La iniciativa implicará que los registros públicos de comercio y las direcciones provinciales de Personas Jurídicas quedarán supeditados a las decisiones que tome el IGJ, que depende del Ministerio de Justicia y se encuentra bajo el control directo de La Cámpora, publica el diario La Nación.
En el texto también se determina que la IGJ definirá si autoriza cualquier trámite solicitado en alguno de los registros provinciales, tras evaluar «casos de homonimia, inhabilitaciones o cualquier irregularidad».
La propuesta del kirchnerismo avanza no sólo sobre las sociedades extranjeras que ya operan (unas 30.000, según datos de 2011) o pretendan invertir en el país sino sobre todas las formas asociativas bajo capital del exterior incluidas las asociaciones civiles y fundaciones “con el fin de mejorar la transparencia”.
El proyecto –afín a una vieja idea que presentó en 2005 la presidente Cristina Kirchner pero que no prosperó- “vulneraría las autonomías provinciales protegidas por la Constitución Nacional”, añade el matutino. Ocurre que de aprobarse, “deberían ceder a la IGJ el control, reglamentación y registración» de toda forma asociativa extranjera «a la normativa y competencia exclusiva y excluyente» de la IGJ, según se lee en el artículo 1° del borrador de la iniciativa.
Fuente: Infobae Profesional