Interpretación judicial de la cuestionada aplicación del artículo 132 bis de la LCT

trabajonegroTítulo: Interpretación judicial de la cuestionada aplicación del artículo 132 bis de la LCT

Autor: Papaleo, Lucía N. – Rodríguez, Leonardo D. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 10-nov-2016

Cita: MJ-DOC-10371-AR | MJD10371
Sumario:

I. Introducción. II. Requisitos para su procedencia. III. Retención indebida. IV. Plan de facilidades de pago. V. Prueba. VI. Cálculo. VII. Extensión de la responsabilidad. VIII. Conclusión.

Doctrina:

Por Lucía N. Papaleo (*) y Leonardo D. Rodríguez (**)

I. INTRODUCCIÓN

El fin de la década de los noventa y el comienzo del nuevo milenio encontraron a la economía de la República Argentina sumergida en una profunda crisis. En este marco, se presentó el proyecto de ley de antievasión que contenía una extensa variedad de reglas, procedimientos, mecanismos y obligaciones tendientes a coartar las posibilidades de rehuir al cumplimiento de las leyes tributarias y previsionales.

Precisamente fue en noviembre de 2000 cuando se publicó en el Boletín Oficial la Ley 25.345 , que incorporó al texto del Régimen de Contrato de Trabajo el art. 132 bis que establece lo siguiente: «Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.La imposición de la sanción conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal».

La norma crea para cumplir su finalidad un sistema sancionatorio (1) cuyo contenido no tiene función resarcitoria sino, esencialmente, punitiva (2). Consiste en el devengamiento de una sanción conminatoria mensual, equivalente a la remuneración del trabajador al momento de operarse la extinción del contrato, y su procedencia dependerá de la demostración de la configuración de la conducta tipificada como ilícita (3) y del cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales se analizarán a continuación.

En breves líneas, se puede decir que, de la lectura del artículo, logra interpretarse que la intención del legislador tuvo por objeto sancionar la inconducta del empleador por haber retenido los aportes a su empleado y no haberlos ingresado a los respectivos organismos recaudadores (4).

II. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA

El art. 1 del Decr. 146/01, que reglamenta el art. 132 bis de la LCT, determina lo siguiente: «Para que sea procedente la sanción conminatoria establecida en el artículo que se reglamenta, el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de “treinta” (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquel deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores. El trabajador tendrá derecho a percibir, en concepto de sanción conminatoria mensual, el equivalente a la última remuneración mensual devengada a su favor. Las remuneraciones en especie deberán ser cuantificadas en dinero».

Dicha normativa prevé los requisitos formales existentes en cabeza del trabajador para alcanzar la procedencia de la sanción.

Cabe destacar que excepcionalmente se plantea la inconstitucionalidad del recaudo formal introducido por el Poder Ejecutivo Nacional, y su fundamento se centra en la configuración de un exceso reglamentario, según el art.99.2 de la Constitución Nacional (CN). Lo cierto es que resulta una petición que tiende a rechazarse porque no se advierte tal irregularidad, dado que la intimación constituye un recaudo de sencillo cumplimiento, que no altera el texto ni el espíritu de la norma reglamentada (5).

No obstante, si el litigante pretende introducir el planteo de inconstitucionalidad, este no puede omitir efectuar una relación circunstanciada entre el perjuicio que la norma atacada le ocasiona y la cláusula constitucional supuestamente vulnerada. Sin dicha premisa, no corresponde viabilizar la descalificación constitucional de la normativa en juego cuando se ha considerado reiteradamente que constituye la última «ratio» del orden jurídico y que no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para conjurar una eventual lesión de garantías constitucionales (6). En definitiva, para que la cuestionada constitucionalidad tenga lugar, es necesario que conforme lo sostiene nuestro más Alto Tribunal, el interesado demuestre claramente de qué manera la norma contraría a la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición (7).

Sorteado este óbice constitucional, corresponde adentrarnos en el contenido de la intimación, que cuenta con determinados requisitos para su posible éxito en juicio.Su importancia radica en que, aun acreditado el incumplimiento por parte del empleador, si el trabajador no lo intimó fehacientemente, no procederá su reclamo resarcitorio (8).

Lo primero por destacar es el requerimiento explícito a la demandada para que ingrese los importes retenidos, con la debida indicación de cuáles serían ellos mediante la especificación de los períodos pertinentes (9).

La jurisprudencia ha resuelto que es inadmisible aquella intimación que omita el reclamo de «los intereses y multas que pudieren corresponder» (10). Su fundamento es que el fin del dispositivo legal es tender a la regularización y resulta justificada la cancelación de intereses y multas acarreadas por el cumplimiento tardío para sanear completamente la conducta antijurídica.

El art. 132 bis de la LCT contempla que la ilicitud puede ser objeto de intimación al momento de fenecer el contrato de trabajo; por ello, debe ser cursada con posterioridad -o al menos simultáneamente- a la extinción del vínculo. Por su parte, la norma reglamentaria no establece un plazo para efectuar la notificación, sino que fija el momento en el que aquella comenzará a surtir efectos; esto es, una vez transcurridos los 30 días corridos desde que la misiva llegue a la esfera de conocimiento del empleador (11). El plazo de gracia también debe ser explicitado en el texto intimatorio (12) «so pena» de considerarse incumplido el recaudo formal.

Como excepción a la regla, se vislumbra aquella situación en la que, acreditada la falta de depósitos e intimado el empleador por un plazo menor al de 30 días, este guarde silencio (13) o conteste el despacho del trabajador negando la irregularidad denunciada y tachando de infundada a la intimación (14). Por otra parte, aquel empleador que contemple regularizar la situación, al recibir la misiva, debe responder en breve, salvando que se acogerá al plazo de ley.

III.RETENCIÓN INDEBIDA

Para que la retención dirigida a los organismos receptores se encuadre como indebida, deberá probarse su falta de depósito (15).

Existen ciertas particularidades, como por ejemplo, cuando la relación laboral es totalmente clandestina. En tal contexto no se configura la retención de aportes (16), pues no es contemplable que en la total marginalidad, la empleadora sustraiga del salario del trabajador aportes para los organismos destinatarios. Si bien su petición en estos casos suele ser un error conceptual del litigante, se deja lugar a la posibilidad de que, aun en este tipo de relaciones, el trabajador acredite que se le hubieren retenido sumas en concepto de aportes patronales, luego no ingresadas a los sistemas de seguridad social (17), sin perjuicio de lo dificultoso que puede llegar a ser demostrar a cuánto ascendía la suma de los aportes que habrían sido retenidos y no ingresados, atento a la falta de recibo de sueldo (18).

Igual temperamento se adopta cuando el vínculo laboral se desarrolló encubierto en una relación autónoma donde, si se prueba que la facturación extendida por el dependiente contenía algún tipo de retenciones de esta índole, la multa podría prosperar (19) aunque -claro está- la naturaleza fraudulenta de la relación hace poco probable que se materialicen en la realidad las posibilidades detalladas.

Otro supuesto que, en principio, tampoco constituye una ilicitud sancionable se presenta cuando intenta proyectarse sobre un porcentaje de la remuneración no registrada. Igual temperamento cabe adoptar en los casos en los que se pretenda aplicar la sanción por retenciones practicadas sobre partidas que convencionalmente hayan sido dispuestas como no remunerativas (20) -independientemente de la naturaleza salarial que la decisión judicial le otorgue- o la generada por diferencias salariales por errónea categoría (21). El fundamento es claro: el reclamo por falta de depósito de aportes por sumas que «a posteriori» sean declaradas remunerativas y reconocidas como integrativas de los derechos del trabajador, no conlleva la viabilidad de la multa, pues, en estos casos, no existió retención previa de aportes.Párrafo aparte merece el ingreso parcial de aportes. La norma determina que la sanción procederá cuando «al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes» y es por ello que la parcial retención ha sido considerada como eximente de la responsabilidad de la empleadora en tanto el único supuesto alcanzado por la norma es el de la falta de pago (22). Si bien l a interpretación generaría la posibilidad de soslayar retenciones indebidas, la justificación se basó en la literalidad de la norma que, por bordear estas con los ilícitos penales de evasión fiscal, debe ser interpretada estrictamente (23).

Cabe señalar que los entes a los cuales el trabajador aporta y son susceptibles de generar la sanción conminatoria en análisis, están dispuestos de manera taxativa por la ley y son aquellos en los cuales el empleador no deposita y retiene aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades (24).

IV. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

Un sector de la jurisprudencia ha resuelto que si el empleador se acogiese a un plan de pagos con el fin de sanear sus deudas en fecha previa al distracto, resulta sensato determinar que no procedería la multa en cuestión aun cuando se lleve a cabo mediante un plan extenso (25). Ahora bien, si la adopción de una moratoria se realiza con fecha posterior tanto al momento del distracto como al fenecer el plazo otorgado por el trabajador, la sanción conminatoria se debe computar hasta la fecha en la cual se suscribió al referido plan de pagos.La razón es que no resulta acertado admitir la continuación del devengamiento mensual de salarios, conjuntamente con el cumplimiento de un plan aceptado por la autoridad impositiva (26). Es destacable que esta visión se complementa con la acabada comprobación del cumplimiento de la moratoria dejando abierta la posibilidad, en caso de inobservancia, de un planteo futuro.

Una posición contraria a la sostenida advierte que la norma no contiene argumento fáctico ni jurídico que permita apartarse de lo establecido y que, hasta que no se encuentre acreditada la total cancelación del plan, la multa debe continuar devengándose, pues la mera suscripción a una moratoria no resulta suficiente para deslindar responsabilidades (27).

Distinto es lo que ocurre en los casos en que la empleadora esté transitando un concurso preventivo, pues parte de la jurisprudencia ha resuelto que el acogimiento a un plan de regularización de deudas, en este contexto, desactiva la operatividad de la sanción conminatoria (28). Por otro lado, están quienes entienden que, de encontrar procedente la sanción conminatoria, debe modificarse su «quantum», calculándola desde el despido hasta la fecha en que se decretó la apertura del concurso preventivo, ya que la demandada concursada, por imperativo legal (arg. art. 16 de la Ley 24.522), se encontraba impedida de satisfacer cualquier obligación de causa o título anterior a la presentación en concurso; es decir, haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos, porque dicho acto importaba alterar la situación de los acreedores (29).

En sentido análogo, pero para el caso de quiebra, se ha resuelto que no es procedente la cancelación de la multa en estudio a partir del momento de su declaración, ya que la empleadora queda inhibida de efectuar pagos (conf. arts.88 y 107 de la Ley 24.522). No resulta factible sancionar a la patronal por un incumplimiento a sus obligaciones que legalmente estaba impedida de realizar -por otras disposiciones expresas- (30). En definitiva, en estos casos, comprobada la retención indebida, resulta un factor crucial el momento en el que se cursa al empleador la intimación exigida por el Decr. 146/01 pues, si para ese momento ya se encontraba quebrado, la entidad fallida mal puede cancelar una supuesta deuda previsional fuera de la égida del juez comercial (31).

V. PRUEBA

La viabilidad de la sanción conminatoria requiere de la verificación de tres tópicos: 1. El cumplimiento de la condición formal impuesta por el Decr. 146/01; 2. La retención de las partidas; y 3. La falta de depósito de las sumas en tiempo y forma.

La carga probatoria respecto de los dos primeros recaerá en cabeza del trabajador por imperio de lo normado por el art. 377 del CPCCN mientras que, la empresa, cargará con la producción de la prueba tendiente a respaldar el cumplimiento de sus obligaciones (art. 356 y 377 del CPCCN) (32). Las partes podrán utilizar para su producción cualquier medio de prueba a su alcance, conforme el Código ritual (33).

Desconocida la validez de la misiva intimatoria cursada en virtud del art. 1 del Decr.146/01, la prueba informativa al «Correo oficial» se erige como el medio efectivo para su comprobación (34), aunque cabe destacar que existe una acotada tendencia jurisprudencial que otorga validez a la pieza epistolar acompañada en original, dirigida al domicilio del empleador y que posea sellos y «stickers» (35).

Los recibos de sueldo suelen ser el medio idóneo para probar la retención de aportes (36). Desconocidos por la empresaria, debe ofrecerse prueba pericial caligráfica (37) que los valide o prueba contable que ratifique su contenido.

Si no se cuenta con los recibos, existe la posibilidad de ofrecer la prueba pericial contable para que detalle la retención de aportes, pues el auxiliar de la justicia se basa, para elevar dicho informe, en las anotaciones llevadas por la empleadora, quien no podría alegar la falsedad de sus propios registros.

No obstante, esta forma de acreditar la retención resulta ineficaz cuando se dé la particularidad de que el informe contable indique la falta de ingreso de aportes de una nómina genérica del personal, ya que se requiere que la información sea personal del trabajador en cada caso. Esa misma tesitura cabrá adoptar cuando el empleador pretenda probar por medio de dichas anotaciones que las partidas habrían sido depositadas en la entidad correspondiente a la que fueron destinadas. En efecto, deben arbitrarse los medios necesarios para probar tanto la retención como el depósito correspondiente al trabajador involucrado evitando los listados abstractos del personal.

El principal medio probatorio de la falta de pago de lo retenido por parte de la empleadora lo constituye la prueba oficiaria a la AFIP. Allí, constan las declaraciones de retenciones y los aportes realizados destinados a la ANSES y la obra social.

Si la ilicitud responde a la ausencia de ingresos destinados a las asociaciones profesionales de trabajadores, mutuales, cooperativas o algún otro organismo, resultará pertinente la prueba informativa dirigida a los distintos sujetos (38). Los datos que surjan de dichas contestaciones, serán atendidos conforme la sana crítica del judicante (art.386 del CPCCN).

En caso de que se omita oficiar a la AFIP, a fin de disipar toda duda, el Tribunal tiene la posibilidad de realizar la consulta vía página web en virtud del convenio celebrado entre la AFIP y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación -aprobado por la Res. 412/07 del Consejo de la Magistratura-, receptado por el Acta de la CNAT 2504 del 27/9/2007 (39).

Por su parte, la patronal deberá acreditar -para refutar la información que la incrimine- el efectivo depósito de las sumas retenidas. Para ello, la presentación de comprobantes de pago es el medio idóneo a fin de zanjar cualquier controversia.

Su acogimiento a las moratorias o planes de facilidades de pago podrá probarse mediante la presentación del plan y sus recibos, o mediante el cotejo por parte del perito contador desinsaculado en autos.

Las omisiones en materia probatoria respecto de este tópico, no serán alteradas por la influencia de la presunción del art. 55 de la LCT pues en el libro del art. 52 de la LCT no se debe registrar la realización de los depósitos (40). En el mejor de los casos para el trabajador, se ha descripto que como presunción simple, requiere ser ratificada con otros medios probatorios (41).

Debido a su carácter punitorio, la viabilidad de la multa depende de la comprobación de los extremos fácticos requeridos aun en caso de rebeldía de la empleadora (42). La prueba de la falta de ingreso de los aportes retenidos debe ser validada por otros instrumentos, debido a que las alegaciones vertidas en la demanda incluyen a un tercero externo a la relación laboral, que es el ente recaudador (43).

VI. CÁLCULO

Una vez que se resuelve la procedencia de la sanción, diversas aristas confluyen en lo que termina conformando el capital diferido a condena.El salario por adoptar como base de cálculo, los períodos computables y las posibilidades de morigerarla, son los temas que se han de tratar.

Respecto de la remuneración, la norma dispone que sea aquella que se devengaba mensualmente a favor del trabajador al momento de operarse la extinción del vínculo laboral. La literalidad de la norma es la que marca la pauta sin que existan decisiones que, de manera expresa, se alejen de tal directriz (44).

Existen dos corrientes respecto del momento en el que comienza a computarse la sanción. Una es aquella que postula que la finalización de la relación laboral debe ser el punto de partida (45), mientras que se contrapone a aquella que sostiene que, de la exposición de motivos del Decr. 146/01, se desprende que la sanción solo se devengará desde el vencimiento del plazo de treinta días corridos a partir de la fecha de recepción de la misiva (46).

La sanción culmina cuando el empleador acredita de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los importes retenidos. Si al momento en el que debe dictarse el pronunciamiento aun no lo hizo, la solución judicial puede transitar dos caminos. Devengar la sanción hasta la acreditación del pago o hacerlo hasta el dictado de la sentencia.

La primera posibilidad se respalda en que la condena tiene como presupuesto la existencia del antecedente típico, antijurídico y culpable realizado en el pasado, cuyos efectos dependerán del momento en el que se cumpla la condición resolutoria (47).

La otra opción es que la sentencia extienda la condena hasta su pronunciamiento con fundamento en que, en nuestro ordenamiento procesal, la denominada condena de futuro solo procede en los casos en que se encuentra pendiente un plazo convencionalmente pactado (cfr. FENOCHIETTO-ARAZI: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, t. 3, p.329; en especial, las citas contenidas en nota 2) (48). Esta postura encuentra respaldo en la jurisprudencia del Alto Tribunal en cuanto a que los pronunciamientos judiciales no pueden condenar para el futuro (Fallos de la CSJN 193:254) (49). De este modo, se difieren a condena los períodos mensuales devengados hasta la fecha del fallo, contemplando la posibilidad del actor de reclamar por vía incidental de ejecución (50) o mediante un pleito futuro (51), aquellos períodos posteriores durante los cuales el demandado no acreditó la cancelación de su deuda.

Sin perjuicio de que la letra de la norma no prevea la reducción de la sanción, diversas razones han llevado a los magistrados a no realizar una aplicación automática de esta, en los casos en los que resulta desproporcionado el incumplimiento del empleador con el monto sancionatorio que correspondería aplicar. Esta vertiente encuentra su base argumentativa en la razonabilidad y la proporcionalidad que debe existir entre la ilicitud y la pena (52). El concepto es reforzado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha señalado que deben estimarse las multas cuando, en vez de poseer carácter retributivo del posible daño causado, tienden a prevenir y reprimir la violación de las pertinentes disposiciones legales (cfr. Fallos 270:381; 267:53; 236:349). Asimismo, la hermenéutica impuesta por el nuevo Código Civil y Comercial establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento, mediante una decisión razonablemente fundada (arts. 2 y 3 ).

VII. EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

En el supuesto contemplado por art.29 de la LCT en el que el trabajador fue contratado por un sujeto para ser proporcionado a un tercero -quien se valió de sus servicios-, este último deberá responder solidariamente por las obligaciones que se deriven del régimen de la seguridad social con origen en dicha relación de trabajo (53).

Análoga conclusión cabe aplicar a las situaciones encuadrables dentro de las previsiones del art. 29 bis de la LCT. En dicha normativa, se constituye a la empresa usuaria en solidariamente responsable con la empresa de servicios eventuales respecto de todas las obligaciones laborales con el trabajador eventual contratado. Asimismo, el empleado puede demandar a cualquiera de ellas el cumplimiento de la totalidad del objeto debido (art. 699 del CC).

El art. 30 de la LCT establece la solidaridad al empresario principal por los créditos reclamables a sus contratistas o subcontratistas. En una técnica antifraude, el art. 30 -modificado por la Ley 25.013 – dispone que el contratante exija el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social y que le presente la «copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social». Así se le impone el deber de control del cumplimiento de las obligaciones y, llegado el caso, tiene la posibilidad jurídica de retener de lo que debería abonarle, los importes que el contratista omita ingresar. Similar situación contempla el art. 136 de la LCT que consagra el derecho para los trabajadores de exigirle al empresario principal que retenga, de los montos que deban abonarle a su contratista, lo adeudado en concepto de remuneraciones u otros créditos. El artículo referido extiende esa posibilidad a los importes que los contratistas o intermediarios adeudaren a los organismos de seguridad social (54). El sistema de control expone la responsabilidad solidaria por omisión de su cumplimiento.Los administradores de una sociedad que se ocuparen personalmente de la gestión societaria podrían ser condenados, en forma solidaria con la empleadora, a satisfacer el importe de la multa. Evidentemente, la retención y la falta de depósito de aportes destinados a la seguridad social y / u obra social configuran una conducta tipificada en la Ley 19.550 , pues implica el fraude al trabajador y a terceros (55). Respalda esta postura la Ley 11.683 , que declara que la responsabilidad que se asume frente a los incumplimientos referidos a los aportes retenidos se encuentra en cabeza de los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, etc. (cfr., art. 6, inc. d ) o de quien actúe como agente de retención y de percepción de impuestos (56).

En caso de cesión de personal, o transferencia de establecimiento, la gravedad de la conducta dolosa y antijurídica que se sanciona, no puede extenderse al sucesor que no haya participado personalmente de la maniobra fraudulenta (57).

VIII. CONCLUSIÓN

Si bien con lo expuesto hasta aquí resulta factible que se llegue a la conclusión de que la condena de la sanción que prevé el artículo 132 bis de la LCT pueda significar una importante suma de dinero a favor del trabajador a costa del empleador, lo cierto es que del estudio de la jurisprudencia, se extrae que el elevado «quantum» que representa, hizo que a la hora de analizar los requisitos formales exigidos al empleado, la mayoría de los pronunciamientos se muestren poco flexibles.De allí que la procedencia del reclamo dependerá de la minuciosa labor profesional letrada al momento de cursar la misiva intimatoria y de producir la prueba pertinente.

Asimismo, es de evidente interpretación que dicha cuantía busca reforzar la finalidad de la ley que la creó; esto es, evitar la evasión fiscal del empleador en su rol de agente de retención, lo que no constituye un mero incumplimiento contractual, sino que afecta al sistema de la seguridad social y consecuentemente tanto al trabajador y su familia como, indirectamente, al resto de los ciudadanos, a los que les es transferida la responsabilidad de procurar recursos para cubrir las necesidades básicas del empleado estafado.

Corresponde destacar que, a la gravedad que conlleva el accionar del empleador, se le suma aquella indiferencia que demuestra frente a la intimación del trabajador en la que le otorga la posibilidad de remediar su actitud de evasor fiscal. A su vez, no cabe soslayar que esa no es la única etiqueta que le quepa a la patronal, sino que además su comportamiento indica que se mueve en el terreno de la competencia desleal respecto de los demás empleadores que actúan con buena fe respetando y cumpliendo con la legislación vigente.

En definitiva, la procedencia de la sanción se activa, ya sea por acción u omisión del empleador, quien no obra individualmente con lealtad y la diligencia de un «buen hombre de negocios». Por lo cual, y sin perjuicio de que lo ideal sería la conducta apropiada de ambas partes en una relación de trabajo, entendemos que la creación del art. 132 bis de la LCT junto con su Decr. Reglamentario 146/01 (art. 1) debe aplicarse sin recelo ateniéndose a la letra de la ley.

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(1) Sala II Expte. 24.629/201.1 Autos «Ricci, Alejo c/ Business & Communication S. A. y otro s/ Despido». SD 103.177 del 28/5/14; Sala VI Expte. CNT 10.278/2009/CA1.Autos «Solá Amílcar Leandro c/ Jonás Aguilar Cristian Federico y otros s/ Despido». SD 67.455, del 20/04/2015.

(2) Sala VI Expte. CNT 4.933/2012/CA1. Autos «Pereyra Mariano Alejandro C. Akropolis Seguridad S. R. L. y otro s/ Diferencias de Salarios». SD 67.761 del 16/7/2015; Sala VIII Expte. CNT 47.912/2012/CA1. Autos «Zacarías Elena Jaquelina c/ Nacelim SRL y otro s/ Despido», del 9/12/2015.

(3) Sala II. Expte. 6802/11. Autos «Vaccaro, Marcelo Jordan c/ Museo Social Argentino Instituto de Formación Estudio y Acción Sociales y otros s. Despido». SD 102.970, del 8/4/2014.

(4) Sala VII Expte. 38.398/2012. Autos «Olmedo, Mariana Isabel c/ Citisubs S. R. L. y otros s/ Despido». SD 47.916 del 31/8/2015.

(5) Sala IV, Expte. 2249/2012, «Garrigo Mariel Edith y otro c/ Sibon Antonio y otro s/ Despido». SD 98.659, del 27/2/2015.

(6) Sala VI. Expte. CNT 42.832/2013/CA1. Autos «Salazar Víctor Oscar c/ Valentín Virasoro N.° 1092 S. R. L. s/ Despido». SD 67.856, del 7/9/2015.

(7) Sala VIII, Expte. CNT 2653/2011/CA1. Autos «Llanos Flores María Clementina c. Federación de Círculos Católicos Obreros s/ Despido» del 20/4/15.

(8) Sala VI. Expte. CNT 16.752/2012/CA1. Autos «Fernández, Marcelo Daniel c/ Cía. Gastronómica S. A. s/ Despido». SD 67.838 del 31/8/15; Sala IV. Expte. 49.730/2011. Autos «Zablocky Gabriela Emilia c/ Laboratorios Labbey S. A. s/ Despido». SD 98.632 del 20/2/15; Sala X Expte. 34.655/2011. Autos «González Mariela c/ Celmovi S. A. y otro s. Despido». SD 23.164, del 2/2/15.

(9) Sala I. Expte. 32.347/2011. Autos «León Fernando Jesús c/ Cotelar S. R. L. y otros s. Despido». SD 90.813 del 19/8/15; Sala II. EXPTE. 6802/2011.Autos «Vaccaro, Marcelo Jordan c/ Museo Social Argentino Instituto de Formación Estudio y Acción Sociales y otros s/ Despido». SD 102.970 del 8/4/2014; Sala IV. Expte. 46.302/2012. Autos «Cabral Elena Raquel y otro c/ Twenty Seven S. R. L. y otros s. Despido». SD 99.173, del 22/6/2015; Sala VI. Expte. CNT 31.455/2012. Autos «Chávez, Matías Ezequiel c/ Grupo Almar S. R. L. y otro s. Despido». SD 68.010, del 5/11/15; Sala VIII. Expte. 33.004/2012/CA1. Autos «Romero Latorre, María C. P&S Constructora S. A. y otros s. Despido», del 15/12/2015; Sala IX Expte. 1470/2013/CA1. Autos «Verón, Adrián C. Miguel Ángel Gallego y Asociados S. A. y otros s/ Despido». SD 20.587, del 10/12/15; Sala X. Expte. 51.874/2013. Autos «Panderi, Noguera, Lucas Martín c/ Segurus S. R. L. y otro s. Despido». SD 24.141 del 18/9/15; Sala X. Expte. 34.655/2011. Autos «González Mariela C. Celmovi S. A. y otro s. Despido». SD 23.164, del 2/2/2015.

(10) Sala II. Expte. 1972/2011. Autos «Chavez, Miguel Ángel c. Jockey Club Asociación Civil y otros s. Despido». SD 103.131, del 14/5/2014; Sala II. Expte. 19.209/2010. Autos «Andrada, Marcelo Rodrigo c. Sabores de Belgrano S. A. y otros s. Despido», MJJ86102 . SD 102.761 del 24/2/14; Sala II. Expte. 37.339/2011. Autos «Echenique Juan Manuel c. Calembel S. A. y otros s/ Despido». SD 103312 del 12/9/2014; Sala IV Expte. 46.302/2012. Autos «Cabral Elena Raquel y otro c. Twenty Seven S. R. L. y otros s/ Despido». SD 99.173, Del 22/6/2015; Sala IV, Expte. 2249/2012, Autos «Garrigo Mariel Edith y otro c. Sibon Antonio y otro s. Despido», SD 98.659, del 27/2/2015; Sala VI, Expte. CNT 50.040/2012. Autos «Chauque, Guido Ezequiel C. Amush S. A. S. Despido». SD 67.945, del 30/9/2015; Sala VIII. Expte.CNT 16.763/2012/CA1. Autos «Martín Horacio Daniel c. Bolsas y Papeles Chicago S. R. L. y otros s/ Despido». Del 23/9/2015; Sala VIII. Expte. CNT 33.004/2012/CA1. Autos «Romero Latorre, María C. P&S Constructora S. A. y otros s. Despido», del 15/12/2015.

(11) Sala IV. Expte. 9157/2011. Autos «Salierno Pablo Antonio c/ Serie Ingeniería S. A. y otro s/ Ley 22.250». Sentencia Definitiva 99.033, del 22/5/2015.

(12) Sala II Expte. 19.209/2010. Autos «Andrada, Marcelo Rodrigo c. Sabores de Belgrano S. A. y otros s. Despido». SD 102.761 del 24/2/14; Sala IX. Expte. 21.244/2011/CA1. Autos «Marisi, María Celeste c. Telecom Personal S. A. y otros s. Despido». SD 20.320. del 31/8/2015; Sala X. Expte. 29.092/2014/CA1. Autos «Franic Federico Ariel C. Grace Mate S. R. L. y otros s/ Despido». SD 24.599, del 18/12/2015.

(13) Sala V. Expte. CNT 44.706/2010/CA1. Autos «Fredriksson, Marcelo Pablo C. Editorial Sarmiento S. A. s/ Despido». Sd 77.377 del 15/9/2015.

(14) Sala VIII Expte. CNT 25.625/2012/CA1. Autos «Vergoni María Florencia c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica s/ Otros Reclamos – Indemn. Art. 80 LCT L. 25.345», del 25/8/2015.

(15) Sala II. Expte. 24.765/2011. Autos «Novoa Martín Daniel c/ Celulosa Campana S. A. s/ Despido». SD 90518, del 10/3/2015.

(16) Sala I. Expte. 52.817/2010. Autos «Veiga, José Carlos C. Amrein Ascensores y otros s/ Despido». SD 90.744, del 26/6/2015.

(17) Sala VI. Expte. 46.979/2011. Autos «Fernández Héctor Oscar c/ Sánchez Daniel y otro s. Despido». SD 67.252, del 24/2/2015; Sala VII Expte. 26.816/2011. Autos «Maidana, Gladys Beatriz c. Orígenes Seguros de Retiro S. A. s/ Diferencias de Salarios». SD 48.321, del 30/11/15.

(18) Sala VIII. Expte. CNT 13.848/2013/CA1.Autos «Buhler Víctor Hugo c/ Estévez Diego Adolfo s/ Despido», del 14/8/2015.

(19) Sala II. Expte. 1097/2010. Autos «Ledesma Becerra, Ariel Gerardo c/ MTV Networks Argentina S. R. L. s/ Despido». SD 102.958, del 31/3/2014.

(20) Sala II. Expte. 13.274/2010. Autos «Andreoli, Federico Santiago C. Quebrachito Granos S. A. s/ Despido». SD 103.059, del 28/4/2014.

(21) Sala IX. Expte. 38.369/2011. Autos «Stegman, Damián Germán Horacio C/ Todosum S. A. y otros s/ Despido». SD 19.854, del 25/2/2015.

(22) Sala VIII. Expte. CNT 47.912/2012/CA1. Autos «Zacarías Elena Jaquelina c/ Nacelim S. R. L. y otro s. Despido», del 9/12/2015.

(23) Sala VIII. Expte. CNT 43.133/2011/CA1. Autos «Gallardo Lopes María Ángela c/ Soproser S. A. y otros s. Despido», del 13/3/2015.

(24) Sala II. Expte. 13.274/2010. Autos «Andreoli, Federico Santiago c/ Quebrachito Granos S. A. s/ Despido». SD 103.059, del 28/4/2014.

(25) Sala IV. Expte. 53555/2010. Autos «Marini Diego Ezequiel c/ Rosario Del Plata S. A. y otro s/ Despido». SD 98.633, del 20/2/2015; Sala V. Expte. 25.256/2011. Autos «Duhalde, Marcos Fernando C. Trasiego S. A. y otros s/ Despido». SD 77.243, del 19/6/2015; Sala IV Expte. 3764/2010. Autos «Hernández Néstor Fabián c/ Flexo Plas S. R. L. y otro s. Despido». SD 98.630, del 19/2/2015.

(26) Sala VIII. Expte. CNT 25.625/2012/CA1. Autos «Vergoni María Florencia c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica s/ otros reclamos, Indemn. Art. 80 LCT L. 25.345», del 25/8/2015.

(27) Sala VII. Expte. 35.746/2012. Autos «Opus Prima S. A. c/ Richiello, Guillermo Santiago s/ Consignación». SD 48.329, del 15/12/2015.

(28) Sala VI Expte. 12.750/2013. Autos «Medina Analía c/ Obra Social del Personal Grafico s/ Despido». SD 68.087, del 26/11/2015.

(29) Sala VIII Expte. CNT 9403/2013/CA1.Autos «Miguel Lorena Romina c/ Futur S. A. y otro s. Despido». SD del 4/8/2016.

(30) Sala X Expte. 25.621/2007. Autos «Marcial José Hugo c/ Marta Harff S. A. y otros s/ Despido». SD 20.139, del 17/8/2012.

(31) Sala IX. Expte. 53.951/2011. Autos «Fernández Escudero Manuel c/ Rosstoc S. A. y otros s/ Despido». SD 20.349, del 15/9/2015.

(32) Sala X Expte. 52.670/2012. Autos «M. G. E. c/ Muñoz de Toro y Muñoz de Toro. S. R. L. y otro s/ Despido». SD 23.624, del 20/5/2015.

(33) Sala II. Expte. 1097/2010. Autos «Ledesma Becerra, Ariel Gerardo C. MTV Networks Argentina S. R. L. s/ Despido». SD 102.958, del 31/3/2014.

(34) Sala X. Expte. 48.462/2011. Autos «Palomeque Oscar Eduardo c/ Amelej S. A. y otros s/ Despido». SD del 10/6/15.

(35) Sala II. Expte. 33.620/2007. Autos «Borbón Alejandro Ramón c/ Blanco Espejo Orlando s/ Despido». SD 97.194 del 29/9/2009.

(36) Sala I. Expte. 43.332/2011. Autos «Montenegro Capdevila Estefanía Gisele c/ Señal Económica S. A. y otro s. Despido», MJJ94660 . SD 90.853, del 2/9/2015; Sala IV. Expte. 8635/2009. Autos «Bazalar Roca Yetpsi Paola c/ Audiotel S. A. s/ Despido». SD 98.677, del 27/2/2015; Sala VII Expte. 55.597/2011. Autos «Chaves Lucio Marino c/ Hezedin Guillermo Julián s/ Despido». SD 47.955 del 31/8/2015.; Sala X. Expte. 54.177/2011. AUtos «Pianes Genoaria Cristina c/ Massardo Mario Ángel s/ Despido». SD 23.533, del 4/5/2015.

(37) Sala IV. Expte. 36.991/2010. Autos «Richezza Luis Carlos c/ Foderami S. A. y otros s/ Despido». SD 98.859, del 21/4/2015.

(38) Sala I. Expte. 9617/2011. Autos «Eustace Guillermo Eduardo c/ Emprendimientos Comunitarios S. A. y otro s/ otros Reclamos -Indemniz. Art. 132 bis LCT». SD 90.566, del 30/3/2015.

(39) Sala I. Expte. 9617/2011. Autos «Eustace Guillermo Eduardo c/ Emprendimientos Comunitarios S. A.y otro s. Otros Reclamos-Indemniz. Art. 132 bis LCT». SD 90.566, del 30/3/2015. Sala IV. Expte. 34.404/2010. Autos «Ríos Ortigoza, Juan David c/ Del Rosso, Donato Roberto s/ Despido». SD 98.662, del 27/2/2015. Sala VIII. Expte. CNT 28.751/2012/CA1. «Velásquez Cintia Mariel c/ Jumbo Retail Argentina S. A. y otro s/ Despido», del 29/6/2015.

(40) Sala II. Expte. 29.492/2009. «Centurión Bruno Leonel c/ PS Servicios Empresarios S. R. L Y otro s. Despido», MJJ91104 . SD 103.312, del 16/6/2014.

(41) Sala VIII. Expte. CNT 15.376/2010/CA1. Autos «Rojas Ribera Emilio Fernando c/ Ronin Technologies S. R. L. y otros s/ Despido» del 27/2/2015.

(42) Sala VIII. Expte. CNT 18.843/2011/CA1. Autos «Encina Lucas Matías C. Vizno S. A. y otros s. Despido». SD del 22/6/2015.

(43) Sala VIII. Expte. CNT 13.848/2013/CA1. Autos «Buhler, Víctor Hugo c/ Estévez Diego Adolfo s/ Despido». SD del 14/8/2015.

(44) Sala III. Expte. 48.284/2011. «Marchetta Eduardo Antonio c/ Stoliar Susana Mónica y otro s/ Despido». SD del 25/3/2015; Sala VII Expte. 55.597/2011. Autos «Chaves Lucio Marino C. Hezedin Guillermo Julián S. Despido». SD 47.955 del 31/8/2015; Sala IX. Expte. 23.122/2013. Autos «Villasboa Mario Alfredo c/ Irurzun García Clarisa s/ Despido». SD 19.800 del 5/2/2015.

(45) Sala IV. Expte. 55.854/2011. Autos «Morinigo, Rossana Raquel c/ Panatel S. A. y otros s/ Despido». SD 98.696, del 27/2/2015; Sala VI Expte. 10.278/2009. Autos «Solá Amílcar Leandro c/ Jonás Aguilar Cristian Federico y otros s/ Despido». SD 67.455, del 20/4/2015; Sala VII Expte. 55.597/2011. Autos «Chaves Lucio Marino C. Hezedin Guillermo Julián S. Despido». SD 47.955, del 31/8/2015; Sala VIII. Expte. CNT 23.462/2012/CA1. Autos «Migale Gabriela Marisa c/ Datamap S. R. L. y otros s/ Despido». SD del 20/8/2015; Sala IX.Expte. 23.122/2013. Autos «Villasboa Mario Alfredo c/ Irurzun García Clarisa s/ Despido». SD 19.800, del 5/2/2015; Sala X. Expte. 39.313/2010. Autos «Castillo Hugo c/ Metalúrgica Mielke S. A. s/ Despido». SD 23.749, del 23/6/2015.

(46) Sala II Expte. 45.337/2011. Autos «Otero Francisco José C. BBVA Banco Francés S. A. s/ Despido». SD 103.192, del 28/5/2014; Sala III. Expte. 48.284/2011. Autos «Marchetta Eduardo Antonio c/ Stoliar Susana Mónica y otro s. Despido». SD del 25/3/2015; Sala V. Expte. 33.779/2013. Autos «Renzi, Marcelo Víctor c/ Federación de Círculos Católicos de Obreros s/ Despido». SD 77.641, del 11/12/2015.

(47) Sala III. Expte. 48.284/2011. Autos «Marchetta Eduardo Antonio c/ Stoliar Susana Mónica y otro s. Despido». SD del 25/3/2015; Sala VI, Expte. 44.525/2010. Autos «Rius, Mariana Verónica c/ Marsans Internacional Argentina S. A. y otros s/ Despido». SD 67.513, del 29/4/2015; Sala V. Expte. 33.779/2013. Autos «Renzi, Marcelo Víctor C. Federación de Círculos Católicos de Obreros s/ Despido». SD 77.641, del 11/12/15; Sala VII. Expte. 36.904/2007. Autos «Di Vruno, Ileana Hebe c/ Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia Hospital Francés y otro s/ Despido». SD 48.242, del 20/11/2015; Sala VIII, Expte. CNT 23.462/12/CA1. Autos «Migale Gabriela Marisa c/ Datamap S. R. L. y otros s/ Despido». SD del 20/8/2015.

(48) Sala II. Expte. 37.425/2011. Autos «Gastaldi María de los Ángeles c/ Petrobras Argentina S. A. y otros s. Despido». SD 66.252, del 3/12/2004.

(49) Sala X. Expte. 31.379/2010. Autos « Aliz Verónica Alejandra C. Narcle S. R. L y otros s/ Despido». SD 23.630, del 22/5/2015.

(50) Sala Ix Expte. 23122/2013. «Villasboa Mario Alfredo c/ Irurzun Garcia Clarisa s/ Despido». SD 19.800, del 5/2/2015.

(51) Sala I. Expte. 66.662/2013.Autos «Medina Nélida Batriz c/ Biggest S. A. y otros s/ Despido». SD 90.764, del 6/8/2015.

(52) Sala I. Expte. 43.332/2011. Autos «Montenegro Capdevila Estefanía Gisele c. Señal Económica S. A. y otro s. Despido». SD 90.853, del 2/9/15; Sala VI, Expte. 14.352/2011. Autos «Romero Juan Carlos c/ El Nuevo Ombú S. R. L. y otros s/ Despido». SD 67.459, del 20/4/2015; Sala X. Expte. 16.993/201.1 Autos «Monzón Ramón Orlando c/ Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S. A. y otro s/ Accidente – Ley Especial». SD 24.513, del 4/12/2015.

(53) Sala II. Expte. 37.425/2011. Autos «Gastaldi María de los Ángeles c/ Petrobras Argentina S. A. y otros s/ Despido». SD 66.252, del 3/12/14; Sala IV, Expte. 36.307/2011, Autos «Bustos, Alfredo Daniel c/ Fco. Calchaquí Productos 7 S. A. y otro s/ Despido». SD 99.297, del 12/8/2015.

(54) Sala I. Expte. 35.177/13. Autos «Rodríguez Mariano Alejandro c/ Red Multiservicios S. A. y otro s/ Cobro de Salarios». SD 90.931, del 26/10/2015; Sala I. Expte. 38.629/2011. Autos «Betancor Gerardo Emilio c/ Servicio de Logística Lemus S. A. y otros s. Despido». SD 90.909, del 9/10/2015; Sala IV. Expte. 33.558/2008. Autos «Orellana Carlos Andrés C. Granja Tres Arroyos S. A. C. A. F. E. I. y otro s/ Despido». SD 98.618, del 9/2/2015; Sala VI. Expte. CNT 10278/2009/CA1 Autos «Solá Amílcar Leandro C. Jonás Aguilar Cristian Federico y otros s. Despido». SD 67.455, del 20/4/2015; Sala VII. Expte. 31.159/09. Autos «Valussi, Jorge Carlos c/ La Internacinoal Empresa de Trasnporte de Pasajeros S. A. y otros s. Despido». SD 47.391, del 12/3/2015; Sala X. Expte. 18.450/2011/CA1. Autos «Bombelli Nancy Edith C. Telecom Argentina S. A. y otros s/ Despido». SD 23.731, del 18/6/2015.

(55) Sala II. Expte 46.990/2009. Autos «Guerrico, Susana Beatriz y otros c/ Tecnolatinoamericana S. A. y otros s/ Despido». SD 103.206, del 30/5/2014; Sala V. Expte. CNT 50.539/2010/CA1. Autos «López Hartman Gonzalo Fabián C. Jonás Aguilar Cristian Federico y otros s/ Despido». SD 77.503 del 21/10/2015.

(56) Sala II. Expte 29.551/06. Autos «Ramos, María Victoria c/ Marta Harff S. A. y otros s/ Despido». SD 96.485 del 11/3/2009.

(57) Sala II. Expte. 9022/10. Autos «Vera, Hugo Alcides c/ B. C. A. Bebidas de Calidad para Argentina S. A. s/ Indemnización», art. 132 bis LCT». SD 100179 del 29/2/2012.

(*) Abogada (UADE). Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UTREF).

(**) Abogado (UBA). Especialista en Derecho del Trabajo (UBA).