Se declara la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21839.

Partes: Diment José Edgardo c/ Silberman Norberto Reinaldo y otros s/ simulación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala: H

Fecha: 12-sep-2011

Cita: MJ-JU-M-68588-AR | MJJ68588 | MJJ68588

 

Se declara la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21839, en cuanto establece la tasa pasiva para los honorarios de los abogados, pues, en el caso concreto, se demostró la vulneración al derecho de propiedad, desde que su aplicación implica una quita de alrededor de un 50 % del crédito por honorarios del letrado que planteó la incidencia.

 

Sumario:

1.-Corresponde declarar que, en el caso, es inconstitucional el art. 61 de la ley 21839 en tanto dispone la aplicación de la tasa pasiva, y en consecuencia, aplicar la tasa activa al crédito por honorarios del letrado que planteó la incidencia, pues, de acuerdo a las liquidaciones practicadas surge que la tasa pasiva representa menos de la mitad de la tasa activa, o bien que la quita significa alrededor de un 50 % del crédito -perjuicio sufrido por el acreedor a raíz de la mora del deudor-, y siendo que la reducción del 30 % es la que, en principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha estimado como pauta para establecer la confiscatoriedad o arbitraria desproporcionalidad, las diferencias que giran en ese orden son lo suficientemente significativas como para considerarlas, sin más, lesivas del derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Carta Magna.

 

2.-El art. 61 de la ley 21839, en cuanto establece la tasa pasiva para los honorarios de los abogados, puede devenir inconstitucional en su aplicación concreta si, según el período que esté en juego en cada proceso, la tasa pasiva es tan baja que manifiestamente deja sin reparar un importante porcentaje del daño moratorio producido, pero este daño debe ser invocado y puesto en evidencia por quien lo alega, quien debe probar no sólo la diferencia entre tasa activa y pasiva bancaria, sino que esa tasa, durante ese período, es manifiestamente negativa frente a los costos generales, o el destino específico que las sumas tenían conforme la naturaleza de la prestación debida.

 

3.-Si bien la tasa pasiva sería perniciosa para el sistema judicial, pues alienta los litigios, y lo es para la moralidad pública y la economía en general, desde que alienta la anomia, el incumplimiento de la palabra empeñada y de la ley, ello no alcanza para declarar la inconstitucionalidad de la ley mientras no se ataque de modo manifiesto y claro el derecho de propiedad.

 

4.-El art. 61 de la ley 21839 que establece la tasa pasiva para los honorarios de los abogados no incurre en una discriminación repugnante de las garantías constitucionales, puesto que resulta aplicable a todos los abogados por igual, sin distinciones de género, edad, sexo, origen étnico o cultural, religión, opinión política o gremial, posición social o económica o caracteres físicos, y de ello se sigue la ausencia de agravio constitucional desde la perspectiva del acto discriminatorio, por otra parte, tampoco puede sostenerse válidamente que exista un trato discriminatorio entre abogados y clientes al admitir que se liquiden sus respectivos créditos -por honorarios y por capital de condena- de un modo diferenciado, ya que los supuestos son distintos y el tratamiento legislativo diferenciado no evidencia arbitrariedad ni voluntad de privilegiar ciertos grupos de personas por sobre otras de un modo en que pueda sostenerse que exista una ilegítima persecución.

 

5.-El hecho de que las normas de derecho común establezcan un tratamiento diferente entre el crédito del acreedor de una indemnización de daños y el crédito de un abogado derivado de su actuación profesional, fijando un interés determinado en este último caso -art. 61, ley 21839-, y en el otro, librado a la apreciación judicial, pues, en la medida en que existe un distinto tratamiento normativo, es lógico que pueda suceder que el privilegio por los gastos de justicia se liquide, en tanto de honorarios profesionales se trate, por una tasa, y que el crédito no privilegiado de la parte que ha visto reconocido su derecho en la sentencia, sea calculado por una tasa diferente, y tampoco se ve afectado el privilegio de los gastos de justicia, ya que éste apunta a garantizar el cobro de este tipo de créditos con preferencia respecto de otros, pero no establece la manera en que deba ser liquidado, lo que se rige por la ley especial sin afectación del privilegio en sí mismo que conserva su plenitud.

 

6.-La habilitación que el legislador confiere al juez en el art. 622 del CCiv. para que establezca la tasa aplicable está limitada a los casos en los que no ha existido convención de partes ni rige una ley especial, pero cuando existe una ley especial que fija la tasa la potestad del magistrado debe en principio ceñirse a sus parámetros, los que sólo podrán ser sorteados en situaciones excepcionales que evidencien agravio federal suficiente.

 

 

Fallo:

Buenos Aires, septiembre 12 de 2011.

VISTOS y CONSIDERANDO:

 

I.- Vienen los autos a la alzada para resolver la apelación planteada a fs. 965 por el letrado beneficiario de los honorarios, contra la resolución de fs. 951/4, ptos. III y IV, en la que se desestimó el pedido de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839 y se ordenó que la liquidación de los estipendios impagos se haga aplicando la tasa pasiva que establece tal norma. El memorial luce a fs. 988/96 y ha sido respondido a fs. 1010/2.

 

También corresponde expedirse acerca de la apelación planteada por la parte demandada exclusivamente respecto de la imposición de las costas de la incidencia en el orden causado. El memorial luce a fs. 1014 y no ha sido respondido.

 

II.- Argumenta el recurrente que la decisión adoptada por el juzgador de grado no ha contemplado adecuadamente la afectación que tal pronunciamiento produce a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, avalando un trato discriminatorio en perjuicio de los abogados y su patrimonio sin justificación ni razonabilidad alguna. Objeta que una ley arancelaria local altere el régimen del Código Civil al permitir que un crédito privilegiado (conforme art. 3900 del citado ordenamiento de fondo) posea un tratamiento judicial más desfavorable que el crédito que no goza de tal prerrogativa, lo que interpreta como una alteración inaceptable de la jerarquía normativa pautada por el art. 31 de la Constitución Nacional.

 

Considera conculcadas las garantías consagradas por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que condenan la discriminación (art. 75 inc. 22 de la Carta Magna).

 

III.- Ha dicho reiteradamente nuestro Máximo Tribunal que el principio de igualdad consagrado por el art.16 de la Constitución Nacional no se ve afectado cuando se contempla un tratamiento legislativo diferente a situaciones que resultan distintas, en tanto y en cuanto tal discriminación no sea arbitraria u obedezca a razones de indebido privilegio de personas o grupos de personas o se traduzca en ilegítima persecución, aún cuando su fundamento resulte opinable (CSJN, Fallos 315:135, 329:4349 , 310:943, entre muchos otros).

 

IV.- En materia de intereses moratorios existe una ley especial que fija la tasa para los honorarios impagos de los abogados, hipótesis que dista de ser la misma que la contemplada por el art. 622 del Código Civil que, ante la ausencia de ley especial o convención de partes, faculta a los jueces a establecer el interés, lo que ha dado pie a que la tasa activa sea la utilizada por jueces de diversos fueros del país. El hecho de que haya existido un plenario de esta Excma. Cámara que haya interpretado que en el supuesto en que los jueces deban fijar la tasa del interés moratorio de deudas derivadas de la responsabilidad por daños (por ausencia de ley especial o convención) resulte más adecuada la tasa activa, no puede ser distorsionado al extremo de forzar una interpretación que lleva a sostener que, por ello, corresponda pasar por alto la vigencia de una ley especial que regula la cuestión y que coloca la hipótesis en un plano diferente de aquel en el que la ausencia de norma especial faculta al órgano jurisdiccional a fijar el interés. De ello se sigue que los presupuestos normativos que han dado origen a las distintas variables de aplicación de tasas de interés moratorio resultan distintos y, por ende, desde esta diferenciación es lógico que también la respuesta del sistema jurídico pueda ser diversa y quepa admitir que en algún caso corresponda aplicar la tasa pasiva y en otro, la activa, sin que ello pueda ser tildado de discriminatorio, en el sentido peyorativo del término.Sí existe una distinción, pero justificada y fundada en supuestos fácticos y normativos distintos.

 

V.- La habilitación que el legislador confiere al juez en el art. 622 del Código Civil para que establezca la tasa aplicable está limitada a los casos en los que no ha existido convención de partes ni rige una ley especial. Cuando sucede que sí existe una ley especial que fija la tasa, la potestad del magistrado debe en principio ceñirse a sus parámetros, los que sólo podrán ser sorteados en situaciones excepcionales que evidencien agravio federal suficiente. En la especie, no se observa que se configure una hipótesis semejante.

 

El art. 61 de la ley 21.839 que establece la tasa pasiva para los honorarios de los abogados no incurre en una discriminación repugnante de las garantías constitucionales puesto que resulta aplicable a todos los abogados por igual, sin distinciones de género, edad, sexo, origen étnico o cultural, religión, opinión política o gremial, posición social o económica, caracteres físicos, etc. De ello se sigue la ausencia de agravio constitucional, al menos, desde la perspectiva del acto discriminatorio que invoca el apelante. Tampoco puede sostenerse válidamente que exista un trato discriminatorio entre abogados y clientes al admitir que se liquiden sus respectivos créditos (por honorarios y por capital de condena) de un modo diferenciado. Tal como ya se ha expresado, los supuestos son distintos y el tratamiento legislativo diferenciado no evidencia arbitrariedad ni voluntad de privilegiar ciertos grupos de personas por sobre otras de un modo en que pueda sostenerse que exista una ilegítima persecución.

 

VI.- No repugna al orden constitucional, por otro lado, el hecho de que las normas de derecho común establezcan un tratamiento diferente entre el crédito del acreedor de una indemnización de daños y el crédito de un abogado derivado de su actuación profesional, fijando un interés determinado en este caso y otro librado a la apreciación judicial en aquél.En la medida en que existe un distinto tratamiento normativo, es lógico que pueda suceder que el privilegio por los gastos de justicia se liquide, en tanto de honorarios profesionales se trate, por una tasa; y que el crédito no privilegiado de la parte que ha visto reconocido su derecho en la sentencia, sea calculado por una tasa diferente. Y ello, contrariamente a lo sostenido por el apelante, no constituye una “afectación irrazonable del orden jerárquico de las normas” ya que (tal como se expuso) no existe comprometida en la especie una norma jerárquicamente superior ni un avasallamiento de la norma local a la norma federal. Asimismo, tampoco se ve afectado el privilegio de los gastos de justicia, ya que éste apunta a garantizar el cobro de este tipo de créditos con preferencia respecto de otros, pero no establece la manera en que deba ser liquidado, lo que se rige por la ley especial sin afectación del privilegio en sí mismo que conserva su plenitud.

 

VII.- Distinta consideración merece, en este caso, lo atinente al derecho de propiedad.

 

La tasa pasiva sería perniciosa para el sistema judicial pues alienta los litigios; para la moralidad pública y la economía en general, desde que alienta la anomia, el incumplimiento de la palabra empeñada y de la ley. También sería inequitativa, pues ni las víctimas de los accidentes ni los abogados son inversores. Sin embargo, ello no alcanza para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Mientras no se ataque de modo manifiesto y claro el derecho de propiedad, se trata, se insiste, de una cuestión de opción del legislador, único responsable de las modificaciones procesales, positivas y negativas, que sus elecciones políticas generan en la conducta de los habitantes del lugar donde ejercen su función pública (conf.Kemelmajer de Carlucci, Aída, su voto en la causa “Amaya, Osvaldo c/ Boglioli, Mario”, 12/9/2005, LLGran Cuyo 2005-911).

 

Además, es útil recordar que esta Cámara, en pleno, resolvió que era conveniente establecer la tasa de interés moratorio, y que correspondía aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (“Samudio” , 20/4/2009). Asimismo, debe tenerse en cuenta el carácter que posee el crédito por honorarios, el que está amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el trabajo personal.

 

En su aplicación concreta, la ley puede devenir inconstitucional si, según el período que esté en juego en cada proceso, las tasas pasivas son tan bajas que manifiestamente dejan sin reparar un importante porcentaje del daño moratorio producido.

 

Este daño debe ser invocado y puesto en evidencia por quien lo alega, quien debe probar no sólo la diferencia entre tasa activa y pasiva bancaria, sino que esa tasa, durante ese período, es manifiestamente negativa frente a los costos generales, o el destino específico que las sumas tenían conforme la naturaleza de la prestación debida.

 

En el caso, de acuerdo a las liquidaciones practicadas (ver, entre otras, fs. 790 y 806), surge que los intereses calculados a la tasa pasiva ascienden a la suma de $ 17.116,04.- mientras que el cálculo realizado con la tasa activa representa la cantidad de $ 36.003,30.-. Esto significa que una tasa representa menos de la mitad de la otra; o bien que la quita significa alrededor de un 50 % del crédito (perjuicio sufrido por el acreedor a raíz de la mora del deudor).

 

La reducción del 30 % es la que, en principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha estimado como pauta para establecer la confiscatoriedad o arbitraria desproporcionalidad, de modo que las diferencias que giren en ese orden son lo suficientemente significativas como para considerarlas, sin más, lesivas del derecho de propiedad garantizado por el art.17 de nuestra Carta Magna. Este criterio resulta aplicable tanto para una tasa de interés baja, como para una que fuese excesivamente alta, en cuyo caso se afectaría el derecho de propiedad del deudor.

 

De acuerdo a esta argumentación, en este caso puntual, se acoge favorablemente el planteo del apelante.

 

VIII.- Se abordará seguidamente la apelación pl anteada por el demandado respecto de las costas impuestas en el orden causado. Objeta el recurrente que el abogado haya sido eximido de la condena en costas debido a que “pudo creerse con derecho a formular el planteo bajo estudio”. Considera que no existen motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota establecido por el art. 68 del Código Procesal y que la solución impugnada viola la excepcionalidad que rige en tales supuestos.

 

Teniendo en cuenta lo expuesto y la forma en que se resuelve, corresponde confirmar la imposición de costas por su orden.

 

Por las razones dadas, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal de Cámara, el tribunal RESUELVE: I.- Declarar que, en el caso, es inconstitucional el art. 61 de la ley 21.839 en tanto dispone la aplicación de la tasa pasiva, y aplicar la tasa activa al crédito por honorarios del letrado que planteó la incidencia. II.- Costas de ambas instancias en el orden causado. III.- Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase. Notifíquese a los demás interesados en la instancia de origen (conf. art. 135 inc. 7° del Código Procesal).

 

Fdo.:

Jorge A. Mayo.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper (Hernán H. Pagés – Prosecretario Letrado).

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