Violación al derecho a la intimidad y al honor de una persona ‘mediática’ por un informe televisivo

mediosPartes: D. Z. N. c/ Balvanera Producciones S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 18-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100761-AR | MJJ100761 | MJJ100761
Sumario:

1.-La demanda por daños sufridos al derecho a la intimidad y al honor del accionante es procedente, pues, sin perjuicio de la fuerte exposición pública de la accionante, de su presencia en medios televisivos, la demandada difundió en un programa televisivo un informe de la actora en el que se detallan diferentes características, todas y cada una indignas, ultrajantes, con las que llevaría adelante su vida, se la presentó al público de manera descarnada, una vida miserable, absolutamente penosa,abyecta, calificativos extremos que denotan una clara invasión en su vida privada,y dicho producto televisivo se llevó a cabo sobre base a testimonios de vecinos, fuente vaga o genérica de la información que se suministraba.

2.-Si bien el accionante reviste el carácter de mediático , la intimidad nunca puede ser considerada como algo superfluo, pues, todos tienen derecho a su preservación, y por lo tanto también el demandante, aún cuando elija tener una fuerte exposición pública.

3.-El hecho que el accionante haya participado personalmente de una segunda emisión del mismo programa en el cual se había presentado un informe que violentó su derecho a la intimidad, ello no significa aceptación o consentimiento, ni menos aún renuncia a la acción que luego habría de entablar y que fundamenta el caso de autos.

Fallo:

Buenos Aires, a los 18 días del mes de agosto de 2016, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «D. Z. N. c/ BALVANERA PRODUCCIONES SRL Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS»

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 446/456 se alzan las partes y expresan agravios las demandadas a fs. 482/484 y fs. 485/489, contestando únicamente la actora a fs. 491/493 vta. y fs. 494/496.

La sociedad demandada -Balvanera- ataca la atribución de responsabilidad por considerar que no se entrometió en la vida privada ni invadió la intimidad de la actora, luego critica la procedencia y quantum fijado por daño moral, para finalmente reclamar que los intereses se devenguen a partir que la sentencia quede firme.

La restante accionada -«Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.»- , limita su cuestionamiento al monto por el que prospera la reparación del daño moral.

2.- Con carácter previo a todo análisis, cabe señalar por lo pronto que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la «temporalidad» de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.

La cuestión de fondo

3.1.- Por razones de método comenzaré por el análisis de esta queja sustantiva.

La sociedad accionada, sin desconocer el contenido a partir del cual el juez de grado formó su convicción para acoger la demanda, reclama el rechazo de lo reclamado pues niega haber violado la intimidad y mancillado el honor de la accionente.

Al respecto, en grado de adelanto y por las razones que comienzo a desarrollar, propiciaré la confirmación del fallo en crisis.

3.2.- En efecto, no me caben dudas que la demandada ha incurrido en infracción al «deber genérico de no dañar», el neminem laedere, principio cardinal para los romanos y que es también hoy día principio angular del Derecho de daños, proyectando en la especie la consecuente responsabilidad.

No escapa a la suscripta la delicada y compleja tarea que supone el análisis y decisión de un caso de esta naturaleza, más aún al considerar que la libertad de prensa entra en tensión con otros derechos constitucionales, tópico éste que ha sido objeto de antigua y permanente reflexión por parte de nuestra CSJN (ver entre otros Fallos 315:1943; 310:508, 319:3085 , 324:4433 ).

El juez de la anterior instancia ya ha efectuado un adecuado encuadre jurídico del caso sub examine, análisis que ha partido de consideraciones de corte constitucionaly civil, y de allí que opte por formular solamente algunas precisiones con la finalidad de delimitar completamente los confines dentro de los cuales debe analizarse la pretensión que aquí se intenta.

3.3.- Sin perjuicio que no esté discutido en la especie el carácter «mediático» que le cabe a la accionante, lo cierto es que la intimidad nunca puede ser considerada como algo superfluo, no resulta patrimonio de alguna clase social en particular, ni es reducto de egoísmo o individualismo extremo que contradigan un sano espíritu comunitario. El reconocimiento y respeto de la intimidad que encierra la lucha contra intromisiones, abusos e indiscreciones, supone la madurez y plenitud de la persona humana.

Todos tienen derecho a preservar su intimidad, y por tanto la accionante también, aún cuando esta «elija» tener una fuerte exposición pública, y desde luego -en sintonía con lo reclamado por la apelante- corresponde hacer las disquisiciones del caso en función de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, sabias coordenadas enunciadas por el art. 512 CC.

El derecho a la intimidad no tiende a prevenir o a remediar hechos extraordinarios, y su reconocimiento significa acordarle «juridicidad» pues corresponde al campo del derecho y no solamente al de las relaciones sociales o morales, revelando la madurez del ordenamiento jurídico que denota un estadio de evolución muy avanzado (Mosset Iturraspe, Jorge, «La intimidad frente al derecho. Su problemática (consideración reiterada a lo largo de 25 años)», en «Revista de Derecho Privado y Comunitario», 2006-2, «Honor, imagen e intimidad», págs.9/13).

3.4.- Pues bien, sentado lo expuesto, sin perjuicio -insisto- de la fuerte exposición pública de la accionante, de su presencia en medios televisivos (extremo no cuestionado), desde la propia presentación del programa se vislumbra la antijuridicidad que fundamenta la presente acción, me refiero a su particular naturaleza «invasiva» que revelan su ilicitud.

En efecto, así encuentro que en la emergencia el conductor televisivo anticipó que en el informe cuya protagonista es la accionante (cito textualmente):

«. un equipo de 70-20-10 hizo lo que hasta ahora nadie hizo, seguir sus pasos no revelados ni en la televisión. Esta es la historia secreta y la vida secreta de Zulma Lobato.», para sostener más adelante «. Nos metimos en el corazón de su intimidad.».

Refiriéndose al lugar donde vive, se dio cuenta que «no tiene baño, no tiene nada. Hace sus necesidades en un tacho y al tacho lo va a tirar a veces en la placita.».

Luego se avanza hacia la manera en la que la accionante se procura el alimento: «En frente de la casa de ella tiene un supermercado adonde a veces tiran la basura, va ella y revisa la basura», y ante la pregunta del periodista respecto a si efectivamente come de la basura, el entrevistado responde afirmativamente.Advierto que el producto televisivo emitido objeto de cuestionado, se realizó en base a testimonios de personas que no fueron identificadas con precisión, eran «vecinos», fuente vaga o genérica de la información que se suministraba.

Se continuó indagando acerca de otros aspectos del accionante como su sexualidad, su personalidad violenta, peligrosa, etc.

3.5.- Todo ello ha sido citado en extenso en el fallo ahora en crisis.

Sentado lo expuesto, considero que la demandada ha difundido un informe de la accionante en el que se detallan diferentes características, todas y cada una indignas, ultrajantes, con las que llevaría adelante su vida, se la presentó al público de manera descarnada, una vida miserable, absolutamente penosa, abyecta, calificativos extremos que denotan una clara invasión en su vida privada, avanzándose sobre el último reducto de la privacidad, sin duda el más sensible y que por tanto merece la protección que aquí se procura.

Cabe razonar que, aún en el mejor de los casos para la accionada, en la hipótesis de resultar veraz lo atestiguado por los «vecinos», lo cierto es que -en sentido contrario a lo afirmado a fs. 150- se trata de hechos que no eran conocidos por los integrantes de su comunidad, ni por la sociedad toda.

3.6.- El caso encuadra en la previsión normativa contenida en el art. 1071 bis del CC, pues lejos de haberse ejercido el derecho de informar como afirma la sociedad demandada, se han diezmando los aspectos más íntimos de la personalidad.

No enerva lo expuesto el hecho que la accionado haya participado personalmente de una segunda emisión del mismo programa, pues además que en esta oportunidad se mostró ofendida -y así lo desliza la demandada a fs.152- en definitiva no significa aceptación o consentimiento, ni menos aún renuncia a la acción que luego habría de entablar y que fundamenta el caso de autos.

Considero demostrada la ilicitud basamento de la pretensión indemnizatoria intentada, más aún si se considera -como enseña el maestro Jorge Mosset Iturraspe- que en casos como el de autos la responsabilidad nace del hecho objetivo del «entrometimiento», en él radica la antijuridicidad pues se prescinde de factores subjetivos, de un obrar doloso o culposo, resultando basamento adecuado el «riesgo creado» (ob. cit., pág. 19).

Recuerdo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos («Pacto de San José de Costa Rica») en su art. 11 inc. 1 dispone: «Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad», en tanto que en el mismo art. 11 incs. 2° y 3° afirma que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación y recalca su derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por lo demás y a mayor abundamiento, refuerza la solución que propicio que el CCyCom. de manera expresa ha determinado la inviolabilidad de la persona humana, y establece que en cualquier circunstancia ésta tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad (arts.51/3).

3.6.- En suma, a la luz de lo desarrollado, circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, el rechazo de la queja de fondo formulada es la solución que se impone.

Daño moral

4.1.- Por lo pronto cabe señalar que esta sala participo del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que se trata de un perjuicio que no queda reducido al clásico pretiumdoloris(sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, además, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender (Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesion es a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general», en» Revista de Derecho Privado y Comunitario», Rubinzal-Culzoni, Nº 1, págs. 237/259).

El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón D., Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. 2, pág. 641; ver mis votos in re «Luciani, Nelly c/ Herszague, León y otros c/ Ds. y Ps.», Expte.

N° 21.920/2006, del 13/8/2010; «Peralta, Daniel Oscar c/ Transportes Metropolitanos General San Martín y otro s/ Ds. y Ps.», Expte. N??33.299/2005, del 10/5/2010; «Burcez, Elizabeth Graciela c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.», Expte.N??115.335/2005, del 22/4/2010, entre muchos otros) Existe daño moral indemnizable cuando se produce una lesión o agravio a un interés jurídico no patrimonial, es decir, un menoscabo a bienes extrapatrimoniales. El derecho no resarce cualquier dolor, humillación, padecimiento, sino aquello que sea consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido tenía un interés reconocido jurídicamente (Zannoni, Eduardo «El daño en la responsabilidad Civil», pág. 234/235; Brebbia, Roberto H., «Daño Moral», pág. 57).

4.2.- He ponderado ya el carácter agraviante e invasivo de la intimidad o privacidad de la accionante del programa cuestionado.

Sin hesitación, se ha causado un daño moral indemnizable, la lesión a la dignidad de una persona importa una transgresión que repercute en sus intereses espirituales y afecciones legítimas por avasallamiento de la personalidad (conf.CNCiv. Sala «L», expte. nº51.477/06.»Costich, Olga c/América TV SA s/daños y perjuicios» del 11/10/2011, voto preopinante del Dr. Galmarini; ver también Llambías, Jorge, Código Civil Anotado, AbeledoPerrot, T. II-B, pág. 329).

En cuanto a su cuantía, se encuentra librado al prudente arbitrio judicial siendo menester recordar que no se trata de imponer una sanción ejemplar, sino del esfuerzo de hacer justicia y permitir al damnificado algún goce que contrabalancee el dolor sufrido, a cuyo efecto es idónea la indemnización dineraria, que admite la aplicación del principio de equidad para la fijación de su monto, por tratarse de un principio general del Derecho que subyace en la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico (cfr. esta Sala, con voto de la Dra. Marta del Rosario Mattera, in re «Prandi, Julieta Laura c/ Promotora de Comunicaciones Colonia SA y otro s/ Ds. y Ps.», Expte. Nº 103.578/01, del 21/10/2008; idem, con mi voto, en autos «Cubero, FabianAlebrto c/ Editorial Atlántida S.A. y otro s/ Ds. y Ps.», Expte.N° 3.601/2.008, acumulado con «Unteruberbacher, Nicole c/ Editorial Atlántida S.A. y otro s/ Ds. y Ps.» , Expte. N° 59.266/2.007, del 30/12/2.011; ídem Sala «M» «I., R.A. c/P., R.H. s/ Ds. y Ps.» del 13/4/2010, pub. en elDial.com-AA6158 del 30/07/2010).

4.3.- En su mérito, considero que las ponderaciones efectuadas por el juez de grado y la estimación pecuniaria fijada en su consecuencia se adecua al resultado de las pruebas, así verbigracia lo informado por el psicólogo en el dictamen anejado a fs. 258/275 (ver fs. 273/4), razón por la cual propicio rechazar las quejas formuladas.

Intereses 5.1.- Sobre este rubro de la cuenta indemnizatoria, la demandada reclama que se devenguen recién a partir que la sentencia quede firme, alegando que de lo contrario el actor se enriquecería sin causa.

No coincido con tal interpretación.

5.2.- En efecto, ello obedece a que la causa eficiente de los réditos reside en la «mora» del deudor (Pizarro, Ramón Daniel, Vallespinos, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. 2, pág. 506), que en la especie se constituyó automáticamente (doct. art. 509 CC) pues la obligación se ha originado en la directa violación del alterum non laedere.

Por lo demás, según inveterada doctrina de este Tribunal (oportunamente por aplicación del art. 303 del CPCCN en torno al Plenario «Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transporte», LL 93-667), los intereses se liquidan «desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación» (ver entre otros «Barrionuevo, Raúl c/ Echegaray, Pedro y otros s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 67.685/2.010, del 29/5/2.014).

6.- En suma, por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para: a) Rechazar las críticas vertidas; b) A tenor de la naturaleza de las mismas y el resultado obtenido, imponer las costas íntegramente a la demandada (art. 68 CPCCN).

Las Dras. Zulema Wilde y Marta del Rosario Mattera adhieren al voto precedente.-

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

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