Los valores entregados para canjear por productos de la empresa empleadora son asimilables a los “tickets” y por ende, remuneratorios

ImpuestosIIPartes: Basmadjian Jorgelina Cynthia c/ Pepsico de Argentina S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 28-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89107-AR | MJJ89107 | MJJ89107

La entrega de un valor mensual para canjearlo por productos de la empresa tiene naturaleza remuneratoria pues se asimila a los “tickets de comida”, mientras que el servicio de comedor resulta ser no remuneratorio pues constituye un beneficio social expresamente previsto por el art. 103 bis LCT.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la entrega de un valor mensual para ser canjeado por productos de la empresa tiene naturaleza remuneratoria pues se los asimila a los tickets cuya naturaleza remuneratoria no se encuentra discutida.

2.-El servicio de comedor en la empresa no es lo mismo que el valor mensual entregado para ser canjeado por productos de la empresa pues la primera prestación se encuentra expresamente prevista como beneficio social en el inc. a) del art. 103 BIS LCT, lo que impide considerar, en principio, que posee naturaleza remuneratorio.

3.-Corresponde dejar sin efecto la inclusión del bono anual sobre la base de cálculo del art. 245 LCT, pues más allá de la insuficiencia probatoria advertida a los fines de acreditar las pautas para la determinación del quantum del bonus, lo cierto es que no se denunció ni probó acto fraudulento alguno que permita considerar la alternativa de incluir dicho rubro a la base de cálculo del art. 245 de la LCT.

4.-Más allá de considerar que el bono tiene naturaleza salarial, ello no significa que cualquier remuneración deba considerarse a los fines de calcular la reparación tarifada por despido injusto, ya que el art. 245 de la LCT, refiere a la mejor remuneración mensual, y las retribuciones devengadas y/o percibidas con una frecuencia de pago distinto a la mensual, salvo supuestos de diferimiento fraudulento no deben computarse para la base de cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT., aún con la redacción que la ley 25.877 le diera al art. 245.

5.-No cabe tener por acreditado el carácter eventual de la prestación de la actora durante el período reclamado pues no basta para justificar tal tipo de contratación, que la empresa proveedora de personal se encuentre debidamente inscripta como tal, sino que debe justificarse su contratación a partir de una verdadera necesidad extraordinaria.

6.-Puesto que la demandada se limitó a explicar que la contratación de la actora respondió al pedido de licencia especial por parte de otra trabajadora (que no individualiza ni menciona sus tareas, categoría y funciones, tipo de licencia otorgada, etc.), respecto de la cual no se conocía la fecha de reincorporación, no corresponde admitir la procedencia de la contratación eventual de la actora, pues en definitiva, la demandada no cumplimentó el recaudo legal que exige el art. 69 de la LNE para acudir a este tipo de contratación.

7.-Corresponde confirmar la procedencia de la multa del art. 80 de la LCT, toda vez que el certificado que el ente accionado pretende hacer valer no contempla el período durante el cual la actora fue contratada a través de la empresa de servicios eventuales, por lo que resulta evidente y manifiesta la insuficiencia de las constancias documentadas acompañados a la causa, circunstancia que impide tener por cumplida la obligación de entrega.

8.-La multa del art. 1º de la Ley 25.323 debe mantenerse puesto que el vínculo se encontraba deficientemente registrado en atención a la ausencia de registro de la primera etapa de la relación como empleada dependiente de la empresa.

9.-El servicio de transporte para ir al trabajo brindado por la empresa no tiene naturaleza remuneratoria pues tratándose de la asunción de un servicio efectivamente prestado con motivo del trabajo -no sustituible en dinero-, tendiente a compensar la mayor distancia generada con motivo del traslado de la empresa, resulta evidente que el servicio de transporte estaba destinado a facilitar y mejorar las condiciones de traslado pero no a otorgar una ventaja patrimonial a la actora.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 28-08-2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.Contra la sentencia dictada en la instancia anterior por la Dra. Ana María Otero (v. fs. 541/550), mediante la cual receptó parcialmente la acción incoada por la accionante, se alzan la demandada a tenor del memorial de agravios que luce a fs. 562/570 (recurso replicado por la contraparte a fs. 580/586) y la parte actora a fs. 553/559, recurso replicado por Pepsico a fs. 575/578.

El perito contador (fs. 571) apela los honorarios que le fueran regulados por considerarlos reducidos.

En lo sustancial, las partes discrepan en la naturaleza salarial de determinados rubros y su incidencia sobre la base de cálculo indemnizatorio, así como respecto de la procedencia de las indemnizaciones de la ley 25.323, art. 80 L.C.T. y cuantificación del rubro “daño moral”.

II.Comenzaré por dar tratamiento al recurso deducido por la demandada, en la medida en que controvierte el carácter remuneratorio asignado a los siguientes conceptos:

Productos entregados por la empresa: llega firme a esta alzada que la demandada entregaba mensualmente a la actora un valor mensual equivalente a 36 litros de cerveza “Quilmes” que podía canjear por cualquier producto de la empresa. Destaca que resulta incongruente que se le hubiera negado naturaleza remuneratoria al servicio de comedor y refrigerio y se le diese tal carácter a los productos otorgados fuera del establecimiento.

A mi modo de ver los fundamentos del recurso lucen insuficientes a los fines propuestos pues no se trata de prestaciones idénticas toda vez que mientras la primera se encuentra expresamente prevista como beneficio social en el inc. a) del art. 103 BIS L.C.T.(a) Los servicios de comedor de la empresa”), lo que impide considerar, en principio, que posee naturaleza remuneratorio, la entrega de un valor mensual para ser canjeado por cualquier producto a elección del trabajador y en beneficio propio y de su familia se asimila a los “tickets” cuya naturaleza remuneratoria no se encuentra discutida en autos. Más allá de ello, el apelante no rebate la argumentación dada en la sentencia de grado para considerar, con todo acierto, remuneración en especie la provisión de mercadería.

Por ello, en virtud de los términos del recurso, considero que el apelante no ha invocado fundamentos que me conduzcan a una decisión distinta a la adoptada en grado, más allá de la incorrecta comparación efectuada, por lo que sugiero desestimar el primer tramo del recurso.

Bonus anual: la demandada se agravia por la decisión de grado de incluir las sumas abonadas en tal concepto sobre la base de cálculo indemnizatoria. Sobre el tópico señala que el bono no era devengado en forma anual dado que no se abonó en el año 2008, y que la gratificación se abonaba en febrero o marzo y se encontraba condicionada al cumplimiento de determinadas variables.

Sin embargo, a poco de repasar el informe contable, elaborado según los libros de la demandada, se advierte que la accionante recibió todos los años que mantuvo el vínculo laboral con la empresa Pepsico, incluso en el año 2008, una suma en concepto de “Bono Anual” (v. fs. 475/476).

Sin perjuicio de lo expuesto, no puedo dejar de señalar que no advierto acreditado -ni denunciado en el escrito de inicio, v. fs.16vta./17vta.-, en lo que respecta al pago de la mentada bonificación la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral y por ende no cabe apartarse de la doctrina fijada por la CNAT en el Acuerdo Plenario Nº 322 – Acta 2547 del 19/11/09 “Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561” que establece que “descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT”.

Creo conveniente aclarar que, a mi juicio, la derogación de los arts. 302/303 del CPCCCN por parte del art. 12 de la ley 26.853 no resulta aún operativa a tenor de lo dispuesto por el art. 15 de dicha ley, de manera que deberían considerarse ultractivos y, por ende, vigentes las doctrinas plenarias sentadas por esta Cámara y con efecto obligatorio.

No obstante ello, aún de no ser así, creo que resultaría de todas maneras conveniente, por razones de seguridad y previsibilidad jurídica -y por imperio de la lógicaseguir los criterios uniformadores derivados de la muy rica doctrina sentada por esta Cámara desde agosto de 1946. De ahí que, si se considerase que los Acuerdos Plenarios han perdido vigencia obligatoria, me parecería adecuado seguir aplicando las doctrinas sentadas por este prestigioso cuerpo especializado en forma potestativa.

Efectuada la aclaración, considero que en el caso, más allá de la insuficiencia probatoria advertida a los fines de acreditar las pautas para la determinación del quantum del bonus, lo cierto es que no se denunció ni probó acto fraudulento alguno que permita considerar la alternativa de incluir dicho rubro a la base de cálculo del art.245 de la L.C.T.

En efecto, más allá de que considero que el bono tiene naturaleza salarial, ello no significa que cualquier remuneración deba considerarse a los fines de calcular la reparación tarifada por despido injusto, ya que el art. 245 de la LCT refiere a la mejor remuneración “mensual”.

A mi juicio, las retribuciones devengadas y/o percibidas con una frecuencia de pago distinto a la mensual, salvo supuestos de diferimiento fraudulento (no aducido ni probado en autos) no deben computarse para la base de cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT, aún con la redacción que la ley 25.877 le diera al art. 245.

Pienso, tal como lo sostuve al comentar el art. 245 de la LCT en su nueva y actual redacción dada por la ley 25.877 (Ley de Contrato de Trabajo Comentada, ED. La Ley, Buenos Aires, 2006, pág. 390), que la ley refiere inequívocamente a retribuciones de frecuencia mensual y en este sentido se ha expedido la Sala III señalando que “la mejor remuneración mensual, normal y habitual se refiere a los rubros que componen el salario, para excluir gratificaciones extraordinarias, sueldo anual complementario u otras prestaciones que por su naturaleza no sean susceptibles de ser ganadas todos los meses” (“Laborda, Fernando Héctor c/ Fundación Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales”, Sent. 88.378 del 21/12/06).

Por todo lo expuesto considero que asiste razón al apelante y, en consecuencia, corresponderá dejar sin efecto la inclusión del “bono anual” sobre la base de cálculo del art.245 L.C.T.

III.En su tercer agravio la demandada se queja por la decisión de grado que consideró no acreditada la eventualidad de las tareas desarrolladas por la actora durante el período agosto 1999 a noviembre 2001, que justificaran su contratación por intermedio de una empresa de servicios eventuales.

Sobre el punto formula una serie de afirmaciones dogmáticas sin una sola referencia a las constancias de la causa que avale la tesis que postula, carga probatoria que gravitaba sobre la interesada pues, por tratarse de la invocación de un supuesto de excepción a la regla general de contratación directa (empleado-empleador), se encontraba a su cargo la acreditación de la eventualidad invocada que se mantuvo durante más de dos años consecutivos (cfrme. art. 377 CPCCN).

En este sentido no puedo dejar de señalar que no basta, para justificar la contratación eventual, que la empresa proveedora de personal se encuentre debidamente inscripta como tal sino que debe justificarse su contratación a partir de una verdadera necesidad extraordinaria. En el caso de autos, la demandada se limitó a explicar que la contratación de la actora respondió al pedido de licencia especial por parte de otra trabajadora (que no individualiza ni menciona sus tareas, categoría y funciones, tipo de licencia otorgada, etc.), respecto de la cual no se conocía la fecha de reincorporación. En definitiva, la demandada no cumplimentó el recaudo legal que exige el art. 69 de la LNE para acudir a este tipo de contratación.

En efecto, lejos de acreditar ese extremo, no exhibió documentación alguna al perito a los fines de acreditar los verdaderos motivos de la contratación de la actora por intermedio de la empresa de servicios eventuales (v. fs.477vta.), en particular, no probó el contrato de trabajo por el que se dispuso la sutitución transitoria de una trabajadora permanente de la empresa en el que se indique el nombre de la trabajadora reemplazada y, como señalé, ninguna prueba acompaño a los fines de respaldar su tesis.

En consecuencia, el contenido del escrito recursivo luce meramente formal y dogmático, dado que no logra controvertir de manera fundada y circunstanciada la decisión de grado que tuvo por no probado el carácter eventual de la prestación de la actora durante el período 1999/2001, lo que importa el rechazo de la queja.

IV.La confirmación que dejo propuesta importa el rechazo del recurso deducido contra la procedencia de la multa del art. 80 de la L.C.T., toda vez que de seguirse mi propuesta, el certificado que el ente accionado pretende hacer valer (v. fs. 36/40) no contempla el período recientemente analizado (1999/2001), por lo que resulta evidente y manifiesta la insuficiencia de las constancias documentadas acompañados a la causa, circunstancia que impide tener por cumplida la obligación de entrega y, por ende, sugiero mantener la condena al pago de la multa frente al incumplimiento probado.

V.Igual temperamento corresponde adoptar al d ar tratamiento a la quinta queja, que persigue se revoque la condena al pago de la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323.

Y sugiero el rechazo del recurso pues las consideraciones precedentemente expuestas conducen a tener por deficientemente registrado el vínculo laboral habido entre las partes, en atención a la ausencia de registro de la primera etapa de la relación (1999/2001), como empleada dependiente de la empresa, toda vez que esta decisión configura el supuesto de “registro deficiente” de la relación a la que alude el art. 1 de la ley 25.323.

VI.Igual suerte correrá la queja que pretende se deje sin efecto la condena al pago de la indemnización del art.2 de la ley 25.323, toda vez que de seguirse mi propuesta, corresponderá confirmar el decisorio de grado en cuanto determinó la incorrecta cuantificación de los rubros indemnizatorios al momento de abonar la liquidación final, por lo que la falta de pago total de los rubros debidos al cese, aunados a la concurrencia de los requisitos formales (intimación de pago e inicio de actuaciones judiciales), generó el derecho del actor a reclamar la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, fijada en el 50% de las sumas debidas, por lo que sugiero confirmar íntegramente lo decidido en grado sobre el punto.

Ello sin perjuicio del ajuste que seguidamente se determinara en función de lo sugerido precedentemente en relación al bonus anual.

VII.En lo que respecta a la procedencia del reclamo en concepto de daño moral, cuestionado por la demandada adelanto que sugeriré la desestimación del recurso.

Ello por cuanto la demandada se limita a afirmar que la baja anticipada de la Medicina Prepaga otorgada a la actora pudo deberse a un error administrativo, pero lo cierto es que soslaya un aspecto central fundante de la condena resarcitoria, es decir, nada dice en relación a la acreditación del hostigamiento sufrido por la dependiente, consistente en la prestación de tareas sin los elementos mínimos de trabajo durante los últimos 10 días de la relación laboral, como represalia a la negativa de la actora de firmar un acuerdo de desvinculación ante escribano.

En consecuencia, toda vez que la demandada no ha cuestionado uno de los fundamentos de la condena por los que se le impuso la obligación de resarcir el daño moral en la suma de $2.000, sugiero rechazar el recurso deducido por la demandada.

En lo que atañe al quantum indemnizatorio, cuestionado en esta alzada por la parte actora, considero que la suma fijada en grado luce suficientemente compensatoria, dado que más allá de los hechos acreditados la actora no logró demostrar que la baja anticipada del servicio de medicina le hubiera ocasionado un dañoconcreto (adviértase que no invocó la necesidad de ser asistida después de la baja, ella o su familiar a cargo, y que la decisión de la empresa le impidió hacerlo), al tiempo que el corto período previo al despido en el que probó una actitud peyorativa del empleador, así como la incidencia de los hechos probados (restricción del uso de algunos elementos de trabajo), me conducen a considerar que la suma fijada en grado repara adecuadamente el daño moral producido a la accionante.En consecuencia, sugiero desestimar también el recurso de la parte actora.

VIII.Seguidamente me avocaré a dar tratamiento al recurso de la parte actora en los demás planteos.

En primer término la accionante cuestiona la decisión de grado que negó carácter salarial al beneficio otorgado por la empresa, consistente en el “servicio de remis diario”.

Sin perjuicio del esfuerzo argumental desplegado por la apelante, considero que no le asiste razón pues el servicio otorgado por la empresa no importó una ventaja patrimonial de la actora ni un beneficio personal, sino que el otorgamiento de este servicio (que difiere del supuesto de pago de una suma de dinero en concepto de “compensación traslado” que postula la trabajadora en su recurso), limitado exclusivamente al traslado de la actora entre su domicilio y su puesto de trabajo -circunstancias expresamente reconocida por la accionante v. fs. 12vta.-, se trató de la prestación de un servicio brindado en una clara muestra de solidaridad de su empleador, por lo que no puede considerarse salario el valor económico de ese traslado.

En efecto, resulta evidente que esta facilidad de traslado otorgada por el empleador no tuvo como finalidad retribuir al dependiente por la tarea desempeñada sino proporcionarle un medio más confortable de traslado entre el domicilio particular y la empresa (38 km) y ello se implementó con motivo de la decisión de la empresaria de relocalizar su planta de Pompeya a Quilmes.De ello se sigue que, de no haber ofrecido ese servicio, la trabajadora hubiera sufrido un perjuicio impropio frente al cambio, por lo que, en rigor, la prestación otorgada por la empresa ha sido una compensación de mayores gastos con motivo de la decisión empresaria de trasladar su planta, concepto que no goza de naturaleza remuneratoria pues no importa una ganancia patrimonial para la trabajadora.

Y aún de asimilar el servicio de traslado a los los viáticos con rendimiento otorgados por la empresa (cfrme. art. 106 L.C.T.) tampoco cabría reconocerle el carácter salarial pretendido, dado que si el monto efectivamente gastado para el traslado con motivo del trabajo no forma parte del salario, tampoco lo es el servicio efectivamente prestado.

En consecuencia, tratándose de la asunción de un servicio efectivamente prestado con motivo del trabajo, no sustituible en dinero, tendiente a compensar la mayor distancia generada con motivo del traslado de la empresa, resulta evidente que el servicio estaba destinado a facilitar y mejorar las condiciones de traslado pero no a otorgar una ventaja patrimonial a la actora.

En consecuencia, sugiero desestimar el primer tramo del recurso.

IX.Igual suerte correrá el reclamo fundado en la pretensión de asignar carácter remuneratorio al uso del celular provisto por la empresa.

En este sentido, la apelante insiste en forzar una interpretación semántica de los dichos del perito contador, haciendo hincapié en que el la “utilización para fines de negocio” no implica que se hubiera limitado su uso exclusivamente a los fines del negocio.

A mi modo de ver este razonamiento luce insuficiente a los fines de lograr conmover la decisión que ataca pues, frente a la invocación de la demandada respecto de la provisión de un teléfono como herramienta de trabajo limitada a la prestación del servicio laboral, lo que excluye la posibilidad de su uso personal, correspondía a la interesada demostrar que su otorgamiento había sido para uso irrestricto e importó un beneficio patrimonial.

El ente accionado demostró, a partir de la prueba pericial contable (v. fs.480), no impugnada por las partes, que la actora había suscripto el instructivo de “Política de utilización y procedimiento de IT” con referencia a “telefonía celular”.”donde se establece su utilización para fines de negocio.”.

Esta clara referencia del perito, en el marco de la defensa esgrimida por la demandada, no deja lugar a dudas de que se trata de la limitación o restricción del uso del celular para fines exclusivamente laborales.

Sin perjuicio de ello, creo oportuno aclarar que a esta altura del desarrollo del sistema de comunicaciones y ante la innegable dinámica actual que caracteriza la prestación de determinados servicios personales, hoy alcanzadas por la exigencia de inmediatez y aceleración del ritmo productivo que impone el mercado, a fin de mantener la competitividad en la globalización, conducen al replanteo del alcance de cuestiones como la que aquí se analiza.

En efecto, en determinados ámbitos o aspectos de las distintas explotaciones, quizá aquellas vinculadas a las cuestiones administrativas, financieras, ventas, etc. y toma de decisiones en general, la injerencia del avance tecnológico (incidencia que ya mereciera regulación desde la sanción de la ley 24.013 en el año 1991) obliga a repensar el fin y efectos del uso de las nuevas herramientas de trabajo provistas por la empresa (uso de telefonía celular, internet, etc.).

En el caso particular que aquí se analiza, relativo al uso de la telefonía celular móvil, creo conveniente destacar que de estos elementos suelen ser provistas a determinados trabajadores que, ya sea por la itinerancia que caracteriza su prestación (vgr. vendedores, supervisores, etc.) o por esta circunstancia aunada a la relevancia jerárquica dentro de la estructura de la empresa (vgr. superiores vinculados a la toma de decisiones, nivel gerencial, etc.), resulta necesario establecer canales de comunicación inmediata, directa y constante con la empresa, para la eficacia del negocio en su faz ejecutiva.Y dado que en este contexto la tecnología permite alcanzar esa inmediatez, resulta evidente que lo que justifica la provisión de la telefonía celular es, en principio, alcanzar esa ventaja tecnológica destinada a optimizar el rendimiento del trabajador.

Desde esta perspectiva, considero que no es posible concluir, a priori, que la mera circunstancia de que el trabajador provisto de un teléfono celular por la empresa a los fines de facilitar y agilizar la prestación de los servicios y comunicación con la organización, lleve a cabo alguna comunicación personal implique una posibilidad de ganancia para el dependiente en la medida en que ello no sea efectivamente probado.

En efecto, antes del uso de la red móvil, los trabajadores, por obvias razones, no requerían la inclusión de la parte proporcional del uso del teléfono de línea fija en sus remuneraciones, por haber obtenido una ventaja patrimonial.

Ello es así puesto que resulta inconcebible considerar al trabajador, durante la jornada pactada, como un ser exclusivamente productor escindido de su faz personal, y aislarlo de modo absoluto de la sociedad privándolo de todo contacto con el exterior durante el tiempo que pone a disposición de su empleador su fuerza de trabajo.

Lógicamente las empresas no tienen como política obstruir el necesario y normal contacto de sus dependientes con el mundo exterior al ámbito laboral, con fines personales (familia, salud, etc.) que forman parte esencial del normal desarrollo hombre como ser social sino que, por el contrario, tanto las empresas como las leyes y convenios, otorgan a los dependientes determinadas licencias especiales para el desarrollo de este tipo de actividades mediante el otorgamiento del uso de teléfonos de línea, uso de mails, permisos de retiro antes de finalizar la jornada laboral, días por motivos personales, etc.

En definitiva, considero que no existe, en principio, una variación de la naturaleza jurídica de la herramienta de trabajo (entre el teléfono fijo y el teléfono móvil) fundado en su portabilidad, sino que el avance tecnológico permitió que la función delteléfono de línea fija pueda traspasar los límites del establecimiento y acompañar al trabajador más allá de ese ámbito con el objeto de seguir en contacto con la empresa. Si, en ese contexto, el trabajador realiza llamadas personales, no puede afirmarse, ipso facto, que obtuvo una ganancia que debe ser considerada como remuneración.

Distinto es el supuesto en el que, frente a la invocación del trabajador de que esa herramienta se entregó con la doble función (para uso laboral y personal), la demandada no niega este extremo reconociendo, de ese modo, la ventaja patrimonial en la proporción que se determine.

En definitiva, no basta al trabajador demostrar que utilizó el teléfono provisto por la empresa, en alguna ocasión, para efectuar alguna llamado personal dado que ningún empleador debería, como señalé, impedir las comunicaciones personales durante la jornada laboral (siempre dentro de un marco de razonabilidad), sino que es necesario demostrar que su uso irrestricto fue permitido o autorizado por la empresa, ya sea por no haber prohibido su uso de manera expresa (mediante notificación de reglamento de uso) o táctica (mediante la sanción dispuesta frente a su uso indiscriminado).

Por lo expuesto, considero que frente a la defensa invocada por la demandada y probada a partir de la prueba pericial contable, el eventual uso personal que la trabajadora pudo hacer del teléfono móvil no importó una ganancia patrimonial sino un permiso fundado en razones humanas y de solidaridad otorgado por la empresa y si, el uso que excedió la razonabilidad de ese límite se inscribió, frente a la prohibición del empleador, en el marco de una contravención reglamentaria de la empresa que no puede dar lugar al beneficio que pretende la trabajadora, por lo que sugiero desestimar el agravio deducido por la parte actora.

X.Similar planteo formula la accionante en torno al rechazo de la naturaleza salarial que pretendió se le reconozca al servicio de comedor y refrigerio.

Al respecto la actora se limita a reiterar los argumentos que fueron oportunamente analizados y desestimados por la Sra.Jueza de grado, al tiempo que agrega que la demandada no acompañó el contrato firmado con el proveedor de servicio de comedor en la planta.

Sobre el punto creo necesario señalar que esta última alegación carece de toda incidencia sobre el punto pues, la circunstancia de que el servicio lo hubiera prestado la empresa en forma directa o a través de terceros no incide en el resultado del proceso pues, en definitiva, fue un beneficio que indiscutiblemente otorgó la empresa, con prescindencia del modo elegido para llevarlo a cabo.

En relación a las restantes alegaciones ya tratadas, no encuentro fundamentos que me conduzcan a apartarme del decisorio de grado toda vez que el propio texto del art. 103bis de la L.C.T. (inc. a) lo prevé como beneficio social (no remunerativo) y la mera reiteración de que se haga lugar a la tacha de inconstitucionalidad, sin verter fundamento alguno en el escrito recursivo, sella la suerte del proceso en sentido adverso al interés de la recurrente.

XI.En virtud de la decisión que dejo propuesta precedentemente, sugiero corresponde fijar en la suma de $8.202,21 ($7.917,91 v. fs. 478 + $284,40 -productos-) la base de cálculo indemnizatorio, quedando aquí subsumida la queja de la demandada que cuestionó la cuantificación de esa variable de cálculo por considerar que incluía sumas no remuneratorias.

En consecuencia, corresponderá, en la oportunidad de practicar la liquidación del art. 132 de la L.O., el recalculo de los rubros diferidos a condena en grado (v. fs. 547/548), con arreglo a la suma de $8.202,21, la que llevará los intereses fijados en grado pues no han sido cuestionados en esta alzada.

XII.El resultado que dejo propuesto impone reducir el monto de condena, circunstancia que impone readecuar las costas del proceso con arreglo a lo establecido por el art.279 del CPCCN y, en tal sentido, sugiero imponer las costas de primera instancia en un 20% a cargo de la actora y 80% a cargo de la demandada, señalando al efecto que la fijación no resulta ser una cuestión meramente matemática, en la medida que los jueces no solamente deben tener en consideración la cuantía por la que prosperan los créditos, sino esencialmente los motivos por los cuales se llega al litigio (cfrme. art. 68 párr. 2 y 71 CPCCN), quedando aquí sub- sumidos los cuestionamientos de la parte demandada.

En relación a los honorarios regulados a las partes y peritos, en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador en el 15%, 14% y 4% del monto total de condena, capital más intereses (cfrme. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

Las costas de alzada sugiero imponerlas por su orden atento el resultado de los recursos deducidos (cfrme. art. 68 CPCCN).

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y de la demandada propongo que se regulen sus honorarios en el veinticinco por ciento (25%) cada una, de lo que deban percibir respectivamente por sus trabajos en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones

del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el decisorio de grado y reducir el monto de condena a la suma que será determinada en la oportunidad del art. 132 de la L.O. con arreglo al salario determinado en el considerando XI.del presente pronunciamiento, suma que llevará los intereses fijados en grado; 2) Imponer las costas de la instancia anterior en un veinte por ciento (20%) a cargo de la parte actora y en el ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada; 3) Regular los honorarios de la instancia anterior en el quince por ciento (15%) a favor de la representación letrada de la parte actora, catorce por ciento (14%) a favor de la dirección técnica de la parte demandada y cuatro por ciento (4%) a favor del perito contador, todos ellos calculados sobre el monto total de condena -capital más intereses-; 4) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 5) Fijar los honorarios de Alzada de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el veinticinco por ciento (25%) de lo que deban percibir cada una de ellas por sus trabajos en la instancia anterior; 6) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

(A.A.)

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s