Son solidariamente responsables las empresas de un grupo económico que aprovechan indistintamente la fuerza de trabajo de un dependiente

sentenciaPartes: Cavanna Roberto Hugo Lucio c/ Usos y Costumbres SRL y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 19-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-84645-AR | MJJ84645 | MJJ84645

Solidaridad de las empresas que conforman un conjunto económico y se aprovechaban indistintamente de la fuerza de trabajo del actor.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto estableció la solidaridad consagrada en el art. 31 de la LCT, pues si bien ambas empresas surgieron en distintos momentos, conforman una explotación común, y aunque en apariencia se presentan como dos sociedades diferenciadas, son conducidas por la misma persona; además, surge probado un trabajo indistinto para una u otra empresa, de un uso común del parque informático que era el mismo para las dos sociedades, que los locales formaban parte de un todo y que las tres demandadas manejaban su administración en la misma oficina, justamente en aquella en la que trabajaba el actor.

2.-Corresponde mantener el acogimiento de la multa prevista en el art. 10 de la ley 24013, pues la parte actora logró desvirtuar la eficacia de los datos consignados en la documentación formal de la empresa con relación al verdadero salario percibido.

3.-La cuestión vinculada con el tope a la indemnización por despido previsto en el art. 245 de la LCT planteada por la demandada no puede ser receptada, en tanto no corresponde aplicar el tope de convenio a la remuneración del trabajador porque la relación laboral se mantuvo registrada parcialmente en cuanto a su remuneración.

Fallo:

Buenos Aires, 19 de DICIEMBRE de 2013

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La sentencia de primera instancia (fs. 763/787) que admitió parcialmente el reclamo del actor, viene apelada por la parte actora (fs. 810/813) y por las demandadas Usos y Costumbres SRL (fs. 791/798), por Allo Martínez SRL (fs. 799/802) y por María de los Angeles Allo (fs. 803/807).

A fs. 816/818; fs. 819/820; fs. 825 y fs. 826/829 obran las réplicas de Usos y Costumbres SRL, Allo Martínez SRL, María de los Angeles Martínez y de la parte actora, respectivamente.

La demandante inicia su presentación recursiva pretendiendo que se aplique al caso la presunción que surge del art. 57 de la LCT ya que en su entender ha existido silencio por parte de la empleadora, lo que aduce, daría lugar a que se invierta la carga de la prueba. Además, cuestiona se haya rechazado su planteo relacionado a la omisión del ingreso de aportes al seguro La Estrella, el rechazo de la indemnización prevista en el art. 8 de la Ley 24.013, el rechazo de la multa del art. 45 de la ley 25.345 (art. 80 LCT), el modo de cálculo de la multa del art. 10 de la ley 24.013 y por último el rechazo de las horas extras trabajadas en julio de 2007 en el Alto Palermo Shopping.

La queja de Usos y Costumbres SRL está destinada a cuestionar lo decidido por la sentenciante de grado en relación al pago de salarios sin registración, las horas extras derivadas a condena así como que conformara parte de un grupo económico en los términos del art. 31 de la LCT.Por último, manifiesta que la remuneración tomada en cuenta en la sentencia de grado, supera el tope indemnizatorio establecido por el art. 245 de la LCT.

La codemandada Allo Martínez SRL cuestiona que se la haya condenado en los términos del art. 31 de la LCT señalando que es una empresa distinta e independiente de Usos y Costumbres SRL, con un objeto social diferente.

Por su parte, María de los Ángeles Martínez, adhirió a la expresión de agravios de Usos y Costumbres SRL, y a su vez se agravia por la condena a título personal en su contra.

En este contexto, comenzaré por señalar que comparto lo decidido en grado respecto de que en el caso, no puede hablarse de silencio por parte de la empleadora Usos y Costumbres.

En efecto, del intercambio telegráfico habido entre las partes esta última contestó la misiva cursada por Cavanna el 10.2.2009 (recibida por su parte el 11.2.2009) recién el día 20.2.2009, aunque antes de recibir el telegrama por el cual se consideraba despedido. En tales condiciones, cabe resaltar que la norma citada por la accionante establece que el silencio debe subsistir durante un ‘plazo razonable’ fijando un límite infranqueable que nunca será inferior a los dos días aunque entiendo que puede admitirse un plazo mayor en supuestos como el presente, donde se invocan varios comportamientos injuriosos y donde en definitiva, la accionada respondió al requerimiento del actor.

Seguidamente analizaré la queja de Usos y Costumbres, que cuestiona que el magistrado de grado haya considerado acreditado que el salario consignado en los recibos de sueldo no se compadecía con el que en realidad percibía el actor, lo que motivó la condena en los términos del art. 10 de la Ley de Empleo.

Al respecto, la apelante cuestiona los testimonios de fs. 545/547, fs. 541/543 y de fs. 639/640 imputándoles haber tergiversado la realidad por el hecho de que todos han estado o están en conflicto con las accionadas.Puntualmente, argumenta que Lungarini no es empleado de Usos y Costumbres SRL, pero a renglón seguido afirma que fue contratado como profesional ya que era contador y le endilga que violó el secreto profesional y la confidencialidad que estaba obligado a guardar. En lo que hace a Arrieta y a Herrera descalifica sus declaraciones porque dice, que tienen juicio pendiente con las demandadas, por lo que entiende que se encuentran alcanzados por las generales de la ley.

Ninguna de estas impugnaciones, que son reiteraciones de las efectuadas a fs. 551/552, fs. 564/566 y fs. 654/654I ya merituadas por la magistrada en la sentencia de grado, tienen entidad suficiente como para que me aparte de lo decidido en grado. Más allá de la modalidad en que ha sido contratado Lungarini, lo cierto es que el testigo trabajaba en el mismo lugar que el actor con lo cual su testimonio es convictivo y relevante. Tampoco me parece válido que la demandada pretenda ampararse en el secreto profesional o en el deber de confidencialidad para desactivar la veracidad de los asertos del testigo. En el caso de los testigos con juicio pendiente, esta Sala ya se ha pronunciado respecto a que esa sola circunstancia no invalida sus dichos, sino que hace que los mismos sean valorados con mayor estrictez.

Por tanto, pese a las manifestaciones del recurso en cuanto a que no se han valorado las declaraciones de Petinari (fs. 592/593), La Rosa (fs. 641/642) y Laurenzano (fs.729) estimo que con las aportadas por la parte actora se ha logrado demostrar la deficiente registración de la remuneración del actor.

Por todo lo expuesto, considero que la parte actora logró desvirtuar la eficacia de los datos consignados en la documentación formal de la empresa con relación al verdadero salario percibido, por lo que no cabe más que desestimar la queja y confirmar lo decidido en primera instancia en este punto.

En cuanto al cálculo de dicha multa, la norma aplicable dispone que el empleador abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración. En el caso de autos, el actor denunció que su remuneración era de $ 5.500 de los cuales solo se registraba una parte. Puntualizó además que la incidencia de las horas extras trabajadas y no abonadas era de $ 742,50. A su vez, el experto informó que la mejor remuneración fue de $ 4.299,04.- correspondiente al mes de septiembre de 2008, por lo que en mi opinión debe efectuarse el recálculo de la multa utilizando para ello, la suma de $ 1.943,46 mensuales.

Por consiguiente, la indemnización del art. 10 de la Ley de Empleo asciende a la suma de $ 23.321,52.-

Suerte adversa correrá el agravio de la demandante tendiente a revertir el rechazo de la indemnización que prevé el art. 8 del mismo ordenamiento, porque como bien ha sido señalado en el decisorio de grado, la misma resulta procedente para casos de relaciones íntegramente clandestinas.

La demandada se agravia porque la sentenciante de grado consideró procedente el reclamo por las horas extras reclamadas respecto de la jornada habitual.Al respecto, considero que los testimonios traídos al pleito por la parte actora, dan cuenta del horario en que trabajaba el actor sin que en la queja pueda explicarse la permanencia del actor en las oficinas antes de las 9 horas, lo que surge de los testimonios de Lungarini y Herrera ni luego de las 18 horas, momento en el que supuestamente culminaba el horario de trabajo en las oficinas. Por lo demás, las contradicciones que indica la apelante no son tales, lo que pone de manifiesto que solo ha manifestado su disconformidad con la valoración decisión de grado.

Trataré a continuación la queja de la parte actora que se refiere al rechazo de las horas extras por el trabajo extraordinario que habría efectuado en el mes de julio de 2007 en el Alto Palermo Shopping. Manifiesta, que para acreditar su trabajo allí debe tenerse en cuenta una notificación que prueba que ‘el actor debería estar en ese shopping, efectuada a la ART’.

Sobre el punto, entiendo que la apelante se refiere a la prueba informativa obrante a fs. 275/278 que da cuenta de que la empresa Usos y Costumbres SRL realizó refacciones en el local Allo Martinez ubicado en el Alto Palermo Shopping que consistieron en cambiar el piso, enduir paredes y encerado, instalar circuito de electricidad (tierra), entelar pared y traslado de muebles y mercaderías. Ahora bien, es cierto que el actor se encontraba autorizado «…para ingresar a realizar obras, tareas de reparación, mantenimiento de salones comerciales y/o cualquier otro tipo de actividad…» pero en mi parecer, ello que no implica que efectivamente haya concurrido durante toda la semana en el horario que describió en la demanda, a prestar servicios, máxime teniendo en cuenta que la medidas que se adoptaron suponen la interrupción de la actividad comercial del negocio.A ello se suma que no existe ninguna otra prueba en autos que permita acreditar la realización de este trabajo extraordinario ya que ninguno de los testigos hizo mención a esta circunstancia.

Por ello, propongo desestimar el agravio en este punto y confirmar lo decidido en grado.

En lo que respecta al reclamo fundado en la omisión de ingresar los aportes al seguro La Estrella, no advierto que la cuestión haya sido planteada en el escrito de inicio, lo cual impide conocer los términos del reclamo conforme las previsiones del art. 65 de la LO. Consecuentemente, y en razón de lo dispuesto por el art. 277 del CPCCN nada agregaré sobre el punto.

En cuanto al rechazo de la indemnización del art. 80 de la LCT, considero que el apelante tiene razón. Ello es así porque esta Sala considera válida a la intimación efectuada por el accionante en el telegrama rescisorio con fecha 19.10.2009 (ver fs. 113), máxime que la recurrente se defendió argumentando que su parte puso a su disposición los certificados en cuestión y jamás los arrimó a la causa, ni arbitró los medios necesarios para cumplir con la obligación de marras.

Por ello, la condena se incrementará en la su ma de $18.726 por este concepto.

La cuestión vinculada con el tope a la indemnización por despido previsto en el art. 245 de la LCT planteada por Usos y Costumbres SRL no puede ser receptada en tanto no corresponde aplicar el tope de convenio a la remuneración del trabajador porque la relación laboral se mantuvo registrada parcialmente en cuanto a su remuneración, por lo que si la demandada mantuvo parte del vínculo clandestinamente mal puede ahora solicitar que se aplique la defensa en cuestión.

Por último, resta adentrarme en los recursos dedicados a cuestionar la decisión de la Sra. Jueza «a quo» en cuanto estableció la solidaridad consagrada en el art. 31 de la LCT, que es cuestionada por todos los demandados cuyos agravios trataré conjuntamente.Sobre este punto, Usos y Costumbres S.R.L. y Allo Martinez S.R.L. se esfuerzan por demostrar que son dos empresas diferentes, con objetos sociales diferentes, con libros contables y laborales separados cuya única vinculación sería la relación comercial entre ambas, consistente en la venta de indumentaria por parte de Allo Martinez SRL (empresa fabricante de la marca y que detenta su comercialización) a Usos y Costumbres SRL (dedicada a la venta de los productos elaborados por Allo Martinez).

Adelanto mi coincidencia con la valoración efectuada en la sentencia de grado, en tanto los términos del conteste de la demandada María Allo (fs. 34/39) parecen avalar la postura del actor pues de la atenta lectura de fs. 36 vta. (punto 3. Hechos verdaderos) encuentro que si bien ambas empresas surgieron en distintos momentos, las demandadas conforman una explotación común, y aunque en apariencia se presentan como dos sociedades diferenciadas son conducidas por la misma persona, la Sra. María de los Angeles Allo quien ideó a ambas.

Ello se corrobora con las declaraciones de Arrieta, Lungarini, Buceta y Herrera -todas ellas exhaustivamente analizadas en la sentencia de primera instancia- que dan cuenta de un trabajo indistinto para una u otra empresa, de un uso común del parque informático que era el mismo para las dos sociedades, que los locales formaban parte de un todo y que las tres demandadas manejaban su administración en la misma oficina, justamente en aquella en la que trabajaba Cavanna. Véase que particularmente todos los testigos hacen referencia a la activa injerencia y dirección por parte de la Sra. Allo en ambas sociedades.

Por otra parte, del informe pericial contable surge desvirtuada la defensa de la demandada María Allo en relación a que se desentendía de la venta de ropa una vez vendida a Usos y Costumbres SRL, pues lo cierto es que los locales comerciales de la marca, todos alquilados por la Sra.Allo, se dedicaban a comercializar exclusivamente la producción de ropa que Allo Martinez SRL fabricaba mediante la implementación de franquicias comerciales, circunstancia que valoro -al igual que la sentenciante de grado- como un intento por disimular la actividad común que desarrollaban ambas empresas.

En estas condiciones, considero que debe confirmarse lo decidido en grado incluso en lo que respecta a la responsabilidad de la Sra. Allo pues a mi modo de ver, cabe responsabilizarla ya que ha quedado acreditada la existencia de sumas sin el debido registro, lo que no podía desconocer en su carácter de socia gerente de ambas empresas ni por su intervención en la conducción de las mismas, lo que resulta incuestionable.

Las costas de alzada propongo que se impongan a cargo de las demandadas que han resultado vencidas (cf. art. 68, CPCCN) a ese efecto, propongo fijar los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por su labor en la etapa anterior (cf. art. 14, Ley 21.839 según texto 24.432).

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1.- Modificar la sentencia de grado y en su mérito establecer como nuevo monto de condena la suma de ciento cuarenta mil doscientos seis con 47/100 ($ 140.206,47) con más los intereses dispuestos en primera instancia;

2.- Confirmar la sentencia de grado en todo lo restante que decide; 3.- Imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas vencidas (cf. art. 68, CPCCN);

4.- Fijar los los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por su labor en la etapa anterior (cf. art. 14, Ley 21.839 según texto 24.432).

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

 

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