Los menores impúberes son incapaces absolutos, no pueden designar ni remover un letrado patrocinante.

Partes: Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de M. S. M. en la causa M. G. c/ P. C. A. s/

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 26-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73864-AR | MJJ73864 | MJJ73864

Los menores impúberes son incapaces absolutos, no pueden realizar por sí mismo actos jurídicos, como sería la designación y remoción de un letrado patrocinante, así como la actuación por derecho propio en un proceso, en calidad de parte.  

Sumario:

1.-La disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes como adultos no han sido derogadas por la ley 26061 -ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes- en consecuencia, los menores impúberes son incapaces absolutos, no pueden realizar por sí mismo actos jurídicos, como sería la designación y remoción de un letrado patrocinante, así como la actuación por derecho propio en un proceso, en calidad de parte.

 

Fallo:

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

Buenos Aires, veintiséis de junio de 2012.

 

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la Defensa Oficial de M. S. M. en la causa M., G. c/ P., C.A.”, para decidir sobre su procedencia.

 

Considerando:

 

1º) Que los agravios de la apelante han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite, en lo pertinente, en razón de brevedad.

 

2º) Que, sentado ello, conviene destacar que las prescripciones de la ley 26.061 deben ser interpretadas y aplicadas en forma integral con arreglo a nuestra legislación de fondo. En este sentido, las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes como adultos no han sido derogadas por la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, de acuerdo con este régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, que no pueden realizar por sí mismos actos jurídicos (art. 54, inc. 2º del Código Civil), como sería la designación y remoción de un letrado patrocinante, así como la actuación por derecho propio en un proceso, en calidad de parte.

 

3º) Que, por último, cabe poner de relieve las diferencias existentes entre el presente caso y la causa G.1961.XLII “G., M. S. c/ J., V. L. s/ divorcio vincular” -fallada el 26 de octubre de 2010-. En esta última, este Tribunal -atento a las circunstancias particulares presentadas- resolvió que se designase a los menores involucrados un letrado especialista en la materia para su patrocinio, y a fin de que fueran escuchados con todas las garantías y pudieran hacer efectivos sus derechos.De tal modo que no fueron los menores sino el magistrado interviniente quien procedió a nombrar el patrocinio letrado requerido por el Ministerio Público de la Defensa.

 

Por ello y de conformidad con los fundamentos del dictamen que antecede, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario deducido a fs. 288/300 vta. y, con el alcance indicado, se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden en atención a las particularidades del caso. Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase.

 

RICARDO LUIS LORENZETTI (POR SU VOTO)

 

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

 

JUAN CARLOS MAQUEDA (POR SU VOTO)

 

ENRIQUE S PETRACCHI

 

CARLOS S. FAYT

 

E. RAUL ZAFFARONI

 

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Y DEL SEÑOR MINISTRO DON JUAN CARLOS MAQUEDA

 

Considerando:

 

1º) Que los agravios de la apelante, vinculados con su intervención en el presente proceso en carácter de parte, ha sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite, en lo pertinente, en razón de brevedad.

 

2º) Que, en efecto, la circunstancia de que no resulte menester, en el sub examine, que la menor intervenga en las actuaciones en carácter de parte dadas las particularidades que presenta el caso, no resulta óbice para que pueda ejercer su derecho a ser asistida por un letrado que represente sus intereses en los términos de los arts. 12, inc. 2 , de la Convención sobre los Derechos del Niño; 27, inc.c , de la ley 26.061 y 27 de la reglamentación aprobada por el decreto 415/2006 .

 

3º) Que, en tal sentido, cabe recordar que esta Corte Suprema ha señalado que la Convención sobre los Derechos del Niño ha reconocido que el niño es un sujeto de derecho pleno, sin dejar de advertir que es un ser que transita un todavía inacabado proceso natural de constitución de su aparato psíquico y con incorporación y arraigo de los valores, principios y normas que hacen a la convivencia pacífica en una sociedad democrática (Fallos: 331:2691).

 

Sobre esa base, la ley 26.061, que establece un sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, debe ser interpretada no de manera aislada sino en conjunto con el resto del plexo normativo aplicable, como parte de una estructura sistemática, y en forma progresiva, de modo que mejor concilie con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que rigen la materia, allí previstos.

 

En este sentido, es necesario tener en cuenta una de las pautas de mayor arraigo en la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual la inconsecuencia o falta de previsión jamás debe suponerse en la legislación, y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (conf. Fallos: 310:195; 320:2701 ; 321:2453 ; 324:1481 ; 329:5826; 330:304 , entre otros). Y comprende además, su conexión con otras normas que integran el ordenamiento vigente, del modo que mejor concuerde con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos:292:211; 297:142; 307:2053 y 2070).

 

En virtud de la interpretación propuesta, las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes como adultos, no han sido derogadas por la ley 26.061 y no conculcan los estándares internacionales en la materia.

 

4º) Que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que los fallos de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque éstos sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 330:4544 y 331:2628 , entre otros).

 

5º) Que, sentado ello, habida cuenta de que la menor M.S.M. tiene a la fecha más de 14 años de edad y de que a fs. 322 del expediente principal obra la renuncia al patrocinio de la letrada por ella elegida, sin que existan constancias de una nueva designación ni manifestación alguna de la peticionaria en ese sentido, resulta innecesario examinar si al momento de elegir a su letrada se hallaba capacitada para hacerlo; sin perjuicio de que, en las actuales circunstancias, no se advierta óbice a ello en la normativa aplicable.

 

6º) Que finalmente, solo a mayor abundamiento, habida cuenta de que las circunstancias fácticas y jurídicas de ambos casos difieren sustancialmente, cabe indicar que la decisión a la que se arriba en la presente causa en modo alguno se opone a lo resuelto en el precedente G.1961.XLII “G., M. S. c/ J. V., L. s/ divorcio vincular” sentencia del 26 de octubre de 2010, Ello es así pues, en este último no fueron las niñas involucradas las que se presentaron con letrado patrocinante elegido por ellas sino que fue el Tribunal quien, al hacer lugar a una medida sugerida por el señor Defensor Oficial, solicitó a juez de la causa que procediese a designarles un abogado especializado en la materia para que las patrocine.

 

Por lo expresado, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente la queja deducida por la señora Defensora de Cámara, formalmente admisible el recurso extraordinario deducido a fs. 287/300 vta. y, con el alcance indicado, se confirma la sentencia apelada. Sin expresa imposición de costas atento a las particularidades del caso. Notifíquese, agréguese la queja al principal y devuélvanse las actuaciones.

 

RICARDO LUIS LORENZETTI

 

JUAN CARLOS MAQUEDA

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