La redacción de la iniciativa, a la que accedió LA NACION, estuvo a cargo del Ministerio del Interior, encabezado por Rogelio Frigerio, y aún debe pasar por el filtro del secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. El texto podría desembarcar en el Congreso antes de fin de año, aunque difícilmente llegue a ser tratado antes de que concluyan las sesiones ordinarias.
¿Cuáles son esas «buenas prácticas»? En principio, que todas las dependencias publiquen los pliegos de las obras en internet. Deberán ser gratuitos y de acceso anónimo. Es un intento por evitar que sólo un selecto grupo de empresas compre las bases del proyecto y eludir la cartelización y las acciones coordinadas entre los privados. Cada paso de la licitación también deberá ser abierto y estar online.
Un «Registro Nacional de Constructores» -no autónomo y dependiente del mismo Ministerio del Interior- deberá evaluar las contrataciones y auditar el desempeño de las empresas. El Poder Ejecutivo, sin embargo, podrá determinar qué «obras menores» quedarán exceptuadas de ese control.
El proyecto señala que «cuando la oferta resulte sustancialmente superior o inferior al presupuesto oficial, será desestimada». Uno modo de evitar sobreprecios, pero también de eludir la posterior falta de fondos para terminar las obras.
El texto plantea, incluso, crear el Instituto Nacional de Buenas Prácticas para la Administración de Obras, que ya tiene sigla: Inbpao. También mecanismos para evitar «conflictos de interés» con los funcionarios con antecedentes en el sector de la construcción. A las mismas reglas deberán someterse las participaciones público-privadas (PPP), si bien el Gobierno estima que esta modalidad no superará el 20% de las obras.
Fuente: La Nación.