Sin embargo, esto implica también que otros actores quedan fuera de sus entornos, como ocurre en el iPhone: no es posible instalar aplicaciones fuera de la AppStore, que tiene unas normativas y unos márgenes de beneficios establecidos de forma previa. Los desarrolladores de aplicaciones para iOS deben ceder un 30% de sus beneficios a Apple, independientemente de lo ganado.
Este control es lo que llevó a un grupo de consumidores en 2011 a lanzar una demanda colectiva contra Apple por monopolio en el iPhone.
Pese a haber sido desestimada por un juez, fue elevada a una corte federal por un juez de San Francisco, y se ampliaron los plazos de la demanda a las aplicaciones vendidas entre 2007 y 2013.
La defensa de Apple ante esta demanda se basa en dos aspectos. La compañía defiende que no venden apps, sino «software de distribución de servicios a los desarrolladores».
La compañía alude a un caso de 1977 por el cual una empresa que no vende bienes directamente a sus consumidores no tiene por qué recompensarles de posibles daños.
Si Apple perdiera el caso, debería devolver ese 30% de los beneficios que obtiene de los desarrolladores y multiplicarlo por 3, pues la legislación estadounidense impone esta pena en los casos en los que se condena el monopolio.
Fuente: Infobae.