abstracta, si el imputado y su defensa no pueden controvertir o refutar los dichos o manifestaciones realizadas por la víctima al ejercer su derecho a ser oído. Es decir, partamos del hipotético caso, de que en ejercicio de dicha facultad, la víctima refiera a nuevos elementos de imputación, tergiversara los hechos acaecidos, e incluso falseara su deposición en procura de perjudicar al imputado, ya que en ningún extremo de la regulación normativa de dicho derecho, el mismo se encuentra prescripto bajo las penalidades del falso testimonio.

En consecuencia, este derecho basal del imputado de controlar la producción de la prueba, se podría ver conculcado, si se ve restringido en su derecho a examinar dicha exposición, con la consecuente posibilidad de contraexaminar a su expositor, y atacar la verosimilitud o credibilidad de dicha deposición.

4.CARÁCTER ARGUMENTATIVO DE LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES A JUICIO

La doctrina y jurisprudencia local, es pacífica en afirmar que durante las audiencias previas al debate oral y público, las partes confrontan argumentalmente sobre la existencias del hecho, la responsabilidad del imputado, la calificación legal, las evidencias fundante de dicha imputación, y los riegos de fuga o frustración de la prueba que se podrían ver afectados para fundar el requerimiento u oposición a una medida cautelar, y frente a esa discusión dialéctica adversarial, los jueces deberán resolver y dirimir en base a las evidencias llevadas a colación.

No obstante este carácter que deben poseer las audiencias referidas, en función de las reglas de desformalización, celeridad y agilidad que revisten la investigación penal preparatoria, atento al carácter central que reviste el juicio oral, podría alterarse, si en ellas se tuvieran que ventilar conflictos mediante testimonios, tanto de la víctima como del imputado, que podrían llegar a gestar verdaderos juicios anticipados, desnaturalizando la finalidad de esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA PREVIA AL JUICIO ORAL, A RAÍZ DEL FALLO MARIAUX (16)

Asimismo, otra de las consecuencias que podría derivar del derecho de la víctima a ser oído, es que los dichos que fueron vertidos por la misma, sean ulteriormente utilizados en el marco de un juicio oral para marcar una contradicción, o que eventualmente puede ser utilizados para ser introducidos como evidencia documental, ante la incomparecencia o imposibilidad de la víctima a asistir al referido debate, fundamentando su inclusión en que dicha exposición, se hizo en el marco de una audiencia pública con la presencia de todas las partes del proceso.

En esta inteligencia, resulta sustancial citar lo expuesto por el Dr.Francesccheti (17), quien manifestó: «parece claro que todas las manifestaciones que se realicen en audiencia pueden ser tomadas en cuenta como declaración previa en un eventual juicio, ya sea para refrescar la memoria o para marcar contradicciones, es que este acto no debe equipararse a un anticipo jurisdiccional de prueba y por ende no son evidencia, sino, como se dijo, meras declaraciones previas, porque por más que opere dentro de un contradictorio ante el juez e incluso se realicen manifestaciones sobre el hecho, no es esa la esencia ni el objetivo de la audiencia. A pesar de lo dicho, no estamos en condiciones de asegurar que no quiera extenderse a la víctima lo decidido por la corte en el caso Mariaux» (18).

Estas observaciones, a nuestro entender acertadas, permiten conjeturar respecto a la eventual problemática, que se podría suscitar si una de las partes, particularmente el órgano acusador, pretendiera utilizar los dichos vertidos por la víctima, en oportunidad de hacer uso de su derecho a ser oído, y en función de los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal de justicia de Santa Fe, en el fallo de referencia, se podría ofrecer dicha exposición, para su eventual reproducción como prueba documental, ante la incomparecencia de la víctima.Esta incorporación, no solo implicaría una vulneración al derecho de defensa del imputado, ya que como hemos referido anteriormente, la defensa no podría contraexaminar la declaración de la víctima, ya que tal deposición sería considerada, como un derecho autónomo limitado a ser oído por el juzgador, si no que además su introducción al juicio debate podría conculcar y afectar la producción de prueba veraz y de calidad en el debate, atento a que los jueces del tribunal, estarían sujetos a valorar e interpretar dicha prueba documental, según los lineamientos o consideraciones que la pretensa víctima le podría haber otorgado al conflicto, sin someter dichas declaraciones al control y contradicción de la defensa, que solamente se vería limitada a poder objetar su incorporación al debate, sin poder restarle el valor probatorio intrínseco, que le reproducción de ese video, podría generar en la intima convicción de los juzgadores.

Asimismo, deviene sustancial considerar, que la incorporación de este tipo de evidencias, en desmedro de los derechos y garantías de los imputados, y en una interpretación contraría a las normas constitucionales y supraconstitucionales, podría acarrear la responsabilidad internacional del estado argentino.Atento a que a la garantía del debido proceso, que además subsume el derecho de defensa, exige que la información relevante que será valorada en la sentencia sea producida directamente en la audiencia de debate, por medio de las vías reguladas por el legislador en el marco del respeto a las garantías del imputado, y a contrario sensu, su incorporación con esta modalidad, consistiría en la creación pretoriana de un anticipo jurisdiccional de prueba no previsto legalmente.

En esta inteligencia, y partiendo de lo resuelto por el máximo tribunal de justicia en el fallo bajo análisis, donde se concluyó que la declaración voluntaria del imputado, controlada por las partes y en presencia del juez, durante las audiencias previas al juicio, puede ser ofrecida como prueba autónoma en la etapa oportuna para ser reproducida en el juicio, considerando que no existe ningún obstáculo legal o constitucional para que la cuestión pueda ser así entendida, aún cuando el imputado se halla resguardado por la garantía constitucional de la incoercibilidad de su discurso, podemos aseverar, que eventualmente y con mayores fundamentos, la Fiscalía podría ofrecer y solicitar la que declaración vertida por la víctima, en el marco de su derecho a ser oído, sea reproducida en el debate, ante la eventual incomparecencia -constatada- y que se someta a su eventual valoración conforme a las reglas de la sana crítica racional.

6. CONCLUSIÓN.

En mérito de lo reseñado, considero que la participación de la víctima resulta sustancial para garantizar su derecho de acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva.No obstante ello, el reconocimiento y consagración de ese derecho sustancial, no debe hacerse en desmedro y perjuicio de las garantías constitucionales del imputado, toda vez que en un juego de valores y preeminencia de derechos de mayor entidad al derecho de la víctima, por sobre los derechos que asisten al imputado.

Del análisis efectuado, entendiendo que no quedan dudas, respecto a que la instrumentación del derecho de la víctima a ser oído por un juez en audiencia públicas previas al juicio oral, en las condiciones en que se encuentra prevista en el código procesal, indefectiblemente implicaría una vulneración flagrante al derecho del defensa del imputado, consistente precisamente, en la posibilidad de controlar la producción de esa prueba.

Asimismo, insisto, en que el carácter argumentativo que debe revestir este tipo de audiencias se vería desnaturalizado, si permitimos que las partes adelanten controversias testimoniales, a una etapa procesal en donde no se debe valorar el merito de la prueba, todo lo cual estará sujeto a un eventual control en el juicio oral que podría desarrollarse en el marco de esa causa.

Además, a las observaciones realizadas debemos agregarle lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el fallo Mariux, cuyo lineamientos, podrían ser utilizados, mediante una interpretación laxa, por el órgano acusador, para ofrecer y eventualmente reproducir esas declaraciones, aún cuando no se encuentren previstas entre las previsiones legales de evidencia documental, para su valoración por el juez de juicio, vulnerando doblemente el derecho de defensa del imputado.

En definitiva, y lejos de querer sugerir algún tipo de reforma legislativa al precepto normativo analizado, considero que para evitar futuros y eventuales conflictos derivados de la vulneración de derechos constitucionales, con la consecuente sanción internacional que ello podría implicar, corresponde que la pretensa víctima o afectado sea oído personalmente por el representante del Ministerio Público de la Acusación, quien precisamente como titular de la acción pública, es el encargado de representar y defender los intereses de la víctima en el proceso penal, y que eventualmente, en una audiencia pública, contradictoria y adversarial, sea el acusador quien, en función del carácter argumental de ese estadio procesal, introduzca e incorpore las manifestaciones de la víctima, para que en esas condiciones sean interpretadas o valoradas por el juez, para fundamentar su resolución.

Bibliografía

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– FRANCESCCHETI G.; BUFFARINI M.: Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Comentarios a la reforma.

– Tribunal EDH en «Kostovski vs Países bajos», 20/11/89.

– BACLINI J.: Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Ley 12.734. Tomo 3.

– Revista de derecho penal y criminologia. Año 7. N° 10, Noviembre 2017.

– BINDER, Alberto: Garantías Constitucionales en el proceso penal.

– RUSCONI, Maximiliano: Sistema de enjuiciamiento en material penal.

– MAIER., Julio B. J.: Derecho Procesal Penal.

– CARRIO, Alejandro: Garantías Constitucionales en el proceso penal.

– Fallo Mariaux Matías Exequiel – Recurso de Inconstitucionalidad en autos «Mariaux Matias Exequiel y otro S/ Homicidio» (Expte. 21-060336583-8) S/queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad.

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(1) ERBETTA D, ORSO, T., FRANCESCCHETI G., CHIARA DIAZ, C.: Nuevo código procesal penal de la provincia de Santa Fe. Pag 200.

(2) FRANCESCCHETI, Gustavo y BUFFARINI, Mariano: Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Comentarios a la reforma. pág. 319.

(3) FRANCESCCHETI, Gustavo y BUFFARINI, Mariano: Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Comentarios a la reforma. pág. 383.

(4) Tribunal EDH en « Kostovski vs Países bajos», 20/11/89.

(5) BACLINI, Jorge: Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Ley 12.734 . Tomo 3, pág. 124.

(6) BACLINI, Jorge: Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Ley 12.734. Tomo 3, pág 125.

(7) Revista de derecho penal y criminologia. Año 7. N° 10, Noviembre 2017, pág. 93.

(8) BINDER, Alberto: Garantías Constitucionales en el proceso penal, pág 155.

(9) RUSCONI, Maximiliano:Sistema de enjuiciamiento en material penal, pág 68.

(10) Inciso VIII, de la Declaración de Derechos de Virginia, proclamada el 12 de Junio de 1776.

(11) Artículo 18 Constitución Nacional Argentina.

(12) MAIER, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal, pág. 509.

(13) CARRIO, Alejandro: Garantías Constitucionales en el proceso penal, pág 66.

(14) BINDER, Alberto: Garantías Constitucionales en el proceso penal, pág 163.

(15) MAIER, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal, pág 549

(16) Fallo Mariaux Matías Exequiel – Recurso de Inconstitucionalidad en autos «Mariaux Matias Exequiel y otro S/ Homicidio» (Expte. 21-060336583-8) S/queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad.

(17) Defensor Regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Segunda Circunscripción de la Ciudad de Rosario.

(18) FRANCESCCHETI, Gustavo y BUFFARINI, Mariano: Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Comentarios a la reforma, pág. 373.

(*) Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Empleado del Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online