Garantía de estabilidad con la que cuenta la mujer embarazada que ha cumplido en tiempo y forma con la notificación de su estado.

Aborto Oposicion

Partes: Almada Vanesa c/ Consultores de Empresas S. R.L. s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: II

Fecha: 29-may-2012

Cita: MJ-JU-M-76889-AR | MJJ76889 | MJJ76889

La mujer embarazada que ha cumplido en tiempo y forma con el requisito de la notificación fehaciente -que en este caso fue debidamente acreditada- se encuentre tutelada por una garantía de estabilidad en forma temporalmente limitada, que el empleador debe respetar en todos los casos.
Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó al demandado a resarcir diversos rubros indemnizatorios entre ellos, la del art. 182 LCT, si en modo alguno cabe exigirle a la mujer que denuncie un estado probable de embarazo a su ingreso al trabajo – porque esa sí sería una práctica discriminatoria que la ley 26485 tipifica como violencia laboral contra la mujer en su art. 6º inciso c), accionar que en todos los casos debe ser prevenido, erradicado y sancionado – tampoco corresponde atacar la conducta del empleador alegando que en lugar de celebrar un contrato de trabajo a prueba debió haberlo hecho por plazo fijo, puesto que utilizó una de las opciones legales a su disposición en legítimo uso de su libertad de contratar.

2.-Encontrándose en colisión dos bienes jurídicos protegidos, se impone la protección de la maternidad, pues de la redacción del art. 177 de la LCT – que no difiere en esencia de los tratados contra la discriminación por ser incluso más avanzada, sobre todo en los párrs. 2º y 3º – y el art. 178 contiene la presunción de que el despido dentro de un plazo determinado relacionado con la fecha de parto obedece a razones de maternidad y establece como sanción la indemnización prevista en el art. 182 de la LCT, que es la que – acertadamente – el juez de grado concede.

3.-En la medida que el art. 14 bis establece especialmente, entre otros derechos sociales, la protección integral de la familia, cabe concluir que con independencia de que la actitud de la demandada pueda o no ser calificada como discriminatoria, se cierra el círculo en virtud del cual sobre las normas que regulan los efectos del contrato celebrado a prueba deben prevalecer aquellas que protegen a la maternidad (con la doble inclusión de la madre y del hijo por nacer o ya nacido) e, integralmente, a la familia, lo que me conduce a rechazar, también, este agravio.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil doce, se reunieron en Acuerdo las Sras. Juezas Dras. Lucía M. Aseff, Roxana Mambelli y Adriana Mana, Vocales de la Sala Segunda, integrando el Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, para resolver en autos: “ALMADA, VANESA C/ CONSULTORES DE EMPRESAS SRL S/ COBRO DE PESOS” (Expte. N° 276/11), venidos en apelación del Juzgado Laboral de la 3ra. Nominación.

La sentencia Nº 882 que obra a fs. 345/348, dictada el 17 de junio de 2011 por el magistrado a cargo del Juzgado de Distrito de Primera Instancia en lo Laboral de la 3ª Nominación de esta ciudad – Dr. Aníbal Gabriel Sarich – hizo lugar a la demanda promovida por Vanesa Claudia Almada, condenando a Consultores de Empresas S.R.L. a abonarle los rubros reclamados, con intereses y costas.

Contra el decisorio se alzó la perdidosa interponiendo a fs. 349 recursos de apelación y conjunta nulidad.

Radicados los autos en esta Sala expresa sus agravios a fs. 371/378, los que son respondidos por la parte actora a fs. 381/388.

Sustanciado el trámite, quedan los presentes en estado de resolver.

Hecho el estudio del juicio, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1- ¿Es nula la sentencia recurrida?

2- ¿Es justa la sentencia apelada?

3- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dras. Lucía M. Aseff, Adriana M. Mana y Roxana Mambelli.-

A la primera cuestión: La Dra. Aseff dijo: El recurso autónomo de nulidad previsto en el procedimiento laboral no ha sido mantenido en esta instancia a pesar de que la recurrente acusa de arbitraria a la sentencia por falta de fundamentación, entendiéndola como una mera afirmación subjetiva del juez. No surgiendo del trámite de la causa la existencia de vicio sustancial alguno en las formas – ni en el procedimiento ni en el pronunciamiento – que amerite su declaración de oficio, cabe desestimarlo.

Voto por la negativa.A la misma cuestión: La Dra. Mana dijo: Atento lo expuesto precedentemente, voto en idéntico sentido.-

A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Que habiendo procedido al estudio de los autos y advirtiéndose que existen dos votos totalmente coincidentes, se abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada en virtud de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10160.-

A la segunda cuestión: La Dra. Aseff dijo: En libelo de deficiente factura técnica, donde la demandada repite en parte segmentos íntegros de lo expuesto en el alegato, además de transcribir en cuatro oportunidades – luego de la enunciación de cada queja – seis párrafos idénticos de contenido vago y general sin concreta correspondencia con las constancias de autos, se agravia, en síntesis, porque el fallo: 1.- Otorga la indemnización sustitutiva de preaviso y su SAC sin tener en cuenta que la actora reconoció haber sido una trabajadora eventual que fue despedida durante el período de prueba, y había estado debidamente registrada. 2.- Toma en cuenta como remuneración mensual, normal y habitual a los efectos del cálculo de la indemnización la suma expresada en la demanda, superior a la abonada por su parte. 3.- La condena al pago de la sanción conminatoria establecida por el art. 80 de la LCT. 4.- Otorga a la actora la indemnización agravada prevista en el art. 182 de la LCT.Por lo que solicita la revocación de la sentencia con imposición de costas a la contraria.

Trataré los agravios en el orden que fueron formulados adelantando que cotejada la sentencia de grado con la normativa de aplicación al caso en examen, las pruebas rendidas y las quejas vertidas he arribado a la conclusión de que solamente el tema de costas en relación al último agravio exhibe idoneidad para modificar parcialmente el fallo recurrido, como seguidamente lo explico.

1.- La indemnización sustitutiva de preaviso y su SAC

Esta queja no habrá de prosperar, puesto que tal como lo afirma el juez de grado en su fallo, el contrato de trabajo fue extinguido por la demandada sin haber preavisado a la trabajadora como manda la ley.

Este instituto está destinado a prevenir y evitar el perjuicio que una parte de la relación puede ocasionar a la otra por el ejercicio sorpresivo de su poder de denuncia del contrato, que en nada se modifica aún si se ha aclarado que se está transitando un período de prueba porque aún en este supuesto la ley así lo establece, como surge de la lectura del art. 92 bis de la LCT, que en este punto se remite a los arts. 231 y 232.

El art. 231, inciso b) de la LCT establece que el empleador debe preavisar al trabajador que ha decidido disolver el contrato de trabajo con una anticipación de 15 días cuando éste se encontrare en período de prueba – que fue la situación alegada por la recurrente, conforme a la documental aportada por ambas partes – lo que no fue tenido en cuenta por su parte procediendo al despido directo de la actora sin cumplir este requisito, y sin acreditar que hubiera abonado la indemnización que sustituye esta obligación, tal como expresamente lo señala el a quo, por lo que debe abonarle la que establece el art. 232 de la LCT, consistente en la remuneración que le correspondería a la trabajadora durante ese lapso.Y en la medida que durante ese plazo – aquí omitido – subsisten las obligaciones derivadas del contrato de trabajo en todos sus efectos, entre ellos el de pago del salario, resulta su lógica consecuencia que a estos días impagos se les adicione, por su carácter de salario diferido, la parte proporcional del sueldo anual complementario correspondiente.

Es por ello que la defensa de la recurrente carece de todo sustento normativo y debe ser repelida, puesto que se aferra a la existencia del período de prueba con evidente desconocimiento de la normativa legal aplicable, pretendiendo que el a quo argumentara un rechazo que surgía prístinamente de las reglas que correctamente invocara en su sentencia, sirviendo de suficiente sustento a su decisión.

2.- La remuneración normal, mensual y habitual

Tampoco este agravio habrá de prosperar.

Surge de la propia documental presentada con el responde – que es la misma presentada por el actor con la demanda, se encuentra reservada en Secretaría en su formato original y he tenido a la vista para resolver – que la suma pretendida por el recurrente no constituye la remuneración mensual, normal y habitual a ser tenida en cuenta para calcular el rubro anterior, ya que analizando estos recibos y descontando las vacaciones proporcionales el juez de grado advierte diferencias a favor de la trabajadora, que acoge en la suma por él especificada, explicando cómo arribó a su determinación.

Por otra parte, dejando de lado los seis párrafos idénticos de orden general repetidos antes de abordar en concreto cada agravio que mencionara más arriba – que nada aportan en orden a una crítica puntual y fundada del fallo – cabe destacar que no ataca el recurrente la explicación brindada por el sentenciante ni se hace cargo de las sumas que surgen de los recibos de haberes coincidentes que ambas partes presentaron, sino que insiste en aferrarse al contrato oportunamente suscripto y al salario allí establecido, como si, en definitiva, no hubiera abonado a la actora en forma habitual una suma mayor a la allí convenida, que es la que corresponde tener en cuenta para calcularel rubro abordado en el punto anterior.

También son superiores a la suma consignada en el contrato las que surgen de la certificación de servicios presentada por quien aquí se queja, mientras que el perito contable señala a fs. 268 como la suma mayor percibida la actora la de $ 1004,81, razones todas que conducen derechamente al rechazo de este agravio.

3.- La sanción conminatoria del art. 80 de la LCT

En cuanto a esta queja es el propio apelante quien sella su suerte adversa al reconocer que la demandada tiene la sede de su administración en Córdoba, lo que ocasiona que en muchas oportunidades se pueda perder o no encontrar la documentación en esta ciudad, motivo por el cual deben solicitar nuevamente la emisión de la certificación de servicios, lo que pone de resalto que, habiendo cumplido la trabajadora con los plazos y las formas para que proceda esta sanción, la misma debe ser otorgada en cuanto el certificado, tal como acertadamente lo señaló el a quo y obra en autos, fue entregado vencidos que estaban los plazos legales.

Es más, su atenta lectura indica que la firma de la empleadora fue certificada en fecha 15.07.2008, habiendo expirado en exceso el plazo legal por el cual la trabajadora había intimado su entrega, tal como fuera advertido por el juez de grado en su pronunciamiento.

Si, como sostiene la agraviada, el certificado hubiera sido entregado, lo usual es que siempre quede en poder de la empleadora un duplicado a modo de constancia de la entrega o bien un recibo suscripto por la trabajadora a los mismos fines, sin que corresponda invertir la carga de la prueba y requerirle que acredite que lo fue a retirar y no estaba, como lo sostuvo en la demanda, cuando recién al momento del responde, en fecha 03.09.2008, se acompaña esta documental y en esa pieza procesal, más allá de la negativa de estilo nada se afirma en contrario que otorgue sustento fáctico a esta negativa genérica.

4.- La indemnizaciónagravada del art. 182 de la LCT

Tal como acertadamente lo destaca el sentenciante, en este punto estamos en presencia de una cuestión – si subsiste la protección de la mujer embarazada durante el período de prueba – que ha recibido disímil tratamiento por parte de la doctrina y la jurisprudencia, siendo del caso aclarar que el Dr. Pirolo es un distinguido colega de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo conocido en el ámbito de nuestra disciplina, que ha escrito artículos de doctrina sobre éste y otros temas.

La postura clásica en estos casos exigía que se probara l a actitud discriminatoria de la empleadora, mientras que la adoptada por el juez de grado siguiendo a este autor no requiere que la trabajadora acredite que se trató de una discriminación originada en su maternidad, sino que este suceso hace que sea cual fuere la naturaleza del contrato de trabajo, la mujer embarazada que ha cumplido en tiempo y forma con el requisito de la notificación fehaciente – que en este caso fue debidamente acreditada -se encuentre tutelada por una garantía de estabilidad en forma temporalmente limitada, que el empleador debe respetar en todos los casos.

Sin dejar de destacar la esforzada defensa llevada a cabo por el apoderado de la parte actora y el nutrido andamiaje argumental e interpretativo del que se vale, pasaré a analizar el caso a la luz de las normas invocadas para sustentarlo y para decidirlo y las que, a mi criterio, fundan con mayor precisión la decisión recurrida, sin que corresponda acudir a las antidiscriminatorias porque, en consonancia con la cita jurisprudencial consignada en la sentencia, considero que no son necesarias.

Aclarando previamente que de conformidad con lo establecido en el art.74 del CPL – que contra lo que sostiene la parte actora el juez de grado sí invoca en su fallo – el certificado médico presentado por la actora y no cuestionado oportunamente por la demandada, en la medida que ha sido refrendado por el Colegio profesional respectivo está dentro de los contornos de la previsión normativa, por lo que debe ser considerado como documental exenta de reconocimiento y, por ende, con plena eficacia probatoria.

En el presente, según mi criterio, no podemos hablar lisa y llanamente de discriminación porque aún teniendo en cuenta la amplitud de prueba que rige en estos casos, fuera de la notificación del estado de embarazo – cuya falta de cuestionamiento, forzoso es decirlo, nada aporta en tal sentido ni puede ser portador de consecuencias disvaliosas para la notificada, porque resulta lícito preguntarse qué podría haber hecho el empleador para oponerse o manifestar disconformidad frente a un hecho de esta naturaleza (nunca tan justo el término) – no ha existido siquiera un indicio aportado por la trabajadora de que haya sido esta situación la que determinó la finalización de su contrato a prueba, cuando, si alegó discriminación estaba a su cargo acreditarlo, a no ser que pensara que la misma surgía in re ipsa por el hecho mismo del embarazo.

A lo expuesto agrego que el certificado presentado menciona como última fecha de menstruación (a eso se refiere la sigla FUM) la del 26/10/07, por lo que cuando la actora es contratada llevaba un atraso de por lo menos 20 días, lo que para una mujer suele indicar la presencia de un embarazo – que se comprueba mediante una sencillo test que se compra en cualquier farmacia – y conduce a que pueda presumirse, con algún grado de certeza, que estaba consciente de su estado, o al menos alertada de que podía estarlo. Pero aún si así fuera no se debe dejar de considerar que en la protección de la maternidad se tienen en cuenta dos sujetos reconocidos por la ley:la madre y el hijo por nacer, o ya nacido.

Ahora bien, si en modo alguno cabe exigirle a la mujer que denuncie un estado probable de embarazo a su ingreso al trabajo – porque esa sí sería una práctica discriminatoria que la ley 26.485 tipifica como violencia laboral contra la mujer en su art. 6º inciso c), accionar que en todos los casos debe ser prevenido, erradicado y sancionado – tampoco corresponde atacar la conducta del empleador alegando que en lugar de celebrar un contrato de trabajo a prueba debió haberlo hecho por plazo fijo, puesto que utilizó una de las opciones legales a su disposición en legítimo uso de su libertad de contratar. Habida cuenta de que tanto las testigos presentadas por su parte como la propia actora reconocieron que efectivamente fueron contratadas varias personas para reforzar la planta del negocio donde cumplieron sus funciones, por encontrarse próximo el período de las fiestas de fin de año, motivo por el cual el contrato se celebra el 17 de diciembre del año 2007.

No mediando la situación de embarazo, tampoco tenía obligación el empleador de mantener a la trabajadora transformando su contrato en uno por tiempo indeterminado aunque no tuviera sanciones, puesto que era escaso el tiempo trabajado y la demandada es una empresa de servicios eventuales que intermedia entre quien busca trabajo y quien lo ofrece, mas no el empleador directo que supervisa in situ el desempeño del dependiente. En tal sentido cabe señalar que no obra constancia alguna de la usuaria de los servicios de la actora que de cuenta de su desempeño, ni a favor ni en contra, y que sea cual fuere la télesis inspiradora del art.92 bis de la LCT ha quedado claro que la demandada cumplió con todas las obligaciones registrales a su cargo, y que esta norma establece que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción pero con la obligación de preavisar según lo establecido en los arts. 212 y 232 de la LCT (requisito que esta parte no cumplió y por ello se rechazó su queja al respecto).

En esta senda argumental, bueno será traer a colación lo que dicen cada uno de los artículos citados por el juez en su fallo y por la actora al proponer la demanda y al contestar agravios, con excepción, en principio, de los contenidos en la Constitución Nacional y en LCT, por ser ampliamente conocidos. Me refiero, en el primer caso, a los arts. 14 bis y 16 que establecen los derechos sociales y el principio de igualdad ante la ley, respectivamente, y, en el segundo, a los arts. 17, 81, 172, 177, 178 y 182, que prohíben todo tipo de discriminación, establecen la igualdad de trato y protegen a la mujer embarazada, colisionando en el asunto venido en revisión con los efectos previstos en el art. 92 bis, que regula el contrato a prueba.

El art. 1º (que es el único que aquí interesa) de la ley 25.392 establece: Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión pública o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.Y no encuentro que sea de aplicación al caso venido en revisión.

El art. 11, inc. “2” apartado “A” de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada a nuestro derecho positivo mediante la ley 23.179: “Con el fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:… b) Implantar la licencia por maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; que es, precisamente, lo que disponen y protegen los arts. 177 y 178 de la LCT. Al igual que lo estatuido en el art. 10. Apartado 2. del PIDESC: Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

Expresa el art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Y el art. 24 de la Convención Americana sobre DDHH (Pacto de San José de Costa Rica): Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.Ninguno de los cuales sería tampoco de específica aplicación al presente.

Por lo que hasta aquí llevo dicho considero entonces que lo que está en juego en este caso no es la violación del principio de no discriminación ni el de igualdad ante la ley, que es su fundamento, sino cómo habrá de resolverse la colisión entre dos preceptos de igual jerarquía normativa cuando propician soluciones distintas para un mismo supuesto, pero teniendo en cuenta la perspectiva de género en el análisis del caso y el hecho más que sabido de que – inmersos como estamos en una cultura de fuerte predominio patriarcal – el embarazo y la maternidad suelen ser causas que alejan a la mujer de la posibilidad de acceder a un empleo o conservarlo.

Es por ello que considero que la solución se encuentra en el bien jurídico protegido que debe prevalecer ante esta colisión, frente a lo cual no me caben dudas que se impone la protección de la maternidad, incluso ateniéndome a la propia redacción del art. 177 de la LCT – que no difiere en esencia de los tratados antes mencionados e incluso resulta ser más avanzada, sobre todo en los párrafos 2º y 3º – que paso a transcribir: La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación del certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto (requisito cumplido por la actora) o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal… Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá ca rácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior. El art.178 contiene la presunción de que el despido dentro de un plazo determinado relacionado con la fecha de parto obedece a razones de maternidad y establece como sanción la indemnización prevista en el art. 182 de la LCT, que es la que – acertadamente – el juez de grado concede.

En la medida que el art. 14 bis establece especialmente, entre otros derechos sociales, la protección integral de la familia, cabe concluir que con independencia de que la actitud de la demandada pueda o no ser calificada como discriminatoria, se cierra el círculo en virtud del cual sobre las normas que regulan los efectos del contrato celebrado a prueba deben prevalecer aquellas que protegen a la maternidad (con la doble inclusión de la madre y del hijo por nacer o ya nacido) e, integralmente, a la familia, lo que me conduce a rechazar, también, este agravio.

Y en cuanto a las costas, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sobre el tema y la circunstancia de que la empleadora actuó ajustándose a la ley y cumplió con todos los requisitos a los que legalmente estaba obligada, propongo que en relación a este agravio sean soportadas en el orden causado.

Teniendo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la resolución del litigio (cfr. Fallos, 272:225; 274:113; 276:132, entre otros) las razones hasta aquí expuestas me conducen a propiciar al rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia impugnada, salvo en lo que hace a las costas respecto al otorgamiento de la indemnización agravada prevista en el art. 182 de la LCT, que habrán de imponerse en el orden causado.

Determinados los extremos que anteceden y en relación al interrogante sobre la justicia del fallo voto, pues, parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión: La Dra. Mana dijo:Atento lo expuesto por la Vocal Preopinante, voto en idéntico sentido.-

A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Que habiendo procedido al estudio de los autos y advirtiéndose que existen dos votos totalmente coincidentes, se abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada en virtud de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10160.-

A la tercera cuestión: La Dra. Aseff dijo que corresponde: 1.- Desestimar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada y acoger parcialmente su recurso de apelación, solamente en lo que hace a las costas por el otorgamiento de la indemnización agravada prevista en el art. 182 de la LCT, que se imponen en el orden causado, confirmando el resto de la sentencia recurrida en lo que fue materia de sus agravios 2.- Imponerle las costas por el trámite cumplido en esta sede en relación a los tres primeros agravios, de conformidad con lo normado en el art. 101 del CPL. Y en relación al cuarto, distribuirlas en el orden causado. 3.- Fijar los honorarios de los profesionales actuantes en el 50 % de los que, en definitiva, les sean regulados en primera instancia.

A la misma cuestión: La Dra. Mana dijo: Corresponde votar el voto propuesto por la Dra. Aseff, así voto.-

A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Que como dijera precedentemente y de conformidad al art. 26 de la ley 10.160, me abstengo de emitir opinión.-

A mérito del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral;

RESUELVE: 1.- Desestimar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada y acoger parcialmente su recurso de apelación, solamente en lo que hace a las costas por el otorgamiento de la indemnización agravada prevista en el art. 182 de la LCT, que se imponen en el orden causado, confirmando el resto de la sentencia recurrida en lo que fue materia de sus agravios 2.- Imponerle las costas por el trámite cumplido en esta sede en relación a los tres primeros agravios, de conformidad con lo normado en el art. 101 del CPL. Y en relación al cuarto, distribuirlas en el orden causado. 3.- Fijar los honorarios de los profesionales actuantes en el 50 % de los que, en definitiva, les sean regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber y oportunamente bajen.- (Autos: “ALMADA, VANESA C/ CONSULTORES DE EMPRESAS SRL S/ COBRO DE PESOS”. Expte. Nº 276/11).-

ASEFF

MANA

MAMBELLI

(art. 26, ley 10160)

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s