No procede la caducidad de una marca si las facturas aportadas prueban que comercializó sus productos cinco años antes de la demanda

Partes: Omnicom International Holding Inc. c/ Rapp Gustavo Alejandro s/ cese de oposición al registro de marca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 22-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-108443-AR | MJJ108443 | MJJ108443

La caducidad de una marca es improcedente si las facturas aportadas por el titular demuestran que comercializó sus productos durante los cinco años previos al inicio de la demanda.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el pedido de caducidad de la marca registrada por el demandado en tanto la prueba aportada consistente en facturas que acreditan la comercialización de productos, es convincente y configura la comercialización y ‘explotación real’ durante el lapso de cinco años previos a la iniciación de la demanda por caducidad (art. 26 , Ley 22.362) que se adecua apropiadamente a una de las innovaciones más importantes de la ley, cual es la obligatoriedad del uso de la marca, que en el caso debe considerarse suficiente y demuestra una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar sus productos.

2.-El uso de la marca es para su titular porque así lo dice el sentido común y lo consagra el art. 4 de la Ley 22.362, más, siendo que no existe norma que regule el punto en forma concreta y eficaz porque la ley no da pautas ni definiciones que permitan saber con exactitud en qué supuesto se cumple, debe recurrirse a un criterio flexible comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el producto en el mercado, abarcando todos los actos o cualquier forma posible de su explotación debiendo el uso ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular de ponerla en el mercado local.

3.-La superposición o interferencia entre servicios de las clases 35 y 42 -clase de carácter residual- del nomenclador marcario internacional torna prudente cohibir la concurrencia de marcas idénticas aunque estén destinadas a productos diferentes, para evitar una eventual confundibilidad en cuanto al origen o procedencia de los productos, cuya correcta diferenciación compromete por igual los intereses de productores, comerciantes y consumidores, por lo que corresponde exigir con estrictez que el nuevo signo sea ‘claramente distinguible’ (art.3, incs. ‘a’ y ‘b’ , Ley 22.36) debido a que sólo así es posible asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de la normativa marcaria.

4.-Las existencia de diferentes canales de comercialización, de servicios a identificar distintos, de eventuales adquirentes diversos, no bastan para autorizar el registro de marcas idénticas o confundibles porque esas circunstancias podrán eludir los peligros de confusión directa, mas no los de confusión indirecta en tanto afectarían su poder distintivo y su individualidad.

5.-En materia de conflictos marcarios, la doctrina de los propios actos no tiene el alcance que posee en otros ámbitos del derecho, considerando que se trata de conflictos que desbordan el interés de las partes y se proyectan sobre el público consumidor.

6.-El principio de especialidad en materia marcaria no es de aplicación absoluta y cede cuando entre las diversas clases existe afinidad, conexidad o interferencias de productos o servicios, con daño para los fines esenciales de la Ley de Marcas.

7.-Para que se haga lugar a la oposición formulada al registro de una marca, no basta que los signos enfrentados sean confundibles, sino que es necesario que además, se trate de los mismos productos o servicios (art. 3, inc. b), Ley 22.362), porque en definitiva lo que realmente interesa es que cada una de las partes desarrolle su actividad con denominaciones claras y distintas, vale decir, que identifiquen fácilmente sus productos o servicios.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dijo:

I.- La empresa OMNICOM INTERNATIONAL HOLDING INC. radicada en los Estados Unidos de Norteamérica (San Francisco-California) orientada fundamentalmente a la prestaciones de servicio de publicidad y marketing solicitó -en sede administrativa- el registro de la marca “RAPP” por actas n° 2.851.O88; n° 2.851.089 Y n° 2.851.090 para distinguir todos los servicios de las clases 35, 41 y 42 del nomenclador marcario internacional (fs. 76, 82, 88). Hecha la publicación de rigor, las mencionadas solicitudes obtuvieron la oposición del señor GUSTAVO ALEJANDRO RAPP por considerarlas confundibles con su designación comercial y con la titularidad de sus marcas “RAPP” que por actas n° 1.937.579 y n° 2.085.907 protegen todos los productos y servicios de las clases 2 y 35 del nomenclador marcario internacional (véase fs.79, 85, 91).

Fracasadas las tratativas extrajudiciales para superar el diferendo y ante el resultado infructuoso de la mediación prevista en la ley n 24.57 (fs.98/99)la empresa peticionaria del signo objetado promovió la demanda de autos por estimar infundada la oposición deducida por su contrario, solicitando -en subsidio- la declaración de caducidad de ésos registros por no haber sido utilizados en el plazo que prevé el art. 26 de la ley en la materia(fs. 161/171).

Más la accionada resistió tal pretensión en virtud de considerar -tal como lo había afirmado en sede administrativa – que el signo solicitado era idéntico y confundible con las marcas de su propiedad y con la designación social que responde a su apellido (confr.fs.302/310).

Agotadas las tres etapas del proceso ordinario, el señor magistrado de la anterior instancia, en el pronunciamiento de fs.800/805, consideró que por su condición de comerciante a la empresa actora le asistía el “interés legítimo” exigido por el art. 4° de la ley marcaria para obtener el registro pretendido. Ello establecido, y tras recordar con acierto los principios jurisprudenciales aplicables al caso, examinó cada una de las cuestiones planteadas, y resolvió que la oposición formulada por el emplazado con sustento en su marca RAPP para la clase 35 debía ser admitida -sin mas trámite- en tanto contradice una expresa previsión legal, que se extiende a la clase 42 por la relación o proximidad que existe entre los servicios incluidos en la mencionada clase. Y tras evaluar el renglón 41 del nomenclador, centrado específicamente en la educación, llegó a la conclusión que no habría interferencia o confusión posible entre los signos enfrentados -considerando para ello- que las diferentes actividades comerciales desplegadas por los contendientes constituía un impedimento eficaz como para provocar confusiones en el público consumidor.

A su vez consideró que el acuse de caducidad intentado por la actora de la designación de su adversario estaba condenada al fracaso, pues el uso cuestionado estaba plenamente acreditado. En consecuencia no advirtió violación alguna a los principios vigentes en la materia y falló admitiendo parcialmente la demanda instaurada por la empresa “Omnicom International Holding Inc.” contra el señor Gustavo Alejandro Rapp declarando infundada la oposición formulada por el demandado al registro de la solicitud de la marca “RAPP” acta n° 2.851.089 para proteger los servicios de la clase 41.

También, rechazó la demanda iniciada por la empresa “Omnicom International Holding Inc.” contra el señor Gustavo Alejandro Rapp, a la oposición formulada al registro de la marca “RAPP”, actas n° 2.851.088 y 2.851.090, para las clases 35 y 42 del nomenclador internacional respectivamente, las que declaró fundadas.Por último rechazó el pedido de la empresa norteamericana respecto a la declaración de caducidad de los registros “RAPP” n°1.937.579 y 2.085.907 para clases 2 y 35 respectivamente. Y de acuerdo a ese resultado impuso las costas en un 80% a la actora y el 20% restante al demandado (art. 71 del C.P.C.C)(fs.800/805)

Disconformes con el resultado obtenido apelaron ambas partes (fs. 817 y fs. 819). La empresa norteamericana expresó agravios a fs.832/844 que recibieron respuesta a fs. 858/861 y la parte demandada planteó sus quejas a fs. 843/845vta., escrito que recibió la réplica a fs.848/856vta.

La empresa Omnicom en el memorial de fs.832/844 se queja sustancialmente del rechazo de la demanda en relación con las oposiciones presentadas en clase 35 y 42 del nomenclador. Dice que el Juez no ponderó suficientemente las especiales “circunstancias adjetivas” del caso que necesariamente llevan al rechazo de ésta oposición; el demandado no usó la marca Rapp sino que lo hacen terceros cuya relación con el demandado no se acreditó -descartando equivocadamente- la caducidad planteada. El juez no tuvo en cuenta la coexistencia pacífica, generada por el demandado en contradicción con sus propios actos, en cuanto ambas partes son titulares de registros marcarios que incluyen el término RAPP. El demandado no tiene actividad comercial y no acreditó ser titular de un nombre comercial y ni la venta de productos con la marca opositora. El sentenciante obvió una circunstancia clave para resolver el conflicto; las marcas en disputa protegen productos y servicios específicos y muy distintos, que en la realidad del mercado no guardan proximidad alguna. Finalmente y en función de sus argumentos pide que las costas se le impongan a su adversaria

Por su parte las quejas de la demandada parecen dirigidas a cuestionar que el Juez le diera razón a su adversaria declarando infundada la oposición formulada al registro de la marca RAPP para proteger los servicios de clase 41 del nomenclador.Se queja también por las costas del proceso que el magistrado distribuyó en un 80% al actor y el 20% restante a su parte.

III.- Antes de entrar puntualmente en el fondo de la cuestión debatida y ciñéndome estrictamente a sus límites, creo necesario formular las precisiones que vienen al caso.

Debe destacarse en primer término,que el argumento de la actora acerca de que ambas partes son titulares de registros marcarios que incluyen el término RAPP, constituye un hecho desprovisto de toda proyección sobre la solución que debe recibir este concreto conflicto porque se trata de signos ajenos a éstos y sobre la que nada cabe decir aquí.

Lo cierto es que el señor Rapp es dueño de defender sus títulos marcarios cuando y como crea que hace a su derecho, sin que la actitud adoptada en determinado supuesto la obligue a seguir igual conducta respecto de otros casos (confr. esta Sala, causa 9095 del 28.9.92, entre varias más).A lo que añadiré -para contestar algún argumento expuesto por la apelante- que la “doctrina de los propios actos”, en esta particular materia de los conflictos marcarios -que desbordan el interés de las partes y se proyectan sobre el público consumidor- no tiene el alcance que posee en otros campos del derecho.

Ello es así, a poco que se repare que la conducta previa de los litigantes -que responde a muy diferentes causas- no puede ser razón que sirva para legitimar la concurrencia de marcas confundibles afectando uno de los fines esenciales de la Ley en la materia. No existe impedimento jurídico alguno -y así lo ha aceptado reiterada jurisprudencia del Tribunal- para que el titular de una marca -en su relación con otra- cambie de proceder.Es perfectamente legítimo que pueda modificar su conducta jurídica, desde que no concurre obligación alguna en persistir observando indefinidamente una actitud de igual tenor, sobre todo porque la nueva posición asumida puede implicar un cambio frente a circunstancias que no son idénticas a las que se debaten en esta causa (esta Sala causa 7899/93 del 11.7.96; 1594/91 del 17.7.97, 5257/99 del 10.12.2003; 1357/10 del 21.10.2015 etc).

Ponderando lo recién apuntado, las quejas de la empresa norteamericana comportan argumentaciones desprovistas de toda incidencia en la resolución de este conflicto.

IV.- Dicho ello, estamos en condiciones de comenzar el estudio de las circunstancias que especifican el sub examine, valorando con un criterio realista el análisis de las constancias del caso. Llegados a este punto, debe precisarse que la cuestión central traída a conocimiento y decisión del Tribunal, no se enfoca haciendo hincapié en la confundibilidad del signo pretendido, sino que es otro el planteo a resolver que apunta a determinar si el titular del vocablo RAPP registrado en toda la clases 2 y 35 del nomenclador, está habilitado para oponerse a las solicitudes de idéntico signo, en todos los renglones 35, 41 y 42 del nomenclador. Tema ése que trataré con una apropiada interpretación del principio de especialidad tan útil para mantener un adecuado orden en el régimen marcario que, si bien no es de aplicación absoluta, cede cuando entre las diversas clases existe afinidad, conexidad o interferencias de productos o servicios, con daño para los fines esenciales de la Ley de Marcas (Fallos: 272:190; 279:150, entre otros esta Sala causa 3454/93

En efecto, para que se haga lugar a la oposición no basta que los signos enfrentados sean confundibles, sino que es necesario que además, se trate de los mismos productos o servicios (art. 3° inc.b) de la ley 22.362), porque en definitiva lo que realmente interesa es que cada una de las partes desarrolle su actividad con denominaciones claras y distintas, vale decir que identifiquen fácilmente sus productos o servicios.

Es indudable -por lo que llevo dicho hasta aquí- que la prohibición legal contenida en el art. 3° inc. a) y b) de la ley 22.362 comporta -como acertadamente consideró el señor juez de la anterior instancia- un obstáculo insalvable para el registro pretendido por la parte actora cuya tesis de registrabilidad contradice abiertamente la le tra y el espíritu del precepto expuesto; propiciando -en consecuencia- que este aspecto del litigio sea confirmado.

V.- Cabe aquí agregar que la expresión usada por el art.3 , incs. a) y b), de la Ley de Marcas, esto es -los mismos productos- no forma obstáculo para que el titular de una marca en una clase se oponga a la concesión de otra en clase distinta cuando existe superposición de los productos o servicios y sea susceptible de originar confusiones en el público consumidor. Y digo esto con específica referencia al tema que trae el recurrente en Alzada sobre la superposición de los servicios de la clase 35 -donde está registrada la marca oponente- respecto de los servicios de la clase 42 en la que se solicitó la inscripción. La particular naturaleza y composición de esta última clase y cierta ambigüedad conceptual que alcanza a la clase 35, no autoriza una decisión que no ahonde en los respectivos enunciados y en la realidad misma de la actividad comercial que desarrollan los contendientes.

En este caso, juzgando la situación con criterio realista y no ceñida a un cotejo abstracto del nomenclador (confr. Corte Suprema, Fallos 237:299), se advierte que la clase 42 es de carácter residual, esto es, comprende “todos los servicios que no se han podido ordenar en otras clases” (confr.Anexo, decreto 558/81, Notas explicativas). Y como resulta obvio que cada servicio puede tener muy numerosas variantes, al punto que puede llegar a dudarse si conserva las notas esenciales del servicio madre o constituye un servicio autónomo (v.gr. servicios farmacéuticos, de publicidad, negocios, etc.), se presentan numerosas zonas grises donde es prácticamente muy difícil delimitar -con alguna precisión- si un servicio corresponde a determinado rango o cae, por algunas connotaciones especiales, en el campo residual de la 42.

De allí que la superposición o interferencia entre servicios de las clases 35 y 42 es una circunstancia que torna prudente cohibir la concurrencia en el mercado de marcas idénticas aunque estén destinadas a productos diferentes, para evitar una eventual confundibilidad en cuanto al origen o procedencia de los productos, cuya correcta diferenciación compromete por igual los intereses de productores, comerciantes y consumidores, por lo que corresponde exigir con estrictez que el nuevo signo sea “claramente distinguible” (art.3 , incs. “a” y “b”, Ley de Marcas), porque sólo así es posible asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de la ley 22.362.

Las razones que alega la actora en su defensa diferentes canales de comercialización, servicios a identificar distintos, eventuales adquirentes diversos , no bastan para autorizar, el registro de marcas idénticas o confundibles porque esas circunstancias podrán eludir los peligros de confusión directa, mas no los de confusión indirecta en tanto afectarían su poder distintivo y su individualidad.

Por lo demás, reitero que son tan sutiles los límites entre algunos servicios de las clases 35 y 42, que el propio Nomenclador -en el párrafo final de las Notas explicativas (Anexo, decreto 558/81) de la clase 42- expresa: “Consúltese la clase 35 para los servicios profesionales de ayuda directa en las operaciones o funciones de una empresa comercial”; párrafo que demuestra hasta qué punto resulta difícil delinear con precisión el ámbito de servicios comprendidos en una y otra categoría.Y tan es así que en la 35 y la 42 se da este caso donde la parte actora -que desarrolla un solo ramo de actividades- solicita la misma marca para distinguir sus servicios en las dos clases; 35 y 42. Y si la cuestión resultara dudosa es justo y legal preferir el signo registrado que constituye un derecho adquirido por sobre las solicitudes protestadas que no exceden el campo de las meras expectativas. Solución ésta que es la que mejor se ajusta a los fines esenciales de la Ley de Marcas, en cuanto resguarda el derecho de propiedad reconocido por el art.4 del ordenamiento legal marcario.

Por las razones antedichas, corresponde rechazar los agravios de la apelante dirigidos cuestionar este aspecto del litigio. Dicho lo cual corresponde entrar a resolver las cuestiones pendientes.

VI.- En cuanto a la queja que trae el demandado, que se agravia de la conclusión del juez que admite parcialmente la demanda y declara infundada la oposición formulada al registro de la marca RAPP para proteger los servicios de clase 41 del nomenclador; se impone señalar que el Sr. Magistrado de primera instancia ha desarrollado correctamente las previsiones contenidas en la clasificación del nomeclador internacional de Niza, haciendo prevalecer una interpretación acorde a las notas explicativas de la clase 41 y, plenamente compatibles con el espíritu que las anima y en este mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en múltiples ocasiones(conf esta Sala causa 9095/05 del 30.10.2012). En cuyo caso no merece acogida el agravio del demandado que apenas dedica algunas vagas consideraciones referidas a los fundamentos dados por el a quo. Por otra parte, la actora acusa en su contestación de agravios de fs., la deserción del recurso de su contraria.

Y aunque esta Sala, tradicionalmente, sigue un criterio de amplitud para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios -por estimarlo concorde con el respeto del derecho de la defensa en juicio, garantizado constitucionalmente-, como lo revelan muchos precedentes (confr. causas:5003 del 5.4.77; 5539 del 12.8.77; 6221 del 9.2.78; 5905 del 27.5.88), debo recordar que este Tribunal ha dicho, que ese criterio amplio no puede ser llevado al extremo de derogar en los hechos, la exigencia contenida en el art.265 del Código Procesal. Y esto es lo que ocurriría en el sub examen, si no se hiciera lugar a la deserción acusada.

En efecto, el a quo trató específicamente el tema y dio las razones en que fundó su decisión. No obstante, en la expresión de agravios de fs. y vta. la demandada se limita a afirmar dogmáticamente y sin aportar un solo argumento que preste sustento a sus aseveraciones, sin relacionarlas con las circunstancias concretas del caso.

Es así obvio que los reglones dedicados y que, además, contienen inexactitudes legales, están muy lejos de constituir la crítica concreta y razonada que exige el art.265 del Código de forma. Ninguna consideración, que configure crítica concreta y razonada de lo decidido, se advierte en el memorial de agravios de la parte demandada, de donde se sigue que, lo resuelto por el señor Juez debe considerarse firme (art.266 del mencionado Código) en cuanto fue materia de recursos y agravios.

VII.- Con la oposición parcialmente confirmada, es indudable que a la empresa actora le asiste un “legítimo interés” en obtener la declaración de caducidad de la marca de su adversaria, en tanto le permite suprimir el obstáculo que se interpone a la concesión de sus signos, siempre y cuando quede acreditado -tema al que habré de referirme enseguida- que la marca RAPP del señor Gustavo Alejandro Rapp, no fue objeto de concreta comercialización o explotación real durante el lapso que establece el art.26 de la Ley de Marcas, porque el uso del signo juega “un papel esencial en la vida del registro”, desde que la ley lo ha elevado a la categoría de requisito fundamental para la conservación del derecho (confr. Otamendi,J.”Derecho de M arcas” Bs. As. 1989, p.195, esta Sala causa 5257/99 del 10.12.2003).

VIII.- En cuanto al uso de la marca -en una primera aproximación- es para su titular (fs. 608/611; 618). Lo dice el sentido común y lo consagra el art. 4 de la ley de marcas. Mas no existe norma que regule el punto en forma concreta y eficaz; la ley no da pautas, ni definiciones que permitan saber con exactitud en que supuesto se cumple. De tal manera, debe recurrirse a un criterio flexible comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el producto en el mercado, abarcando todos los actos o cualquier forma posible de su explotación debiendo el uso ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular de ponerla en el mercado local.

Veamos entonces si se ha aportado prueba suficiente del uso de la marca del demandado “RAPP” sin perjuicio de anotar que tratándose de probar hechos, cualquier medio de prueba contemplado del ordenamiento ritual, es admisible.

En primer lugar de los informes presentados a fs. 282 del INPI, se sigue que el signo “RAPP” del señor Gustavo Alejandro Rapp actas n° 1.937.579 y n° 2.085.907 protegen los servicios de las clases 2 y 35 del nomenclador marcario internacional y tiene otros registros concedidos en el renglón 2 del nomenclador (fs.289; 608/624)). Y conforme lo acredita la página web de fs.150 y 291 el señor Alejandro Gustavo Rapp es ejecutivo de la empresa “Oscar Carlos Rapp e Hijos S.R.L.” que elabora y comercializa colorantes y pigmentos con ftalocianinas.

De la página Web agregada a fs. 290 surge la constancia del dominio rapp.com.ar, registrado desde el año 1997. Es una realidad comercial que el objetivo perseguido por el demandado con la obtención del mencionado dominio era ofrecer y promocionar sus productos a través de internet.

Las facturas de fs. 251/275 confirman el uso de la marca “RAPP” del demandado, y empresas como Fatalosur S.A.informa la comercialización de los productos RAPP a fs. 634. La empresa “Resimax S.A.” (fs. 649) da cuenta que mantiene vínculos con la firma “Oscar Carlos Rapp e hijos SRL” y comercializa sus productos. En igual sentido Julio García e Hijos (fs.671/700); Farbenlac S.A (fs.707); todos elementos que acreditan suficientemente la comercialización y el uso de la marca RAPP en pigmentos y colorantes.

La prueba aportada es convincente y configura la “comercialización” y “explotación real” durante el lapso de cinco años previos a la iniciación de la demanda por caducidad que establece el art. 26 de la ley 22.362 que se adecua apropiadamente a una de las innovaciones más importantes de la citada ley: la obligato riedad del uso de la marca (confr. J: Otamendi, “Derecho de Marcas”, 2ª. Ed., Bs. As., 1995, p. 223) uso que es suficiente y que demuestra una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar sus productos.

Valorando la prueba en su conjunto, a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 del Cód. Procesal) es razonable concluir que efectivamente la marca “RAPP” ha sido y es efectivamente utilizada, lo que conduce al fracaso de la caducidad alegada.

IX.- Basta lo dicho, para mantener lo decidido en la anterior instancia en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por la empresa “Omnicom International Holding Inc.” contra el señor Gustavo Alejandro Rapp. En consecuencia propongo declarar infundada la oposición formulada por el señor Gustavo Alejandro Rapp al registro de la solicitud de la empresa norteamericana, de la marca “RAPP” acta n° 2.851.089 para proteger los servicios de la clase 41. Rechazar la demanda iniciada por la empresa “Omnicom International Holding Inc.” contra el señor Gustavo Alejandro Rapp, declarando fundada la oposición formulada al registro de la marca “RAPP”, actas n° 2.851.088 y 2.851.090, para las clases 35 y 42 del nomenclador internacional respectivamente.Y finalmente rechazar el pedido de la empresa norteamericana respecto a la declaración de caducidad de los registros “RAPP” n°1.937.579 y 2.085.907 para clases 2 y 35 respectivamente. Según lo expuesto y de acuerdo al resultado de los recursos propongo que las costas de ambas instancias se fijen en un 80% a la actora y el 20% restante al demandado (art. 71 del C.P.C.C).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhiere al voto que antecede.

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia recurrida, que dispone: “a) admitir parcialmente a la demanda entablada por la empresa “Omnicom International Holding Inc.” contra el señor Gustavo Alejandro Rapp. b) Declarar infundada la oposición formulada por el señor Gustavo Alejandro Rapp al registro de la solicitud de la empresa norteamericana, de la marca “RAPP” acta n° 2.851.089 para proteger los servicios de la clase 41. c) Rechazar la demanda iniciada por la empresa “Omnicom International Holding Inc.” contra el señor Gustavo Alejandro Rapp, declarando fundada la oposición formulada al registro de la marca “RAPP”, actas n° 2.851.088 y 2.851.090, para las clases 35 y 42 del nomenclador internacional respectivamente. d) Rechazar el pedido de la citada empresa respecto a la declaración de caducidad de los registros “RAPP” n°1.937.579 y 2.085.907 para clases 2 y 35 respectivamente. e) Imponer las costas en un 80%a la actora y el 20% restante al demandado, como lo hiciera el magistrado que decidiera en la anterior Instancia.” II.- Se confirman los honorarios de la representación legal de la parte actora, doctores Gustavo P. GIAY, Marco Rizzo JURADO, Verónica CANESE y Miguel B. O´FARREL. Asimismo, se confirman los emolumentos del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. César I. SPAGNOL (arts.6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). III.- Las costas de la Alzada se imponen en la misma proporción que en Primera Instancia, 80% a cargo de la actora y 20% a cargo de la demandada (conf. art. 71 del C.P.C.C). IV.- Por las tareas en alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados, y el resultado final de las apelaciones, se establece la retribución de la representación legal de la parte actora, doctores Gustavo P. GIAY y Verónica CANESE (confr. memorial de fs. 832/844 y contestación de fs. 848/856vta.), en la cantidad de ($.) y ($.), en ese orden. Asimismo, se fijan los emolumentos de la dirección letrada de la demandada, Dr. Pedro Samuel BERKENWALD (confr. memorial de fs. 843/845 y vta. y contestación de fs. 858/861), en la cantidad de ($.) (art. 14 y citados del arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

RICARDO VÍCTOR GUARINONI