Otro de los cambios importantes es que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil. Además, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20 por ciento, a la vez que se fija una actualización de los montos en forma semestral. La iniciativa también posibilita la formación de las llamadas ART-Mutuas sin fines de lucro entre las entidades de empresarios y los sindicatos.
También, y con el fin de compensar el incremento de las tarifas, el proyecto fija un tope del 20 por ciento a los honorarios de los abogados. Al defender la iniciativa frente a la Comisión de Trabajo de la Cámra alta, el ministro Carlos Tomada afirmó que «la clave es que el proyecto será bueno si la indemnización es buena y no se desactualiza en el tiempo». «También será bueno si la plata de la indemnización llega rápido al trabajador», agregó el titular de la cartera laboral.
Por último, Tomada sostuvo que «queda mucho por hacer, seguimos confiando en el diálogo para todo lo que tenemos por delante». «No queremos el empobrecimiento de la víctima. No queremos que un trabajador tenga que recurrir a la justicia para recibir una reparación justa y no queremos que se prohíba que un trabajador vaya a la justicia. Vamos a la causa, no al efecto», advirtió.
El radical Alfredo Martínez, por su parte, anticipó el apoyo del radicalismo a la medida, pero remarcó que les «hubiera gustado haber tenido otros actores más para manifestarse». «Me parece muy bien lograr equilibrio entre grandes empresas y las pymes. Este proyecto está para garantizar que se eliminen los juicios», insistió. La peronista disidente, Liliana Negre de Alonso, reconoció que «lo más importante es el valor de la vida humana».
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