El caso Cabral es la expresión de una batalla de los jueces por mantener privilegios, como lo son las suplencias (que pueden dar un plus salarial) y la posibilidad de elegirse entre ellos mismos para esa función, frente a una nueva legislación que pone un límite y habilita la injerencia de la mayoría política que impere en el Consejo de la Magistratura. Este organismo quedó facultado por la ley 27.145, promulgada el 17 de junio, para nombrar como subrogantes, ya sean jueces o abogados de una lista de conjueces armada por el Poder Ejecutivo. La Corte viene haciendo equilibrio en el tema: primero difundió la convocatoria a la marcha en su Centro de Información Judicial, después rechazó un planteo que pedía la reincorporación de Cabral, convocó a los presidentes de las Cámaras a debatir sobre la ley de subrogancias, y ayer tomó resoluciones en dos casos vinculados al tema, con los que proclama que no cederá atribuciones al Consejo de la Magistratura, por más que lo diga la ley.
– Por ejemplo, la nueva norma dice que si se creó un tribunal nuevo y ya están disponibles los recursos y la infraestructura para que funcione pero no finalizó el concurso de jueces, el Consejo podrá designar subrogantes para “hacer efectivo su inmediato funcionamiento”. Esto se podría aplicar, en un caso vigente, al nuevo fuero del consumidor, que consta de ocho juzgados y una Cámara con dos salas. Esto tiene en alerta a los empresarios, que hasta ahora resolvían los reclamos fuera de la vía judicial. La Corte desempolvó ayer el reclamo de puesta en marcha de una Cámara Federal en San Justo y dos juzgados federales de La Matanza, cuyos jueces están nombrados desde 2012. Dijo que es facultad suya la de habilitarlos, pero le echó la culpa al Consejo de la demora y le reclamó “los recursos presupuestarios, de infraestructura y materiales” para ponerlos en marcha. “Entre los actos de gobierno que ejerce esta Corte sobre el Poder Judicial, la puesta en funcionamiento de los tribunales creados por ley, como orden la Constitución Nacional, es una atribución que el Tribunal viene llevando a cabo sin interferencias de ninguna especie”, afirma la resolución firmada por Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt.
– En otra decisión emparentada, el alto tribunal le dio la razón a la Cámara Federal de Bahía Blanca, que había cuestionado que el juez Alejo Ramos Padilla asumiera como subrogante en el juzgado federal de esa ciudad sin su intervención, sólo con la presencia del vicepresidente del Consejo, Daniel Candis. La Corte anuló el acto de toma de posesión (no la subrogancia) del juzgado y dijo que lo debe celebrar la Cámara local.
En la tarde de ayer, mientas llegaba la congregación de la Asociación de Magistrados a las puertas del Palacio, Lorenzetti estaba reunido con más de veinticinco jueces de Cámara. Primero dijo que los invitó porque había recibido cartas de algunos de ellos con quejas por la ley de subrogancias y que quería escucharlos. A la vez les pidió que manden notas individuales. El encuentro fue en el Salón Gorostiaga, donde años atrás –paradójicamente– funcionaba el Consejo de la Magistratura. Casi todos hablaron. Con las resoluciones de la Corte del mismo día, parte de los reclamos quedaron abstractos. Aunque uno sobrevivió y fue compartido: los camaristas vaticinan que habrá un colapso judicial si, como prevé la ley, el Consejo tiene que decidir sobre reemplazos ante todas las excusaciones y recusaciones. Hubo, además, una crítica general a las demoras para cubrir las vacantes de jueces y objeciones a que los consejeros puedan nombrar subrogantes con mayoría simple. Algunos camaristas del interior dijeron que en sus provincias hay abogados que no quieren subrogar porque no les conviene. Lorenzetti les pidió que traten de entablar un diálogo con el Consejo. Y les aseguró que si recibe un planteo sobre la validez constitucional de la nueva ley de subrogancias, resolverá siempre en defensa de la “independencia judicial”.
Fuente: Página 12