Responde el fabricante del automóvil y el contratista por la falta de activación de los airbags en el accidente de tránsito.

Partes: Bursa Ángel Ramón y otro c/ Renault Argentina S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil   Sala/Juzgado: F

Fecha: 18-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72592-AR | MJJ72592 | MJJ72592

Resposabilidad del fabricante del automóvil y del contratista encargado de la construcción de los “airbags”, tras haberse probado que éstos no se activaron en el accidente de tránsito protagonizado por los actores, debido a una incorrecta calibración de la velocidad de impacto para la activación de los mismos.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y por lo tanto condenar al demandado (fabricante) y al tercero (contratista encargado de los airbags) a indemnizar los daños y perjuicios que los actores sufrieron en un accidente de tránsito en el que los airbags de su automóvil no se activaron a pesar de haberse dado los supuestos de hecho que habilitaban su activación, en virtud de lo establecido en el art. 40 de la ley 24240..

2.-En el caso quedó probado que los actores sufrieron daños en ocasión del accidente de tránsito por no haberse activado el equipo de airbag con que contaba el automóvil de su propiedad y que el referido sistema de protección no cumplió su función a pesar del violento impacto frontal experimentado por el vehículo de marras, debido a que se hallaba calibrado para activarse ante un valor de desaceleración superior al experimentado por el automóvil de los reclamantes.

3.-Resulta aplicable al caso lo normado en el art. 40 de la ley 24240 que establece la responsabilidad solidaria del productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa por los daños que sufra el consumidor como consecuencia del vicio o riesgo de aquélla, dicho precepto dispone asimismo que sólo se liberará total o parcialmente de responsabilidad quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

4.-La norma del art. 40 de la ley 24240 atribuye objetivamente responsabilidad a todos los integrantes de la cadena productiva con fundamento en la relación de consumo (art. 42 de la CN.) generada entre aquéllos y el consumidor o usuario de la cosa o servicio que por su vicio o riesgo produjo un daño, para soslayar tal imputación y eximirse de responsabilidad los emplazados deben demostrar que la causa del daño le ha sido ajena, es decir que deberán probar que el daño cuya reparación se reclama se produjo por caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debía responder, estas causales deben ser acreditadas de modo claro y que no dejen margen de dudas.

5.-De la pericia técnica surge que cuando la colisión es de suficiente magnitud como en el caso de autos, la falta de acción del sistema de airbag es por un mal funcionamiento de aquél, así como que el tipo de accidente dado en autos es común y la magnitud de la aceleración se encuentra dentro de los valores conocidos por lo que no es una eventualidad que el sistema no pueda considerarla .

6.-Si bien el peritaje fue objeto de impugnación mediante la aportación de un dictamen emitido por el consultor técnico del tercero citado, cabe destacar que, además de que al dictamen efectuado por el perito designado de oficio debe reconocerse una imparcialidad de la que no son merecedores los de los consultores técnicos, al ser estos asesores de las partes y, por ende, presumibles coadyuvadores de su postura en el proceso, la impugnación para hacer caer las conclusiones de aquél debe constituir una contrapericia , es decir, demostrar los efectivos errores en las técnicas aplicadas y los principios científicos en los que se sustenta el experto designado de oficio, tal como lo impone el segundo párrafo del art. 472 del Código.

7.-Si, como ocurre en el caso, el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables para el juzgador, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseja que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten sus conclusiones.

8.-El estado de destrucción que presentó el rodado de los accionantes luego del accidente de marras, corrobora lo expresado por el perito en cuanto afirmó que la magnitud del impacto sufrido por dicho vehículo fue tal que permite demostrar que el sistema de airbag no funcionó adecuadamente.

9.-Las conclusiones expresadas por el experto en sus informes permiten tener por acreditado que existió un error en la calibración del umbral de disparo del equipo de airbag, lo cual impidió que ante el violento impacto frontal experimentado por el vehículo de los actores, el referido sistema cumpliera su función de protección a la que estaba destinado.

10.-No es correcto sostener que capital de condena incluye el componente inflacionario, a partir de la ley 23928 , en 1991, quedó prohibida toda indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4º de la vigente ley 25561, denominada de emergencia económica. En ningún caso -dice esta última norma- se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor (del voto del Dr. Zannoni, en disidencia parcial respecto a los intereses).

11.-El capital de condena no es susceptible, hoy, de mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias (del voto del Dr. Zannoni, en disidencia parcial respecto a los intereses).

12.-La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria (del voto del Dr. Zannoni, en disidencia parcial respecto a los intereses).

13.-Debe disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, se abonarán dentro del plazo establecido, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables; dicha salvedad queda confinada al hipotético caso que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente (del voto del Dr. Zannoni, en disidencia parcial respecto a los intereses).

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de abril de 2012, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F” para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

 

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. POSSE SAGUIER. ZANNONI.

 

A las cuestiones propuestas el Dr.Galmarini dijo:

 

I.-Relataron los actores que el día 12 de mayo de 2006 se encontraban circulando por la ruta 9, cerca de la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires, a bordo del automóvil de su propiedad, marca Renault Megane, dominio ELG 709 y que en dicha circunstancia se produjo una colisión entre la parte delantera del rodado de los demandantes y la parte trasera de un camión que se desplazaba en el mismo sentido de circulación a escasa velocidad. Expresaron que al producirse el impacto antes referido no se activó el sistema de airbags con el que estaba equipado el Renault Megane, lo que implicó que los actores sufrieran graves lesiones a raíz de la colisión.

 

Sostienen los reclamantes que ante un impacto frontal de las características del experimentado por el vehículo Renault Megane, debería haberse activado el sistema de airbags, cuyo objeto era evitar que ante un accidente como el ocurrido los actores sufrieran las lesiones que finalmente padecieron por no contar con dicha protección. Afirman que la demandada “Renault Argentina S.A.” -fabricante del automóvil Renault Megane- resulta responsable de los perjuicios cuya reparación se reclama en autos por haber elaborado un producto defectuoso.

 

A fs. 53 se dispuso la citación de “Autoliv Argentina S.A.” en los términos del art. 94 y concordantes del Código Procesal.

 

El pronunciamiento de grado rechazó la demanda e impuso las costas del proceso a los actores.

 

Apelaron éstos y la demandada.Los actores expresaron agravios a fs. 684/91 y la demandada lo hizo a fs. 694/5. Los memoriales fueron contestados a fs. 699/701 y 703/10.

 

II.- Se agravian los actores del rechazo de la demanda resuelto por la magistrada. Al efecto critican la valoración efectuada por la sentenciante de las pruebas producidas en autos y sostienen que las conclusiones expuestas en autos por los peritos ingeniero y médico, ambos designados de oficio, darían cuenta de que los daños sufridos por los actores y cuya reparación reclaman en la presente causa, se habrían producido a causa de una falla en el montaje y la calibración del equipo de airbag con que contaba el automóvil Renault Megane, dominio ELG 709.

 

En la especie los actores demandaron a Renault Argentina S.A. -fabricante del automóvil Renault Megane, dominio ELG 709- solicitando la reparación de los perjuicios que habrían sufrido a causa de un presunto defecto de fabricación existente en el referido vehículo.

 

De los términos expuestos en la contestación de demanda obrante a fs. 42/6, se desprende que efectivamente la accionada resultó ser la fabricante del vehículo Renaul Megane, dominio ELG 709 de propiedad de los actores.

 

Atento a ello, resulta aplicable al caso lo normado en el artículo 40 de la ley 24.240 que establece la responsabilidad solidaria del productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa por los daños que sufra el consumidor como consecuencia del vicio o riesgo de aquélla. Dicho precepto dispone asimismo que sólo se liberará total o parcialmente de responsabilidad quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

 

La referida norma atribuye objetivamente responsabilidad a todos los integrantes de la cadena productiva con fundamento en la relación de consumo (art. 42 de la Constitución Nacional) generada entre aquéllos y el consumidor o usuario de la cosa o servicio que por su vicio o riesgo produjo un daño.Para soslayar tal imputación y eximirse de responsabilidad los emplazados deben demostrar que la causa del daño le ha sido ajena, es decir que deberán probar que el daño cuya reparación se reclama se produjo por caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debía responder. Estas causales deben ser acreditadas de modo claro y que no dejen margen de dudas.

 

Sin embargo, a fin de hacer valer la presunción de responsabilidad que emana de la norma antes citada, habrá que tener por acreditado tanto la existencia del vicio de la cosa -en el caso el defecto en el sistema de airbag instalado en el automóvil de los actores- como la participación de aquél en la causación de los daños cuya reparación pretenden los demandantes.

 

En la especie se encuentra fuera de discusión que el día 12 de mayo de 2006 los actores se encontraban circulando por la ruta 9, cerca de la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires, a bordo del automóvil de su propiedad, marca Renault Megane, dominio ELG 709, cuando se produjo una colisión entre la parte delantera del rodado de los demandantes y la parte trasera de un camión que se desplazaba en el mismo sentido de circulación.Asimismo se encuentra acreditado que al producirse el impacto antes descripto no se activó el sistema de airbag con que estaba equipado el vehículo de los reclamantes.

 

Los actores sostienen que el sistema de seguridad antes referido debía activarse ante una colisión frontal como la descripta en la demanda a fin de protegerlos y evitar que sufran lesiones como las que finalmente padecieron -según afirman- por no haber funcionado correctamente el equipo de airbag en cuestión.

 

La demandada y la citada “Autoliv Argentina S.A.” niegan la existencia del vicio o defecto alegado en la demanda y afirman que aún de haberse activado el sistema de airbag, éste no habría evitado que los actores sufran los daños cuya reparación reclaman en autos.

 

En el expediente sobre prueba anticipada agregado por cuerda obra agregado el peritaje realizado por el perito ingeniero designado de oficio. Allí el experto informó: “debido a las grandes deformaciones que experimentó el vehículo, fue imposible determinar la existencia de los sensores inerciales, la central de disparo y demás dispositivos que hacen al manejo del sistema, ante esta situación se procedió a la apertura de la tapa del volante donde se pudo constatar la existencia de la bolsa del airbag perfectamente dispuesta en la posición original, incluso se pudo detectar que aun disponía de la pastilla explosiva correspondiente, esta condición demuestra que el sistema de disparo no funcionó adecuadamente”.”El vehículo del actor sufrió impacto frontal de tal magnitud que debieron funcionar los sistemas de protección, que en el caso de autos son los airbags de volante y acompañante y los cinturones de seguridad, estos sistemas fueron diseñados para la protección del conductor y su ocasional acompañante ante precisamente el eventual impacto frontal, y si hubieran funcionado adecuadamente no tendrían que haber sufrido daños físicos el conductor y su acompañante.En el manual del fabricante, página 1.14 y subsiguientes, en el capítulo FUNCIONAMIENTO dice “.En un choque violento de tipo frontal, las bolsas se inflan rápidamente (3 centésimas de segundo aproximadamente) permitiendo así amortiguar el impacto de la cabeza del conductor contra el volante y la del acompañante contra el panel delantero.”. En el caso de autos el impacto sufrido por el vehículo del actor fue violento, los daños apreciados así lo definen, pero el sistema no alcanzó a responder adecuadamente, tal como debería haber sucedido de haberse disparado los airbag” (fs. 51/2, rtas. a ptos. 3 y 4 propuestos por los actores).

 

En estas actuaciones el mismo perito al responder el pedido de aclaraciones efectuado por la demandada expresó: “Los airbags frontales instalados en el Renault Megane de la actora no se dispararon a pesar de la violencia del impacto porque los sensores inerciales del equipo estaban calibrados para un régimen de disparo de mayor valor del que produjo el impacto por alcance del frente del Megane contra la parte trasera de un camión que se encontraba en movimiento. Desde que se comenzaron a utilizar airbag de protección contra impactos frontales, el disparo del sistema se sustentó únicamente en el uso de censores inerciales, éstos disponen de un mecanismo que ante una aceleración negativa predeterminada, cierran el circuito que dispara los airbag. Resulta necesario aclarar que cuando un conductor aplica violentamente los frenos la aceleración que produce es de 6,87 m/seg.2, pudiendo llegar hasta aproximadamente 7,2 m/seg.2 si la unidad está equipada con sistema antibloqueo (ABS), en nuestra latitud la aceleración normal de la gravedad es de aproximadamente 9,81 m/seg.2, a esta aceleración se la denomina G. Cuando se produce un choque frontal por alcance como en el caso de autos, la aceleración que sufre el vehículo embistente es de 6 a 8 G, y cuando el impacto se verifica contra una pared sólida asciende a 35 G.Entonces cuando se pretende proteger a los ocupantes de un vehículo de las consecuencias de un impacto frontal severo, como el caso de autos, los airbag deberían regularse para dispararse ante una aceleración mayor a 1G (para evitar que se dispare cuando frena bruscamente) y suficientemente menor de 6G, para proteger de impactos por alcance” (fs. 374).

 

Seguidamente el experto informó: “El calculador alcanzó a detectar una colisión de nivel 1 y no alcanzó el nivel 2 porque no estaba calibrado para lograrlo, no existe otra explicación que pueda justificar lo ocurrido en el accidente que nos ocupa, el Renault Megane de la actora, debido al violento impacto, experimentó un acortamiento de su carrocería (aproximadamente 20 centímetros), en esas condiciones el sistema debió alcanzar el nivel de disparo de los airbags, no es posible lograr una respuesta coherente que justifiq ue la falta de disparo del sistema de protección contra el choque frontal experimentado por el vehículo de la actora”.”No es cierto que el vehículo de la actora sufrió una desaceleración frontal amortiguada. Por los daños verificados durante la inspección oficial, el vehículo durante el impacto sufrió desaceleración violenta, tal fue la violencia del impacto que sólo se puede admitir la falta de acción del airbag por una regulación de disparo que se encontraba en un nivel de aceleración muy por encima de la producida durante el choque “(fs. 375).

 

A continuación el profesional explicó que los airbags son un complemento de la acción del cinturón de seguridad pero que al llenarse su bolsa protege la cabeza del ocupante y, por la extensión y magnitud del despliegue sostiene también el tórax, que se encuentra unido a la cabeza y no forma un sistema independiente (fs.376).

 

Finalmente agregó: “.Los sistemas en general y especialmente los de seguridad deben adecuarse a las condiciones que imperan en la circulación de vehículos, resulta inadmisible la pretensión de modificar, por ejemplo la parte trasera de los camiones para permitir que el controlador del airbag detecte la aceleración de disparo en un caso como el autos.” (fs. 376).

 

A fs. 380/4 el referido perito presentó un informe mediante el cual respondió los puntos de peritación propuestos por la parte demandada y el tercero citado. Allí sostuvo:”En la inspección efectuada al vehículo de la actora el 21/7/2006, se pudo constatar que dicho vehículo había sufrido un choque frontal, la del impacto fue tal que produjo el acortamiento de estructura y carrocería en aproximadamente 20 centímetros, desplazando el eje delantero, el tablero de instrumentos y produciendo importantes deformaciones en la carrocería delantera que involucra a: frente, paragolpes, guardabarros, capot, puerta delantera derecha e izquierda, parante de parabrisas, rotura de parabrisas, etc” (fs. 380).

 

Volvió a señalar el experto que la unidad accidentada contaba con sistema de airbag frontales para conductor y acompañante, los que debían funcionar como complemento de los cinturones de seguridad ante el caso de impacto frontal violento, condición que el sistema no cumplió en el caso (fs. 382 vta.). A continuación expresó: “La no activación de los airbag se debió exclusivamente a que el nivel de disparo de esos dispositivos se encontraba regulado para un impacto frontal de mayor violencia, no se consideró que la aceleración que produce un choque por alcance es más baja que la de los impactos contra estructuras más rígidas.Técnicamente esta condición de aceleración se encuentra ampliamente conocida, es decir, ningún técnico especializado en el tema podría ignorar que en la práctica se tienen distintos valores de aceleraciones de impacto que pueden derivarse de un choque frontal, por ese motivo, los fabricantes deberían disponer el nivel de disparo con valores acordes con las contingencias propias de la circulación de vehículos” (fs. 382).

 

Afirmó asimismo el facultativo que cuando la colisión es de suficiente magnitud como en el caso de autos, la falta de acción del sistema de airbag es por un mal funcionamiento de aquél. Dijo que el tipo de accidente dado en autos es común y la magnitud de la aceleración se encuentra dentro de los valores conocidos por lo que “no es una eventualidad que el sistema no pueda considerarla” (fs. 383).

 

El peritaje fue impugnado por el tercero citado (fs. 388/92). El profesional respondió mediante la presentación agregada a fs. 396/9, en la cual reiteró que, dada la magnitud de la colisión experimentada por el automóvil de los actores, tendrían que haberse activado los airbag y que las fallas a las que aludió en su dictamen están fundadas en algo tan inmaterial como el nivel de regulación del correspondiente umbral de disparo de los airbag.

 

Expresó asimismo que resulta evidente que la magnitud de los daños sufridos por el vehículo de los actores es tal que permite demostrar que el sistema no cumplió con la acción protectora a las que estaba destinado y afirmó que no hay normas internacionales que fijen los valores de regulación de los sistemas de airbag (fs. 398 vta.).

 

A fs. 412/15 el referido profesional respondió el traslado del pedido de explicaciones respecto de su primigenio dictamen efectuado por la demandada a fs. 36/7.En dicha oportunidad sostuvo que no es cierto lo afirmado por la accionada en cuanto alega que como la desaceleración que experimentó el rodado de los actores fue progresiva no hubo riesgo de impacto violento de la cabeza de los ocupantes contra el volante o panel frontal del vehículo y por tanto no debían activarse los airbag. Al respecto sostuvo el perito que todos los impactos, frontales o no, producen desaceleración progresiva y que no existe una desaceleración instantánea ya que siempre hay un cambio de velocidad en cierto tiempo. Señaló que en los casos de impactos frontales pueden producirse en alrededor de 30 milésimas de segundo, tiempo durante el cual es disparo de los airbag debe activarse para proteger la cabeza y el tórax de los ocupantes (fs. 412).

 

Continuó expresando el facultativo: “si el sistema se activa únicamente de acuerdo con la evolución de la desaceleración producida durante el choque, como manifiesta la demandada, dispone para su activación de un cortísimo tiempo, que debe ser inferior a un tercio del tiempo de impacto, alrededor de 10 milésimas de segundo, así se entiende porque el sistema puede ser inducido a cometer un error de acción, tomando decisiones no siempre acertadas, como ocurrió en el caso de autos” (fs. 413).

 

Seguidamente afirmó: “La función del airbag junto con la acción del cinturón de seguridad, producen en conjunto el sostenimiento de la cabeza y el tórax. Además el informe del fabricante del airbag (Autoliv Argentina S.A.) a fs. 89, en las Instrucciones de Seguridad y Montaje, en el capítulo Descripción del Producto dice “.Sistema de protección adicional contra choques frontales, cuyo efecto de protección óptimo se consigue en combinación con el cinturón de seguridad de 3 puntos. El airbag protege la cabeza y el tórax de impactos frontales contra elementos interiores duros, reduciendo además efectos biodinámicos provocados por el choque frontal.” (fs. 415).

 

A fs. 547, al contestar el pedido de aclaraciones efectuado por “Autoliv Argentina S.A.” (fs.402/6) afirmó que en el caso de autos “existió un error en la fijación del umbral de disparo, que impidió la acción de los airbags en el momento oportuno.”.

 

Si bien el peritaje fue objeto de impugnación mediante la aportación de un dictamen emitido por el consultor técnico de “Autoliv Argentina S.A.” (ver fs.566/72), cabe destacar que, además de que al dictamen efectuado por el perito designado de oficio debe reconocerse una imparcialidad de la que no son merecedores los de los consultores técnicos, al ser estos asesores de las partes y, por ende, presumibles coadyuvadores de su postura en el proceso, la impugnación para hacer caer las conclusiones de aquél debe constituir una “contrapericia”, es decir, demostrar los efectivos errores en las técnicas aplicadas y los principios científicos en los que se sustenta el experto designado de oficio, tal como lo impone el segundo párrafo del art. 472 del Código . Si, como ocurre en el caso, el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables para el juzgador, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseja que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten sus conclusiones (CNCiv. Sala “F”, marzo 2/2011, “Trombino, Alberto y otro c/ Echeverría, Sixto Juan y otros s/ daños y perjuicios” L.564.307).

 

La magistrada consideró que en la especie no existen elementos de convicción técnicos o científicos que respalden las conclusiones expuestas por el perito ingeniero toda vez que éste no midió el umbral de calibración del airbag montado en el vehículo del actor, lo cual impediría tener por acreditado que la inacción del referido sistema se hubiera debido a un error en su regulación, tal como lo sostiene el profesional.

 

Expresó asimismo la sentenciante que si el propio perito afirmó que se trató de un “choque por alcance” no violento donde la aceleración es menor que en los impactos contra estructuras rígidas, entonces cobraría veracidad lo sostenido por la demandada con el aval de su consultor técnico en cuanto alegó que la desaceleración fue progresiva, circunstancia que justificaría la no activación de los airbags.

 

Al respecto entiendo que la circunstancia de que el perito ingeniero no haya medido el valor de calibración de los airbags colocados en el rodado de los accionantes no resulta óbice para valorar positivamente las conclusiones expuestas por dicho profesional si se tiene en cuenta que este último consideró que no hacia falta realizar esa determinación dado que la magnitud de los graves daños que presentó el vehículo de los actores – la que permitiría considerar su destrucción total (conf. fs. 396 vta)- daría cuenta de que la colisión fue de una intensidad suficiente como para justificar la activación de las bolsas de aire que tienen por objeto proteger la cabeza y el tórax de los ocupantes del rodado frente a un choque violento de tipo frontal (ver fs. 51/2, 383, 383 y 398 vta.).

 

También cuadra destacar que aunque el experto informó que se trató de un “choque por alcance” nunca expresó que el impacto no haya sido de tipo violento.Por el contrario el facultativo fue concluyente en afirmar que los daños verificados en el automóvil de los reclamantes denotan que éste durante el impacto sufrió una desaceleración de una violencia tal que experimentó un acortamiento de su carrocería (aproximadamente 20 centímetros), y expresó que en esas condiciones el sistema debió alcanzar el nivel de disparo de los airbags pero no respondió adecuadamente (fs. 51/2, 3 75 y 383).

 

Debo agregar que el estado de destrucción que presentó el rodado de los accionantes luego del accidente de marras -del que da cuenta la fotografía agregada a fs. 379-, corrobora lo expresado por el perito en cuanto afirmó que la magnitud del impacto sufrido por dicho vehículo fue tal que permite demostrar que el sistema de airbag no funcionó adecuadamente.

 

En definitiva las conclusiones expresadas por el experto en sus informes antes transcriptos permiten tener por acreditado que existió un error en la calibración del umbral de disparo del equipo de airbag, lo cual impidió que ante el violento impacto frontal experimentado por el vehículo de los actores, el referido sistema cumpliera su función de protección a la que estaba destinado.

 

Por su parte a fs. 326/30 el perito médico designado en autos afirmó que los actores padecieron lesiones físicas a raíz del accidente antes descripto, por no haber funcionado el sistema de airbag, (las que serán analizadas en el considerando siguiente). Dicha peritación fue impugnada por el tercero citado (fs. 340/7) quien niega la existencia de relación causal entre los daños referidos por la perito y la no activación del airbag.La impugnación fue respondida por el profesional, quien ratificó lo expresado en su dictamen.

 

Considero que el acto impugnatorio carece de entidad como para invalidar las conclusiones a las que arribó el perito médico en cuanto sostuvo que los accionantes padecieron lesiones físicas por no haber funcionado el airbag en ocasión del siniestro descripto en la demanda.

 

Es de recordar que, como lo expresé anteriormente, el peritaje debe ser valorado a la luz de lo normado por los arts.386 y 477 del Código Procesal, por lo que el juez sólo puede apartarse de sus conclusiones cuando contenga deficiencias significativas que conduzcan a descartar su idoneidad probatoria, lo que no ocurre en el caso.

 

Lo sostenido por la magistrada en cuanto expresa que la colisión se produjo a causa de la conducta del actor quien no habría logrado mantener el pleno dominio de su rodado, carece de relevancia en la especie para dilucidar la cuestión materia de litigio.Es que en el caso resulta intrascendente quien fue culpable del accidente sufrido por los actores, toda vez que a la empresa demandada no se le endilgó responsabilidad por la producción del siniestro en cuestión sino por el deficiente funcionamiento del equipo de airbag instalado en el vehículo de los reclamantes, el cual debía protegerlos frente a un impacto frontal violento como el que experimentaron.

 

Del análisis de los elementos de convicción antes apuntados se desprende que los actores sufrieron daños en ocasión del accidente de tránsito descripto anteriormente, por no haberse activado el equipo de airbag con que contaba el automóvil de su propiedad y que el referido sistema de protección no cumplió su función a pesar del violento impacto frontal experimentado por el vehículo de marras, debido a que se hallaba calibrado para activarse ante un valor de desaceleración superior al experimentado por el automóvil de los reclamantes.

 

Ni la demandada ni la citada han logrado demostrar por un medio indubitable que el equipo de airbag en cuestión se hallaba calibrado de manera correcta y que no era necesario que las bolsas de aire se activasen ante un accidente como el experimentado por los actores.Ante dicha situación se torna aplicable el principio “en caso de duda a favor del consumidor” establecido en la ley 24.240, que resulta acorde con la tutela impuesta expresamente por el artículo 42 de la Constitución Nacional.

 

Atento a ello he de tener por acreditado que ante el siniestro sufrido por los demandantes el sistema de airbag con que contaba el vehículo Renault Megane ELG 709 no cumplió la función de protección a la que estaba destinado debido a una deficiente calibración de su umbral de disparo a consecuencia de lo cual los actores sufrieron diversas lesiones.

 

Como no se ha probado debidamente quién tenía a su cargo la calibración o regulación del equipo de airbag instalado en el automóvil Renault Megane de los accionantes, resultan responsables solidariamente la demandada “Renault Argentina S.A.”, en su carácter de fabricante del vehículo en cuestión y la citada “Autoliv Argentina S.A.” -fabricante del equipo de airbag en cuestión- en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 24.240.

 

En consecuencia, voto por revocar la sentencia, y hacer lugar a la demanda interpuesta, atribuyendo responsabilidad a “Renault Argentina S.A.” y “Autoliv Argentina S.A.” por los daños que sufrieron los accionantes a raíz del inadecuado funcionamiento del referido equipo de airbag en las circunstancias antes descriptas.

 

III.- Incapacidad sobreviniente:

 

La incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, L.L. T. 1994-B, p. 613, fallo n° 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L. 214.716; id. junio 6/2002, “Maidana, Javier Y. c/ Reina Carlos E. y otros s/daños y perjuicios”, L.342.607).

 

Cuadra recordar que lo que se indemniza por este concepto es la disminución de la aptitud física o psíquica derivada del hecho en que se funda la pretensión y que perdura de modo permanente.

 

a) Respecto del coactor Angel Ramón Bursa:

 

El perito médico designado en autos señaló que el Sr. Bursa a consecuencia del accidente de marras y por no haberse activado el sistema de airbag instalado en el automóvil, sufrió traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, latigazo cervical, traumatismo de rodilla con dolor agudo en rótula y traumatismo de tobillo derecho. Informó: “Examinado el actor se encontró al examen a la palpación contractura de los músculos cervicales, escapulares y dorsales, con limitación de la movilidad, con signos de cefaleas, mareos, vértigos, acúfenos. No realizó kinesiología. Además presenta por el traumatismo de rodilla derecha dolor femuro-patelar en el polo inferior de la rótula, con dolor a la movilización de la misma y una sinovitis post-traumática del tobillo derecho, sin limitación de movilidad. Lesiones puntiformes cicatrizales en antebrazo y codo derechos (fs. 327 vta.).

 

Finalmente concluyó el perito que que el Sr. Bursa presenta un cuadro de cervicobraquialgia post-traumática que le genera una incapacidad parcial y permanente del 5% de la T.O. y que a raíz de las lesiones puntiformes sufridas presenta cicatrices que le generan una incapacidad parcial y permanente del 1% de la T.O.

 

Afirmó el facultativo -al responder el segundo punto de peritaje propuesto por la demandada a fs. 102- que las lesiones sufridas por los actores no se hubiesen producido de haberse activado la bolsa de aire con que estaba equipado el automóvil Renault Megane.

 

b) Respecto de la coactora Ana María Pasquale:

 

El perito médico señaló que la Sra. Pasquale a raíz del accidente de marras sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de columna cervical que le provocó alteraciones clínicas, scalp de cuero cabelludo y región frontal.Fue trasladada al Hospital Piñeiro de Baradero, donde fue asistida con sueros, analgésicos, antbióticos y corticoides, se le practicó transfución de sangre. también se le efectuó la toillete y sutura, con hemostasia de vasos sangrantes (fs. 328 vta. y 329 vta. pto. III).

 

Concluyó el perito en que la Sra. Pasquale presenta una cervicopatía post-traumática que le genera una incapacidad de carácter parcial y permanente del 5% de la T.O, asimismo padece vértigo posicional, que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del 5% de la T.O. y presenta una cicatriz queloide frontal y en cuero cabelludo con parestesias, la que le genera una incapacidad parcial y permanente del 3% de la T.O.(fs. 329/vta., pto. III y 330, pto. V).

 

Afirmó el profesional que las referidas lesiones se habrian evitado de haber funcionado la bolsa de aire (ver fs. 329 vta, pto. IV, 2 -en rta. al pto. de peritaje propuesto por la citada a fs. 102).

 

Así ha quedado suficientemente comprobado que los actores padecen secuelas incapacitantes hacia el futuro en el plano físico atribuibles al hecho que se imputa a la demandada. Por ello juzgo que el reconocimiento del rubro en análisis deberá ser admitido.

 

Sin embargo, cabe ponderar que los porcentuales estimados por los peritos constituyen pautas referenciales a considerar dentro del contexto general de las pruebas arrimadas a la causa.

 

Respecto del traumatismo de rodilla sufrido por el Sr. Bursa y aun cuando el perito no ha informado que tal lesión le genera incapacidad, debo señalar que el referido daño no habría sido evitado de activarse el sistema de airbag -puesto que éste sirve para proteger la cabeza y tórax de los ocupantes del rodado- por lo que dicha lesión no guarda relación causal con el hecho imputado a la demandada.

 

En definitiva, valorando la totalidad de las circunstancias apuntadas precedentemente, teniendo en cuenta la edad que tenían los actores al tiempo del accidente -62 años la Sra. Pasquale y 64 años el Sr.Bursa- así como los porcentajes de incapacidad informados por el perito médico, propongo fijar por “incapacidad física” la cantidad de $10.000 a favor de Ángel Ramón Bursa y el importe de $25.000 a favor de Ana María Pasquale.

 

c) Incapacidad psíquica y tratamiento psicológico futuro de la coactora Ana María Pasquale:

 

En lo tocante al aspecto psíquico la perito psicóloga designada en autos refirió: “como consecuencia del accidente de marras la Sra. Pasquale padece de un trastorno por estrés post-traumático (DSM IV 3009,81), ha estado expuesta a un acontecimiento que puso en riesgo su integridad física y ha respondido al mismo con temor y desesperanza. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de sueños, recuerdos recurrentes, sensación de estar viviendo la experiencia. Malestar psicológico al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático con evitación de estímulos asociados al mismo” (fs. 258, pto. b).

 

Aclaró la perito que el cuadro de trastorno por estrés postraumático puede presentarse en personas que han atravezado situaciones traumáticas, aun cuando no hayan padecido lesiones físicas (fs. 258, pto. b.1), pero afirmó que “la mecánica del accidente.no es considerada per se altamente traumática y no resulta verosímilmente idónea para generar el cuadro psicopatológico denunciado.” (fs. 259).

 

Sostuvó la profesional que la actora denota malestar psíquico debido al registro de aspectos negativos no deseados en su autoimagen, lo cual implica alteraciones en la posición subjetiva frente a los demás y a sí misma, condicionando y deteriorando sus vínculos interpersonales (fs. 259, pto. b.3).

 

A continuación explicó que el accidente de autos afectó psíquicamente a la actora en el sentido que profundizó y acentuó características de su personalidad de base que se encontraban compensadas al momento del hecho, impidiéndole gozar con las anteriores capacidades en su ambiente familiar y social, viendo reducida la capacidad y calidad de los vínculos interpersonales (fs.260).

 

Concluyó la profesional en que la Sra. Pasquale presenta un trastorno por stress postraumático que le genera una incapacidad psíquica del 10% , pero aclaró: “de comenzar un tratamiento psicoterapéutico se estima que la sintomatología descripta no debería dejar secuelas permanentes siempre y cuando este se lleve a cabo” y recomendó que la actora realice un tratamiento psicoterapeútico individual, al menos durante un año con una frecuencia semanal (ver fs. 263).

 

Atento a ello y toda vez que de lo informado por la perito psicóloga no surge que la actora haya padecido a raíz del hecho imputado a la demandada secuelas de carácter permanente que justifiquen una indenmización, resulta improcedente fijar indemnización alguna en concepto de daño psicológico. Más aún si se tiene en cuenta que en el caso las secuelas psicológicas transitorias que deben considerarse no serían las del accidente en sí sino las derivadas del hecho de no haber funcionado adecuadamente el airbag y de las lesiones o secuelas físicas que derivaron de esa circunstancia.

 

En cuanto al reclamo efectuado por la Sra. Pasquale en concepto de “gastos de tratamiento psicoterapéutico”, ponderando la duración y frecuencia del tratamiento aconsejado por la perito así como el valor de la sesión estimado por la Sala, propongo fijar por tal concepto la cantidad de $4.800.

 

IV.- Gastos médicos y farmacéuticos de Ana María Pasquale:

 

He sostenido que estos gastos no requieren prueba efectiva de los desembolsos realizados, cuando la índole de las lesiones sufridas a raíz del accidente los hacen suponer (conf.CNCiv., Sala “F”, noviembre 1/2010, “Garbini, Ana c/ Autopistas Buenos Aires La Plata s/ daños y perjuicios”, L.551.887).

 

Conforme surge de las constancias de autos la Sra. Pasquale sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de columna cervical que le provocó alteraciones clínicas, scalp de cuero cabelludo y región frontal.Fue trasladada al Hospital Piñeiro de Baradero, donde fue asistida con sueros, analgésicos, antbióticos y corticoides, se le practicó transfución de sangre. también se le efectuó la toillete y sutura, con hemostasia de vasos sangrantes (fs. 328 vta. y 329 vta. pto. III).

 

Atento a ello propongo fijar en concepto de “gasts médicos y farmacéuticos” a favor de la coactora Pasquale la cantidad de $1.500.

 

V.- Daño moral:

 

Es de recordar que la cuantificación de este daño queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de su dolor físico, de sus miedos, angustias y sufrimientos. La reparación “integral” del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues, el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (CNCiv. Sala “F”, noviembre 15 /2004, L.378.649, voto del Dr. Eduardo A. Zannoni).

 

El daño moral es inmaterial o extrapatrimonial y representa los padecimientos soportados y futuros que tuvieron su origen o agravamiento en el hecho generador. Lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física, no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para la satisfacción por medio de sucedáneos de goce, afección y mitigación al sufrimiento emocional y físico (CNCiv. Sala C, octubre 13/1992, “Varde c/ Ferrocarriles”, voto del Dr. Cifuentes; id. Sala C, noviembre 27/1992, “Vinaya c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”, L.L. T.1993-D- p. 278, fallo n° 91.599; CNCiv. Sala F, octubre 31/2005 L. 426.420 “Schaff Rubén Daniel c/ EDENOR S.A. s/ daños y perjuicios”) (CNCiv. Sala F, junio 6/2006 “Infanzon María Cristina c/ Roldán Emilia Vanesa y otros s/ daños y perjuicios” L.439.820).

 

La naturaleza esencialmente resarcitoria del daño moral, la finalidad perseguida por este item, la entidad de las lesiones originariamente padecidas como consecuencia del hecho de autos y las secuelas físicas permanentes verificadas por el perito me llevan a concluir en que resulta procedente indemnizar la partida en estudio. Atento a lo expuesto propongo fijar por “daño moral” la cantidad de 10.000 a favor de Angel Ramón Bursa y la de $20.000 a favor de Ana María Pasquale.

 

VI.- Intereses:

 

Los intereses respecto de los montos indemnizatorios admitidos en el presente pronunciamiento se devengarán desde que se produjo el perjuicio hasta este pronunciamiento a la tasa del 8% anual, y de allí hasta el cumplimiento de la condena a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina de conformidad con lo establecido en el fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 20 de abril de 2009.

 

Sin embargo respecto del importe otorgado por “gastos de tratamiento psicológico”, por tratarse de gastos futuros los intereses deberán computarse desde que quede firme este pronunciamiento hasta su efectivo pago a la tasa activa antes referida.

 

En mérito a lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada y, conseucentemente admitir la demanda interpuesta, condenando en forma solidaria a “Renault Argentina S.A.” y “Autoliv Argentina S.A.” a abonar, en el término de diez días, al Sr. Angel Ramón Bursa la cantidad de $20.000 y a Ana María Pasquale la cantidad de $51.300, más los intereses a computarse de la forma determinada en el considerando VI. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada y la citada que resultaron vencidas.

 

Por análogas razones, el DR. POSSE SAGUIER votó en igual sentido que el Dr. Galmarini, inclusive en cuanto a los intereses propuestos.

 

El DR.ZANNONI dijo:

 

1.Adhiero al voto del Dr.Galmarini, excepto en lo atinente a la tasa de interés que corresponde aplicar.-

 

Según la doctrina legal vigente en el fuero a partir del fallo plenario dictado el 20/4/2009 por esta Cámara en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Setenta S.A. s./ Daños y Perjuicios”, la tasa de interés que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. De este modo se dejaron sin efecto los plenarios dictados en autos “Vázquez, maría Angélica c./ Bilbao, Walter y otros, s./ daños y perjuicios” del 23/8/93 y “Alaniz, Ramona Evelia c./ Transportes 123 S.A.C.I. s/ Daños y Perjuicios del 23/3/2004.

 

Como dicha doctrina legal es de aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (arg. art. 3° , Cód. Civil, ley 17.711) y no advierto que en el caso la aplicación de la tasa de interés implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido, entiendo que debe disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, deberán ser abonadas dentro del plazo establecido, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables.

 

2.La aplicación de una tasa diferente durante el lapso que media desde la ocurrencia del hecho ilícito o la mora del obligado hasta el dictado de la sentencia implica apartarse de la doctrina legal, dado que no advierto ni se explica de qué modo, en el caso, la aplicación de la tasa activa conduce a una alteración sustancial del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido (o sea, enriquecimiento sin causa).

 

3. Los colegas de la Sala sostienen que el capital de condena incluye el componente inflacionario que es, precisamente, el que contiene la tasa activa, de modo que de aplicarse ésta durante el lapso corriente entre la producción del daño y la determinación de ese valor actual se duplicaría injustificadamente esa indemnización -en la medida de la desvalorización monetaria- lo que produciría la alteración del contenido económico de la sentencia.

 

Discrepo con este punto de vista. A mi juicio no es correcto sostener que capital de condena incluye el componente inflacionario. A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda “indexación” por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha manteni do el art. 4º de la vigente ley 25.561, denominada de emergencia económica. “En ningún caso -dice esta última norma- se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor”.

 

4. De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por la Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/77) y por esta Cámara (in re:”La Amistad SRL c./ Iriarte, Roberto C.” del 9/9/77), siguiendo pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un efecto multiplicador de la crisis inflacionaria. Y fue en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del interés “puro”, que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el 15% anual.

 

El contexto actual no es, por fortuna, aquél. La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria. Tales procedimientos de actualización están prohibidos, reitero, por las leyes antes citadas. Y aunque pudiera argumentarse que, aun así, la obligación de resarcir daños constituye una típica obligación de valor que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura, existe consenso -por lo menos a partir del dictado de la ley 23.928- que los montos liquidados por quien reclama el resarcimiento en juicio, constituyen parámetros que deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia, salvo lo que, en más o en menos, surja de la prueba producida durante el proceso.

 

Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar a falta de un pacto o convenio de intereses, la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina y que entre ese año y el 2004, estuvo por encima de los precios al consumidor, lo cual no ocurre en la actualidad. Como ha señalado la mayoría del Tribunal al responder a la primera pregunta de este acuerdo plenario, una tasa que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda.

 

5.Por todo lo que sucintamente dejo expuesto, entiendo que la salvedad que se hace al responder a la última pregunta que se nos formuló en el acuerdo plenario no es operante en el contexto del presente proceso. Debe, a mi juicio, disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, se abonarán dentro del plazo establecido, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables. Dicha salvedad queda confinada al hipotético caso que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente.

 

Con lo que terminó el acto.

 

JOSE LUIS GALMARINI.

 

FERNANDO POSSE SAGUIER.

 

EDUARDO A. ZANNONI.

 

Es copia fiel de su original que obra en las páginas N° a N° del Libro de Acuerdos de esta Sala “F” de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil.

 

Buenos Aires, abril de 2012.

 

AUTOS Y VISTOS:

 

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y, conseucentemente se hace lugar a la demanda interpuesta, condenando en forma solidaria a “Renault Argentina S.A.” y “Autoliv Argentina S.A.” a abonar, en el término de diez días, al Sr. Angel Ramón Bursa la cantidad de $20.000 y a Ana María Pasquale la cantidad de $51.300, más los intereses a computarse de la forma determinada en el considerando VI. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada y la citada.

 

Toda vez que se ha modificado lo decidido por la Sra. Juez “a-quo”, deberán adecuarse los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal.

 

Por ello, en atención al monto del proceso (capital e intereses), trabajos realizados en el principal y en la prueba anticipada (Exp.N° 43.657/2006), que en este acto se tiene a la vista, apreciados por su importancia, extensión y calidad, etapas cumplidas, resultado obtenido y lo dispuesto por los arts. 6, 7 , 9, 10 , 33 , 37, 38 y concs. de la ley 21.839 y en lo pertinente por la ley 24.432 , se regulan los honorarios del DR. MARCELO O. BERNALDEZ, patrocinante y luego letrado apoderado de la actora, en ($.). Asimismo, se regulan los honorarios de los DRES: RICARDO ERNESTO GILLETTE y EZEQUIEL CARDOZO VENEZIANO, letrados apoderados de “RENAULT ARGENTINA S.A.”, en conjunto, en ($.) y los de los DRES: CHRISTIAN FERNANDO ALBOR y PABLO MARTIN OLIVER, letrados apoderados de “AUTOLIV ARGENITNA S.A.”, en ($.).

 

Por las cuestiones resueltas a fs. 52/53 y fs. 335, teniendo en cuenta el interés económico comprometido en cada una de ellas, se regulan los honorarios del DR. BERNALDEZ, en ($.) y los del DR. GILLETTE, en ($.).

 

En atención a los trabajos realizados por los peritos: LIC. MARCELA E. VIDAURRETA; DR. MAURICIO HERSZHORN; ING. CARLOS LUIS IBARRA e ING. EUGENIO PABLO LUTEREAU, apreciados por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto por decreto ley 7887/55 (modif.por el dec. ley 16.146/57 y ley 21.165 ), y en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios, en ($.); ($.); ($.) y ($.), respectivamente.

 

Por la labor del consultor técnico JORGE I. SANCHEZ SUAREZ, apreciada también por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo establecido en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en ($.).

 

En cuanto a los honorarios del mediador, este Tribunal considera que el Decreto 1467/11 , que reglamenta la ley 26.589 , es aplicable desde el momento de su sanción, y que resulta indiferente si a la fecha en que el mediador cumplió su tarea rigiera una escala retributiva menor, pues lo que define el arancel es la norma vigente al momento en que el honorario sea exigible (conf. CNCiv. esta Sala R.530.304 “Reina Christian Fernando c/Constructora Cotopaxi s/Daños y Perjuicios”, del 5/5/09, entre muchos).

 

Por ello, por la tarea desarrollada por el DR. JAVIER MARCELO MENDEZ, se fijan sus honorarios en ($.).

 

Por la labor de Alzada (Art. 14 del arancel), se regulan los honorarios del DR. BERNALDEZ, en ($.); los del DR. OSVALDO RAUL MIER, letrado apoderado de “RENAULT ARGENITNA S.A.”, en ($.) y los del DR. ALBOR, en ($.). Notifíquese y devuélvase.

 

16.JOSE LUIS GALMARINI

 

18.FERNANDO POSSE SAGUIER

 

17.EDUARDO A. ZANNONI

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