El objetivo principal de la ley es el de garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de este tipo de violencia, en consonancia con las prescripciones de la ley Nº 26.485.
Una de las funciones más importantes será la de brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a las víctimas, además de promover la celebración de convenios, realizar actividades de formación, difundir los servicios del Cuerpo de letrados, entre otras.