Es competente la justicia federal en el caso de que una obra social es demandada por los daños derivados de una intervención quirúrgica

Partes: M. C. G. M. A. c/ C. C. A. y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux. – ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 14-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108686-AR | MJJ108686 | MJJ108686

En tanto resulta demandada una obra social por los daños y perjuicios derivados de una intervención quirúrgica, es competente la justicia federal de acuerdo a lo previsto por los arts. 1 y 2 de la Ley 23.660 y 2 y 15 de la Ley 23.661.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por los demandados, ya que la parte actora obtener un resarcimiento integral en base a la responsabilidad que le asigna al médico interviniente, a la clínica y a la Obra social, por la mala praxis trasuntada -y la omisión del deber de seguridad- durante el post-operatorio de la cirugía a la que se sometió y por ello incumbe a la justicia federal entender en el expediente, en tanto resulta demandada una obra social que se encuentra comprendida, en principio, en los términos de los arts. 1 y 2 de la Ley 23.660 y 2 y 15 de la Ley 23.661.

2.-La determinación de la competencia comprende principalmente el análisis preliminar del contenido y naturaleza de la pretensión deducida, desde un ángulo de mira objetivo, haciendo mérito de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida, en base a los hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de acuerdo con el encuadre normativo acordado a la acción por el actor.

Fallo:

Buenos Aires, diciembre 14 de 2017.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Contra la resolución de fs. 827 punto I, en la que el Sr. juez de grado desestimó la excepción de incompetencia impetrada a fs. 406 vta. punto III. A., alza sus quejas el recurrente, quien las vierte en el memorial de fs. 832/834.

La determinación de la competencia comprende principalmente el análisis preliminar del contenido y naturaleza de la pretensión deducida, desde un ángulo de mira objetivo, haciendo mérito de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida, en base a los hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de acuerdo con el encuadre normativo acordado a la acción por el actor (conf. Highton – Areán; “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Concordado”, t° 1, pág. 242, com. art. 4to.; Palacio-Alvarado Velloso, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”, t. 1°, págs. 56/59; Gozaíni Alfredo; “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, t° I, pág. 15, núm. 3. comen. art. 4to.; Falcón Enrique M., “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, t° I, pág. 114; C.N.Civil, Sala “A”, c. 132.965 del 20/09/93, c. 238.458 del 24/02/98; id., esta Sala, c.452.005 del 11/4/06, c. 543.643 del 15/12/09, c. 569.189 del 13/12/10 y c. 68.177 del 14/03/14 entre muchos otros).

Pero ello sólo en la medida necesaria para dirimir la cuestión de competencia y sin perjuicio de la oportuna dilucidación sobre el mejor derecho sustancial que puede asistir a las partes, una vez definidos los hechos que han sido materia de prueba y la entidad y proyecciones de los argumentos jurídicos expuestos por ambas (conf. C.N.Civil y Comercial Federal, Sala 3ra.; c. 1.675 del 11/03/83 y C.N.Civil, esta Sala, c.68.177 del 14/03/14).

De los hechos expuestos en la demanda, a los cuales debe estarse para determinar la competencia (conf. art. 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), surge que la parte actora centró el reclamo en la responsabilidad de los demandados en razón de haber sido la causa originaria y directa de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la mala actuación de los profesionales que lo atendieron, con el alcance que luce a fs. 241/254 puntos I y IV y fundado en los artículos 1109, 1113 conc. Y siguientes del Código Civil (ver fs. 248 vta. punto VIII).

En esta inteligencia, no es ocioso recordar que el más Alto Tribunal ha sostenido, en un caso análogo al presente, con remisión a los argumentos ensayados por la Sra. Procuradora General, que “.si la demandante procura obtener un resarcimiento integral en base a la responsabilidad que le asigna al médico interviniente, a la clínica y a la Obra social, por la mala praxis trasuntada -y la omisión del deber de seguridad- durante el post-operatorio de la cirugía a la que se sometió.”, incumbe a la justicia federal entender en el expediente, en tanto resulta demandada una obra social que se encuentra comprendida, en principio, en los términos de los artículos 1 y 2 de la ley 23.660 y 2 y 15 de la ley 23.661. Por tal motivo, deviene aplicable el art. 38 de este último ordenamiento, en cuanto prevé el sometimiento exclusivo de sus agentes al fuero de excepción, pudiendo optar por el fuero ordinario sólo cuando sean actores (Fallos 315:2292; 329:4414 y 4530/2014/CS1 del 1 de septiembre de 2015).

En consecuencia, si se pondera además los sólidos fundamentos vertidos por el Sr. fiscal de cámara en el dictamen precedente, corresponde admitir la queja vertida en el memorial de fs. 832/834.

Es sabido que la eximición que autoriza el art.68 del Código Procesal procede, en general, cuando media “razón fundada para litigar”, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y sólo ha de disponerse la exención cuando existen motivos muy fundados, por la predominancia del criterio objetivo de la derrota (conf. C.N. Civil, esta Sala, LL 1987-B-435 y sus citas; c. 167.349 del 5/5/95; c. 171.720 del 22/5/95; c. 173.494 del 20/6/95, c. 548.251 del 26/2/10, entre muchas otras).

A ello se suma, las particularidades que ofrece la cuestión debatida que indica que las costas de ambas instancias respecto de la cuestión principal que motiva el presente pronunciamiento deben imponerse en el orden causado atento a que la vencida pudo creerse con derecho a peticionar como lo hiciera (conf. C.N.Civil, esta Sala, c. 518.065 del 21/10/08, c. 522.728 del 15/12/08, c. 524.390 del 18/2/09 y c. 531.130 del 21/5/09, entre muchos otros; Barbieri Patricia en Higthon – Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”, t° 2, pág. 64, comen. art. 68; Colombo – Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado”, t° I., pág. 491, núm. 12, comen. art. 68; Fenochietto – Arazi, op. y loc. cits., pág. 260, punto c.; Gozaíni Osvaldo Alfredo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, t° I, pág. 217, comen. art. 68; Fenochietto Carlos Eduardo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t° I, pág. 286, núm. 6), máxime si se pondera que se está frente a una cuestión sujeta por su naturaleza -como en el caso- a la prudente apreciación judicial.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara precedentemente; SE RESUELVE:

Revocar la resolución de fs. 827 punto I. En consecuencia, se admite la excepción de incompetencia deducida por el codemandado “C G d B A, M C y A S” a fs. 406vta./407 punto III, con el alcance del presente pronunciamiento, debiendo remitirse las actuaciones a la Justicia en lo Civil y Comercial Federal a fin de que continúen su trámite. Las costas de ambas instancias respecto de esta incidencia se imponen en el orden causado (art. 68 2do., párrafo del Código Procesal). La vocalía 15 no interviene por hallarse vacante (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). Notifíquese y devuélvase.