Estas conclusiones forman parte del adelanto de autopsia que realizó sobre Ducler el médico forense Héctor Di Salvo.
Aún queda esperar el resultado de los estudios de vísceras e hisopado de fauces para determinar la existencia en el cuerpo de alguna sustancia que pudiera precipitar el deceso.
De todos modos, los antecedentes de complicaciones cardiológicas coinciden con una muerte de las características de las que sufrió el financista.
Ducler caminaba por el microcentro porteño el jueves pasado cuando, según lo que se ve en un video de una cámara de seguridad, se desvanece y cae en la vereda.
El hecho despertó suspicacias cuando, a las pocas horas, su hijo Juan Manuel dijo que dudaba de las condiciones del fallecimiento de su padre.
A raíz de estas sospechas, el hijo de Ducler se presentó el viernes ante el juzgado de Claudio Bonadio, denunció amenazas telefónicas y solicitó custodia tanto para él como para su madre. Sin embargo, cuando el juez le pidió el número de teléfono de donde provenían esas amenazas o la dirección de su madre para ponerle custodia, se negó a dar esos datos.
La denuncia por amenazas que recibió Bonadio fue sorteada ayer y recayó en su colega Ariel Lijo, quien extendió la custodia y envió la causa al fiscal Pedro Zoni para que dictamine si esta denuncia corresponde al fuero federal o de instrucción.
De acuerdo con lo que declaró Juan Manuel Ducler en una entrevista que publicó anteayer LA NACION, su padre y toda su familia estaban amenazados. Además, aseguró que «los Kirchner eran los jefes de una banda integrada por [Carlos] Zannini, Alberto Fernández, [Carlos] Bettini, [Axel] Kicillof y otros más, relacionados con el fondo de Santa Cruz» y que «tenía todos los papeles» para respaldar sus dichos. La denuncia de Ducler padre, que dejó enla UIF en una nota tipeada en computadora, no tiene ningún juez que la investigue. Ayer el titular de la UIF, Mario Federici, dijo que como dejó de ser un anónimo porque en lugar de las iniciales ahora el contenido fue ratificado por Ducler hijo, va a ser analizada por el organismo y si lo amerita hará una denuncia penal.
La diputada Elisa Carrió denunció en 2006 la existencia de irregularidades en torno a YPF y el dinero de Santa Cruz. El caso lo tiene Lijo. En 2010 un fiscal pidió archivarlo, pero en cambio se dispusieron nuevas medidas de prueba, y en 2012 Carrió amplió la denuncia con los detalles de la nacionalización de la empresa. Entonces, Lijo convocó a un equipo interdisciplinario que desde diciembre del año pasado realiza un megaperitaje sobre todo el negocio vinculado a YPF y los fondos de Santa Cruz.
Fuente: La Nación.