El fallo ‘Rizzo': independencia judicial y soberanía legislativa

reformaAutor: Monzón, José M. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 16-jul-2013

Cita: MJ-DOC-6357-AR | MJD6357

Sumario: 

I. La dialéctica de poderes. II. Las razones de la disidencia. III. Las razones del voto mayoritario. IV. ¿Sabemos qué se discute? V. Conclusión.

Doctrina:

Por José M. Monzón (*)

RESUMEN

El fallo “Rizzo” muestra las tensiones existentes entre los poderes públicos, derivadas de la diferente inteligencia que cada uno de ellos hace de sus competencias. Esto no quita que, en el fondo de la cuestión, se halle en debate el tema de la supremacía legislativa, la cual, si se acepta -tal como fue originalmente expuesta-, coloca a los demás poderes o funciones en una relación de subordinación, partiendo de la distinción entre poder para crear la ley y poder para aplicarla. Su revisión requiere una eventual reforma constitucional, tal como los magistrados expresan.

I. LA DIALÉCTICA DE PODERES

Desde hace un tiempo considerable el término «dialéctica» tiene una carga emotiva que evoca escenas de disputa, lucha, pugna, sucesos que conllevan una fuerte imagen de confrontación. Partiendo de este significado, uso esta palabra para caracterizar el marco en el cual se inserta este fallo.

La dialéctica de poderes es el modo de relacionarse que surge de la interacción que se ha establecido entre las ¿tres? funciones en las cuales se ha dividido el poder público desde el siglo XVIII. Para entender los signos de interrogación que colocamos en la palabra tres, hay que tener en cuenta que la división del poder fue creada más para evitar el poder concentrado y la arbitrariedad que lo caracteriza que para defender las libertades individuales. Luego, no es necesario que el poder se divida en tres. Por eso, Locke solo realiza una bipartición del poder. De esto se sigue que basta con dividir el poder en dos.

La cuestión que emerge con esta concepción es la de la supremacía legislativa, porque la Constitución es un producto de una asamblea constituyente, y es quien establece los órganos de gobierno y fija sus potestades. Por lo cual, en esta concepción no solo hay un tema de precedencia cronológica sino también un asunto de jerarquía, la que surge de la distinción entre poder para crear la ley y poder para aplicarla (1). Un tema que se halla en el fondo de esta sentencia.

En consecuencia, hay dialéctica de poderes porque la separación del poder en tres o dos funciones no impide la lucha entre ellos para lograr una cierta supremacía. Hablar de equilibrio o de balance de poderes, por lo tanto, no refleja lo que realmente pasa en la vida diaria de la Constitución. Por consiguiente, la contienda por el espacio para crear y/o aplicar la ley explica a esta dialéctica. Entonces, no es ningún hallazgo sostener que entre una corte suprema y el Poder Administrador de un Estado existen tensiones. Las sentencias que aquella toma tienen efecto más allá de la cuestión planteada. Sus fallos poseen consecuencias políticas, económicas y sociales, «el efecto directo de la mayoría de las decisiones depende en gran medida de las respuestas de la gente que está fuera del Gobierno», por lo cual, «las fuerzas no gubernamentales también son importantes para determinar el amplio impacto de los fallos de la Suprema Corte en la sociedad» (2). Esto no impide que la corte pueda adoptar decisiones impopulares o posiciones que carecen de apoyo mayoritario en la sociedad (BAUM). La historia moderna del Poder Judicial tiene suficientes ejemplos de esto.

Pero, en el caso argentino, entra en juego una variable relevante: la relación que se ha asentado entre la Suprema Corte estadounidense y la Corte Suprema argentina a partir de la admiración que se tiene por aquella (3). Esto hace que los fallos de la primera sirvan de fuente a las decisiones de esta última, así como su conformación y sus procedimientos, en un notable caso de trasplante legal. Luego, si se quiere entender el cauce de varias de las sentencias de nuestra Corte así como el modelo de funcionamiento que se pretende en nuestro país, conviene repasar la relación que se ha desarrollado entre el Poder Judicial -en particular, la Corte Suprema-, los otros poderes y la sociedad en los Estados Unidos.

Sostiene BAUM, respecto de la sociedad estadounidense, que ella tiende a pensar que los tribunales debieran ser apolíticos, lo cual asegura este autor -en un sentido literal- es imposible, porque como parte del gobierno son instituciones políticas por definición. Por eso, por popular que sea esta visión, es equivocada. Para reafirmar esta opinión, trae como ejemplo lo que sucede con las propuestas para designar magistrados para integrar la Suprema Corte, las cuales son objeto de tensión política tanto como sus fallos, «las decisiones mismas a menudo llevan a controversias en el Gobierno y en la Nación, en general, y la Corte y sus mandatos a veces se convierten en temas importantes en las elecciones» (4). Y agrega que «es imposible entender a la Suprema Corte si no es en el contexto de la política». En tal sentido, la Corte tiene que ser considerada como una institución tanto de derecho como política, lo que hace que tal posición ambigua haga de ella una institución más compleja que cualquier otra (BAUM).

Por su parte, TARUFFO opina, para el caso europeo, que hay una «insistente pero nunca agotada tendencia del poder político a someter a la magistratura a su voluntad y a sus decisiones, con la intención de hacer que los jueces no sean otra cosa que ejecutores de la voluntad política» (5). Pero lo que se busca es que exista un tipo de relación que no sea de sometimiento, ni de la política a los jueces ni de estos a la política. Desde una perspectiva histórica, este jurista señala que no debe olvidarse que, a partir de la posguerra, la historia muestra una tendencia del poder político a ejercer un control directo y penetrante sobre la magistratura. Esto choca -como se sabe- con la caracterización teórica que se ha hecho de la función judicial en el contexto de la organización estatal. Y es lo que se observa en el caso “Rizzo”.

En primer lugar, las consideraciones que hacen los magistrados argentinos tienen como punto en común al Poder Judicial, el modo de entender su independencia y su integración. Empero, las argumentaciones realizadas remiten a un problema de mayor envergadura: el de la Constitución, en tanto que símbolo y en tanto que realidad (6). De ahí que el conocido discurso de LASSALLE sobre la Constitución siga teniendo vigencia (7). Si hay una distancia entre la Constitución como papel y la Constitución real, siguiendo a LASSALLE, el modo de salvar la brecha es por vía de su reforma (8). Es lo que sugiere el voto mayoritario al citar el caso de Bolivia (consid. 34 del voto de la mayoría), cuya Constitución permite la elección popular de los jueces (9). Esto implica debatir sobre los significados de la palabra legislador, como lo hace ZAFFARONI en el consid. 13.

Esto revela que en el fondo del caso está el planteo de una reforma constitucional, «Si el pueblo de la Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más extensas de las que le ha otorgado o suprimir algunas de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él mismo ha establecido al sancionar el artículo 30 de la Constitución. Entretanto, ni el Legislativo ni ningún departamento del Gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas (Fallos: 137:47)» (consid. 10 del voto de la mayoría).

Segundo, la discusión en torno a la composición del Consejo de la Magistratura queda en un segundo plano. Ella es -más bien- la ocasión para argumentar a favor o en contra acerca de los puntos señalados precedentemente. El planteo del ministro ZAFFARONI así lo demuestra cuando se refiere a la creación del Consejo: «La citada reforma constitucional [la de 1994] se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En ocasiones se tiene la impresión de que simplemente marcó trazos gruesos, que se limitaron a esbozar órganos y competencias, muy lejos de la precisión necesaria para delinear una ingeniería institucional […] pareciera ser resultado del afán de hallar fórmulas de compromiso, práctica bastante común en el ámbito legislativo, aunque también ha pesado la premura con que se trabajaron los temas en la Asamblea, una vez obtenido el principal objetivo político de su momento histórico […] De este modo, la reforma se apartó de la tradición constitucional argentina, puesta de manifiesto en la forma precisa, clara y meticulosa, con que el texto original de 1853 estructura las atribuciones y las cámaras del Poder Legislativo. Esta característica se tradujo -como se observó en su momento por alguna minoría- en una transferencia de poder constituyente al poder constituido, dado que el defecto de estructuración, en todos los casos citados y en otros más, debió salvarse mediante leyes del Congreso de la Nación, dificultosamente sancionadas e incluso alguna de casi imposible sanción» (consid. 4).

En suma, el punto de discusión es la relación entre independencia judicial y supremacía legislativa, un asunto que implica revisar las clásicas nociones del derecho constitucional o, al menos, repasar cómo originalmente fueron significadas.

II. LAS RAZONES DE LA DISIDENCIA

Con relación al análisis del fallo, se presentó una cuestión que no es menor: o bien se comenzaba el examen del voto de la mayoría, o por el contrario se empezaba por el examen del único voto en disidencia. Mi decisión fue la de abordar primero el voto en disidencia, porque permite -a mi parecer- comprender por qué decidió la mayoría como lo hizo. Considerado esto, comencemos con el voto del magistrado ZAFFARONI.

El magistrado advierte desde el inicio de su voto la importancia de notar que lo que se halla en juego es el texto constitucional tal como fue redactado en la reforma de 1994 así como las instituciones que se introdujeron. Así en el consid. 5 asienta que «se introdujo la institución del Consejo de la Magistratura, asignándole la función de administración del Poder Judicial. Se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla. Se argumentó de modo exactamente contrario al indicado por el buen sentido, afirmando que precisamente la novedad aconsejaba dejarla a medio hacer, para que la ley infraconstitucional la fuese definiendo conforme a lo que indicase la experiencia, cuando en realidad era previsible que esta la terminase de estructurar conforme a los espacios del juego de poder de cada coyuntura política, lo que hacía previsible un futuro incierto y complicado».

Se observa en esta redacción una adecuada crítica a los trasplantes legales. El carácter híbrido que se adopta en la elaboración del Consejo muestra los problemas que genera la mixtura que se ha hecho de los modelos italiano y español. TARUFFO describe al respecto que en el caso italiano se ha observado que la relación entre jueces y política se ha convertido en un asunto de gravedad institucional, y que, a pesar de lo expuesto en el texto constitucional italiano acerca de la independencia y autonomía judiciales, ella sigue siendo precaria y contingente.

Volviendo a la Argentina, la defectuosa redacción dio lugar a que se delegase «la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara». Y subraya que «tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que solo impone que se procure el equilibrio». Los defectos de estructuración -señala- se percibieron con el correr de los años, al punto que «una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado […] dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas. A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización, como bien lo señala el dictamen de la señora Procuradora General, con las consecuentes dificultades de orden institucional, en particular la imposibilidad de designación de jueces para cubrir las numerosas vacantes que se han ido produciendo y que hacen que una buena parte de la magistratura federal se halle a cargo de jueces subrogantes» (consids. 6 y 7).

El último argumento al que quiero referirme es el concerniente a la cuestión de las convicciones y preferencias de los jueces, al cual alude ZAFFARONI en el consid. 16. El magistrado distingue entre una independencia interna y otra externa. Mientras la primera depende del poder disciplinario y es la que «en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura», la segunda hace referencia a la independencia de los partidos políticos y de los poderes fácticos, «que es la que se cuestiona en la causa solo respecto de los partidos, no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque o la aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo [… por eso…] cuando se piensa en el modelo original del derecho constitucional comparado, especialmente el italiano -que ha sido el más exitoso-, se espera que los jueces elegidos por ellos mismos configuren grupos -se ha hablado de partidos de jueces-, según su ideología, aunque al margen de las estructuras partidarias, pero, no obstante, sería inevitable la vinculación con estas». El motivo es que «se trata de un problema humano insuperable: estamos lanzados al mundo con significados y dentro de ellos elegimos existencialmente».

Si bien es un considerando que contiene diversas cuestiones, el punto -en mi estimación- está en esclarecer la relación entre ideología e independencia judicial. No cabe duda de que los jueces adhieren a determinadas ideologías y las incluyen en sus decisiones sin apartarse del debido fundamento legal (10). El problema pasa cuando ellas son un elemento a tener en cuenta en su elección. Su dependencia de un partido político en razón de que estos los postulan, en cierta manera, arroja dudas en cuanto a su futura independencia. Es más, podría preguntarse por qué se limita la intervención a solo los partidos políticos, dado que no son los únicos canales de participación ciudadana, hay que incluir -hoy más que en otras décadas- a los movimientos sociales. Por lo tanto, no es la ideología de los jueces lo que se cuestiona -la independencia judicial se ha mantenido con esta característica- sino que ella sea un elemento de juicio para su selección, porque la acerca a la contienda partidaria, algo de la cual ella debe estar alejada.

III. LAS RAZONES DEL VOTO MAYORITARIO

En su voto mayoritario los magistrados se han encargado de resaltar que la Constitución establece la forma republicana y representativa de gobierno, que «el poder se divide en tres departamentos con diferentes funciones y formas de elección pero cuya legitimidad democrática es idéntica» y que «la actuación de los tres poderes del Estado Nacional encuentra como límite el respeto al proyecto de república democrática que establece la Constitución Federal (artículos 10 , 31 y 36 )». Además recuerda que los mandatos del texto constitucional «han sido establecidos por el poder constituyente del pueblo, y por esa razón condicionan la actividad de los poderes constituidos. El obrar del Estado debe entonces estar dirigido al más amplio acatamiento de los principios, declaraciones, derechos y garantías reconocidos en el pacto fundacional de los argentinos» (consid. 6).

En el consid. 7 subraya que «es principio de nuestro ordenamiento constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido conferidas expresamente (Fallos: 137:47, entre otros). La regla según la cual es inválido privar a alguien de lo que la ley no prohíbe, ha sido consagrada en beneficio de los particulares (artículo 19 de la Constitución Nacional), no de los poderes públicos. Estos, para actuar legítimamente, requieren de una norma de habilitación (Fallos: 32:120, entre otros)».

En tanto que en el consid. 8 dice que sobre esas bases, y con sustento en las previsiones constitucionales que establecen la supremacía de la Constitución Nacional y la función que le corresponde a los jueces, «[la Corte Suprema] desde 1888 hasta la actualidad […] ha sostenido “… que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos” (Fallos: 33: 162)».

En el consid. 9 sostiene que para «defender esta supremacía, el Tribunal ha declarado a lo largo de su historia -y más allá de los votos individuales de sus miembros-, la inconstitucionalidad de normas que, aun cuando provenían del órgano legislativo que representa la voluntad popular, resultaban contrarias a la Constitución Nacional o tratados internacionales y afectaban derechos de las personas».

Lo expuesto muestra el peso de la tradición, pues se continúa describiendo el funcionamiento del Poder Judicial de un modo estático, sin advertir las discusiones actuales en torno a cómo entender hoy la división del poder y la independencia judicial. Es por ello que juristas como KELSEN trabajaron sobre la distinción entre el poder de crear normas legales y el poder de aplicarlas (WHITE). O sea, entre el poder legislador y el poder administrador tanto ejecutivo como judicial. En este sentido, la controversia se centra en la «potestas» del poder legislador, y dentro de esta, en la distinción entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Esto es lo ha llevado a algunos juristas a tratar con especial énfasis el tema de la supremacía legislativa, porque tanto la rama ejecutiva como la judicial actúan del modo en que lo hacen porque el texto constitucional lo prescribe. Y, si el poder constituyente originario detenta el poder constituyente originario, toda otra inteligencia del texto debe remitirse a este poder, es decir, a lo que la soberanía popular quiere afirmar. Por eso, quienes aplican la ley -los poderes Ejecutivo y Judicial- deben obedecer a la ley. Una cuestión que parece obvia, pero que conviene subrayar, dadas las condiciones en que se desenvuelve, hoy en los Estados, la dialéctica de poderes.

IV. ¿SABEMOS QUÉ SE DISCUTE?

Los debates o las discusiones se aclaran cuando se conocen los puntos sujetos a controversia. En este sentido, a primera vista en el fallo “Rizzo” se debate sobre si una ley es o no constitucional. Sin embargo, más allá de que este tema se integra a la disputa, lo que aparece como el asunto nuclear es el tema de la voluntad del legislador, y en cómo él ha configurado la independencia judicial. TARUFFO recuerda que a los jueces se les ha otorgado «un papel limitado, pasivo y sustancialmente subordinado. De hecho, la voluntad política se explica, en el modelo institucional de la separación de poderes, a través del Poder Legislativo que produce y emana las leyes. Ninguna voluntad política puede, en cambio, expresarse a través de la actividad de los jueces» (11). Empero, advierte este jurista que -modernamente- en el contexto del Estado democrático moderno, luego de la caída de los regímenes autoritarios, la Magistratura se considera como un poder autónomo e independiente de cualquier otro poder. En función de ello se exige que existan mecanismos que eliminen los mecanismos que condicionaron en el pasado el funcionamiento de los tribunales. «La consecuencia que se desprende […] es que […] la Magistratura debe colocarse en condiciones de gobernarse a sí misma, porque esta es la única forma de eliminar las interferencias del poder político en la actividad de los jueces. De esta forma, a través de normas constitucionales especiales, se crean órganos de autogobierno de las magistraturas como el Consiglio Superiore della Magistratura italiano o el Consejo General del Poder Judicial en España» (12).

En segundo lugar, conviene tener en cuenta que la Constitución tiene un sentido ideológico para nosotros, lo cual deriva de los principios de la Revolución francesa, a diferencia del significado jurídico que tiene para el constitucionalismo norteamericano (TAMAYO Y SALMORÁN). Este es un dato relevante porque expone las dificultades que trajeron consigo los trasplantes legales en la elaboración constitucional argentina. En el constitucionalismo revolucionario francés se manifiesta la lucha por el poder por parte de la burguesía. Por eso, la división del poder es un principio político y -al mismo tiempo- una representación de la división social de las clases. En cambio, en el constitucionalismo norteamericano se halla la idea de trabajar -a partir de un modelo bíblico- la conformación de la sociedad, por lo que la Constitución tiene el valor de un pacto entre todos los individuos. De ahí la concepción de la supremacía de la Constitución y la instauración de la «judicial review».

En suma, tiene razón ZAFFARONI en citar el tema del legislador. Pero también lo tiene el voto mayoritario al mencionar la necesidad de discutir las cuestiones planteadas en una eventual reforma constitucional. Sin embargo, conviene estar atentos a que la supremacía del legislador conlleva la subordinación de los otros, si se quiere ser consistentes con la ideología constitucional francesa originaria. En consecuencia, no se puede hablar de equilibrio ni tampoco de balance entre los poderes. Y en cuanto las constituciones escritas crean, definen y limitan el ejercicio del poder gubernamental (TAMAYO Y SAMORÁN), (13) la tensión entre los poderes es lo que prima, porque la Corte es una institución encargada de trazar políticas (BAUM).

V. CONCLUSIÓN

Como notamos en un artículo publicado en este sitio, (14) el revuelo causado por los proyectos de reforma judicial -hoy leyes- exterioriza la necesidad de acercar la Constitución real a la escrita. Reformar solo una parte de la actividad del poder estatal es insuficiente, se requiere refundar el Estado por medio de una reforma constitucional que dé cabida a una participación ciudadana amplia, horizontal y plenamente democrática. Por eso, aunque se ha resuelto la controversia jurídica en la Corte, nada obsta a que ella continúe porque los temas debatidos en tanto hacen a la arquitectura del Estado y son lo suficientemente importantes como para continuar la discusión acerca de ellos, independientemente de lo asentado por la Corte, por cuanto lo que está en juego es el buen gobierno de la sociedad y el modo de establecer una adecuada dialéctica de los poderes.

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(1) WHITE, Richard, “Separation of powers and legislative supremacy”, Law Quaterly Review, 127 (2011), pp. 456-474.

(2) BAUM, Lawrence, La Corte Suprema. Función y comportamiento en la sociedad norteamericana, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1994, p. 294.

(3) «De todas las instituciones tomadas del modelo americano ninguna arraigó tanto, entre nosotros, perfeccionándose en la práctica, como la del Poder Judicial», en ZAVALÍA, Clodomiro, Historia de la Corte Suprema de la República Argentina en relación con su modelo americano, con biografías de sus miembros, Buenos Aires, Casa Jacobo Peuser, 1920, p. 11.

(4) BAUM, op. cit., p. 14.

(5) TARUFFO, Michele, “Jueces y política: de la subordinación a la dialéctica”, Isonomía, 22 (2005), p. 9.

(6) En el consid. 10 del voto de la mayoría se dice lo siguiente: «… nuestra Constitución busca equilibrar el poder para limitarlo. La soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo, como último titular del poder político pero, al mismo tiempo, y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación». En este sentido, «La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Si el pueblo de la Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más extensas de las que le ha otorgado o suprimir algunas de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él mismo ha establecido al sancionar el artículo 30 de la Constitución».

(7) LASSALLE, Ferdinand, ¿Qué es una constitución?, 2ª ed., Santa Fe de Bogotá, Temis, 1997 (Monografías Jurídicas, 79).

(8) Para LASSALLE cuando la Constitución escrita no se corresponde con la real, estalla inevitablemente un conflicto que no se puede eludir y que, a la larga, hace que la Constitución escrita sucumba ante el empuje de la Constitución real.

(9) En cuanto al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, se fija en la Constitución en el art. 197 que el Tribunal estará integrado por magistradas y magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. Y en el art. 198 se indica que las magistradas y los magistrados se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

(10) «Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa […] Esto es inevitable en cualquier estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su conciencia y a su saber» (consid. 16).

(11) TARUFFO, op. cit., p. 11.

(12) Ib., p. 13.

(13) «La exigencia de un documento escrito y unificado para las normas fundamentales surgió, en primer lugar, con la revolución puritana como protesta frente a la pretensión del Parlamento Largo de ejercer una autoridad absoluta e ilimitada», en Rolando TAMAYO Y SALMORÁN, Introducción al estudio de la Constitución, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, p. 211.

(14) Democratizar la justicia, descolonizar el saber: el proyecto de reforma judicial [en línea], Microjuris, Doctrina, 2013, MJD6241 .

(*) Abogado, UCA. Doctor en Derecho, Universidad Argentina John F. Kennedy. Profesor Regular Adjunto de Teoría General y Filosofía del Derecho, UBA. Profesor de Teoría del Derecho y de Sociología Jurídica, Departamento de Posgrado, UBA. Autor de La violencia, los medios y la valoración judicial, y de artículos, entre ellos con referato. Ponente en cursos de posgrado y conferencias. Investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, UBA. Director del Seminario Permanente de Investigación sobre Helenismo, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, UBA. Miembro del Consejo Consultivo del Departamento de Filosofía del Derecho, UBA.

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