Es inconstitucional la pretensión de la Provincia de Buenos Aires de exigir una alícuota diferencial según el domicilio del escribano interviniente.

CalculandoPartes: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 9-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96494-AR | MJJ96494 | MJJ96494

Es inconstitucional la pretensión de la Provincia de Buenos Aires de exigir una alícuota diferencial según el domicilio del escribano interviniente.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda entablada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del régimen establecido por la Provincia de Buenos Aires, en relación al impuesto de sellos mediante el cual se fijaron alícuotas diferenciales, entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2012- el art. 46, inc. b, ap. 7 , de la Ley provincial 14.333, toda vez que el distinto domicilio del funcionario interviniente no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación de un tributo, ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese solo extremo integra un grupo diverso que debe ser sometido a regulaciones diferentes.

2.-Si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica dicha pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositivo discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, afecta los propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente.

3.-Cabe precisar que la norma no puede constreñir a quien tiene la libertad de elegir a un escribano para el otorgamiento de una escritura, a recurrir a uno con competencia en el territorio provincial para beneficiarse con una menor alícuota impositiva, cuando los notarios foráneos tienen las mismas atribuciones y se encuentran expresa y legalmente habilitados para la función. La conclusión contraria podría lesionar seriamente la libertad de elección de un profesional de confianza, al imponer un impuesto más elevado.

4.-Si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución Nacional, entre los cuales figura la consagrada en su articulo 16, que dispone que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

5.-La previsión del art. 7 de la CN. respondió al inequívoco propósito de los constituyentes de generar, entre los estados provinciales que mediante la Constitución se congregaban, los fuertes lazos de unidad que eran necesarios para otorgarles una misma identidad. Este Tribunal ha declarado, en numerosas oportunidades, que la norma aludida no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuese, si los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del art. 7° de la CN. sino también la del art. 67, inc. 11 -actual 75, inc. 12 -, que establece la unidad de legislación civil en todo el territorio

6.-Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada, toda vez que no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes en su territorio, máxime cuando el art. 997 del CCiv., vigente a esa fecha, no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

7.-No obstante la eliminación del art. 46, inc. b, ap. 7, de la Ley provincial 14.333, subsiste en el caso un estado de incertidumbre respecto de la existencia y modalidad de las obligaciones contraídas por escribanos porteños y sus clientes con el Fisco provincial, extremo que se desprende de la derogación hacia el futuro dispuesta por los art. 21 y 33 de la ley 14.357. En efecto, dado que la provincia mantiene la pretensión de percibir la alícuota diferencial del impuesto de sellos entre ello de enero y el 31 de mayo de 2012, aparece clara la existencia de un interés jurídico suficiente para instar la acción destinada a provocar el dictado de la sentencia definitiva, con el objeto de dilucidar la subsistencia de una obligación tributaria pendiente.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015

Vistos los autos: «Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario», de los que Resulta:

1) A fs. 57/96 se presenta el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y promueve acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 46, inciso b, apartado 7, de la ley provincial 14.333.

Expone que la ley impugnada estableció que los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la provincia, concertados en instrumentos públicos o privados, otorgados fuera de ella, debían tributar una alícuota diferencial en concepto de impuesto de sellos, y que ese trato discriminatorio produjo que los clientes de los escribanos integrantes del Colegio debieran soportar un costo mucho mayor (entre el 1% y el 3,8%) por el hecho de elegir como notario de confianza para la realización de los actos alcanzados por la norma, a uno que ejerciera su profesión en la ciudad de Buenos Aires.

Afirma que la exigencia de una carga tributaria considerablemente superior tuvo un solo objetivo, cual era, desplazar la realización de los actos notariales hacia escribanos que se desempeñasen en territorio provincial.

Sostiene que la norma cuestionada contradijo manifiestamente las disposiciones del artículo 997, segundo párrafo, del código civil vigente a esa fecha, y violó, entre otros, el derecho a la libre competencia y a operar en un mercado sin distorsiones, así como la prohibición de aduanas o barreras arancelarias interiores y el comercio interprovincial.

En cuanto a su legitimación, explica que el Colegio es una asociación civil, fundada el 7 de abril de 1866, que la ley 12.990 le reconoció el carácter de corporación pública a cargo de la conducción y del control disciplinario del notariado, y que continúa en tal carácter, de acuerdo a lo establecido por la ley404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia de la reforma constitucional de 1994 y del régimen dado por el artículo 129. Destaca que, entre sus cometidos, debe velar por el prestigio y los intereses del cuerpo, y proteger a sus miembros por todos los medios a su alcance, como así también ejercer la representación gremial del conjunto, actuando en sede administrativa o judicial, para cuestionar las decisiones de los poderes públicos que se relacionan con la función notarial o con el interés de los escribanos.

Solicita que se dicte una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la norma provincial cuestionada, hasta tanto recaiga sentencia en el proceso.

11) A fs. 99/101 esta Corte declaró que la causa corresponde a su competencia originaria, dispuso que el proceso se sustancie por el trámite previsto para el juicio ordinario en los artículos 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ordenó correr traslado de la demanda y dictó la medida cautelar solicitada.

III) A fs. 146/154 la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda y solicita su rechazo.Indica que el artículo 21 de la ley 14.357, vigente a partir del 1° de junio de 2012, modificó el artículo 46 de la ley 14.333, eliminando del inciso b el apartado 7, y suprimió así la alícuota diferencial cuestionada, la que solo se mantiene con respecto a los actos celebrados entre enero y mayo de aquel ejercicio fiscal.

En razón de ello, aduce que el objeto del proceso habría devenido abstracto, y que los efectos perjudiciales que eventualmente pudieron haberse derivado de la limitada vigencia temporal de la norma impugnada,. sólo podrían ser cuestionados por los notarios efectivamente afectados, razón por la cual -a su juicio- el Colegio de Escribanos carecería de legitimación, ya que los derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por sus titulares, situación que no cambia por el hecho de que pudieran existir varias personas involucradas.

Plantea la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 997 del código civil vigente a esa fecha -incorporado por el artículo 69 de la ley 24.441-, por considerar que constituye una regulación de la materia tributaria local, reservada por la Constitución Nacional a las provincias en los artículos 121 y concordantes.

Agrega que la facultad del Congreso Nacional de regular el comercio interprovincial debe compatibilizarse con el ejercicio de la potestad tributaria de las provincias y de sus municipios, de acuerdo con los artículos 5°, 121 Y 123 de la Ley Fundamental.

Expresa que la alegada pérdida de competitividad de los escribanos afiliados a la entidad demandante frente a sus colegas que ejercen la profesión en la Provincia de Buenos Aires, no depende única ni necesariamente del monto del impuesto de sellos local, ya que la escrituración no está sujeta a una tarifa única e inamovible, sino también a los costos variables de cada notario.

Destaca que el impuesto en cuestión se justificaría en razones extrafiscales vinculadas con cuestiones de política económica y social, y afirma que ninguna objeción merece el hecho de que la provincia adoptecomo política tributaria una diferencia en las alícuotas de un impuesto en función de la mayor manifestación de riqueza que, a su criterio, exterioriza la formalización de actos mediante escrituras públicas en la Capital Federal.

IV) A fs. 169 se declara la cuestión como de puro derecho y se confiere a las partes un nuevo traslado por su orden, el que fue contestado únicamente por la actora a fs. 177/195. A fs. 198/202 dictamina la senara Procuradora Fiscal, y a fs. 203 se llaman «autos para sentencia».

Considerando:

1º) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (artículo 117 de la Constitución Nacional)

2°) Que en lo concerniente a la legitimación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para actuar en representación de los notarios asociados, el Tribunal comparte los argumentos y la conclusión expuestos por la señora Procuradora. Fiscal en el apartado V de su dictamen de fs. 198/202, a los que corresponde remitir en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

3º) Que no obstante la eliminación del artículo 46, inciso b, apartado 7, de la ley provincial 14.333, subsiste en el caso un estado de incertidumbre respecto de la existencia y modalidad de las obligaciones contraídas por escribanos porteños y sus clientes con el Fisco provincial, extremo que se desprende de la derogación hacia el futuro dispuesta por los artículos 21 y 33 de la ley 14.357 (B.O. 26.846 del 31/5/2012).

En efecto, dado que la provincia mantiene la pretensión de percibir la alícuota diferencial del impuesto de sellos entre ello de enero y el 31 de mayo de 2012 (conf. artículo 33 citado), aparece clara la existencia de un interés jurídico suficiente para instar la acción destinada a provocar el dictado de la sentencia definitiva, con el objeto de dilucidar la subsistencia de una obligación tributaria pendiente (Fallos:331:718).

4º) Que, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar que en el artículo 46, inciso b, de la ley 14.333 -impositiva para el año 2012-, la Provincia de Buenos Aires fijó las alícuotas del impuesto de sellos correspondientes a los distintos «actos y contratos sobre inmuebles» (apartados 1 a 6), y estableció una distinción en relación a aquellos «actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia concertados en instrumentos públicos o privados, fuera de la Provincia», para los cuales determinó’ una alícuota diferencial mayor del «cuarenta por mil (40 0/00)» (apartado 7).

La demandada pretende justificar dicha diferencia en razones ‘de política económica y social, y en el ejercicio de facultades propias en materia de regulación tributaria local, y de fomento y generación de empleo (artículos 121, 122 Y 125 de la Constitución Nacional, y 103, inciso 1°, de la Constitución provincial).

Corresponde determinar, entonces, si la utilización del poder impositivo con el objetivo de desplazar la realización de los actos notariales que instrumenten transacciones sobre inmuebles ubicados en el territorio de la demandada hacia escribanos con competencia en la Provincia de Buenos Aires, afecta las garantías constitucionales invocadas.

5°) Que es preciso señalar que encontrándose la causa a estudio del Tribunal, ello de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil Y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994.

Sin embargo la situación planteada debe ser juzgada de conformidad con la redacción que tenía el segundo párrafo del artículo 997 del código civil, vigente a esa fecha, pues las consecuencias de la situación jurídica generada por la norma provincial impugnada -desde ello de enero hasta el 31 de mayo de 2012-, se encuentran alcanzadas por el texto íntegro de esa previsión legal, dado que allí se consumaron.La noción de consumo jurídico impone la aplicación del artículo en toda su extensión.

6°) Que el Estado provincial sostiene que el segundo .párrafo del citado art. 997, al expresar que: «Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente», vulneraría los artículos 31 y 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, en tanto la materia tributaria fue reservada por las provincias para sí, a cuyo respecto solo han efectuado las concesiones que surgen expresamente de los artículos 4°, 17, 75, incisos 1, 2 Y 30, Y 126 de la Ley Fundamental, como así también las previstas en las leyes convenio sobre coordinación tributaria y en los Pactos Fiscales de naturaleza intrafederal, condiciones de las que no participa la norma en exam en.

7°) Que las leyes comunes de la Nación son aquellas que sanciona el Congreso con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional. Entre ellas figuran, pues, los códigos allí mencionados -que legislan de manera general y estable con relación a todo el territorio de la República- y las leyes que se declaran incorporadas a esos códigos, así como las que, no mediando tal declaración, los integran, modifican o amplían (confr. Fallos: 126:315 y 325; 136:131; 184:42; 188:8; 189:182; 191:170 y otros).

Desde luego, el Congreso está facultado también para sancionar leyes de orden federal, con fundamento en los demás incisos del mismo artículo 75. Y, según se encuentra uniformemente resuelto, ello crea la posibilidad de que el Congreso, al reglamentar determinadas materias correspondientes -en principio- a la legislación común, ejerza una potestad distinta a la señalada y, de este modo, las sustraiga al ámbito propio de aquella legislación (confr. Fallos:248:781 y sus citas).

8°) Que, asimismo, esta Corte ha admitido la posibilidad de que una ley de derecho común pueda, sin embargo, contener disposiciones de derecho público (Fallos: 178:170), Y este es el caso de la previsión examinada.

En efecto, según el mensaje de elevación del proyecto de la ley 24.441 -que en su momento incorporó mediante su artículo 69 el párrafo cuestionado-, las modificaciones al código civil que se proponían y que finalmente fueron sancionadas por el Congreso de la Nación, «tienden a ratificar el principio constitucional según el cual los instrumentos públicos tienen eficacia en todo el país, y que la ley local no puede discriminar a los documentos emanados’ de otras jurisdicciones. Se ha atendido a la declaración de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho de leyes locales que exigían la intervención de notarios locales para efectuar trámites registrales. Disposiciones de tal naturaleza quedan definitivamente descartadas .» (Mensaje 1067 del º° de julio de 1994, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias del año 1994, Orden del Día 666, págs.2829/2833)

9°) Que las finalidades objetivas originalmente consideradas por el legislador al sancionar la norma no han variado; el principio constitucional con el que se vincula -y al que se refiere el mensaje de elevación- es el consagrado en el artículo 7° de la Ley Fundamental, que establece que «Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.».

De allí se desprende el carácter federal que reviste la previsión legal en examen, en mérito a que el Poder Legislativo Nacional no ha sancionado esa norma con arreglo a las previsiones del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, sino que ha ejercido una facultad distinta.

Cabe concluir entonces que no se han invadido las facultades reservadas de la demandada de crear tributos sobre las riquezas existentes en su territorio, máxime cuando aquella disposición no le impide a la Provincia de Buenos Aires percibir el impuesto de sellos sobre las escrituras pasadas ante escribanos foráneos, sino que le prohíbe imponer cargas tributarias o tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento respecto de los actos celebrados en jurisdicción local.

10) Que es preciso también destacar que esta Corte de manera reiterada ha descalificado las barreras establecidas por diversas provincias obstaculizando el tráfico de instrumentos públicos otorgados en jurisdicciones distintas de aquellas en las que estaban llamados a inscribirse o a producir sus efectos (Fallos: 183:76; 186:97). Tales pronunciamientos se fundaron principalmente en la citada previsión contenida en el artículo 7° de la Ley Fundamental.

11) Que en el caso específico de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal invalidó las más diversas modalidades intentadas por el Estado provincial para implementar barreras jurisdiccionales a los actos públicos otorgados fuera de su territorio.

En efecto, en los precedentes de Fallos:189:392; 191:373 y 375; 194:144, sobre la base de la doctrina citada, se declaró la inconstitucionalidad de la exigencia de previa protocolización de las hijuelas expedidas por tribunales de otra jurisdicción, como así también del pago de los impuestos fiscales respectivos, por considerar que habían sido pagados sin causa. Esta Corte también descalificó el decreto-ley 9020/78 -cuya aplicación resultaba de la sanción de la ley 10.191-, en cuanto exigía que un escribano local gestionara los certificados de dominio para el otorgamiento de una escritura pública y efectuara su inscripción, previa incorporación a su protocolo de la copia certificada por el autorizante del título (Fallos: 308:2588).

A su vez, en la misma línea de razonamiento, se invalidaron las disposiciones de la ley 10.542 y del decreto 142/89, que sustituyendo las modalidades de la anterior legislación, imponían que un notario local efectuara la inscripción registral de los títulos provenientes de otras jurisdicciones para que surtieran efectos en el ámbito provincial, y tomara a su cargo la determinación de las obligaciones fiscales y la verificación de pago, pues ello importaba crear un requisito a tales instrumentos, desconociéndoles en consecuencia los alcances que cabía atribuirles con base en lo dispuesto en el citado artículo 7° de la Constitución Nacional y las normas dictadas en su consecuencia (Fallos: 311:2593; 313:1054; 314:147 y 1186).

12) Que la cláusula constitucional en examen respondió al inequívoco propósito de los constituyentes de generar, entre los estados provinciales que mediante la Constitución se congregaban, los fuertes lazos de unidad que eran necesarios para otorgarles una misma identidad.

Así lo ha entendido este Tribunal al interpretar el citado artículo 7°, señalando que:»Nada afectaría en mayor grado la unidad de la Nación que la prevalencia en una provincia, de una ley que en materia tan fundamental como la organización de la familia y el régimen de la propiedad contraríe lo establecido en el Código Civil».

«Crear esa unidad y consolidarla fueron los fines primordiales de la Constitución, para cuya vigilancia ella misma ha instituido esta Corte de Justicia» (Fallos: 174:105).

También ha declarado, en numerosas oportunidades, que la norma aludida no se refiere solo a las formas intrínsecas de los actos, sino que el respeto debido a estas prescripciones de la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que hubieren de producir en la provincia de donde emanasen, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única (énfasis agregado). Si así no fuese, si los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc., fueran a ser sometidos a tantas legislaciones distintas como jurisdicciones provinciales existan en el país, se habría desvirtuado en el hecho no sólo la regla del artículo 7° de la Constitución Nacional sino también la del artículo 67, inciso 11 -actual 75, inciso 12-, que establece la unidad de legislación civil en todo el territorio (Fallos:136:359; 174:105; 184:76; 186:97; 191:260; 194:144; 199:637; 273:50; 308:2588, entre otros) .

13) Que si bien es cierto que en el caso no se encuentra en juego la validez de las escrituras públicas otorgadas en extraña jurisdicción, sino que se trata de recabar el pago de una alícuota mayor del impuesto de sellos por aquellos instrumentos, lo que descalifica a dicha pretensión provincial es precisamente el tratamiento impositiva discriminatorio instaurado respecto de los actos celebrados en su territorio, pues esa política de inspiración proteccionista que ejerció la demandada a través de la ley tributaria impugnada a favor de las actividades que se desarrollan en la provincia y en contra de los actos notariales provenientes de otras jurisdicciones, también afecta a aquellos propósitos de unidad nacional perseguidos por el constituyente.

En efecto, la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la ley 14.333, funcionó en los hechos durante su vigencia como una barrera que obstaculizó el tráfico de las escrituras y el ejercicio profesional de los escribanos foráneos, a quienes nada les impedía -ni les impide- instrumentar «actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia», siempre que lo hagan dentro del territorio que les fue asignado para el ejercicio de sus funciones, como presupuesto para su validez (artículos 980 y 981, código civil, durante el tiempo pasado; y artículos 290 y 293, Código Civil y Comercial de la Nación) .

14) Que en las oportunidades en las que el Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de las normas provinciales que requerían la previa protocolización de los instrumentos públicos de otras jurisdicciones para su posterior inscripción en el Registro, no ha dejado de valorar cuestiones de índole impositiva.

En tal sentido se señaló, por ejemplo, en el precedente de Fallos: 174:105 que: «Ha podido decirse por un autorizado comentarista (doctor Juan A.Bibiloni ‘Anteproyecto de reformas al Código Civil’), que con estas leyes han quedado subsistentes entre las provincias las fronteras anteriores a la sanción de la Constitución. La protocolización, agrega, es la reducción a escritura pública de la que según la Constitución y el Código Civil es ya una escritura pública. Agrava esta situación, dice el autor citado, el hecho de que estas exigencias locales son ocasión para la creación de impuestos.» También se consideró que la circunstancia de que la protocolización sea en sí misma una causa de ingresos fiscales o el modo de controlar otros impuestos, no es razón suficiente para allanar el contenido de cláusulas constitucionales de cumplimiento ineludible (Fallos: 183:76). El mismo fundamento se expuso en la sentencia publicada en Fallos: 308:2588 ya citada.

15) Que, en tales condiciones, si esta Corte invalidó aquellas normas provinciales que exigían la intervención necesaria de escribanos locales en los trámites relativos a la inscripción registral de los actos públicos de otras provincias, también debe descalificarse la ley impugnada en el sub lite, pues los propósitos de la imposición de la alícuota diferencial contemplada en el artículo 46, inciso b, apartado 7, de la ley 14.333, no difieren de aquellos que dieron lugar a los pronunciamientos citados, desde que la finalidad perseguida es la misma, esto es, otorgar un beneficio ilegítimo a los notarios con competencia territorial en el ámbito bonaerense, en desmedro de sus pares foráneos.

16) Que, por lo demás, si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución Nacional (Fallos:320:1302 y sus citas) .

Entre las limitaciones establecidas en la Constitución Nacional a las facultades impositivas provinciales figura la consagrada en su artículo 16, que en lo pertinente al caso, dispone que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

El recordado principio que, como garantía fundamental, ha establecido la Constitución, está claramente fijado en su significación y alcances en la jurisprudencia de esta Corte que, en materia de impuestos ha decidido que aquella «no constituye una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante las diversas circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración; lo que estatuye aquella regla es la obligación de igualar a todas las personas o instituciones afectadas por un impuesto, dentro de la categoría, grupo o clasificación que le corresponda, evitando distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas» (Fallos: 115: 111; 132:402, entre otros) 17) Que el establecimiento de clasificaciones y categorías para la percepción de los impuestos debe ser estrictamente compatible con el principio de igualdad, pero no sólo a condición de que todos los que sean colocados en una clase o categoría reciban el mismo tratamiento, sino también -y es lo esencial- que la clasificación misma tenga razón de ser, esto es, que corresponda razonablemente a distinciones reales (Fallos: 200:424).

La vaguedad con que aparece enunciado el principio es sólo aparente. El criterio de las semejanzas y diferencias de las circunstancias y de las condiciones cuando se aplica a los hechos que son objeto de examen en cada caso particular, se convierte en un medio eficaz y seguro para definir y precisar el contenido real de la garantía en cuestión.La regla, desde luego, no prescribe una rígida igualdad, y entrega a la discreción y sabiduría de los gobiernos una amplia latitud para ordenar y agrupar distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación; pero, a su vez, el mero hecho de la clasificación no es bastante por sí sólo para declarar que una ley no ha violado la garantía del artículo 16, es indispensable, además, demostrar que aquella se ha basado en alguna diferencia razonable y no en una selección puramente arbitraria (Fallos: 149:417) 18) Que aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad (Fallos: 310:2845; 311:394; 312:435, entre otros).

El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional (Fallos: 316:3104; 328:566 ) .

19) Que en materia de igualdad, el control de razonabilidad exige determinar si a todas las personas o situaciones incluidas en la categoría se les reconocen iguales derechos o se les aplican similares cargas; se trata, en definitiva, de exami.nar los elementos de clasificación que le componen, y observar si se excluye a alguien que debería integrarla y recibir igual atención jurídica.

20) Que, en lo que aquí interesa, no se advierte la existencia de una razón válida que permita aseverar -como sostiene la demandada- que los instrumentos otorgados en una jurisdicción para producir efectos jurídicos sobre inmuebles radicados en otra, exterioricen una capacidad contributiva diferente o una mayor manifestación de riqueza por esa única circunstancia, motivo por el cual no se justifica un tratamiento impositivo distinto.

En efecto, la discriminación establecida en el régimen cuestionado en función del lugar de radicación del escribano otorgante del acto, no constituye una pauta razonable que, a los fines impositivos, permita la fijación de alícuotas diferenciales (arg. Fallos: 320:1302 y 322:1781 ).

Es que el distinto domicilio del funcionario interviniente no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación de un tributo, ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese solo extremo integra un grupo diverso que debe ser sometido a regulaciones diferentes. Cabe al respecto precisar que la norma no puede constreñir en definitiva a quien tiene la libertad de elegir a un escribano para el otorgamiento de una escritura, a recurrir a uno con competencia en el territorio provincial para beneficiarse con una menor alícuota impositiva, cuando los notarios foráneos tienen las mismas atribuciones y se encuentran expresa y legalmente habilitados para la función.La conclusión contraria podría lesionar seriamente la libertad de elección de un profesional de confianza, al imponer un impuesto más elevado.

21) Que por los fundamentos expuestos, el distinto tratamiento que recibieron durante la vigencia de la norma impugnada los instrumentos públicos de acuerdo al lugar en el que fueron otorgados, consagró una manifiesta iniquidad y generó una discriminación arbitraria, que no supera el control de razonabilidad efectuado en orden a la garantía constitucional del artículo 16 de la Ley Fundamental.

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del régimen establecido por la Provincia de Buenos Aires, en relación al impuesto de sellos mediante el cual se fijaron alícuotas diferenciales, entre el 1º de enero y el 31 de mayo de 2012; y rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada. Con costas a la vencida (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) Notifíquese, comuníquese a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

ELENA l.HIGHTON de NOLASCO – RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA

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