El Decreto 1242/2013: algunas cuestiones a considerar

%Por Dra. Karina M. Larrañaga (*)

Columna

El 28 de agosto de 2013, fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto N.º 1242/2013, mediante el cual el Poder Ejecutivo, invocando el ejercicio de potestades reglamentarias en los términos del art. 99, inc. 2), de la CN, incrementa a partir del 1/9/2013 las deducciones personales para los trabajadores en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, retiros y otras rentas enumeradas en el art. 79, incs. a), b) y c), de la Ley del Impuesto a las Ganancias de la siguiente forma:
a) Para los trabajadores cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero y agosto del año 2013, no supere los $ 15.000, se incrementará la deducción especial para que dejen de pagar el impuesto. El presente beneficio deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes con el concepto «remuneración y/o haber no sujeto al impuesto a las ganancias – Beneficio Decreto (PEN 1242/2013)».
b) Para aquellos sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero y agosto del año 2013, no supere los $ 25.000, se incrementan las deducciones personales en un 20 %.
c) Para aquellos empleados en relación de dependencia y jubilados que trabajen o vivan respectivamente en la región patagónica -delimitada por ley 23.272- se incrementan las deducciones personales en un 30 % (textual Boletín Oficial citado).

En primer lugar, y desde un punto de vista estrictamente económico, no podemos dejar de señalar que el decreto del PE supone un alivio económico inmediato para un sector de los contribuyentes asalariados, al tiempo que genera una evidente situación de desigualdad entre otro grupo de contribuyentes, resultando discriminatorio el tratamiento que supone en los términos del art. 16 de la CN en cuanto dispone en la parte que aquí interesa que «…la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas». En efecto, el decreto beneficia a las rentas enumeradas en el art. 79, incs. a) b) y c); es decir, rentas provenientes: (a) del desempeño de cargos públicos y percepción de gastos protocolares; (b) del trabajo personal ejecutado en relacion de dependencia y (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros, o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades cooperativas. Es decir, deja fuera del beneficio a los trabajadores autónomos propiamente dichos y/o los monotributistas, quienes obteniendo el mismo ingreso mensual que un trabajador en relación de dependencia deberán afrontar una carga tributaria totalmente distinta y, sobre todas las cosas, más gravosa.

Estas inequidades afectan también a los propios contribuyentes incluidos en el beneficio, toda vez que el sistema implementado por el Ejecutivo afecta las rentas de los trabajadores que se encuentran próximos a los topes de las escalas de $ 15.000 y 25.000 que en cada caso dispuso la norma. Así, un trabajador que recibe una remuneración del $ 15.001 recibirá de bolsillo un sueldo muy inferior a aquel sujeto que reciba una remuneración de 14.900 o 15.000 como consecuencia de la modificación en el esquema de deducciones especiales y personales establecido por el decreto. En los hechos, el esquema creado por el Ejecutivo lleva consigo evidente inequidades entre los contribuyentes excluidos del beneficio y aquellos que si bien se encuentran incluidos obtienen ganancias cercanas a las topes indicados por la norma, o bien que perciben contribuciones fijas y variables, como podría ser un trabajador que recibe un sueldo fijo y comisiones, que podría saltar de escala ante un aumento en la percepción de estas últimas.

Cabe tener presente en este punto que, tal como fuera objeto de análisis en un artículo publicado por este medio con fecha 13 de agosto de 2008 (“Algunas reflexiones técnicas y jurídicas en relación al tema del mínimo no imponible”), la finalidad de las deducciones generales, especiales y el mínimo no imponible es depurar la renta del contribuyente de forma tal que sufra el impacto del impuesto por encima de aquel mínimo indispensable necesario para el mantenimiento del sujeto y su núcleo familiar. En el caso argentino, el notable atraso en el reajuste de estos valores implica la aplicación de un impuesto inflacionario en cabeza de los contribuyentes que sufren el incremento nominal de la renta producto de la inflación debiendo depurarla a efectos de determinar su real capacidad contributiva mediante la aplicación de deducciones totalmente desactualizadas y separadas de la realidad económica. En este marco entendemos que el Decreto del Ejecutivo no resuelve los problemas suscitados como consecuencia del impuesto inflacionario, sino que crea nuevas inequidades, tergiversaciones en el sistema.

Por otra parte, no podemos dejar de destacar que las modificaciones dictadas por el ejecutivo resultan violatorias del principio de legalidad en materia tributaria, en tanto y en cuanto el texto constitucional exige que todos los elementos del gravamen sean establecidos por ley. El hecho de que se exija la legalidad en este punto no se relaciona con una mera formalidad, sino que encuentra fundamento en las garantías que amparan a los contribuyentes en el ejercicio de la potestad tributaria del Estado y sobre todo su derecho de propiedad. Cabe resaltar aquí también el tratamiento preferencial por fuera de la norma que crea a favor de aquellos sujetos delimitados por la Ley 23.272.

En síntesis, creemos que las modificaciones introducidas por el decreto en análisis ocasionaran un alivio fiscal inmediato a un grupo de contribuyentes, hecho que bajo ningún punto de vista puede ser desconocido. Ahora bien, al mismo tiempo provocarán a otro sector excluido y/o comprendido parcialmente, en situaciones de evidente inequidad profundizando a su respecto la aplicación del impuesto inflacionario. Por lo demás, la forma elegida por el PE para disponer esta modificación lo es por fuera del marco constitucional que establece la obligatoriedad de hacerlo mediante una ley, emanada del Congreso de la Nación, hecho que torna por demás improcedente la inclusión del texto dispuesto en el art. 3, segunda parte, del Decreto en cuanto dispone: «A tales efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio con el concepto –remuneración y/o haber no sujeto al Impuesto a las Ganancias-Beneficio Decreto PEN 1242/2013». Como sostuvimos, no se trata de un «beneficio», sino de un derecho de todos contribuyentes de mantener inalterables sus ingresos por encima de un mínimo de subsistencia. La instrumentación debe realizarse en el marco de una norma legal que permita la actualización de los importes en discusión (deducciones y mínimo no imponible) en forma automática de modo que permita garantizar independientemente del proceso inflacionario el mínimo de subsistencia del contribuyente y su núcleo familiar.

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(*) Abogada, UBA. Especialista en Derecho Tributario, UBA (en curso). Docente ayudante de Teoría General del Derecho Tributario y Finanzas Públicas, UBA. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Fiscal. Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

  1. Todo muy bien, pero… ¿Qué pasa si una persona ve incrementado su salario «Normal y habitual» en el mes de mayo y continúa percibiendo una cifra mayor a $ 15.000? Al mencinar que debe ser percibido en un 75% del periódo enero/agosto pone en duda la retención a realizar, o reintegrar.

  2. Estoy totalmente de acuerdo el artículo publicado por la Dra. Karina Larrañaga, respecto a la inequidad que se produce con los distintos contribuyentes. Otro tema importante que se destaca en el artículo, es la violación del principio de legalidad. Muy bueno. CP Roberto Lezcano.

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