No se indemniza el daño moral si no se acredita que la denuncia penal por hurto calificado haya motivado la extinción del vínculo laboral.

Partes: S. M. O. c/ José Buck S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 25-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72547-AR | MJJ72547 | MJJ72547

Rechazo del daño moral, porque no surge probado que al disponer la extinción sin causa la empresa intentó disimular el verdadero motivo de su decisión, esto es, una denuncia penal por hurto calificado.

Sumario:
1.-Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por el trabajador, pues incurrió en absurdo al entender comprobado que al disponer la extinción sin causa la empresa intentó disimular el verdadero motivo de su decisión -asentada en la denuncia penal por hurto calificado efectuada por un representante de la firma y que diera lugar a la promoción de una causa penal-, máxime al quedar evidenciado que ese obrar no tuvo por meta sustraerse al pago de las indemnizaciones legales, las que le fueron abonadas al trabajador inmediatamente al distracto.

2.-De la denuncia penal y ampliación que de ella efectuara el representante de la firma demandada no surge una imputación directa y enderezada derechamente contra el actor, sino una detallada descripción del presunto acto delictivo que se habría cometido en perjuicio de la empresa; y tal accionar, limitado a poner en conocimiento de la autoridad competente la noticia criminis a fin de posibilitar su investigación criminal, a tenor de las constancias de la causa, no puede ser calificado de malicioso o al menos negligente o imprudente.

3.-En el caso no se encuentra verificado el obrar presuntamente ilícito del empleador, extremo que no queda configurado por la circunstancia de que hubiera recaído sobreseimiento en la causa penal seguida contra el actor, ya que el sobreseimiento provisorio, convertido en definitivo por el transcurso del tiempo, no permite por sí solo calificar a la denuncia como inverosímil, infundada o temeraria.

4.-La ruptura unilateral sin causa del contrato laboral origina la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley, las que comprenden cualquier perjuicio padecido por el trabajador con motivo de su despido, supuesto en el cual la ley presume -sin admitir prueba en contrario- la existencia de los daños material y moral padecidos por el dependiente con motivo de la extinción de su contrato y establece tarifadamente la reparación correspondiente.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 25 de abril de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 106.365, “S. , M. O. contra José Buck S.A. y otros. Daños y perjuicios”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial Necochea hizo lugar a la acción instaurada, con costas a la demandada vencida (fs. 2293/2321).

Ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (fs. 2344/2361 vta. y 2364/2403).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada a fs. 2364/2403?

En su caso:

2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora a fs. 2344/2361 vta.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal de origen admitió la demanda interpuesta por M. Á. S. y condenó solidariamente a la firma José Buck S.A. y a Eduardo Alberto Costa, Alejandro José Marcolongo Buck, Hilda Teresa Buck y Elizabeth Matilde Buck, a abonarle al actor la suma que estableció en concepto de daños y perjuicios (fs. 2293/2321).

Para así decidir, luego de analizar lo manifestado por las partes en sus escritos constitutivos y las pruebas adquiridas durante la tramitación del proceso (en especial la testimonial y constancias de la causa penal agregada a la presente), el órgano de grado ponderó:

(i) Que si bien la demandada había despedido al actor sin invocar una causa (v. nota, fs.76), posteriormente, en su responde, sostuvo que la empresa había prescindido de sus servicios en el marco de una “reorganización administrativa”, vulnerando así el principio que consagra el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, al intentar introducir tardíamente una causa que, además, siquiera intentó probar (v. fs.2294 vta./2295).

(ii) Que el día 21-IX-1995 el señor Alejandro Marcolongo Buck radicó en nombre de la firma José Buck S.A. una denuncia policial por el faltante de herbicidas en uno de los galpones de propiedad de la empresa y que, tres días después, amplió su denuncia, manifestando que: “. el día 11 de septiembre de 1995 había pasado por el establecimiento un camión que traía uria de Necochea y que fue derivado previo pesaje por el empleado M. Á. S. a la planta de la localidad para descargar el producto coincidiendo con la fecha de lo denunciado” (v. fs. 1 y 9 causa penal; vered., fs. 2295 y vta.).

(iii) Que a partir de la instrucción policial llevada a cabo en función de la referida denuncia y del testimonio de uno de los empleados de la firma demandada (quien, destacó, a la postre resultó condenado en sede penal por el delito de falso testimonio; v. causa penal, fs. 1072 y 1161/1164), se determinó que existían suficientes elementos para hacer responsable a S. por el delito de “hurto calificado”, decretándose su detención el 26-IX-1995 (v. vered, fs. 2295 vta.).

(iv) Que el actor permaneció privado de su libertad hasta el 29-IX-1995, en que le fuera concedida la excarcelación, habiendo quedado finalmente sobreseído por el delito imputado el día 26-VI-1998 (v. vered., fs. 2295 vta./2296).

(v) Que los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa (Ferreli y Rodríguez) manifestaron saber que el actor había sido despedido por la denuncia penal radicada en su contra (v. vered., fs.2296).

(vi) Que únicamente el accionante quedó involucrado en la denuncia penal y fue investigado por el delito de “hurto calificado”, como así también que tales hechos tuvieron difusión pública en el lugar de trabajo y de residencia de S. y que, a partir del despido, éste no pudo afrontar las obligaciones alimentarias de su grupo familiar (v. vered., fs. 2297).

A partir de ello, el juzgador tuvo por acreditado que al disponer el despido del actor sin invocar una causa, la empresa había intentado disimular la verdadera motivación de su decisión, esto es, la denuncia penal efectuada por un representante de la referida firma que diera lugar a la promoción de la causa 8398, “S. M. O. -hurto calificado- damnificada firma José Buck S.A. denunciante Marcolongo Alejandro José”, tramitada ante el juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 del Departamento Judicial Necochea (v. vered., fs. cit. y sent., fs. 2305 vta./2306).

También tuvo por probado que los directivos de la empresa instruyeron a Marcolongo para que radicara la denuncia penal que ocasionó que el actor fuera el único empleado detenido e investigado por el delito “hurto calificado”, que no cometió. Además, consideró que la empresa se apoyó en el testimonio de uno de sus dependientes (B. ) quien fuera condenado por falso testimonio por la Cámara de Apelaciones departamental y confirmada la sentencia por este superior Tribunal (v. sent., fs. 2306/2307 vta.).

En ese marco, concluyó que el accionar de los demandados resultaba contrario al principio de buena fe y configuraba un abuso de derecho (arts. 63 y 68 , L.C.T.), vulnerando derechos consagrados en tratados internacionales (art. 75 inc. 22, Const. nac.). Añadió que el comportamiento de los directivos de la empresa (codemandados a título personal en estas actuaciones) se exhibía apartado de la lealtad y diligencia que se exige a “un buen hombre de negocios” (arts.59 y 274 , ley 19.550 y 4 y 10 de la ley 25.212) y, por lo tanto, debían responder en forma ilimitada y solidaria por los daños resultantes de su acción u omisión (v. sent., fs. cit.).

Establecido ello, sostuvo que a pesar de que en el caso se verificaba que el actor había percibido las indemnizaciones derivadas del despido (arts. 233 y 245 , L.C.T.), se hallaban configurados los presupuestos que habilitaban la procedencia de las indemnizaciones extra forfatarias peticionadas en la demanda. En suma, reputó ilícito el obrar de los accionados al involucrar al actor en una denuncia penal por medio de un representante jerárquico de la empresa y, en vista a los perjuicios sufridos por aquél como consecuencia de ese accionar (v. gr. pérdida de la libertad, frustración del proyecto de vida), estableció la cuantía de la reparación que en concepto de daño moral le correspondía percibir al demandante (v. sent., fs. 2308/2312 vta.).

Seguidamente, con el objeto de determinar la indemnización por el daño material verificado (comprensivo del “lucro cesante sufrido y la pérdida de chance ante la dificultad para reinsertarse laboralmente”, fs. 2313), el a quo tomó en cuenta dos períodos: 1) desde el despido del actor hasta su sobreseimiento definitivo en sede penal y 2) a partir del 1-VII-1998 hasta el 30-VI-2007 en que quedó firme la sentencia de condena por falso testimonio del señor B. , fijando sobre tal base el importe de condena (v. sent., fs.2313 vta./2314).

Finalmente, en el apartado IV de la sentencia, el a quo resolvió aplicar “atento los períodos del caso de autos” la tasa pasiva de intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente “desde que cada suma es debida, hasta el 31/12/2001″ y, desde el 1-I-2002 en adelante, la tasa activa que cobra el mismo banco por sus operaciones de préstamo de dinero, atento las justificaciones que expuso y doctrina de dicho tribunal (fs. 2317).

II. Contra esta decisión, los accionados de autos interpusieron el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, en el que denuncian absurdo y violación de los arts. 39 , 44 incs. “d” y “e” , 46 y concs. de la ley 11.653; 4 , 62, 63 , 68 , 231, 232 , 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 54 , 59 , 274 y concs. de la ley 19.550; 1068 , 1071 , 1078 , 1090 , 1103 , 1109 , 1113 y concs. del Código Civil; 4 y concs. de la ley 25.212; 34 inc. 4 , 163 incs. 5 y 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 1 , 14 bis , 16, 17 , 18, 19 , 31 y concs. de la Constitución nacional y de la doctrina legal que citan (fs. 2364/2403).

En lo sustancial, tachan de absurda la valoración que de la prueba efectuó el sentenciante y reputan arbitrario el fallo en crisis.

Cuestionan, de un lado, que el a quo le enrostrara a los demandados haber “vulnerado el principio de invariabilidad de la causa del despido que contempla el art.243 LCT”, por haber afirmado en su conteste que el despido se debió a una “reorganización empresaria” cuando -a su entender- ha sido el tribunal el que “ha violado el mismo artículo que se dice aplicar”, lo cual denuncia a fin de habilitar la casación. En efecto, señala que el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo no aprehende a los despidos como el presente -sin expresión de causa- y lo que proscribe a las partes es “la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas”, tachando de absurdo lo resuelto sobre el punto por el órgano de grado (fs. 2380).

Del otro, objetan que se hubiera considerado demostrado que el despido del actor estuvo motivado en una denuncia penal. Refieren que no hubo “imputación delictiva contra ninguna persona”, habiéndose limitado su mandante a denunciar el faltante de mercaderías (fs. 2380 vta.) y que fue la aparición “en escena [d]el señor A. E. B. ” quien “tenía una vieja enemistad personal con el señor S. ” quien “no dudó en incriminarlo” (fs. 2366 vta./2367).

Con apoyo en doctrina de este Tribunal que citan, sostienen que aún situados en aquella hipótesis de que el despido “sin causa” hubiese estado realmente motivado en la denuncia penal (que, aducen, no aconteció -por lo cual carece de sustento fáctico, art. 499 , C.C.-), ello no podría dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios derivada de tal conducta, toda vez que el empleador se exime de su obligación abonando las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 231, 232, 233 y 245 ), las que ha debidamente cumplimentado (fs. 2379 vta./2380).

Con todo, si bien admiten que es posible la procedencia de una reparación adicional para el caso de que el principal -concomitantemente con la cesantía- hubiera cometido un hecho ilícito, tal supuesto no se verifica en la especie.En este sentido, refieren que el tribunal de grado no tuvo en cuenta que el señor Marcolongo quedó sobreseído por el delito de “instigación al falso testimonio” que le fuera imputado en relación con la declaración del señor B. , como también que en sede penal fue desechada la imputación por la “falsa denuncia” que se le atribuyera al representante de la empresa, siendo todos ellos datos que los jueces del tribunal del trabajo no podían desconocer (fs. 2382).

A consecuencia de ello, denuncia frontalmente violados “los arts. 1101, 1103 y sus concordantes y doctrinas del Código Civil” (fs. 2386/2387). Señala que el a quo suspendió en varias ocasiones la audiencia de vista de la causa a la espera del resultado de la causa penal, sin embargo, “una vez resuelta la exculpación de Marcolongo (y, por ende, de la empresa y sus directivos) se la dejó de lado.” (fs. 2386 vta.) y “en un nuevo acto de arbitrariedad manifiesta (arts. 1, 14, 16, 17, 19, 31 y sus doctrinas de la Carta Magna) no le atribuyó importancia alguna [a] la absolución de culpa y cargo del Ing. Marcolongo” (fs. 2386). Añadió que “[n]inguna trascendencia le adjudicó a las conclusiones de la Cámara Penal en el sentido que B. obró por su cuenta, y por venganza personal, contra S. ; que ‘en modo alguno puede inferirse [...] la existencia de intencionalidad por parte de Marcolongo a los efectos de determinar a B. a cometer falso testimonio en perjuicio de M. O.S. ’” (fs. cit.).

Por otro lado, controvierten la extensión de la responsabilidad a los codemandados de autos, alegando que tal decisión no sólo proviene de una errónea aplicación de los arts.59 y 274 de la ley 19.550 y 4 de la ley 25.212, sino que, a la par, carece de sustento fáctico que la respalde.

A continuación y mediante un extenso desarrollo, reprochan el método utilizado por el a quo para determinar el importe por daños y perjuicios, como así también refutan el quantum fijado en la sentencia y la remuneración considerada a tal fin.

Sostienen, también, que al aplicar intereses al monto de condena con base en la tasa activa, el sentenciante vulneró la doctrina de esta Corte que individualizan.

Por último y en forma subsidiaria, denuncian la existencia de errores de cálculo derivados de la aplicación de la fórmula matemático-financiera utilizada para fijar la indemnización por daño material, como así también de la tasa de interés que se computó en el fallo.

III. El recurso, en mi opinión, debe prosperar.

1. Como fuera anticipado, el tribunal de origen consideró acreditado que el despido del trabajador dispuesto por la demandada sin expresión de causa disimulaba el verdadero motivo de la decisión, esto es, la denuncia policial efectuada por un representante de la empresa empleadora que diera origen a la tramitación de una causa penal en la que el actor quedó involucrado por la supuesta comisión del delito de “hurto calificado”.

Bajo esa premisa y en vista a las implicancias que tuvo en la vida del accionante el hecho de haber sido detenido e investigado por un delito que no cometió (vgr. su difusión en el lugar de trabajo, la imposibilidad de obtener otro empleo, etc.) el juzgador consideró procedente los reclamos deducidos en concepto de daño material y moral.Para así resolver, entendió que el obrar de los demandados, al involucrar al trabajador en una denuncia penal por medio de un representante jerárquico de la empresa, constituía un acto ilícito que había provocado en el actor un daño cuya reparación debía efectuarse con arreglo a las normas del derecho común, por exceder las previsiones de la tarifa contenida en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

2. Asiste razón a los recurrentes en cuanto afirman que resulta errónea la decisión de grado que admitió el reclamo por daños y perjuicios.

a. Este Tribunal ha dicho reiteradamente que la ruptura unilateral sin causa del contrato laboral origina la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley, las que comprenden cualquier perjuicio padecido por el trabajador con motivo de su despido, supuesto en el cual la ley presume -sin admitir prueba en contrario- la existencia de los daños material y moral padecidos por el dependiente con motivo de la extinción de su contrato y establece tarifadamente la reparación correspondiente. Pero también se ha expresado que, si con motivo o en ocasión de la extinción del contrato de trabajo, el principal comete un acto ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, configurándose los presupuestos de hecho a los que la ley imputa obligación de indemnizar (arts. 1109, 1067 y 1078 del C.C.), incurre en responsabilidad civil extracontractual, en cuyo caso procede la reparación del daño moral ocasionado al dependiente (conf. causas L. 38.929, “Blanco”, sent. de 2-II-1988; L. 52.020, “Tórtora”, sent. de 3-VIII-1993; L. 67.399, “Ciardullo”, sent. de 24-XI-1998; L. 62.235, “Mular”, sent. de 25-X-2000; L. 92.639, “D., A.”, sent. de 20-VIII-2008; L. 94.536, “Gainza”, sent. de 9-XII-2010).

b.Más allá de la motivación que hubiere tenido el empleador para disolver el contrato y por cuya ruptura abonó al trabajador las indemnizaciones de ley (arts. 233 y 245, L.C.T.), lo relevante en el caso es determinar si se verifican los presupuestos que tuvo en cuenta el sentenciante para habilitar la procedencia de la pretensión resarcitoria por daño moral y material, esto es, que el obrar de los demandados resultó configurativo de un acto ilícito que debía ser reparado.

Ha expresado el a quo que la demandada -en su responde- señaló que había prescindido de los servicios del trabajador en el marco de una “reorganización administrativa”, vulnerando de ese modo el principio consagrado en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; ello, toda vez que al cursarle la notificación del despido lo hizo sin invocar causa. Sin perjuicio de esa afirmación, que carece de toda virtualidad ante el texto de una norma que impide la modificación de un motivo explícito invocado para justificar el acto extintivo, y aun de lo replicado por los aquí recurrentes sobre lo así resuelto, advierto que éstos aciertan al denunciar que la conclusión del juzgador, en cuanto declaró comprobado que al disponer la extinción sin causa la empresa intentó disimular el verdadero motivo de su decisión -asentada en la denuncia penal efectuada por un representante de la firma y que diera lugar a la promoción de la causa 8398 tramitada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 1 de Necochea- aparece viciada por absurdo, máxime al quedar evidenciado que ese obrar no tuvo por meta sustraerse al pago de las indemnizaciones legales, las que le fueron abonadas al trabajador inmediatamente al distracto.

c.Descartado entonces el despido como hecho desencadenante de una responsabilidad distinta y que genere otro tipo de obligaciones a las ya satisfechas por el empleador, sólo queda como factor de imputación la responsabilidad derivada de la formulación de la denuncia penal presentada por el representante de la demandada y por la cual terminara procesado criminalmente el actor, a la postre sobreseído definitivamente.

Y, en cuanto a esto atañe, reitero, en modo alguno se han verificado los presupuestos habilitantes de las indemnizaciones extra forfatarias reclamadas en la demanda. Ello así pues, conforme lo tiene reiteradamente dicho este Tribunal, en el caso de una denuncia criminal -como la de autos-, los presupuestos de hecho a los que la ley imputa el deber de resarcir, se establecen cuando el denunciante ha obrado con malicia, temeridad o, por lo menos, con ligereza culpable (conf. causas Ac. 15.239, “Diaz c/ Esso”, sent. de 9-IX-1969, “Acuerdos y Sentencias”, t. 1969, pág. 700; Ac. 41.227, sent. de 21-XI-1989, en “Acuerdos y Sentencias”, t. 1989-IV-214; Ac. 51.345, sent. de 23-VIII-1994; Ac. 59.900, “Lapenta”, sent. de 26-VIII-1997; C. 100.904, “Ciancio”, sent. de 2-VII-2008).

d. No se me escapa que es doctrina de esta Corte que determinar si se ha configurado una denuncia maliciosa o negligente constituye una cuestión de hecho y prueba que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf., entre otras, doct. Ac. 83.877, sent. de 3-XII-2003; Ac. 87.049, sent. de 8-IX-2004; C. 94.416, sent. de 23-VIII-2006).

Precisamente, los demandados han tachado de absurda esta parcela del decisorio y, en mi parecer, aciertan en el punto.En efecto, no es dable constatar, a partir de las constancias de la causa penal acollarada a la presente, que al promover la denuncia penal, Marcolongo, en representación de la firma accionada, hubiera obrado con malicia, temeridad o, por lo menos, con ligereza culpable.

Ello así, por cuanto a fs. 1 el denunciante declara faltante de 18 cajas de herbicida en uno de los galpones del establecimiento de la empresa. Luego, en su ampliación, deja asentado como un dato para la investigación que el día 11 de septiembre de 1995 había pasado por el establecimiento un camión que traía uria de Necochea, conducido por el chofer Molina, el que, previo pesaje, fue derivado por el empleado M. Á. S. a la planta de la localidad para descargar el producto (v. fs. 9, causa penal).

Se advierte que, al formular la denuncia penal, el señor Marcolongo tuvo por intención poner en conocimiento de la autoridad la existencia de un presunto hecho ilícito y que, al realizarla, no imputó el hecho a ninguna persona. Luego, en su ampliación, sólo informó lo que sabía sobre lo acontecido el día 11-IX-1995, tanto en lo relacionado con quien conducía el camión como respecto de lo concerniente al obrar del señor S. , circunstancia que en modo alguno implicó el haber querido involucrar al trabajador en la comisión del presunto delito. Simplemente brindó información para que las autoridades realicen las diligencias necesarias para el esclarecimiento del ilícito y el reintegro de los bienes faltantes a su patrimonio.

En suma, de la denuncia penal y ampliación que de ella efectuara el representante de la firma demandada, no surge una imputación directa y enderezada derechamente contra el aquí actor, sino una detallada descripción del presunto acto delictivo que se habría cometido en perjuicio de la empresa.Y tal accionar, limitado a poner en conocimiento de la autoridad competente la noticia criminis a fin de posibilitar su investigación criminal, a tenor de las constancias de la causa, no puede ser calificado de malicioso o al menos negligente o imprudente (conf. Ac. 59.900, “Lapenta”, cit.).

Pero además, tal como lo señala el quejoso, puede constatarse, a través de las constancias de la causa penal tramitada bajo el n° I-8398, en la cual el accionante se presentó como particular damnificado, que resultó desechada la investigación por una supuesta “falsa denuncia” atribuida a Marcolongo, como así también que fue sobreseído por la supuesta “instigación al falso testimonio” del señor B. , siendo únicamente éste quien resultara condenado por el delito de “falso testimonio” (v. causa cit., fs. 1054/1072).

e. Por todo ello, entiendo que en el caso no se encuentra verificado el obrar presuntamente ilícito del empleador, extremo que no queda configurado por la circunstancia de que hubiera recaído sobreseimiento en la causa penal seguida contra el actor. El sobreseimiento provisorio de S. , convertido en definitivo por el transcurso del tiempo, no permite por sí solo calificar a la denuncia como inverosímil, infundada o temeraria.

Como corolario de lo expuesto, juzgo que el tribunal a quo ha incurrido en violación o errónea aplicación de los arts. 1109, 1078 y concs. del Código Civil, a tenor de la doctrina legal de la que se hizo mérito.

En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso, casar la sentencia recurrida y rechazar la demanda.

3. En razón de la solución que se propicia en el apartado anterior, deviene innecesario pronunciarse sobre los restantes agravios deducidos en la impugnación.

IV. Por todo lo dicho corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido y revocar la sentencia impugnada en cuanto acogió la demanda promovida por daños y perjuicios, cuyo rechazo aquí se dispone.

Con costas de ambas instancias a la actora vencida (art.289 , C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Negri, de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 9, 11 , 12 , 36 , 68 , 70, 71, 72 , 81 , 90 , 91, 105, 106 , 231, 232, 243, 245, 275 y concs. de la Ley de Contrato de Trabajo; 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11, 12 inc. 3, 15, 31, 36 inc. 4, 39 incs. 1 y 3, 57 y concs. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita (fs. 2344/2361 vta.).

En lo esencial, plantea los siguientes agravios:

1) Impugna el importe de la condena y el mecanismo utilizado para su determinación, alegando que el juzgador debió ceñirse al método de cálculo propuesto en la demanda (fs. 2348/2349).

2) Objeta que no se admitiera la existencia de diferencias originadas en el pago de la indemnización por despido. Sostiene que en el veredicto se tuvo por acreditado que la remuneración del actor se conformaba por un salario de $ 1.200 y una gratificación anual de $ 2.000, lo que significaba un promedio mensual, normal y habitual de $ 1.366. Por tal motivo, aduce, que es dable constatar que la demandada liquidó al trabajador una suma insuficiente en concepto de indemnizaciones por despido y preaviso, con más el sueldo anual complementario proporcional (fs. 2349/2350).

3) Cuestiona que el tribunal “no hubiese reconocido y sancionado el fraude previsional” en que incurrieron los demandados (fs.2350/2352).

4) Alega, también, que quedó evidenciado que el actor fue víctima de un trato “selectivamente discriminatorio” (fs. 2352 y vta.).

5) Por último, desarrolla extensamente las consideraciones por las que -en su visión- quedó demostrada la existencia de un obrar temerario y malicioso por parte de los demandados de autos, solicitando la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 2352 vta./2356).

II. El recurso no puede prosperar.

1. En primer lugar, cabe señalar que, en atención a la solución que se propicia en la cuestión anteriormente planteada, deviene abstracto e inoficioso el tratamiento del agravio vinculado a la cuantía de la indemnización fijada en el fallo en concepto de daños y perjuicios.

2. Sentado ello, corresponde analizar el cuestionamiento vinculado a la invocada existencia de diferencias derivadas de las indemnizaciones abonadas al trabajador con motivo del despido.

En este punto, importa destacar que el juzgador de origen no examinó la pretensión orientada a obtener el cobro de tales diferencias y, por lo tanto, no emitió pronunciamiento alguno en torno a su procedencia en el caso de autos. Así es que, no interpuesto por la actora recurso extraordinario de nulidad, pese a la extensión de su pedido inicial y la falta de abordaje por parte del tribunal de origen de la referida cuestión, el planteo formulado en la queja resulta inaudible en el marco de conocimiento propio del remedio intentado.

3.No mejor suerte han de correr los cuestionamientos que giran en torno al fraude previsional en que presuntamente habrían incurrido los demandados, como así también aquél vinculado a un supuesto trato discriminatorio hacia el actor.

En efecto, en su queja, el recurrente se limita a sostener que quedó acreditado en autos el trato discriminatorio que los demandantes propiciaron a su parte, como así también el fraude previsional en que éstos habrían incurrido, postulando en este sentido que tal conducta debió ser sancionada mediante la determinación de una reparación adicional por los perjuicios derivados de la falta de ingreso de aportes a su parte.

Baste advertir que tales planteos han sido introducidos por primera vez en esta instancia extraordinaria, extemporáneamente, resultando por ello improcedentes para habilitar la vía recursiva a los fines de efectuar una impugnación idónea (conf. causas L. 84.142, “Nicosia”, sent. de 28-XII-2005; L. 85.509, “Vergara”, sent. de 17-V-2006; L. 89.992, “C., D.”, sent. de 4-VII-2007; L. 87.991, “Gallego”, sent. de 12-XII-2007).

4. Finalmente y en lo relativo a la pretendida aplicación en el caso de la sanción contemplada por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, es dable consignar que la actora reclamó que se condene a la demandada y los representantes legales y socios controladores de la firma José Buck S.A. por ese rubro “al pago de la multa que [.] solicito se fije en el cincuenta por ciento (50%) del monto total de la condena de los demás rubros” acordados (v. fs. 2352 vta./2355). Siendo ello así, en razón de lo decidido al resolver la cuestión anterior, deviene inoficioso su tratamiento. Sin perjuicio de lo cual no es ocioso recordar que la declaración de temeridad y malicia constituye una facultad privativa de los jueces de grado, ajena, por vía de principio, al control casatorio (conf. doct. L. 90.105, “Romero”, sent. de 28-IX-2005; L. 86.755, “Marotta”, sent. de 1-XII-2010, entre otros).

III.Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora.

Con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Negri, de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 2364/2403 y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto acogió la demanda por indemnización de daños y perjuicios, cuyo rechazo aquí se dispone. Costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 289, C.P.C.C.).

Respecto del de inaplicabilidad de ley traído por la actora, se lo rechaza. Con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

GUILLERMO LUIS COMADIRA – Secretario -

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